El pasado 25 de marzo, el país cumplió un año, desde que el presidente Iván Duque decretó la primera cuarentena cómo método de contención de la pandemia de Covid-19 que cambió el mundo. Con otros nombres y algunas variaciones el confinamiento fue prorrogado por 138 días más.
Tiempo en el cual el país entró en una difícil situación económica con una avalancha de comerciantes que se declararon en quiebra, negocios cerrados e inmuebles con llamativos letreros de se vende o arrienda. Los colegios privados, los jardines infantiles y las universidades, con limitaciones y restricciones han regresado paulatinamente a las aulas.
Sin embargo, el Congreso no ha retornado a sesiones presenciales, en medio de críticas, pues en los momentos más cruciales en la historia reciente parece hacerle el quite a los temas y debates importantes. Pero lo que sí avanzó sin ningún obstáculo fue la contratación en el Senado. En el 2020 la dirección administrativa del Senado firmó 984 contratos, de los cuales una parte fueron con personas jurídicas.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó la contratación celebrada durante el año 2020 por el Senado de la República y se encontraron varias particularidades en la asignación de millonarias partidas presupuestales, en un periodo caracterizado por la virtualidad.
Entre los suscritos con personas naturales, llama la atención uno por su cercanía con el precandidato presidencial Alex Char. Se trata de Jaime Luis Berdugo Pérez, oriundo de Sabanalarga Atlantico, es abogado especializado en gerencia social.
Empezó su carrera de la mano del senador Armando Benedetti de septiembre de 2006 a julio de 2010. De allí pasó a ser secretario privado del Senado y luego hizo parte del gabinete del entonces gobernador Atlántico José Antonio Segebre.
No obstante, en el último quinquenio afianzó su vínculo con los Char. Fue el director del Àrea Metropolitana de Barranquilla y durante siete meses fungió como asesor del despacho del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, heredero político de Alex Char.
Pero el 20 de julio del año pasado, en una histórica elección virtual, Arturo Char Chaljub, hermano del exalcalde y precandidato presidencial Alex Char, con 76 votos fue elegido presidente del Senado para el periodo legislativo 2020-2021.
Berdugo Pérez había renunciado a su cargo el 6 de julio por lo que estaba listo para acompañar a Char en la presidencia de la Corporación. Un día después de instalarse virtualmente el Congreso, Berdugo firmó su primer contrato el 254 de 2020 por $12 millones, un mes después firmó otro por el mismo valor y términos. Al al finalizar este suscribió un tercero, el número 541, por $40 millones.
En cuanto a las personas jurídicas, resaltan varios. El primero es por su cercanía con la casa Char, el número de contratos, el valor y sus obligaciones. La firma Padilla Sundheim Abogados & Consultores SAS, con domicilio en Barranquilla y cuya representante legal es Cecilia Melissa Avendaño Yepes, suscribió cuatro contratos de prestación de servicios en el 2020 con la dirección administrativa del Senado.
El primero, el 040 con un valor de $307 millones por 157 días. El segundo, el número 297 por $159 millones y para ejecutar en dos meses. Un tercero, el 321, por $91.2 millones por 45 días. Y uno más, el contrato 487 por $175 millones con una duración de cuatro meses. En el año de la pandemia esta empresa obtuvo contratos en el Senado por más de $732.2 millones.
Con otro antecedente, esa firma de abogados consultores ya había sido beneficiaría de un contrato con dicha corporación en septiembre de 2019 por la suma de $207 millones.
A ello se suma que Jorge Padilla Sundheim, fue jefe de la oficina jurídica de Barranquilla y tuvo que lidiar los procesos en los cuales la administración del entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se vio implicado porque en su anterior condición de constructor edificó dos urbanizaciones en el sector de Campo Alegre sobre un terreno inadecuado que dejó a cerca de 400 familias damnificadas.
La verificación contractual muestra que solo un convenio fue a título gratuito. Este se firmó con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para remitir a los funcionarios, contratistas, trabajadores a dicho centro educativo para capacitarse en los programas ofrecidos por la institución y a su vez la corporación recibir a los estudiantes para realizar prácticas.
En lo que tiene que ver con asuntos tecnológicos, con la firma Best Technologies SAS se firmó el contrato 061. El propósito, suministrar el soporte, actualización y mantenimiento del sistema Welcome de visitantes por $53 millones con una adición de $26.7 millones. Con un detalle, por las restricciones de la pandemia y el funcionamiento del Congreso en virtualidad las visitas, hasta el informe de ejecución de dicho contrato en el mes de septiembre fue de cero personas.
También se firmó un contrato con la empresa Centro de Servicios y Tecnología CST SAS por $211 millones por cinco meses para apoyar al personal de la oficina de información y prensa en el proceso de operación de la sala de prensa del Senado.
A este se suma, que el 29 de abril del año pasado, se firmó con la empresa S&S IP SAS un contrato por $47 millones para prestar el servicio tecnológico a través de la plataforma Zoom para la realización de las sesiones plenarias.
Adicionalmente, con la empresa Delphi Analytics SAS se firmó un contrato sin licitación previa por 90 días para “identificar, caracterizar, almacenar, poblar y generar un ambiente de control y extracción sistemática de información, basada en inteligencia artificial, del conjunto de gacetas digitalizadas” por la suma de $1.368 millones.
Otra particularidad registra la contratación en el Senado; el 30 de abril cuando el país llevaba un mes en cuarentena y el Covid-19 ya había cobrado la vida de 293 personas y el número de casos era de 6.507, el Senado contrató a la empresa Planear Comunicaciones SAS representada por Nicolas González Prada.
Con una erogación mensual de $20 millones, entre otras funciones, se contrató la asesoría técnica especializada en la estructuración de una estrategia de comunicación interna virtualizada y el acompañamiento en la revisión de piezas de información, “que se produzcan para las comunicaciones internas del Senado”, así como efectuar recomendaciones en el manejo de redes sociales.
El año siguió avanzando con una pandemia creciente, pero el 31 de julio con más de 10.000 muertes en Colombia por el virus, la dirección administrativa del Senado firmó con la empresa A2G Group Ltda un contrato por $32 millones para realizar reparaciones locativas a la fachada del Congreso.
Quince días atrás ya había firmado un contrato por $1.161 millones con la Unión Temporal Service Desi 2020 para adquirir la , “mesa de servicios, bolsa de repuestos, suministro de equipos de cómputo y mantenimiento de infraestructura tecnológica”.
En el mes de agosto, se volvió a suscribir un contrato con la firma Padilla Sundhein Abogados por $91.2 millones por un término de 145 días, con su ya referida cercania con la casa Char. Dentro de las obligaciones específicas se contempló para el mes de agosto brindar apoyo a la dirección administrativa del Senado en la coordinación y proyección de los contratos de prestación de servicios, acompañar a la directora a las reuniones, acompañar la revisión de las cuentas de cobro y en septiembre brindar apoyo jurídico y financiero a los contratos para implementar sanitarios ahorradores de agua y adecuación de oficinas, ambos suscritos en el año 2019.
La justificación para no realizar sesiones presenciales fue la pandemia, lo que implicaba sesionar desde las casas. Sin embargo esto no redundó en el costo de los esquemas de seguridad de los parlamentarios. De hecho, el 15 de septiembre de 2020 se suscribió un contrato con la Unidad Nacional de Protección, UNP por $9.360 millones por un término de tres meses para proveer 207 escoltas para los parlamentarios que en teoría como la mayoría de colombianos debía estar trabajando en casa.
También se contrató la actualización de un sistema de información denominado Kactus por $93.3 millones con un término de ejecución de tres meses. Y para actividades de bienestar dirigidas a los funcionarios del Senado se contrató a la Caja de Compensacion Familiar, Cafam.
El propósito, a pesar de que eran actividades prohibidas en los decretos de emergencia sanitaria por la pandemia, fue la realización de vacaciones recreativas en octubre con 102 participantes y la celebración del Día del niño.
Un día de pocas celebraciones en el mundo y el país, porque para ese día se registraron 11.033 nuevos contagios y 179 decesos, Colombia acababa de superar el millón de contagios y las autoridades le pidieron a los ciudadanos celebrar el Halloween en casa.
Pero estás no fueron las únicas actividades establecidas en el contrato. Quedaron estipuladas otras como la celebración del día de la familia para 800 personas con shows de comediantes y actividades culturales.
También incentivos como entregas de tarjetas Exito para premiar a los funcionarios que cumplen quinquenios, bonos de turismo para los mejores funcionarios de carrera administrativa, vacaciones recreativas para el mes de diciembre para 102 participantes, así como una fiesta de fin de año virtual.
Por tres meses también se firmó un contrato con la empresa Epyca Consultores SAS para que brindara acompañamiento jurídico al área de recursos humanos del Senado durante tres meses y por $84 millones.
En octubre y faltando dos meses para finalizar el periodo legislativo del año anterior se contrató a la empresa Lotengo Eventos y Producciones SAS por $150 millones para suministro de la logística que requiera el Senado. Aunque en el contrato no se describen las actividades específicas, en la cotización presentada por la empresa hay una gran variedad.
Desde dos tipos de refrigerios, tres tipos de desayuno que oscilaban entre los $29.274 con IVA hasta $39.865; tres tipos de almuerzo. Ejecutivo por $39.627, con IVA incluido hasta uno especial por $88.417. También suministro de pasabocas, mesero con turno de hasta seis horas, cajas para llevar, hielo, transporte de alimentos, sillas, mesas, tarimas, sonido y toda clase de elementos para una logística que en pandemia no era posible y menos con un Congreso legislando desde la comodidad del hogar.
El primero de diciembre se hizo una adición a este contrato el 831 de 2020 por el 50%, es decir, $75 millones. La dirección administrativa argumentó que a la fecha la ejecución del contrato era del 75.33% y que solo faltaba por agotarse $37 millones, “saldo que no es suficiente para cumplir con los compromisos que devienen con el cierre del primer periodo de la actual legislatura ya que los Honorables Senadores requieren seguir contando con el apoyo por parte de la Dirección General Administrativa para poder adelantar su labor legislativa y más ahora con las elecciones de Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, indicó Astrid Salamanca, directora administrativa y responsable de la firma de los contratos en la corporación.
Inexplicablemente y cuando ya se había firmado una adición, diez días después, se suscribió otro contrato con la misma empresa Lotengo Eventos y Producciones SAS; el 970 de 2020 también para brindar apoyo logístico por $100 millones.
Pero este no fue el último del año. El 30 de noviembre se firmó un contrato con la empresa Élite Consultora SAS por $27.3 millones para que asesoraran jurídicamente a la dirección administrativa del Senado.
Otro grupo significativo de contratos esta compuesto por personas naturales a fin de desempeñar labores de apoyo administrativo y a solicitud de los senadores para conformar sus equipos de trabajo adicionales a los integrantes de cada Unidad de Trabajo Legislativo, UTL.
Contrataciones que la dirección administrativa defiende, pero qué tal vez algunas no fueron necesarias en un año de salud pública que abrió un hueco en las finanzas de los colombianos y del país, y que es la justificación del gobierno nacional para tramitar su tercera reforma tributaria.
Paradojicamente, a comienzos de ese mismo mes, Astrid Salamanca con 104 votos a favor, mayoría absoluta, fue reelegida en su cargo. Varios senadores coincidieron en que es una buena funcionaria y que no genera resistencia como si sucede con su homóloga de la Cámara de Representantes. Revisados sus antecedentes, el pasado 20 de septiembre, se inició un proceso de responsbilidad fiscal en su contra por fallas en el pago de una demanda por $1.410 millones.
LEA TAMBIÉN
