Al tiempo que los reflectores de la investigación por el asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá el coronel Élmer Fernández, apuntan a supuestas retaliaciones de internos por medidas disciplinarias que impuso en el penal, dos antecedentes pueden dar un giro inesperado a las pesquisas por el crimen.
La disputa por una casa avaluada en $2.000 millones en litigio con Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordo Lindo', el narcotraficante que se incorporó como miembro de las autodefensas en tiempos de la ley de Justicia y Paz. A este lío se le suma una deuda por otros $430 millones que terminó en litigio por una cuestionada operación comercial y el trámite de unos documentos en blanco.
Son los vasos comunicantes de un asesinato que el país sigue lamentando, que su familia apenas asimila y pide justicia, al tiempo que funcionarios del Inpec así como la guardia penitenciaria piden mejores condiciones de seguridad y los privados de la libertad están en el ojo del huracán.
Con otros tres elementos adicionales que enredan el caso. Los ingresos del asesinado director como oficial de la Policía no alcanzaban para hacer negocios de altas sumas.
A esto hay que sumarle que el coronel Fernández venía de ser director de la cárcel de Guaduas, una prisión de mediana seguridad y como mencionaron varios conocedores del sistema carcelario en tan solo un mes resulta improbable la generación de estrictos controles que deriven en enemistades por más duro que se imponga un régimen.
Y una situación no menos representativa y es que familiares de varios internos consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, por el contrario a lo que se viene asegurando en diversos ámbitos, el coronel Fernández comenzó un proceso de humanización de la Modelo y en las semanas que estuvo al frente del penal empezaron a mejorar tanto las condiciones de los reclusos como las de sus familiares en los días de visita.
En otras palabras, lo define la pareja de un interno: "Desde que llegó él recuperamos algo de la dignidad perdida con la guardia que nos maltrata cada vez que vamos a ver a nuestro familiar preso".
La sombra de Carlos Castaño
Élmer Fernández Velasco no tenía miedo. No lo tuvo como Policía, tampoco como director de la cárcel La Esperanza en Guaduas o La Modelo en Bogotá. Se enfrentó a los delincuentes, a los paras. Menos a la misma institución policial que lo sacó por la puerta de atrás pero que siete años después tuvo que reintegrarlo por orden judicial y por la puerta de adelante.
Se bandeó judicialmente contra los narcos y los paras como alias Gordo Lindo que le dañaron su carrera e intentaron acomodarlo como testaferro de Carlos Castaño. Salvó su honor policial pero no su carrera. Antes de la pandemia se le atravesó en el camino ser director de cárcel, y aunque se había formado para perseguir la delincuencia y no para cuidarla aceptó. Así estuvo durante cuatro años en el penal de Guaduas.
A comienzos de este año se le metió en la cabeza regresar a Bogotá, pidió su traslado y en marzo llegó como director de La Modelo, allí no tuvo tiempo de conocer el establecimiento de reclusión, ni siquiera de ganarse enemigos.
Al contrario, había dado la orden de mejorar la comida casi podrida de la cárcel y a que las visitas no les hicieran registros invasivos. Hoy los familiares de los internos son los más consternados.
Ni siquiera en los corrillos de los internos se cree en la versión de que alias Pedro Pluma esté detrás del acto de sicariato mejor planeado del último tiempo, tres motocicletas y toda una logística.
Vida policial
El 10 de marzo de 2020 a las 10:53 de la mañana, siete días antes de declararse el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivado de la pandemia por Covid-19, la hoja de vida de Elmer Fernández Velasco, un oficial en retiro de la Policía que logró ascender hasta el grado de teniente coronel fue publicada por la presidencia para observaciones. El cargo a ocupar era el de director de establecimiento de reclusión código 0195 denominado La Esperanza, en Guaduas, Cundinamarca.
Fernández había ingresado el 20 de enero de 1985 a la Policía y de allí salió 32 años después, el 6 de junio de 2017. Esto tras defenderse de un cuestionamiento que lo sacó de la institución por la que entregó todo.
Y es que a comienzos de marzo de 2009 fue notificado que no había superado el requisito de trayectoria profesional y que por lo tanto la Junta Asesora del Ministerio de Defensa en acta había manifestado “no recomendarlo” para adelantar el curso de ascenso al grado de Coronel. En otras palabras, el próximo acto administrativo que recaería en su contra era el llamamiento a calificar servicios y así fue, mediante resolución 991 del 24 de marzo de 2009.
En esa junta de generales se habían esgrimido supuestas versiones de paramilitares y narcos camuflados que aseguraban que el oficial y otros de sus compañeros eran piezas en el ajedrez de Carlos Castaño.
El oficial interpuso una demanda de nulidad del acto administrativo y restablecimiento del derecho que conoció un juzgado administrativo de Santander que declaró la nulidad del acta de la Junta Asesora y ordenó su reintegro el 25 de septiembre de 2012. Un año después el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la decisión.
Pero en el entretanto, el supuesto paramilitar Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, señaló al teniente coronel Fernández de ser un aliado de Carlos Castaño extinto comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
El apartamento
En una de sus versiones libres, entre los 22 inmuebles que prometió entregar Gordo Lindo para reparar a las víctimas mencionó uno en especial ubicado en el edificio Mirador del Country número 2 al norte de Bogotá. Aseguró que dicho apartamento lo había adquirido Carlos Castaño para residir en él luego que lograra desmovilizarse y lograr un buen acuerdo con la justicia. Pero ese lujoso apartamento tuvo un opositor el coronel Fernández y su esposa quienes reclamaron ser los legítimos propietarios.
A finales de noviembre de 2011 Orlando Bastidas Cuervo quien en la tradición del inmueble aparecía como propietario transfirió el dominio a Fernández y a su esposa del apartamento 1201 y los garajes 98, 99, 100 y 101. Un abogado de nombre José Arcesio González aparecía como intermediario del millonario negocio.
Alias Gordo Lindo, el narco camuflado en versión libre sin movérsele una pestaña aseguró que tanto el dueño del apartamento Bastidas como el abogado González trabajaban para Castaño. Enardecidos ambos no solo negaron el señalamiento si no que Bastidas incluso advirtió que dichas descripciones las había suministrado la fiscal entrevistadora al narco para involucrarlos. Desde entonces Fernández inició una batalla jurídica, la más feroz de todas.
La primera para ser reintegrado en la institución, la segunda para salvar el apartamento y la tercera para lograr el ascenso al grado de Coronel.
El caso llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema. Allí se evidenciaron varias cosas. La primera es que alias Gordo Lindo había mentido respecto a intentar vincular al oficial de la policía como parte de la estructura de Carlos Castaño, eso fue un bálsamo para él. Era una primera gran victoria.
Pero con el inmueble la suerte sí fue adversa. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no creyeron la historia del oficial frente al inmueble.
El ente acusador avaluó el apartamento y los cuatro garajes en $2.000 millones. Una cifra alejada de la promesa de compraventa que de pactó en $659.5 millones. En el documento se había estipulado que el dinero podría ser entregado o a Bastidas o al segundo propietario que figuraba en la tradición del mismo, es decir Evans Yesid Ruiz Vargas.
Otras dudas
El alto tribunal tampoco le creyó al oficial porqué insistió en adquirir un inmueble que adeudaba $50 millones en servicios públicos e impuestos y que tenía un proceso por remanentes del edificio que había iniciado un proceso ejecutivo por los cánones de administración adeudadas que ascendían a los $31 millones.
Otro de los cuestionamientos estuvo precisamente en la formación y experiencia del coronel pues los togados no entendieron porqué un oficial de la institución que incluso había sido secretario privado del director de la Policía, el general Luis Ernesto Gilibert se había metido en un negocio inmobiliario sin revisar de fondo la tradición del apartamento.
Pero quizás la “perla” del negocio que menos convenció en la Corte fue el préstamo que solicitó el uniformado; $400 millones para pagar el apartamento, con cuotas de $16.6 millones pero su salario en la Policía no llegaba a los $15 millones.
En marzo de 2012, la Sala de Justicia y Paz decretó medidas cautelares sobre el bien. En junio de ese año el coronel y su esposa a través de su abogado solicitaron el levantamiento de las mismas, pero la justicia no accedió. Dos años después, en 2014 el Tribunal Superior de Medellín mantuvo su posición, el coronel apeló y el caso llegó a la Corte que en agosto de ese año ordenó regresar el lujoso apartamento al Fondo de Reparación de Víctimas.
Perdió esa batalla, pero ganó otra. La declaración de alias Gordo Lindo lo había dejado por fuera de la Policía durante siete años. A pesar de que el fallo del Tribunal fue en el 2013, pasaron dos años para que por fin la institución lo reincorporara mediante resolución 9553 del 22 de octubre de 2015.
Batalla por el ascenso
De inmediato inició una nueva batalla, esta vez para lograr su ascenso. Se sentía frustrado, pues la reincorporación se había dado en un grado inferior a sus compañeros de curso pues dicho reintegro se dio sin solución de continuidad.
Interpuso una acción de tutela. El 5 de julio de 2017 el entonces mayor general José Vicente Segura quien fungía como director de Talento Humano le dijo a la justicia que la Policía había acatado los fallos. Se había reintegrado al oficial, pagado las asignaciones salariales que había dejado de percibir pero que en el fallo no se había ordenado ascenderlo.
Segura quien había fungido como comandante de la Metropolitana de Barranquilla le dijo a los magistrados que para ascender se requería que el oficial fuera convocado al curso de ascenso previsto recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación para oficiales, luego debía superar dicha convocatoria y finalmente realizar el curso de ascenso.
Pero con una particularidad. El 18 y 28 de junio de 2016 el ministro de Defensa de la época y, la Junta de Generales de la Policía no recomendaron incluir al oficial Élmer Fernández para realizar el curso de ascenso.
El Consejo de Estado le dio la razón al oficial y le dio a la Policía 48 horas para convocarlo al próximo curso de ascenso al grado de coronel, pero hizo la salvedad que esto no implicaba el ascenso automático de grado si no una oportunidad para que acreditara los requisitos que le pedía la institución.
Demanda civil
En el año 2015, el nuevamente oficial activo demandó civilmente a Carlos Hernán Moreno Tamayo, un administrador policial y consultor en seguridad privada acreditado ante la Superintendencia de Vigilancia. El litigio se dio porque supuestamente Fernández le había hecho un préstamo a Moreno y en contra prestación éste le habría firmado un pagaré.
El caso lo conoció un juzgado civil de Bogotá que ordenó embargo, secuestro y diligencia de remate de un inmueble. Moreno Tamayo incluso intentó una acción de tutela en la que alegó una particular situación. Aseguró que en virtud de dicha demanda ese despacho judicial le había ordenado pagarle al coronel $430 millones en 2016.
Le narró a la justicia que a pesar de presentar oportunamente los recursos de apelación y demás, dos años después se percató que la caligrafía de la persona que según el, de manera arbitraria había diligenciado las letras de cambio que el oficial había usado para demandarlo, era exacta a la caligrafía de la abogada del oficial.
Aseguró que contrató los servicios de un grafólogo experto pero que dicha prueba no logró ser aportada oportunamente porque hubo dificultad para acceder al proceso por el paro judicial de ese año. Sin embargo, la justicia no aceptó la demanda de revisión y mucho menos la acción de tutela.
El 29 de noviembre de 2023 el juzgado suspendió el proceso civil porque Hernández Tamayo promovió un trámite de insolvencia que le daba tiempo de maniobra de al menos sesenta días más los cuales se vencieron en enero. Sin embargo quedó una constancia en el juzgado que ambos estaban en proceso de negociación de la deuda pero que sin embargo se pedía fecha de remate. El pleito civil quedó en ese estado y no se ha reactivado.
En Guaduas
En medio de esa puja civil, el oficial aceptó la dirección del establecimiento carcelario de Guaduas, Cundinamarca.
La historia de este penal se remonta a la sentencia T-153 de 1998 que declaró el Estado de Cosa Inconstitucional de las Prisiones. En virtud a esta orden judicial mediante documento Conpes se dispuso la construcción de once ERON, Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, es decir, penales de tercera generación, que por la corrupción terminaron entregándose diez, uno de ellos el de Guaduas.
Con varias particularidades. El terreno perteneció al narcotraficante Leonídas Vargas. Una extensión de 362.870 metros cuadrados, en uno de los confines más valientes de la región. Sobre la margen derecha del Río Magdalena s 3.5 kilómetros de la vía que conduce de Honda a Cambao.
El penal que inicialmente recibió el nombre de ‘ La Pola’, fue inaugurado bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos. La construcción que se inició en el año 2007 se extendió durante cuatro años más. Con un componente el penal literalmente carece de agua.
Por ello en el año 2013, cuando las cárceles enfrentaron el peor hacinamiento de la historia que incluyó cierres de los mismos por orden judicial que impedía recibir nuevos reclusos, el director de la época ordenó trasladar allá a presos que estuvieran a punto de culminar se su condena o al menos que tuvieran el beneficio administrativo de salida de hasta 72 horas para que pudieran soportar el rigor climático y sin agua en dicho centro penitenciario.
En el año 2014 las cárceles entraron en un proceso de deshumanización absoluta y dicho penal recibió 2041 reclusos a pesar de las nulas condiciones. A la dirección de dicho penal llegó Élmer Fernández Velasco. Debió enfrentar el caos de la pandemia.
Internos cuya tolerancia y frustración se acrecentó por la falta de agua, la imposibilidad de recibir visita de familiares durante casi un año, la carencia de tapabocas. Más adelante, en el año 2022, la Defensoría del Pueblo advirtió de la grave crisis humanitaria que enfrentaba dicho penal. En su proporcionalidad, según el número de internos es uno de los establecimientos de reclusión con mayor número de demandas y acciones de tutela.
En dicho penal estuvo el teniente coronel en retiro Élmer Fernández. A principios de 2024 solicitó su traslado. Lo logró hace pocas semanas cuando fue designado como director de La Cárcel Modelo; no alcanzo a conocer del todo este emblemático centro de reclusión para detenidos.
Internos y familiares consultados por esta Agencia reiteraron que en el poco tiempo que estuvo se mejoró un poco la comida y las requisas de las visitantes mujeres se hicieron más dignas. Es decir, no tuvo mucho tiempo para hacerse enemigos. Pero en cambio desde semanas atrás si se venía orquestando su muerte planificada al milímetro.
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