Aunque comparten los mismos hechos, pruebas, testigos y víctimas el resultado judicial para dos aliados políticos es diferente. Mientras Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del César fue absuelto en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, luego de ser acusado del delito de corrupción al sufragante, quien fuera su secretario de gobierno Augusto Daniel Ramírez Uhía, cantante vallenato, abogado y alcalde de Valledupar, en cambio acaba de ser condenado por el Juzgado Quinto Penal de Valledupar.
Durante años compartieron el mismo Inri. Ambos fueron señalados y luego acusados de canjear votos por apoyos a los invasores de tierras de Altos de Piniento, Bello Horizonte II y Guasimales cuyo propietario es un mayor en retiro de la Policia. También fueron señalados de firmar acuerdos con los invasores del barrio ilegal Tierra Prometida.
La historia se remonta al 11 y 29 de septiembre de 2011 cuando el entonces candidato a la alcaldía de Valledupar, Ramirez Uhía suscribió un documento con los líderes de estos barrios de invasión. Mediante este se comprometió incluir en su programa de gobierno la construcción de 2.500 viviendas dignas requeridas en estos lugares.
Además a acatar de manera prioritaria las sentencias judiciales que supuestamente amparaban el derecho a la vivienda digna de dichas personas. Con los líderes del barrio irregular Tierra Prometida, también se obligó a “mantener a los invasores quietos y pasivamente en los inmuebles ocupados”.
El documento en el que las partes se comprometían de un lado a apoyar electoralmente al candidato y él a no perturbarlos e incluso a construir viviendas fue autenticado en la Notaría 3 de Valledupar, este también fue firmado por el gobernador Gnecco.
Monsalvo Gnecco, el hijo de Cielo Gnecco y Luis Alberto Monsalvo y primo de Jorge Gnecco Cerchar y de José “Pepe” Gnecco, firmante del Pacto de Ralito con las autodefensas, ganó la gobernación con 172.064 votos, así que el primero de enero de 2012 se posesionó como el primer mandatario de los cesarenses.
Pero Augusto Ramírez Uhía no corrió con la misma suerte. Ni el apoyo de Monsalvo Genecco, ni su reconocimiento como uno de los cantantes de la denominada nueva ola del Vallenato, en los que interpretó temas de Omar Geles, Kaleth Morales y Felipe “Pipe” Peláez, le alcanzaron para vencer a Fredy Socarrás. No obstante, no quedó en la lona. Monsalvo lo nombró cómo secretario de Gobierno de Valledupar y así, los dos, pudieron darle forma al plan de gobierno.
Sin embargo, seis meses después un rumor llegó hasta los barrios de invasión. Desde Altos de Pimiento hasta Tierra Prometida, no hubo rincón en el que no se vociferara que serían desalojados.
Los líderes y habitantes realizaron una marcha hasta la sede de la gobernación. Con megáfono en mano, agitaron aquel documento firmado en la Notaría Tercera en la que el nuevo gobernador y su secretario habían suscrito unos compromisos.
El inconformismo de la gente fue recogido por Mauricio Pimienta Naranjo, hijo de uno de los propietarios de los terrenos invadidos, Alberto Pimienta Cotes, quien denunció al mandatario departamental y al ex candidato de Valledupar porque a su juicio habían firmado un documento para apoyar la invasión de predios ajenos.
En febrero de 2017 la Fiscalía inició las primeras actuaciones. Como Gnecco tenía fuero constitucional su proceso fue conocido por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en cambio el proceso de Ramírez Uhía lo asumió una Fiscalía Seccional de Valledupar. Para marzo de 2019 el ente acusador le imputó el delito de corrupción de sufragante pero Ramirez no aceptó los cargos.
Lo propio sucedió con Monsalvo Gnecco de quien el ente acusador señaló en su momento, “como si que estaba prometiendo dádiva consistente en mantener la situación de invasión de quienes se encontraban en Tierra Prometida, a cambio de que esos ciudadanos habilitados para sufragar votaran por él para gobernar el departamento de César, esto es lo que permite afirmar que la conducta es dolosa”
En el juicio quedó demostrado que los terrenos invadidos pertenecían a Oscar Guerra Bonilla y Alberto Pimienta Cotes y que existía una sentencia de la Corte Constitucional que amparó el derecho de una vivienda digna de los invasores.
El ente acusador presentó a varios testigos en el juicio, entre esos Mauricio Pimienta, Carlos Mario Céspedes y Freddys Socarrás. Pimienta aseguró que desde el año 2008 él y su padre iniciaron acciones legales para recuperar su predio y desalojar a los invasores.
También invocó la misma sentencia de la Corte Constiticional de 2011 en el sentido de haber ordenado el desalojo previo cumplimiento de algunas actuaciones que, según él, fueron desatendidas por los gobiernos municipales y departamentales.
Uno de los testimonios trascendentales fue el de de Lourdes Barros, habitante de los barrios en contienda. Aunque ella fue presentada como testigo de la Fiscalía, su afirmación terminó dándole la razón a la defensa. La mujer aseguró que en él sector donde residía vivirán más de 30.000 familias de los cuales 6.672 eran niños.
No sintió temor en contar que si habían firmado un documento en una notaría, pero también manifestó que lo hicieron porque necesitan un techo y aclaró que ellos no cambiaron votos por tierra, si no para que los tuvieran en cuenta en los programas de vivienda.
Al ser interrogada por qué políticos habían ido a esos barrios en época electoral, Barros no dejó títere con cabeza e incluso terminó señalando a otro testigo del ente acusador, el exalcalde Fredy Socarrás.
“Aquí vinieron un poco... imagínese. Vino el doctor Fredys Socarrás, vino el doctor..., un doctor ¿cómo es que se llama?, vinieron muchos concejales. Una cantidad que ya ni me acuerdo” aseguró la mujer. Quien remató su declaración narrando un secreto a voces en la región.
La simpática lugareña aseguró que a todos los candidatos le mostraron el documento para que lo firmaran y se comprometieran, pero esto no ocurrió. Todos miraban la hija, leían una y otra vez. Decían que sí querían ayudar, “incluso hubo uno que nos dijo que prefería comprarnos los votos. Terrible”.
Pero la gente se enfureció con aquel candidato que de frente les ofreció dinero, le respondieron que lo que les daban por un voto se lo comían en un dia y al final se quedaban en las mismas, sin un techo donde meter la cabeza.
El 27 de julio de 2020, el reelegido como gobernador Monsalvo Gnecco fue condenado a 5 años de prisión por corrupción electoral, sin embargó tres meses después su abogado penalista Alejandro Sánchez logró lo impensable, que la Corte en su recién estrenada figura de segunda instancia para aforados, revocará su decisión inicial y en consecuencia lo absolviera.
Mediante fallo histórico el alto tribunal advirtió que el documento firmado en la Notaría Tercera no era indebido o ilegal, pues a lo que se había comprometido el entonces gobernador era a cumplir con las sentencias judiciales que amparaban los derechos de una vivienda digna de los ocupantes.
A su vez, el juez de instancia, semanas después de conocerse la decisión de la Corte en favor de Monsalvo Gnecco, condenó a Ramirez Uhía. Advirtió que en el año 2009 la alcaldía de Valledupar había emitido una orden de desalojo, que dos años después la Corte Constitucional mediante sentencia T-946-2011 le ordenó a la alcaldía de Valledupar levantar la suspensión de la diligencia de desalojo fijada por la Inspección Séptima de Policia.
En ese mismo fallo, se le ordenó a los mandatarios ubicar a los habitantes irregulares en albergues mientras se ejecutaba una solución definitiva que les permitiera el acceso a una vivienda digna.
También advirtió que los fallos de tutela que aseguraba la comunidad y los líderes en aquel documento sólo tenían efectos para quienes interpusieron dichas acciones y fueron falladas a favor, y no para todo el mundo. Es decir, sólo se amparó a 50 familias.
Incluso el juez argumentó que, “el haber apelado a esa problemática para granjearse votos o en síntesis un apoyo electoral de la firma en que aquí ha sido planteada por la Fiscalía (...) sin duda alguna distorsionó la democracia y de los mecanismos de participación que está concibe como es el voto” .
El juez argumentó porque se apartaba de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que había absuelto en segunda instancia por casi los mismos hechos al actual gobernador del César, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.
Aseguró que el alto tribunal ha precisado cuando un caso tiene la fuerza vinculante del precedente judicial y que esta a su juicio sólo se da en los desarrollos normativos que constituyan la razón de la decisión.
“Este juzgador no logra identificar luego de su análisis, algún parámetro interpretativo o tesis ponderada que indique la necesidad de tenerlo como referente, ni porque se alegue que Augusto Ramírez Uhis deba recibir un trato igual alguno en la actuación a Luis Alberto Monsalvo”
Así mismo advirtió que la ley establece como doctrina probable tres decisiones uniformes de jueces de la República sobre un mismo punto de derecho.
Y cómo en este caso sólo existe una, la de la Corte, no aplicaría para este proceso según el despacho judicial. En virtud de lo anterior Ramirez Uhía fue condenado a 58 meses de prisión y sustituyó la pena intramural por domiciliaria.
Alejandro Sánchez, defensor de Ramírez aseguró que presentará apelación frente a la decisión del juez, ”para el juez no fue vinculante la absolución del gobernador Monsalvo Gnecco, no fue claro, no sentó una regla y en su criterio desconoce los fallos de la Corte sobre temas similares”.
El gobernador del César completa su primer año de gobierno, entretanto, su aliado político de Valledupar, el recién condenado, Augusto Daniel Ramírez Uhía, espera el mismo trato judicial de la Corte Suprema de Justicia, en un caso por compra de votos en donde aún no está escrita la última palabra.
