Como un golpe de Estado ha sido calificado el fallido proyecto de acto legislativo suscrito por 25 congresistas de cuatro partidos políticos que busca ampliar el periodo del presidente Iván Duque hasta el 2024 y unificar en un mismo día la elección del primer mandatario y el Congreso. Pero el jefe de gobierno no sería el único en quedarse en su cargo dos años más, de ser aprobada esta iniciativa.
También se buscaba ampliar el periodo del actual registrador Alex Vega, el fiscal Francisco Barbosa, el defensor del pueblo Carlos Camargo, el contralor Felipe Córdoba, la auditora Alma Erazo, la procuradora Margarita Cabello, los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral y todos los magistrados de las altas cortes que pasarían a tener un periodo de 8 a 10 años.
Lo propio aplicaría para alcaldes y gobernadores. El texto establece que el periodo constitucional de los cargos de elección popular sea de cinco y no de cuatro años. Además les de la posibilidad de aspirar en 2024 para ser reelegidos inmediatamente. En otras palabras, los actuales mandatarios regionales y locales podrían dejar el poder hasta el año 2024.
Aunque días atrás el presidente Duque intentó desmarcarse de esta iniciativa asegurando que su mandato finaliza en el 2022, otras voces desde el Congreso lo desmienten.
El senador Rodrigo Lara, aseguró que el proyecto sí se estaría impulsando desde la Casa de Nariño con la denominada “mermelada”, a través de los recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, cuyo propósito es, estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, pobreza, economía ilícita, para lo cual se han priorizado 170 municipios.
Según el decreto 1782 del 28 de diciembre de 2020, se incorporó $2.1 billones como adelanto de regalías para impulsar a las regiones más afectadas del país, es decir los PDET, los cuales se asignaran a través de los Ocad de Paz.
Los congresistas que firmaron sin ningún reparo dicha iniciativa son poderosos caudillos políticos de bajo perfil pero que han tenido serios cuestionamientos en el pasado.
El primer firmante es el único representante a la Cámara que tiene el Partido Conservador en Cundinamarca. Se trata de Buenaventura León. Su nombre es poco conocido en la opinión pública nacional, pero muy polémico y visible en la política del centro del país. Incluso este miércoles fue condecorado por la Cámara de Representantes con la Orden de la Democracia en el grado de Gran Cruz.
Oriundo de Caparrapí, Cundinamarca, es técnico agrícola y abogado. Fue alcalde y concejal de dicho municipio, diputado a la Asamblea de ese departamento durante tres periodos y ha militado la mayor parte de su extensa carrera política en las huestes azules.
Ha sido mano derecha de dos mandatarios cuestionados en Cundinamarca. Álvaro Cruz, el exgobernador condenado en el año 2016 a seis años de prision por hacer parte del carrusel de la contratación. De Cruz, León fue su secretario de Agricultura en el año 2001, cuando renunció a su curul en la duma departamental para entrar al gabinete.
Su incursión en la Cámara de Representantes se dio de la mano del Movimiento Unionista de Luis Alfredo Ramos y fue la fórmula de José Darío Salazar quien salió electo senador. Sin embargo, años después cuando tuvo que elegir entre apoyar al entonces presidente Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, junto a un grupo de 40 congresistas le dio el guiño a Santos.
También fungió hasta el año 2017 como secretario de Gobierno de Jorge Rey, cuestionado por el POT de Funza. Rey le allanó el camino hasta la gobernación al actual mandatario Nicolas García, uno de los directamente beneficiados de este proyecto de ley, pues le permitiría mantenerse en el cargo y reelegirse inmediatamente.
Garcia, recientemente fue elegido presidente de la Federación Nacional de Departamentos, una organización que también estaría ayudando a empujar esta iniciativa legislativa que beneficia a todos los actuales mandatarios.
La esposa de Buenaventura León es Elica Almanza, actual secretaria de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca, es decir, hace parte del gabinete del gobernador García.
Pero ella no es la única de la familia León Almanza que trabaja con el gobernador García, su hijo Cristian Alexis León Caicedo es contratista del departamento. Paradójicamente, el patrimonio bruto del joven León Caicedo supera al de su padre, el representante Buenaventura León.
Mientras que en la más reciente declaración de renta reportada por el parlamentario del año 2018 su patrimonio bruto es de $203 millones, el de su hijo del año 2019, es de $729 millones. Un claro conflicto de intereses del representante Buenaventura León en este proyecto de ley que favorece al actual gobernador de Cundinamarca, Nicolas García, jefe de la esposa del congresista y de su hijo.
Pero el parlamentario también se ha beneficiado de la “mermelada” gubernamental. Su hija, Yudi Tatiana León Caicedo firmó el 14 de enero de 2020 un contrato de prestación de servicios con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ella también tiene un patrimonio bruto mucho mayor que el de su padre. Según su declaración de renta del año 2018, para entonces era de $572 millones.
Otra de los congresistas que suscribieron el proyecto y que han sido sujeto de cuestionamientos es también del Partido Conservador, una verdadera cacica electoral en Antioquia. Se trata de Nidia Marcela Osorio, oriunda de Itagüí fue analista de impuestos y directora de rentas de ese municipio a finales de la década de los ochenta y concejal en dos Periodos.
En el año 2010 dio el salto a la Cámara de Representantes. Es recordada por dos polémicos proyectos de ley, el primero que prohibía el aborto y el segundo que se encaminaba a eliminar la sanción por conflicto de interés de los congresistas.
Para las elecciones del 2014-2018 la MOE denunció un presunto fraude electoral en favor de Osorio. Es considerada aliada política de otro barón electoral de Itagui, Carlos Andrés Trujillo de la polémica Olga Suarez Mira. En el año 2019 enfrentó una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por inasistencia a sesiones en el Congreso en el año 2013.
Otros de los que con su firman apoyan la polémica iniciativa fueron denunciados en el año 2019 porque sus nombres estaban en el Sisben. Ellos son Felix Chica Correa, representante a la Cámara por el Partido Conservador y quien para la fecha figuraba con un puntaje de 33,79 y Felipe Andrés Muñoz Delgado de ese mismo partido quien figuraba con un puntaje de 56,86 y con supuestos beneficios de tres entidades.
En el año 2015 el entonces diputado de la asamblea de Manizales Felix Chica fue duramente cuestionado luego de conocerse que el secretario de gobierno de la época John Mora López lo sancionó con multa y le impuso una charla pedagógica, pues uno de sus hijos menores de edad y que vivía con él, había sido remitido varias veces al Centro de Recepcion de Menores por incumplir la normatividad. Ya como congresista afrontó una demanda de pérdida de investidura por haber renunciado a la Asamblea para aspirar al legislativo.
Con respecto a otro de los autores de la iniciativa, el congresista Felipe Muñoz, fue alcalde de San Pablo, Nariño. En el año 2014 fue suspendido por la Procuraduría y luego logró una curul en la Cámara por el Partido Conservador de la mano de los políticos Myriam Paredes y Oscar Bravo.
Su curul fue demandada porque la empresa de la que es socio y fue su representante legal Civel Med SAS suscribió contratos con Centrales Eléctricas de Nariño, Cedenar, antes de ser elegido, pero la demanda no prosperó.
En ese mismo grupo de compañera de curul, de Sisben y de autora legislativa está Monica Liliana Valencia del Partido de la U quien tenía un puntaje de 75,84. Esta congresista.
Valencia también afronta ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura. Según la queja, se inscribió como candidata por el departamento del Vaupés en el año 2017 pero para ese momento su padre adoptivo, Simón Valencia López, era él represente legal de una entidad pública denominada Gobierno Propio de Autoridades Tradicionales de los Resguardos y Territorios indígenas del Vaupés, conformada por la totalidad de las comunidades indígenas del departamento donde ella resultó elegida hasta el año 2022 y cuyo periodo podría ampliarse de aprobarse la iniciativa.
Adicionalmente, se trata de una institución que está en el ojo del huracán porque celebró un convenio interadministrativo en el año 2018 con la gobernación del Guaviare, un negocio que se ha denunciado es manejado por el padre de la parlamentaria.
Otra congresista que apoya el proyecto es Teresa Enríquez Rosero, hermana del exsenador y cacique electoral de Nariño, Manuel Enríquez Rosero. En plena contienda electoral fue cuestionada porque los Rosero estaban utilizando a Corponariño, la Car de Nariño, según lo denunció La Silla Vacía, para sacar adelante su curul.
Una entidad cuya finalidad es velar por el ambiente en uno de los departamentos más afectados por los cultivos ilicitivos, la violencia y la pobreza terminó, gracias a su presupuesto de $20.000 millones y su nómina de 96 empleados, parte del apetito burocrático de los poderosos del Partido de la U en Nariño.
Otro nombre polémico en la lista es Milene Jarava Diaz, representante a la Cámara por el departamento de Sucre y quien heredó el caudal político de su marido, el excongresista investigado por parapolitica Yahir Acuña.
Ella se convirtió en el as bajo la manga de Acuña en su aspiración a la gobernación de Sucre y luego al Congreso. Con 13 indagaciones penales y disciplinarias y una incautación de más de $487 millones en efectivo dos dias antes de las elecciones, su esposa se convirtió en su alfil en el legislativo.
Según varios expertos en derecho constitucional, exmagistrados y un magistrado actual de la Corte Constitucional, el proyecto de acto legislativo es abiertamente inconstitucional y quienes lo voten se podrían enfrentar a una investigación por legislar en beneficio propio lo que implicaría una posible pérdida de investidura.
El proyecto cayó pocas horas de radicado en la secretaría de la Cámara de Representantes y los los partidos de oposición convocaron un paro nacional. Un asunto que causó gran revuelo nacional y que desde ya se convierte en fuerte insumo de la contienda electoral por la presidencia de 2022.
