Una nueva batalla de poderes se vive en las entrañas del uribismo y el círculo cercano al presidente Iván Duque. Esta vez, la puja es por el considerado cuarto cargo más importante del país, la Procuraduría General de la Nación, cuyo titular Fernando Carrillo está próximo a finalizar su periodo constitucional de cuatro años.
Mientras gran parte del país tiene la atención puesta en contrarrestar los efectos sociales y económicos generados por la pandemia de Covid-19 que ha cobrado más de 1.400 víctimas fatales y superado los 45.000 contagios, un puñado de altos funcionarios y exfuncionarios realiza un intenso lobby ante quienes tienen a cargo la conformación de la terna, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el presidente de la República.
Precisamente, una de las contiendas más duras se libra por obtener el aval presidencial. Esta la encabezan la actual ministra de Justicia y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello y el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz Orejuela.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, consultó varias fuentes en Casa de Nariño y en el círculo cercano del presidente Iván Duque, quienes dieron por descontado que Cabello es la candidata del Primer Mandatario.
Incluso, aseguraron que la terna de Margarita Cabello se acordó en mayo de 2019 cuando renunció tras seis años como magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema para ingresar al gabinete del presidente Duque, liderando la cartera de Justicia, en reemplazo de Gloría María Borrero.
Cabello Blanco goza del respaldo de altos funcionarios del Estado y de la familia Char de Barranquilla con influencia en círculos de la justicia. No obstante, algunas fuentes aseguraron que aunque no es lejana al expresidente y senador Álvaro Uribe, pues la ternó por el entonces mandatario en el año 2009 al cargo de Fiscal General, esta vez el candidato de Uribe es otro.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha sido el talón de aquiles para el exmandatario. Primero en su gobierno y ahora como senador con la apertura de sendas investigaciones, de las que tuvo conocimiento en Sala Plena, Cabello Blanco como magistrada de esa corporación.
Sin embargo, el paso de la funcionaria por la cartera de Justicia en la que cumplió un año este jueves, la tienen en el ojo del huracán. De hecho, bajo su administración el sistema carcelario y penitenciario ha enfrentado una de las peores crisis de hacinamiento, sanitaria y de decesos en los centros de reclusión.
Cuando el país apenas tenía un puñado de casos positivos de Covid-19, Cabello Blanco, anunció las medidas que adoptaría su ministerio para proteger del virus a la población privada de la libertad.
Entre las múltiples promesas, aseguró la entrega expedita de elementos de protección personal a internos y guardia, insumos para la limpieza y desinfección de las cárceles, prohibición de traslados y remisiones judiciales y suspensión de las visitas en las cárceles.
Con el paso de los días la situación se agravó en los penales. Nada de lo anunciado se concretó y el virus se propagó sin control.
Paradójicamente quien puede convertirse en su predecesor en la Procuraduría, Fernando Carrillo, a finales de marzo envió una propuesta a ese ministerio para atender con urgencia el tema carcelario.
El temor de los organismos de control, internos y familiares se materializó a comienzos de abril.
Uno de los penales más afectados fue el de Villavicencio. El alcalde de la ciudad, Felipe Harman desesperado porque la cárcel se había convertido en el principal foco de contagio, afirmó, que el gobierno los había dejado solos en esa batalla contra el virus.
Dos meses después desde el primer contagio, el departamento del Meta superó los 1.000 casos y de estos 850 pertenecen al establecimiento de reclusión. “No hay una sola prueba que certifique que uno de ellos se recuperó”, dijo hace unos días el mandatario Felipe Harman.
Actualmente hay 1.398 casos en catorce establecimientos de reclusión y cuatro víctimas mortales.
A esto se suma una veintena de indagaciones penales, disciplinarias y fiscales por la omisión en la contención y mitigación del virus, así como por el traslado de internos entre carceles sin ninguna precaución para evitar el contagio.
Al manejo de la pandemia, se suma otro lunar en la gestión de Cabello, el motín del pasado 21 de marzo, en el que murieron 23 internos y 83 más resultaron heridos.
La funcionaria al día siguiente y de manera apresurada afirmó, “Hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado, no hay un problema sanitario que hubiera generado este plan y no hay infectados por Coronavirus”.
Sin embargo, en un reciente informe la revista Semana, reveló los primeros informes y conclusiones justamente de la Procuraduría General de la Nación que desmienten, a partir de los videos de las cámaras de seguridad, testimonios y necropsias lo dicho por la ministra Cabello.
Hubo un exceso de fuerza una extralimitacion de funciones por parte de la guardia del Inpec. Tiros de fusil y de otro armamento en la cara y espalda de muchos de los muertos revelaron que “entraron a matar y no a disuadir la refriega”.
A esto se suma lo ocurrido con el decreto de excarcelación. Luego de siete borradores, terminó en una colcha de retazos que no cumplió su propósito, descongestionar las carceles en época de pandemia. La misma ministra de Justicia lo reconoció públicamente, “el decreto de excarcelación no ha dado resultado esperado”.
Su paso por la cartera ha sido motivo de confrontación hasta con Claudia López, alcaldesa de Bogotá. “Llevo tres meses rogándole al Ministerio de Justicia, necesitamos el lote de La Picota. Apuesto algo desde hoy 21 de Mayo: cuando se acabe el Gobierno Duque, ni el Gobierno nacional hará la carcel, no nos dejó hacer una, pese que tenía la plata y se lo pedimos por escrito”, aseguró la mandataria en un foro de ProBogotá.
“Su revés en el manejo de las cárceles le podría significar un costo político a la ministra”, le manifestó a esta Agencia una fuente cercana al expresidente Uribe.
Un argumento con el que se le podría aguar la eleccion a la ministra. A este se suma un contendor silencioso que ha venido ganando la confianza del expresidente Álvaro Uribe y de sus hijos Jerónimo y Tomas.
Se trata de Wilson Ruíz Orejuela, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y quien en el último tiempo ha aspirado a ocupar altos cargos en el Estado.
Su más reciente aspiración fue a la Contraloría General de la República, pulso que perdió con Carlos Felipe Córdoba quien tras el apoyo del partido de La U, Cambio Radical y Liberal, obligó al partido Conservador a retirarle el respaldo a Ruiz, sumándose a Córdoba.
Ruiz Orejuela también estuvo a punto de disputarse con Fernando Carrillo la Procuraduría cuatro años atrás. Sin embargo, perdió por un voto con el exvicefiscal Fernando Perdomo quien logró el aval de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces ha buscado los afectos del expresidente Álvaro Uribe.
Y los resultados ya se evidencian. Al menos en redes sociales. Con alguna frecuencia el exmandatario comenta, divulga o le da un me gusta a la columna de Wilson Ruiz, en el periódico El Nuevo Siglo.
Con este candidato quien también tiene el apoyo del exprocurador Alejandro Ordoñez, y de quien Ruiz fue su procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, el expresidente Uribe aspira lograr la terna de Ruiz por parte del presidente Duque.
De lograrlo, tendría grandes posibilidades de suceder a Fernando Carrillo pues Ruiz Orejuela goza de buen recibo en el Congreso de la República. No obstante, de no ser ternado por el gobierno el plan b de Ruíz está en la Corte Suprema de Justicia en donde tiene aliados.
El otro aspirante al cargo por parte del gobierno es Ernesto Lucena, ministro del Deporte y quien en los últimos días ha figurado por sus pronunciamientos y silencios en el tema del retorno del fútbol, uno de los sectores que aunque pasó un protocolo de 71 paginas, aún no se ha materializado por parte del gobierno nacional. También ganó notoriedad por un cruce de cartas con el actual presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez.
El lobby también se ha concentrado entre los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
Aspirando al guiño de las altas cortes han enfilado baterías el actual secretario general del Senado, Gregorio Eljach y el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, mano derecha de Germán Vargas Lleras y hombre de confianza del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo.
También aspiran Juan Carlos Cortes, actual viceprocurador quien estaría siendo impulsado por Fernando Carrillo como su sucesor. A ellos se suman Alberto Yepes, exconsejero de Estado y Humberto Sierra, exmagistrado de la Corte Constitucional.
Lo evidente es que la pelea por ahora se centra entre Margarita Cabello y Wilson Ruíz y detrás de ellos Duque y Uribe.
