En las últimas horas se develó la fiesta número dos mil en el país. Pero esta no hace parte de las 650 de Cartagena, las 250 de Cali u otro tanto en Barranquilla, Bucaramanga o la capital de la República.
En esta oportunidad fue en la cárcel La Picota de Bogotá. El centro de reclusión más grande del país, con 9.325 internos y en el que se reactivó la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, mientras 120.000 personas privadas de la libertad enfrentan sus procesos o condenas en mazmorras con pésimas condiciones de hacinamiento, sin agua potable, elementos de protección, ausencia de higiene y salubridad, un puñado de privilegiados buscan cómo divertirse.
Es el caso de los internos del pabellón Ere Sur. Los denominados parapolíticos. Un grupo de exfuncionarios públicos con fuero constitucional, es decir, en razón a que son investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
En ese pabellón, entre otros, se encuentran, el exsenador Otto Bula y su colega Bernardo “El Ñoño” Elías del caso Odebrecht. Jorge Noguera, exdirector del DAS condenado por el caso de las interceptaciones ilegales. Ramiro Suárez, exalcalde de Cúcuta por parapolítica o el senador Álvaro García, en un proceso similar.
Allí tienen el privilegio de pasar los días con la comodidad que brinda un lugar en La Picota con amplias habitaciones, baño privado, elementos tecnológicos y hasta chef. Igualmente gozan de televisor satelital con full hd, comunicaciones celulares frecuentes y visitas casi todos los días.
Según registros internos, de las 56 habitaciones que conforman el Ere Sur, están ocupadas actualmente más de la mitad. Para acceder a una de ellas, se debe tener la condición de aforado, según lo establecen las normas.
Precisamente , a ese grupo de internos y a otro del pabellón de alta seguridad, PAS, iba dirigido el cargamento especial que fue descubierto por el propio Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Luego de instrucciones del general de la Policía, Norberto Mujica, su director, experto en inteligencia, quien detectó el festival.
Es así como a integrantes del cuerpo de vigilancia y custodia se les incautó el pasado sábado en horas de la noche los insumos para una celebración.
Tres litros de Buchanans 12 años. Además 12 litros de whisky Old Parr 12 años y 10 botellas de vino Casillero del Diablo de 750ml. En la `licorera interna` de La Picota también aparecieron 33 litros de aguardiente Néctar en cajas tetrapack, tres litros de ron Viejo de Caldas, ocho sixpack de cerveza Club Colombia, cuatro sixpack de cerveza Budweiser y ocho latas de cerveza de 500 ml.
A esto se suma unas botellas rotas de whisky y otra de aguardiente en tetrapack dañadas. Junto a este arsenal de licor estaba un tarro de proteína Nitro Tech de 500 miligramos y otra de Hidroxicut, para alguien amante de las pesas.
Según los precios del mercado carcelario, los licores tienen un precio que oscila entre $30 y $75 millones dependiendo del poder económico y criminal de quien hubiese hecho el encargo.
“Están haciendo fiesta todos los corruptos. Ese cargamento, iba para la Eron, estructura de alta seguridad, probablemente, porque el whisky lo consumen ciertas cabecillas, no es para todos los paladares ni para todos los bolsillos. Y en el caso del ron y del aguardiente es para estructuras más bajas, pero adentro también se paga muy bien”, explicó un funcionario de la penitenciaria.
De igual forma, detalló que ese tipo de cargamentos tan voluminosos, generalmente lo compran entre dos y tres cabecillas, de la Oficina de Envigado o Clan del Golfo, quienes a su vez lo revenden, “por eso hay trago para tres paladares diferentes”, aseveró.
Sin embargo, otra hipótesis pone en duda el destino de la ´licorera´ de la prisión. Un exprivado de la libertad, aseguró que los parapolíticos tienen una modalidad distinta para ingresar el licor.
Esta consiste en pagarle a uno de los internos que está en mínima seguridad y permanecen ubicados cerca a ese pabellón para que traspasen un muro estratégico y poco conocido que conecta la prisión con tiendas de un barrio cercano en donde adquieren el licor y otros elementos periódicamente, para no acumularlos en las celdas.
Las primeras indagaciones van encaminadas a establecer si Hugo Tellez, jefe de transporte de La Picota, tiene algo que ver en la incautación. Ello sobre la base de que estos elementos entraron en un vehículo de la entidad y custodiado por varios miembros de la guardia penitenciaria.
Integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec, afirmaron que se trata de un funcionario que ostenta poder, como quiera que en varias ocasiones se ha intentado cambiarlo de cargo ante quejas y señalamientos pero ha sido imposible. Señalamientos Tellez desmiente categóricamente.
“El exdirector del Inpec, el general Ramírez, en su momento, lo envió a realizar un curso de armero, es decir, técnico en reparación de armas, y aunque lo hizo, no quiso dejar el cargo como jefe de transporte, algo inusual, en razón a que estaba en comisión en la Policía. Se le pidió al general Ramírez que lo ubicara en la sección de armamento del Inpec, pero fue imposible, mandos medios del instituto se movieron e impidieron el traslado”, aseguró uno de los guardias.
Una versión que coincide con la de uno de sus exescoltas, quien aseguró a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que años atrás, mientras trabajaba con él, fue testigo de como utilizaban los carros del Inpec y de la Unidad Nacional de Protección, UNP, para ingresar elementos prohibidos de todo tipo.
Pero la denuncia va más allá y señala que la guardia de la prisión se intimida por el poder que ostenta, como quiera que afirman, ha hecho trasladar a aquellos funcionarios que han tenido intención de testificar en su contra. “Los conductores que él mismo escoge también temen represalias”.
Actualmente, entre internos y funcionarios del Inpec, según registros del Ministerio de Salud, los contagios llegan a 1.166 a nivel nacional. Una situación que se originó en la cárcel de Villavicencio y que se propagó a otros penales como Heliconias en el Caquetá, Picaleña en Ibagué, Guaduas en Cundinamarca, y La Picota, entre otras, derivado de los traslados de privados de la libertad infectados, en la capital del departamento del Meta.
Antes de la fiesta en La Picota, se registraron inicialmente cinco casos. Luego se declaró libre de Covid-19, pero coincidencialmente adportas de la celebración,a mediados de semana se registró un nuevo caso, en la prisión que tiene un 45.5% de hacinamiento y de nuevo las alertas sanitarias encendidas.
