Están frescas las secuelas del atentado. Hacia las 10:20 p.m, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, llegó a su casa, luego de una jornada de trabajo intensa que incluyó varias reuniones, una de ellas en la noche con un congresista.
Apenas cerró la puerta de su hogar, ubicado en el barrio Ciudad Montes al sur de Bogotá, tras despedirse de sus escoltas, cuando el ensordecedor sonido de las balas lo pusieron en alerta.
Alcanzó a observar que dos motocicletas con hombres armados hasta los dientes que aparecieron casi de la nada. Los escoltas del hombre que protege a cerca de 10.000 personas en riesgo enfrentaron a los pistoleros.
El balance: uno de los sicarios muerto; Fabián Estiven Duarte Ortíz, de 29 años, acusado por homicidio en 2014. Además, un escolta herido.
Pocas horas después reflexivo, sereno y pensativo, Rodriguez comunicó al país que seguirá adelante en su misión de sanear la UNP. Una entidad que desde el 2 de noviembre de 2011 cuando se fundó, nació cuestionada.
La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar: "Han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP y mi compañero desde el M19. Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo, le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias, las pruebas están en sus manos".
Efectivamente, Rodríguez es un petrista pura sangre. Lleva casi cuatro décadas al lado del primer mandatario. Las luchas de ambos han sido constantes. En el M-19, en el Congreso, en la alcaldía de Bogotá, desnudando la barbarie del paramilitarismo, confrontando al entonces procurador Alejandro Ordóñez, al uribismo, buscando la reapertura del hospital San Juan de Dios, en la campaña presidencial y ahora en el gobierno.
Con una función clave y el respaldo irrestricto de Gustavo Petro; limpiar la UNP contaminada estructuralmente por la corrupción, el narcotráfico y administraciones nocivas anteriores. Además confrontar 19 sindicatos que buscan mejores condiciones laborales al tiempo que se contaminaron.
Rodriguez llegó a la entidad hace cinco meses. Encontró un lastre desolador. Funcionarios, escoltas, contratistas, excontratistas y exfuncionarios en confrontación. En la trasescena de los protegidos y con otros buscando escoltas y carro blindado sin necesitarlos, en muchos casos argumentando supuestas amenazas o para lograr estatus social.
Un costo que representa cerca de un $1 billón al año que cuestan cerca de 8.000 escoltas, 5.000 vehículos blindados para al menos 10.000 protegidos a nivel nacional entre defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas, población en situación de desplazamiento y periodistas, entre otros.
Ello en el contexto de un caos adicional; esquemas de protección y vehículos arrendados a algunos narcotraficantes y testaferros en varias zonas del país para comercializar droga que está identificando la propia UNP. A ello se suma que la normatividad impide hacer modificaciones estructurales en contratación con la complacencia de algunos funcionarios.
Desbordado por lo que encontró Rodríguez actuó casi de inmediato. Un mes después de asumir el cargo, empezó su periplo por la Fiscalía. Evidenció el desastre que recibió en la entidad. Denunció con mano firme a los responsables. Entregó infinidad de pruebas.
Pero hace nueve días, el 27 de febrero, recibió una noticia que lo decepcionó; a dos delatores que pedían un acuerdo de colaboración para contar lo que ha venido pasando en los últimos años en la UNP, les fue negado el principio de oportunidad por parte de la Fiscalía, mediante la resolución 0085 firmada por la fiscal general adjunta Martha Janeth Mancera.
Paradójicamente, entidad que anunció esta mañana del miércoles que: "La Fiscalía ha desplegado toda su capacidad investigativa con fiscales, investigadores y analistas que permita identificar y judicializar a los responsables del acto violento del que fue víctima el director de la UNP Augusto Rodríguez".
No obstante, los dos delatores no son de poca monta. Se trata de Martín Ricardo Manjarrés Cabezas y representante legal de M&M Group S.A y Yohn Jairo García Rivera, gerente de la misma compañía.
Estos entre 2013 y 2015 fueron protagonistas de la génesis de la corrupción en la entidad que hizo metástasis actualmente y se convirtió en enfermedad terminal, como quiera que fungieron como intermediarios entre entidades del Estado y diversas empresas de venta de vehículos y blindaje como Sofasa Renault, Blind Express, Blindsecurity de Colombia y Toyonorte Blindex, entre otras.
Según los denunciantes, los contratos se obtenían a través del pago de millonarias comisiones, agasajos y otros obsequios, no solo en la UNP, sino en la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el ministerio de Defensa.
Al respecto, precisaron información de 12 contratos en esas entidades que suman cerca de $17.000 millones (ver relación adjunta).
Con otro antecedente, estos hechos fueron dados a conocer ante la propia Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia y radicada el 26 de diciembre de 2013.
Pero, los denunciantes Manjarrés y García, tampoco son monjas de la caridad. El 7 de octubre de 2022, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, acuerdos restrictivos de la competencia, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público, e interés indebido en interés de contratos.
Por eso con el agua al cuello, pocas semanas después de la imputación, el 16 de noviembre de 2022, Manjarrés y García ablandaron y ofrecieron delatar, pero sobre todo dejar en la mira de la justicia a varios personajes considerados por ellos como delincuentes de cuello blanco.
Más allá de los hechos evidenciados, eso fue lo que más inquietó a Augusto Rodríguez; la calidad de los 17 funcionarios, exfuncionarios, contratistas y excontratistas a quienes los dos procesados iban a dejar en evidencia.
En el caso de Martín Ricardo Manjarrés, ofreció pruebas y ser testigo contra cinco personas. En cuanto al exdirector de la Policía, el general Rodolfo Palomino, asegura que beneficiaba con las fichas técnicas en las contrataciones de carros blindados y no blindados a Martín Manjarrés y Yonni García. Esto a cambio de recibir dádivas a través de la esposa del oficial, Eva de Palomino.
Con respecto al exfuncionario de la UNP, Carlos Bermúdez Cuchimaque, era el enlace de los contratistas y junto a Julián Marulanda, otrora secretario general de la entidad, les proporcionaba la información de los procesos contractuales. Incluso cuando se desvinculó de la institución aseguran que se fue a laborar con el denominado 'zar' de la seguridad y contratista de la UNP, Jorge Moreno Ojeda.
En la lista también aparece Andrés Vaca amigo personal y aliado de Cuchimaque, quien, como exfuncionario de DAS, era el encargado de recaudar las coimas.
Frente a Shinobo Kataoka, presidente de Suzuki Colombia, les daba poder al mismo Manjarrés y García para que manejaran contrataciones en varias entidades del Estado, así como ofrecía dádivas a los funcionarios que favorecían a la firma en contrataciones.
La quinta persona sobre la cual ofreció ser testigo es Harold Rodríguez Castellanos, funcionario de la Fiscalía, quien, según el denunciante, los favorecía a los dos, entregándoles la ficha técnica de las contrataciones de vehículos y accedía a la modificación a cambio de dádivas.
En cuanto a la delación propuesta por Yohn Jairo García Rivera, fue más allá y ofreció ser testigo contra 12 personas.
De Andrés Villamizar, exdirector de la UNP precisó que: "en concordancia con el secretario general de la UNP, sabía que este favorecía en proporcionar información privilegiada de las contrataciones a Yohn García y Martín Manjarrés antes de la publicación y a petición de Julián Marulanda, accedía a firmar los contratos a cambio de dádivas", señaló en la resolución de la Fiscalía.
En referencia al empresario Alan Perlman Katz, expuso su injerencia en la contratación en la UNP buscando favorecimientos, en el alquiler de vehículos blindados, a través de contactos al interior de la entidad y con el apoyo de los sindicatos.
Otro de los mencionados, es el otrora comandante de la Policía de tránsito, Juan Francisco Peláez. De este expresó que beneficiaba a los dos delatores en la obtención de contratos, modificando condiciones a cambio de dádivas.
Frente a los empresarios de Blinsecurity Alejandro y Aldo Salvino, se ofreció a entregar información de cómo a través del contacto directo con Julián Marulanda, eran favorecidos en la contratación de alquiler de blindados.
También fueron mencionados por García Rivera, los intendentes José Ovidio García, quien entregaba información de las contrataciones a cambio de dádivas y Abraham Rocancio. Willian Ernesto Ruiz Garzón, ficha en la Diraf de la Policía para direccional contrataciones, y en conductas similares el funcionario John Carlos Roa.
Al igual que Luis Wilson González y John Henry Porras Quitian. Estos dos últimos fichas clave en la UNP con Julián Marulanda el uno y determinante en la adjudicación en 2012 en la contratación de la firma Centigón Colombia, el otro, según le anticipó García Rivera a la Fiscalía y como lo evidenció el periodista Daniel Coronell, en su reporte diario.
La solicitud de principio de oportunidad fue realizada por la fiscal 414 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá que la fundamentó en el numeral 5 del artículo 324 de la ley procesal penal del Sistema Acusatorio, esto es la Ley 906 de 2004.
Es decir, Manjarrés Cabezas y García Rivera recibirían inmunidad parcial a cambio de ser testigos de cargo de la Fiscalía en el proceso del año 2013 que involucra a un exdirector de la Policía, un coronel y dos intendentes de la misma institución, un exdirector de la UNP y su secretaria general y 11 civiles entre exfuncionarios, contratistas e intermediarios.
Esta noticia Criminal 2013-515, a pesar que se cumplieron 10 años aún está en la primera etapa de un proceso penal, la indagación a pesar de la gravedad de los hechos y el número de personas involucradas.
A juicio de la vicefiscal Mancera el principio de oportunidad requerido no cumple con el criterio de idoneidad pues a pesar de los testimonios que entregarían por haber sido peticiones en dichas conductas delictivas, para el ente acusador sus testimonios carecen de las exigencias probatorias para acreditar la existencia y ejecución de los delitos.
Para la operadora judicial a pesar de que los dos imputados aceptaron su responsabilidad y detallaron que incurrieron en los delitos reprochados en doce contratos no informaron cómo abordaron a los funcionarios públicos, que suma dineraria o prebendas les exigieron, tampoco los lugares y el modo en que hicieron llegar los sobornos a estas personas.
En consideración de Mancera, la fiscal 414 se limitó a hacer una narración de los hechos pero sin advertir en la matriz de colaboración las circunstancias de tiempo, modo y lugar que demostrarían la responsabilidad de cada una de las 17 personas señaladas y las pruebas que entregarían Manjarrés y García para sustentar su testimonio.
Por lo tanto, el pasado 27 de febrero se negó la aplicación del principio de oportunidad; se ordenó a la fiscal 414 continuar con la acción penal en contra de estas dos personas por la comisión de al menos cinco delitos.
Augusto Rodríguez y su equipo de trabajo están convencidos que la decisión de la Fiscalía sienta un precedente negativo en su lucha por sanear la entidad. Nueve días después recibe una advertencia, sicarios atentaron contra su vida. El funcionario que cuida a cerca de 10.000 personas en riesgo ahora tiene escoltas dentro y fuera de la entidad para protegerlo.
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