El viernes 24 de febrero, el fiscal general Francisco Barbosa, anunció que el ente acusador convocó a imputación de cargos a 16 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por presuntas irregularidades en las adiciones en el proyecto Ruta del Sol II que terminaron beneficiando al concesionario.
Un anuncio que hizo el funcionario al lanzar un micrositio especial en la página web de la Fiscalía con toda la información de Odebrecht, uno de los casos de corrupción más representativos a nivel internacional. No obstante, de carambola, la decisión empezó a agrietar una de las aristas más importantes del expediente, el proceso contra Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, casa matriz de varias de las obras en donde la multinacional brasileña pagó millonarios sobornos.
Esto porque en momentos en que se desarrolla el juicio contra el exfuncionario y en un hecho sin antecedentes, tal y como lo evidenció el juez 25 penal, Romel David Arévalo, la mayoría de los testigos que la defensa de Andrade tenía para presentar en las audiencias fueron objeto del anuncio de imputación por parte de la Fiscalía, precisamente, el viernes.
Los señalados no solo integraron el Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la ANI entre los años 2012 y 2015 participando en toda la etapa procesal. Desde la proyección hasta la celebración del contrato, Ruta del Sol III, así como la suscripción de cuatro otrosí al contrato 01 del 14 de enero de 2010.
Según el anuncio de la cabeza del ente acusador los funcionarios desconocieron la normatividad de la ley de contratación. Además, la ANI de manera unilateral, sin estudios previos de conveniencia y oportunidad y sin autorización del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, para que con vigencias futuras se amparará las modificaciones contractuales al tramo Agua Clara-Ocaña - Sardinata y Cúcuta.
De este nuevo grupo de imputados harían parte Eggna Dorayne Franco Méndez, líder de seguimiento de Ruta del Sol III, Alberto Barajas Nova, director del consorcio Ruta del Sol y que ejercía la interventoría del contrato de concesión 007 de 2010.
Así mismo, Margarita Montilla Herrera, gerente de asesoría legal de contratación y delegada del presidente en el comité asesor, Camilo Andrés Jaramillo Berrocal vicepresidente de estructuración, Poly Osorio Álvarez vicepresidente de Planeación, Andrés Figueredo Serpa vicepresidente de gestión contractual, Camilo Mendoza, exvicepresidente de Planeación de Riesgos y María Clara Garrido exvicepresidente Administrativa y Financiera, entre otros.
Un anuncio que pasó desapercibido ante la opinión pública, pero que en el fondo se constituyó en dinamita jurídica en el proceso que se surte en contra del exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, pues como lo advirtió el juez, la defensa, la Procuraduría y la representante de víctimas, extrañamente los llamados a imputación eran las mismas personas que han declarado o faltan por declarar en el juicio que inició este 27 de febrero.
Una maniobra que fue denunciada por la defensa de Andrade al inicio de la audiencia de juicio oral, pues como jamás había ocurrido en el ámbito penal, horas antes de declarar, a los testigos de la defensa se les había comunicado públicamente que serían llamados a imputación de cargos por los mismos hechos que a su exjefe luego de siete años.
Otro de los integrantes de la defensa de Andrade, en cabeza del penalista Jesús Albeiro Yepes, el abogado constitucionalista Héctor Escobar, denunció que la rueda de prensa del fiscal general Francisco Barbosa, así como el anuncio de imputación de cargos contra los testigos de la defensa era un mecanismo de coacción y una violación al derecho de defensa y el debido proceso.
Acto seguido, Romel David Arévalo, juez 25 penal, con funciones de conocimiento de Bogotá, expresó su molestia por lo sucedido desde el principio. Recordó todos los hechos extraños y reprochables que venían ocurriendo en el caso, como las amenazas de las que él mismo había sido víctima.
Rememoró que cuando denunció el asunto, únicamente le entregaron un chaleco antibalas y un botón de pánico. Así como relató que también fue víctima de hackeo. "El escenario no puede ser más grave y encuentra eco sus palabras doctor Andrade, esto no es normal es la primera vez que sucede esto en mi carrera profesional".
Tras la argumentación del togado, el acusado Andrade Moreno, quien renunció al derecho constitucional a guardar silencio, procedió a leer un comunicado de prensa en el que aseguró que con asombro y preocupación escuchó la rueda de prensa del viernes 24 de febrero realizada por el fiscal general.
"Los hechos anunciados por la Fiscalía en la rueda de prensa para justificar las nuevas imputaciones son falsos, las pruebas entregadas por mis abogados son contundentes y fueron conocidas por la Fiscalía", inició.
Condenó que siete años después de que iniciara el proceso penal en su contra, la Fiscalía anunciara la imputación a las personas que eran testigos de la defensa.
"En esas condiciones quien se va a atrever a dar un testimonio ante el llamado de mis abogados", aseguró Andrade.
Luego de explicarle al juez porque la nueva imputación y su proceso versaba sobre los mismos hechos, el exfuncionario recordó que comparecía al proceso de manera virtual y desde Estados Unidos porque tras la muerte de Jorge Enrique Pizano, quien iba a fungir como su testigo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a él, como ciudadano americano, le advirtió que su vida corría peligro y por ello debía trasladarse en el término de la distancia a ese país.
También denunció que documentos de la DEA de Estados Unidos fueron alterados durante el proceso para incriminarlo y reiteró que de nuevo acudirá a instancias internacionales para demostrar actuaciones irregulares de la Fiscalía.
Como pocas veces sucede y ante la bochornosa situación, la abogada de las víctimas, es decir de la ANI, se solidarizó con la defensa y también expresó su preocupación.
La abogada Ingrid Parrado inició su intervención asegurando que el interés de la entidad es establecer que sucedió y precisar una verdad material más allá de la procesal. Se preguntó que iba a pasar con la igualdad de armas entre Fiscalía y defensa que establece el Sistema Penal Oral Acusatorio, con el derecho de defensa y con el derecho de contradicción pues los testigos serán imputados.
"Hay algunos de esos funcionarios que están activos en la entidad y hay pánico entre los llamados a declarar acá. No hay un antecedente jurisprudencial que permita hacer una petición o no hacerla", manifestó desconcertada la jurista.
A su vez, el delegado de la Fiscalía, Juan Delgado pidió la palabra e intentó salirle al paso a la situación. Aseguró que se sentía aludido frente a la queja interpuesta al inicio de la audiencia de juicio. Hizo la salvedad en que él no tenía injerencia alguna en las decisiones adoptadas por el fiscal general.
En tono cordial aseguró que él simplemente trabaja en la Fiscalía, que estaba concentrado en lo referente al proceso en contra de Luis Fernando Andrade pero que no tenía conocimiento en el alcance ni en el fondo, así como las decisiones o lo que se esté proyectando al respecto a nivel central.
“No hago parte del grupo de tareas especiales que se creo para el tema, si hacen memoria el grupo nuestro se acabo y en fin, no tengo conocimiento, lo que dice la prensa es lo único que yo se” ripostó.
Asimismo resaltó que esta semana en las audiencias de juicio se desarrollarían unos testimonios, "que los testigos estén intimidados eso seguramente puede pasar por la situación que se presenta".
Defendió a la institución advirtiendo que el caso Odebrecht tiene un sinnúmero de derivaciones e investigaciones, que el nuevo grupo que se conformó y del que él ya no hace parte, seguramente las había continuado o creado nuevas líneas de investigación.
Advirtió que Odebrecht era una empresa que se dedicó a reclutar funcionarios públicos y así se identificó en temas de corrupción, desarrollando un patrón de reclutamiento por favores o pagos, e hizo la salvedad que no se refería a los testigos que habían sido llamados a imputación.
Luego vino la intervención del Ministerio Público. El Procurador Henry Bustos aseguró que la preocupación era razonable, de la abogada de víctimas y hasta del fiscal delegado.
De nuevo, el juez se pronunció como pocas veces ocurre en los estrados colombianos. Indignado, asombrado y molesto con lo sucedido, la cabeza de ese despacho judicial se fue de lanza en ristre contra la Fiscalía General de la Nación por lo que consideró un acto de deslealtad procesal y de coacción para todos los intervinientes en el proceso.
Recordó que es deber de todos los funcionarios judiciales respetar los derechos de los intervinientes. "Yo me hago una pregunta, no a usted señor fiscal si no a la opinión pública que sigue este proceso. Qué necesidad hay de llamar a los testigos de la defensa a imputación de cargos cuando todavía no ha culminado este proceso", inició el juez con su intervención.
Agregó a manera de pregunta si es que acaso los delitos iban a prescribir y señaló que era un deber de decoro de la Fiscalía esperar las diligencias.
"Me parece un precedente nefasto hasta para la libertad que tiene el juez de decidir sobre este caso. Acaso me están enviando un mensaje, me están diciendo que si absuelvo entonces seré objeto de investigación o que si condenó también seré investigado, o que es lo que quiere la Fiscalía General de la Nación a través de sus cabezas", señaló molesto el juez.
Enseguida hizo el razonamiento de porque no llamó a imputación también a los testigos de cargo de la Fiscalía, si tenían realmente tanta objetividad sobre el tema. Se preguntó porque solamente lo hizo frente a los de la defensa. Aseguró que en el escenario de la práctica probatoria la imputación de cargos a los testigos de la defensa afectaba el proceso.
“Yo si quiero que le digan al señor fiscal o a través de sus canales respeten la autonomía judicial, respeten el debido proceso, por favor, acá se ha respetado la autonomía de la Fiscalía para que presenten sus testigos, hasta el Tribunal Superior les dijo que podían volver a traer a los brasileros confirmando una decisión de este estrado” acotó el togado.
Reiteró el funcionario judicial, el regaño a la Fiscalía asegurando que no es atacando o coartando el derecho de los testigos a decir lo que tienen que decir con libertad y fluidez, llamándolos a una imputación de cargos para evitar que los demás vengan.
El jefe de ese despacho judicial hizo otro racionamiento. Aseguró que por supuesto se tiene la herramienta de lo dispuesto en el artículo 284 que refiere a la conducencia obligatoria de un testigo, pero aseguró que para ese momento ya había una afectación en el debido proceso. “Ningún testigo señor fiscal de los que le han servido a usted en este proceso ha sido llamado a imputación de cargos seguramente”, señaló
Recordó que la acción de la Fiscalía era una afectación al debido proceso, pues el ente acusador de una manera desarticulada imputa a cargos a quienes asistieron como testigos al proceso y se preguntó si luego también les iban a imputar falso testimonio.
En la audiencia el juez manifestó que todos los funcionarios de su despacho habían sido valientes y solicitó que los dejaran trabajar. “Yo una vez me tuve que desconectar de los sistemas de información porque estaban hackeando todo lo que estaba pasando en este proceso. Ya lo dije en audiencia también y nada paso” denunció el juzgado
Adicionalmente, se pronunció sobre la rueda de prensa del fiscal general. Dijo que no era coincidencia que se hubiera realizado justo antes de que ese juzgado iniciara esta semana la audiencia de juicio y aseguró que ese era un método de intimidación.
"Esto es intimidar a los intervinientes, es intimidar el proceso, para que, qué necesidad, al menos espérense que termine este proceso, para eso imputaron a Luis Fernando Andrade, para ver si era o no culpable. Ustedes tienen una tesis acusatoria, la defensa tiene otra. Ya he escuchado durante años su tesis, estamos desarrollando esa otra teoría, la de la defensa", aseguró.
Así mismo, le recordó a la Fiscalía que cuando esa institución acusa dicho acto deja de estar únicamente en el resorte del ente acusador para ser jurisdiccional y es al juez al que le corresponde garantizar que la teoría del ente acusador y de la defensa, dos teorías en controversia, generen convencimiento más allá de toda duda cómo ordena la ley para condenar o absolver.
Le pidió al fiscal Delgado, por ser el representante de la entidad, que en el futuro no volviera a pasar una situación tan incomoda, un entorno que calificó de intromisión indebida en la práctica probatoria en un juicio penal. “Ojalá la Fiscalía tenga un poquito más de coherencia en lo que dice y en lo que hace” puntualizó.
Finalmente sentenció el juez dirigiéndose al fiscal, "con el paso que vamos usted, yo, Ministerio Público y todos los que hemos abordado este proceso vamos a terminar solicitando medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque nadie se siente tranquilo con la actuación de la Fiscalía en este proceso".
Tras las intervenciones de las partes el juicio contra Luis Fernando Andrade procesado por interés indebido en celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros presuntos delitos, tiene previstas audiencias durante esta semana, pero es previsible que con las actuaciones de la Fiscalía y la reacción del juez de caso, el proceso tenga una definición mucho antes de lo proyectado.
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