José María Daza, es un administrador público experto en finanzas, de amplia trayectoria en el sector público nacional. En 2004, se enamoró de Quibdó y tomó una decisión radical; vivir allí.
Son casi 20 años en donde lo ha visto todo. Desde la generosidad de sus gentes y la belleza de las tierras chocoanas; hasta el hambre, la corrupción, la violencia, el narcotráfico, la pobreza y la desidia de las administraciones nacionales, una constante contra la que sigue luchando calladamente, como si fuera nacido allí.
Su última cruzada por la población de Quibdó, la acaba de emprender. Parece más titánica que tratar que algún día esta región supere todos sus problemas. Lograr que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, liquide de una vez por todas la empresa estatal que desde el 24 de octubre de 2006 ordenó cerrar.
Se trata de la Empresa Pública de Quibdó, EPQ, entidad estatal que por largo tiempo se encargó de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Durante años fue el fortín de los políticos de la región, con sus delegados a cargo, de la firma de millonarios contratos en el entorno de ineficiente suministro de los servicios y de manejos financieros y administrativos cuestionados.
Con varios detalles. En 2006, tras su operación deficitaria se convirtió en una especie de paciente terminal. Sus estados financieros marcaban en rojo. Pérdidas acumuladas de $4.677 millones y un patrimonio institucional que se degradó a $102.646.841.
Por ello, después Empresas Públicas de Medellín, EPM, se convirtió en el salvavidas de cerca de 120.000 personas beneficiarias de servicios a lo largo de los 3.338 km2 de Quibdó.
Mientras esto sucedía, continuaron los problemas, ya no para prestar el servicio, sino para liquidar la Empresa Publica de Quibdó. Con medidas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se extendieron por más de 17 años y que hoy no concluyen.
Y es que entre el 24 de octubre de 2006 y el 30 de julio de 2020, la Superintendencia expidió al menos siete resoluciones mediante las cuales designó interventores o prorrogó la liquidación definitiva de la entidad.
En contraste, algunos alcaldes e interventores hicieron de las suyas y las pérdidas se incrementaron exponencialmente año a año. Así las cosas, crecieron los pasivos y se redujo el patrimonio público.
De hecho, en 2020, el pasivo fue de $113.198 y el patrimonio negativo llegó a los $96.717 millones. Con unas pérdidas que crecieron como espuma; mientras en 2006 eran de $4.677 millones se dispararon en el 2020 a $101.419 millones. En suma, pasivos que aumentaron en los 17 años en un 982%
Una comunicación dirigida a la Superintendencia, fechada de este dos de septiembre sintetiza lo que pasó en casi dos décadas por no hacer la liquidación con eficiencia. “Estas cifras lo que indican es que finalmente la intervención de la entidad que usted dirige, Señora Superintendente, fue funesta para el municipio y para la comunidad, pues termina agravando la situación económica y financiera por la que supuestamente se toma en posesión a EPQ y muestra la ineficiencia tanto de la medida de intervenir y liquidar, como de sus delegados interventores, que han llevado a situación peor a la inicial, a la empresa EPQ”.
Con otro agravante, la Superintendencia expidió una resolución el 17 de noviembre de 2021. Mediante esta prorrogó la intervención hasta el 31 de diciembre de 2023. En otras palabras, con esto se seguirá ampliando el hueco financiero y las pérdidas; recursos que salen del erario.
De todas formas, la prestación de los servicios públicos en Quibdó generan incertidumbre. En junio EPM anunció su intención de dejar de prestar el servicio. Vinieron entonces los llamados del presidente Gustavo Petro del pasado 29 de junio y la visita la semana pasada de la vicepresidente Francia Márquez en el mismo sentido. Este será uno de los primeros retos del nuevo superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga.
La empresa aseguró que extendió la operación en Quibdó por 10 años más, aunque aún no se firma el anuncio. El alcalde de la capital del Chocó, Martín Sánchez confía en la ratificación del acuerdo.
Entretanto, José María Daza, no se confía en los anuncios. Ha visto tantos despropósitos en la región desde que llegó hace dos décadas que aplica la de Santo Tomás, hasta no ver no creer. Por ello, entabló una acción de cumplimiento contra la superintendente saliente de servicios públicos, Natasha Avendaño. Son más de $100.000 millones que se esfumaron en la región más pobre del país. Daza quiere cortarle el chorro a la corrupción.
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