Luis Guillermo Ángel Restrepo, el narcotraficante que integra el listado de los denominados ‘Narcos Invisibles’ de la Fiscalía General de la Nación le acaba de ganar un pulso jurídico a La Nación. El Consejo de Estado ordenó pagarle $534 millones por una avioneta que hace casi tres décadas atrás fue incautada por las autoridades.
Piloto de profesión, ‘Guillo’ Ángel como se conoce en su entorno, hace parte de un capítulo sombrío en la historia del narcotráfico en Colombia. En 1993 un grupo de traficantes conocido como Los Doce del Patíbulo fueron indultados a cambio de delatar a Pablo Escobar y permitir con sus testimonios el desmantelamiento del Cartel de Medellín.
Uno de esos sujetos era Ángel Restrepo. El aviador entregó información sobre el secuestro de Andrés Pastrana, Hugo Valencia y Alonso Cárdenas a la Fiscalía de Gustavo de Greiff. También se convirtió en contacto clave para las autoridades de Estados Unidos.
Sin un prontuario a cuestas, poco se volvió a saber de él. Mimetizó su pasado con diversas actividades comerciales junto a algunos miembros de su familia. El negocio de la televisión por cable, la cría de búfalos en Antioquia y la aviación comercial en Colombia y Perú.
Justamente esta última actividad, fue el antecedente para ganarle una batalla al Estado colombiano. Tres años después del perdón judicial, el 18 de enero de 1996, funcionarios de la policia judicial adscritos a la unidad de Antinarcóticos llegaron hasta el hangar número 13 del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y realizaron una inspección.
Una aspersión química arrojó como hallazgo preliminar que en la aeronave marca Cessna, modelo U-206 -G con matrícula HK-3018P había rastros de alcaloide. Esta fue sellada, inmovilizada y puesta a disposición de la Aeronáutica Civil.
Semanas después, según el expediente judicial, la muestra recolectada que había arrojado cocaína fue remitida al Instituto Nacional de Medicina Legal cuyos peritos determinaron que era negativo para alcaloide.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, que dio paso a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, ya había entregado la aeronave en depósito provisional al Departamento de Aviación del Ejército Nacional.
La persona que figuraba como propietario de la aeronave era Edgar Eduardo Fierro Vargas, quien de inmediato inició una batalla legal para recuperarla.
Interpuso un recurso de reposición ante la resolución de la DNE advirtiendo que la habían incautado por cocaína, pero que el dictamen forense había dado negativo. La entidad hizo caso omiso a su petición y confirmó el acto administrativo.
Luego intentó la entrega acudiendo a la Fiscalía Regional, pero esta tampoco le dio la razón. Dos años, Fierro siguió su batalla legal. Solicito a la Subdireccion de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes rindiera cuentas sobre la aeronave desde la incautación. Esta la entregó incompleta
Años después, un juez penal dictó sentencia y ordenó la extinción de dominio sobre el bien. A pesar de que no era claro porque aparecía la avioneta en el proceso si Medicina Legal había entregado un peritaje negativo.
Pero Fierro Vargas insistió. Acudió hasta el Tribunal Superior de Bogotá. A finales de 2001 ordenó la nulidad del proceso sólo respecto a la aeronave y le ordenó al juez que había dictaminado la extinción de dominio pronunciarse, pues según los magistrados se había violado el debido proceso y el derecho de defensa.
No obstante, sucedió lo imprevisto. Semanas después, el bien objeto de litigio quedó reducido a chatarra. El 4 de febrero de 2002 el comandante del Batallón Aviones del Ejército le envió una carta a la DNE en el que advirtió que la aeronave había sufrido un accidente y había sido declarada como pérdida total.
Cuando ya no había un bien que entregar y tras seis años de controversia el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó la entrega definitiva a su propietario.
Ante los hechos, el 13 de noviembre de 2003, Edgar Eduardo Fierro demandó a la Nación y a todas las entidades que intervinieron en la incautación, la entrega en depósito y la extinción. Afirmó que cuando la DNE incautó la avioneta tenía un precio de US$400.000.
Ahí fue Troya. El Ejército contestó la demanda y aseguró que Fierro no podía demandar porque él había vendido esa aeronave en 1995, es decir un año antes de su incautación a Pedro Zapata por $35 millones. También alegó en su defensa que la acción ya había caducado. Lo propio aseguraron la DNE, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa.
Fierro continuó el proceso administrativo, entre otros argumentos, aseguró que él si era el dueño. Lo certificó con el folio de matricula expedido por la Aeronáutica Civil. “Solo hubo una promesa de compraventa que no se perfeccionó”.
El 27 de abril de 2011 el Tribunal Administrativo le dio la razón. Declaró la responsabilidad solidaria y patrimonial del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Dirección Nacional de Estupefacientes y ordenó pagarle al demandante $392 millones, pero una de las entidades apeló.
Paradójicamente la paciencia que tuvo Edgar Fierro quien batalló y esperó durante 17 años, se acabó el 12 de junio de 2013 cuando decidió venderle la cesión de derechos litigiosos, es decir, el pleito al piloto Luis Guillermo Ángel Restrepo.
Ese mismo mes, el Consejo de Estado aceptó a Ángel Restrepo en una figura del derecho civil conocida como litisconsorte, es decir ,cuando varios sujetos integran uno de los extremos del proceso, demandante o demandado.
Esta vez, la Fiscalía y Ángel Restrepo estuvieron del mismo lado y le solicitaron al Consejo de Estado confirmar la sentencia del Tribunal. En cambio, la DNE Estupefacientes pidió revocarla.
El alto tribunal estableció que hubo un daño y un fallo en el servicio pues si bien la Dirección Nacional de Estupefacientes no tenía a su cargo el cuidado y la conservación material de la aeronave, si estaba obligada a cuidar para que el depósito que le había realizado al Ejército se hiciera, “de la mejor manera, a efectos de garantizar el buen estado y conservación de aquella”.
También advirtió que la entidad fue “omisiva y negligente” y que sólo se interesó por reintegrar el bien solo después de que éste se hubiera dañado por completo.
La Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó pagar al demandante $534.889.867 que por efecto de la cesión de derechos es Luis Guillermo Ángel Restrepo. Dineros que saldrán del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
