Con el mayor sigilo, la Corte Suprema de Justicia, avanza en la investigación que adelanta contra la senadora del Centro Democrático y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal.
A comienzos de la semana pasada, el lunes 29 de noviembre, desde las 8 y 30 am, rindió declaración Eliana Margarita Prada García, testigo que la Corte considera determinante para esclarecer un proceso que adelanta desde finales del año 2018.
“De manera atenta, de conformidad con lo dispuesto por el H magistrado doctor Héctor Javier Alarcón Granobles, en auto de la fecha, me permito informarle que dentro de la presente actuación que se adelanta en contra de la Senadora María Fernanda Cabal Molina, el despacho dispuso que su declaración prevista para el 29 de noviembre de 2021 a las 8 y 30pm, se realice de manera presencial, en la sede de esta Sala Especial”, precisa la comunicación enviada a la declarante Prada García.
Se trata de un proceso que está a cargo del magistrado Alarcón Granobles, miembro de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y uno de los togados que el 4 de agosto del año pasado investigó y ordenó la detención del exsenador Álvaro Uribe, dentro del proceso que se adelantó en su contra por fraude procesal y soborno.
Según fuentes cercanas al proceso, la Corte indaga una denuncia según la cual la congresista Cabal, tendría relación con una supuesta compra de votos y el manejo de recursos a través de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL.
Al respecto, se evidenció que varias personas que conocieron del asunto se comprometieron a entregar información a la Corte Suprema de Justicia y en cuanto al caso en la Fiscalía están en proceso de obtener un principio de oportunidad, según informaron sus abogados.
El proceso tiene origen en la campaña que llevó al Senado a Cabal y a su fórmula en las pasadas elecciones, Diego Caro. Allí se enredaron Jhon Rafael Garzón Rodríguez, quien se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Integración Social en el cargo de subdirector general y Julián Gutiérrez, contratista de esa entidad.
Este hecho se conoció en septiembre de 2018, cuando en una audiencia ante el juez 27 de control de garantías, se realizó la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Garzón y Gutiérrez.
Allí se divulgó que los procesados supuestamente exigieron a profesoras de algunos jardines infantiles y conminaron también a familiares y amigos para votar por la congresista del Centro Democrático y su fórmula a la Cámara, quien finalmente no alcanzó una curul en los comicios de 2018.
Incluso, según evidenció la Fiscalía, además de buscar el voto de las docentes, uno de los procesados les pidió conformar un listado con al menos, diez de sus familiares indicando su identificación, dirección de residencia y con la instrucción de marcar en el tarjetón por el candidato indicado.
Dentro del expediente también hay evidencias que algunas profesoras habrían recibido por su voto y gestión electoral cerca de $200.000. Y es allí, en donde la testigo Eliana Margarita Prada García, sería determinante para evidenciar el procedimiento.
A este hecho se suma, la declaración de una profesora quien denunció que fue coaccionada y amenazada con el fin de pegar afiches, efectuar el llenado de formularios, contribuir con publicidad en redes sociales e incluso asistir al cumpleaños de Cabal.
Por esta conducta, el juez 27 de control de garantías envió a la cárcel Modelo de Bogotá a Jhon Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez, el 19 de septiembre de 2018.
En su momento, y a través de sus redes sociales la parlamentaria señaló: “qué irresponsable señor fiscal Néstor Humberto Martínez, señalarme como parte de una red que indujo a electores a votar por mi, entregando 200 mil pesos en sobres como los mafiosos. Mi voto es de opinión, NO TENGO contratos ni mermelada con el Estado”.
Lo cierto es que en la cita del pasado lunes, la testigo fue interrogada varias horas por funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, y según fuentes del alto tribunal, la cita judicial contó con allegados de la congresista Cabal.
Registros de la Corte Suprema revisados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, dan cuenta que María Fernanda Cabal aparece con ocho procesos radicados en su contra, por diversos presuntos delitos, de los cuales algunos ya han sido archivados y otros permanecen vigentes.
La reactivación de uno de los procesos se da luego que la precandidata presidencial perdiera su aspiración frente a Óscar Iván Zuluaga y en momentos en que el líder de la colectividad Álvaro Uribe anunciára que la cabeza de lista al senado por el Centro Democrático será Miguel Turbay, hecho que generó división en el partido de gobierno.
Sin embargo, este lunes, la parlamentaria ratificó que volverá a aspirar al Senado. Mediante mensaje en la red social twitter aseguró. “saquemos la curul más votada y sigamos adelante con este proyecto de país, que nos motiva a trabajar sin parar por Colombia”.
Esta Agencia se comunicó con María Fernanda Cabal para conocer su opinión sobre este y otros procesos en la Corte, pero se abstuvo de responder los interrogantes. La última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia.
También le puede interesar
