La empresa de vigilancia y seguridad privada con domicilio judicial en Barranquilla, Seguridad Privada Lost Prevention, está en la mira de la justicia por dos casos aparentemente opuestos. El Clan Vega, una organización criminal con fines de narcotráfico cuyo último integrante, Rafael Vega Daza alias Boby fue ultimado en Valencia, España a comienzos de marzo.
A esto se suma la revelación de un supuesto testigo que asegura que la compañía esta siendo usada para justificar ingresos recibidos por Nicolás Petro a través de Samuel Santander Lopesierra 'El Hombre Marlboro', dineros destinados a la financiación de la campaña Petro presidente, pero que habrían quedado en los bolsillos del primogénito del primer mandatario.
En el primer caso, al día siguiente que la Guardia Española hallara los cuerpos de él y otros dos colombianos, a 7.896 kilómetros de distancia de la masacre, un grafiti en letras rojas emulaba la ola macabra que ha azotado a Barranquilla en el último tiempo, "Game Over Los Vega".
Rafael Vega Daza había sobrevivido al ataque de otra banda criminal, "Los Costeños", en el que murieron Rafael Julio Vega Cuello, el patriarca del clan conocido como Kike Vega y Ray Jesus y Ronald Iván Vega Daza, hermanos del sobreviviente.
Versiones de las autoridades indicaron que apenas se recuperó del ataque en el que increíblemente sobrevivió al impacto de una bala de fusil 5,56 se trasladó a La Guajira con el propósito de organizar una venganza. De allí viajó a Maracaibo donde consiguió documentos falsos con miras a Panamá y de allí a Europa.
Pero en Europa encontró la muerte, paradójicamente no en manos de Los Costeños, sino de la mafia marroquí, quienes, según versiones preliminares, sellaron su asesinato cuando decidieron no pagarle un cargamento de 267 kilos de cocaína que fue decomisada el 12 de febrero.
La revelación
Este domingo, la Unidad Investigativa de Caracol Noticias, reveló que el Clan Daza se camuflaba en la empresa de vigilancia Lost Prevention, algunas de las armas que los integrantes de este tinglado criminal portaban pertenecían a dicha empresa.
Según la investigación, tanto Rafael Vega Cuello como sus hijos Ronald y Roberto portaban físicamente que los acreditaban como escoltas de la empresa, e incluso su primo Jorge Salazar figuraba como coordinador del departamento de armas. Es decir, según las revelaciones de Caracol, estos delincuentes portaban armamento legal bajo el paraguas de la empresa de vigilancia.
El otro caso judicial en el que resultó salpicada la empresa es el de Nicolás Petro, primogénito del presidente Gustavo Petro. Según un testigo de la Fiscalía, dicha empresa estaría entregando documentos contrarios a la realidad para dar apariencia de legalidad a los dineros recibidos, entre otros por Samuel Santander Lopesierra 'El Hombre Marlboro' y denunciados por la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez.
Frente al caso Nicolas Petro señaló: "Muy peligroso lo que ha hecho Noticias Caracol, ha expuesto mi vida y la de mi familia en peligro, todo por un informe falso de la Fiscalía. Noticias Caracol ni siquiera se dignó a verificar la información del informe falso. La fiscalía no tiene ni un documento que me vincule a esa empresa de seguridad, tanto así que la fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella. Por un informante falso del fiscal Mario Burgos fue que me capturaron ilegalmente y hoy Caracol le hace despliegue a esas mentiras".
Al respecto de la situación denunciada Lilian Dolores López, gerente de Lost Prevention aseguró a los investigadores de la Fiscalía que: "Yo no conozco al señor Nicolás Petro, No tengo ni idea de él. Y nadie ha llegado a la gerencia de la empresa, ni me ha llegado a mi, ni como representante legal, ni a título personal, a decirme que colabore con una persona que ni siquiera conozco".
En el mismo sentido se pronunció el socio de la empresa Ángel Carrillo ante los investigadores de la Fiscalía: "No los conozco. Me extrañó que dijeran que yo les di seguridad, porque en las cuestiones de seguridad yo no intervengo, yo no adjudico puestos, yo no hago nada de eso, porque no tengo la capacidad jurídica, porque no soy socio dentro de esa empresa".
Antecedentes de Lost Prevention
Lost Prevention Limitada, sigla de Prevención de Pérdida, fue constituida mediante escritura pública el 4 de febrero de 2009 en la Notaría 11 de Barranquilla. La sociedad fue creada por dos mujeres, Martha Lucía López de los Ríos y Lilian López Romano.
Ellas, desde ese día, tuvieron claro a qué se dedicaría la empresa, servicios de vigilancia privada armada, vigilancia armada móvil y fija para proteger a bienes muebles, inmuebles, personas naturales o jurídicas, escolta y transporte de valores.
El capital convenido fue de $300 millones. Martha Lucía con 20.000 cuotas por $60 millones y Liliana López con 80.000 cuotas por $240 millones. Meses después el capital aumentó en $138 millones más.
Facsímil de la escritura de constitución de Lost Prevention
Pero no había transcurrido mucho tiempo de su constitución cuando una vez más regresaron a la notaría para hacer una cesión de cuotas. Martha Lucia López cedió a título de venta 600 de las 1100 cuotas que tenía a Lilian Dolores López, así las cosas quedó con apenas 500 cuotas mientras la segunda con 3880 cuotas sociales.
Al año siguiente Lilian Dolores López le cedió el 10% de las cuotas de interés social a Ángel Alberto Carrillo López, por las cuales supuestamente pagó $38.8 millones.
Meses antes Martha Lucia renunció a continuar ejerciendo como representante legal y se propuso entonces a Pedro Armando Bustillos Torrente.
Movida política
Curiosamente Carrillo López tuvo intenciones de ser candidato a la Asamblea Departamental de La Guajira por la Unión Patriótica, incluso alcanzó a firmar un pagaré en blanco.
El 23 de abril de 2020 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante resolución 202041000015517 negó la renovación de la licencia de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, sin embargo el propio Carrillo López recurrió dicha decisión e interpuso recurso de reposición.
Entre otras, la empresa le adeudaba a la Supervigilancia el pago de sanciones, multas y contribuciones entre 2015 y 2019, esto luego de un trámite de conciliación de dichas obligaciones.
Crecimiento económico y armas
Para ese momento presentaron como estados financieros en el año 2018 un total de activos por 1.748 millones, una reserva legal de $35.5 millones para un total de patrimonio de 802 millones.
En la vigencia 2019 presentaron un activo total de $1.636 millones, un capital social de $438 millones y un patrimonio total de $846 millones, lo que a juicio del superintendente de la época sí cumplía con las cuantías mínimas y procedió a revocar la decisión.
Facsímil de la resolución de la Superintendencia de Vigilancia en donde revocan la decisión de no prorrogar la licencia de funcionamiento a Lost Prevention.
En el mismo acto administrativo se evidenció que en el aplicativo Renova, la sociedad tenía autorizadas 43 armas de tenencia y porte y en el aplicativo de acreditación de personal APO se reportó 296 personas acreditadas, de las cuales 168 vigilantes, 108 escoltas, ocho supervisores y dos operadores de medios tecnológicos.
En esa resolución se retomó la solicitud de abrir una agencia en Riohacha, pero ésta fue negada pues la dirección no correspondía, el video aportado por la empresa para verificar las instalaciones muestra un plano general, sin ubicación ni nomenclatura urbana, y el armerillo era apenas una caja de seguridad.
Para ese momento los socios registrados ante la Superintendencia de Vigilancia eran Martha Lucía López de los Ríos con 500 cuotas por $50 millones, Ángel Alberto Carrillo López con 387 cuotas por $38.8 millones y Lilian Dolores López Romano con 3492 cuotas por $349.2 millones.
Contratos con el Estado
La empresa cuestionada ha suscrito 16 contratos con el Estado por $19.141 millones desde su creación.
En el año 2017 suscribieron uno con la Clínica de Maternidad Rafael Calvo en Cartagena por $462 millones. Al año siguiente suscribió un nuevo contrato por $412 millones. Luego al despuntar el 2020 firmaron uno por $1.607 millones con el municipio de Apartadó, Antioquia y uno más con el mismo municipio en julio de ese año por $2.884 millones.
A comienzos del 2021, la empresa de vigilancia volvió a firmar con dicho municipio por $2842 millones, y luego vino su incursión en el departamento de La Guajira.
El 26 de julio de 2022 suscribieron un contrato con la gobernación de La Guajira por $1.540 millones por cuatro meses y 23 días para apoyar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privadas de las instituciones educativas oficiales.
Entre los contratos que acreditó la empresa cuestionada por sus presuntos vínculos con el grupo Criminal, el Clan Vega, está un contrato de prestación de servicios con Comunicación Celular S.A. Comcel para los servicios TPBCL, es decir el servicio de telefonía pública básica conmutada local, como lo es la transmisión conmutada de voz.
Facsímil de dos de los contratos mas recientes firmados por Lost Prevention, con la alcaldía de Maicao uno por $2.715 millones en pleno debate electoral y otro por 4.131 millones.
En el año 2022, en medio del debate electoral el 24 de marzo de ese año la cuestionada empresa Lost Prevention Ltda suscribió el contrato 344-2022 con la Alcaldía de Maicao, la tierra donde el condenado por narcotráfico Samuel Santander Lopesierra, el hombre Marlboro es considerado un héroe, a pesar de su prontuario criminal.
Lilian Dolores López Romano como representante legal de la empresa firmó el contrato por $2.715 millones para prestar servicios de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas del municipio por nueve meses y siete días.
El primero de enero de 2023 suscribieron uno de sus contratos más cuantiosos, justamente con la Alcaldía de Maicao por $4.131 millones.
Es decir, en Maicao desde el 1 de febrero de 2022 y hasta el primero de enero de 2023 suscribieron contratos por $6.934 millones. Los otros fueron con la gobernación de ese mismo departamento por $1.724 millones. Los demás contratos fueron otorgados por la Alcaldía de Apartadó, y la Alcaldía de Sucre.
El caso apenas comienza. Sus protagonistas niegan vìnculos. Lo evidente es que Lost Prevention tras pasar por una crisis económica, ahora goza de buena salud financiera gracias a los contratos estatales.
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