Este jueves 25 de enero se reúne la Corte Suprema de Justicia en su primera sesión del año para elegir a la nueva fiscal general de la nación en reemplazo de Francisco Barbosa. Se trata de la designación más importante en la historia de la Fiscalía; por el momento político del país y en un contexto de presiones, pujas políticas, intereses de varios sectores, candidatas polémicas, lobby, la expectativa de un encargo, la inconformidad al interior de la Fiscalía, marchas y las posturas de los magistrados del máximo tribunal de la justicia.
Durante varias semanas, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, consultó a más de una decena de fuentes involucradas en el proceso y documentó lo que realmente está pasando con la elección entre Ángela María Buitrago Ruíz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra, propuestas en terna conformada por el presidente Gustavo Petro, primer mandatario de la izquierda del país.
Lo cierto es que desde que comenzó su mandato las relaciones del presidente y la Corte Suprema de Justicia han sido distantes. Al inicio del periodo los magistrados de varias cortes sintieron displicencia en el gobierno, incluso para las posesiones no aparecía Petro, los hacía esperar o delegaba en funcionarios la posesión de los togados.
Según relató uno de ellos a esta Agencia durante su mandato se ha reunido dos veces con las cortes, pero en los almuerzos el presidente: "Es reservado, poco habla", es decir, las relaciones siguen siendo distantes. Y el único magistrado cercano a Petro, Vladimir Fernández, anterior secretario jurídico de Palacio se posesionó apenas el pasado 15 de diciembre como magistrado de la Corte Constitucional pero apenas esta teniendo contacto con sus colegas, sin relevancia aún.
¿Iván Velásquez vicefiscal?
Justamente en la designación de las tres abogadas, su independencia y cercanía al gobierno es objeto de la primera de las controversias que se vienen generando con un denominador común: sus vínculos con Iván Velásquez, ministro de Defensa, quien el próximo 12 de mayo cumplirá 69 años de edad, al borde de la edad de retiro forzoso para los funcionarios que es 70 años.
Velásquez magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia entre los años 2006 a 2012, investigador de la denominada 'parapolítica', evidenció los vínculos de grupos de autodefensa con políticos y su trabajo derivó en decenas de condenas.
Siempre tuvo la aspiración de ser elegido como magistrado titular del alto tribunal. Sin embargo, pese a sus resultados, nunca contó con el aval de los togados que no consideraron su nombre por su recio carácter, su estrategia política, sus nexos con sectores de la izquierda y sus posturas que califican de radicales.
Fueron varias la veces en que se presentó a concursos para reemplazar a magistrados que cumplieron su periodo de ocho años, pero no lo logró. A cambio con sangre en el ojo ripostó y demandó en al menos 10 ocasiones la designación de togados, muchos de ellos actualmente son magistrados de la Corte Suprema de Justicia y elegirán nueva fiscal.
Agotado, resignado y muy dolido, tras perder la lucha por una magistratura, Velásquez buscó nuevos horizontes. Entonces en 2013 fue designado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en donde estuvo hasta el año 2019. A partir de ahí se evidenció lo que todos sabían; su cercanía con la izquierda, sus vínculos con Gustavo Petro y su animadversión contra el expresidente Álvaro Uribe, así como su círculo político.
Consecuente con sus principios y actividades, Velásquez se consolidó como uno de los miembros de la 'guardia pretoriana' de Petro. Incluso por encima de petristas 'purasangre' como Augusto Rodríguez, hoy director de la UNP, Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar, Alirio Uribe y otros miembros del Colectivo de Abogados, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el abogado Daniel Pardo y los ex M-19 Otty Patiño y Vera Grabe, designados no hace mucho como comisionado de paz y negociadora con el Eln respectivamente.
Los frutos de su labor se vieron más que recompensados. El siete de agosto de 2022, sin tener experiencia en asuntos de seguridad fue designado como ministro de Defensa. Un funcionario casi inamovible, firme en los cambios de gabinete que ha efectuado el primer mandatario, a pesar de las múltiples críticas que pesan sobre su gestión por la creciente inseguridad en el país, los problemas de orden público y las reacciones muchas veces tardías.
Sobrevinieron dos hechos. Su participación en la conformación de la terna con tres candidatas de sus afectos y la posibilidad que la elegida lo designe como vicefiscal. Ello en momentos en que el gobierno requiere manejo en la Fiscalía donde cursa el proceso contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y otro por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en el caso de los no aforados.
A estos se suma la investigación contra Laura Sarabia, actual directora del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, por las interceptaciones a Marelbys Mesa, la exniñera de su hijo. Un proceso más contra el exsenador y exembajador Armando Benedetti, también los que vienen en contra de varios funcionarios del gobierno y los pendientes en indagación contra Juan Fernando Petro y Danilo Rueda por los manejos de la Paz Total, política bandera de la actual administración.
La terna y el ministro de Defensa
Una terna de destacadas juristas con impecable trayectoria y vínculos con Velásquez. Por ejemplo, Luz Adriana Camargo, ella fue su investigadora principal cuando oficiaba como magistrado auxiliar en la Corte y fue clave en las pesquisas de la parapolítica. Una relación que se afianzó cuando fue designado en la Comisión contra la impunidad en Guatemala y la llevó allí de nuevo como investigadora. Producto de la labor de ambos, varios funcionarios del país centroamericano fueron a prisión al tiempo que Velásquez fue declarado persona no grata.
También es cercana al ministro la candidata Amelia Pérez. Siempre fue fiscal en el departamento de Antioquia. Además, pareja del abogado Gregorio Oviedo, de hecho, fue el fiscal del allanamiento del parqueadero Padilla en 1998 donde se descubrió la contabilidad de los paramilitares y la financiación que hicieron 481 personas a la causa de las autodefensas.
Por esa época, Iván Velásquez era el jefe de fiscalías en Antioquia y por lo tanto el superior de Pérez y Oviedo. Incluso Pérez es cercana también al presidente Gustavo Petro quien la ayudó cuando fue alcalde de Bogotá y su esposo incluso era el elegido para integrar la terna a fiscal inicialmente pero no se incluyó por su avanzada edad.
En cuanto a Ángela María Buitrago, es la menos cercana a Velásquez. Fue la fiscal de la reapertura del caso del Palacio de Justicia en 2005 y quien puso en la mira a los generales Jesús Armando Arias Cabrales, Alfonso Plazas Vega y otros militares.
Así las cosas, según explicó una fuente cercana al proceso, Luz Adriana Camargo es vista como la más conciliadora que cuenta con un equipo de campaña que está haciendo lobby ante la Corte Suprema de Justicia. Amelia Pérez, es la más cercana al presidente Gustavo Petro y Ángela María Buitrago, preferida por un sector de la prensa, con otro detalle según precisó otra fuente castrense: "Los militares no estamos dispuestos a que ella sea elegida como fiscal".
Con un detalle adicional, una fuente le indicó a esta Agencia que el gobierno le habría sugerido a Amelia Pérez que renuncie a la terna, esto con el propósito de designar a Héctor Carvajal abogado y amigo del presidente Gustavo Petro. A cambio Pérez recibiría una oferta diplomática. Cercanos a ella niegan esta posibilidad.
Otro funcionario que ha aparecido en escena en los últimos días es el excongresista, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y actual presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros. Hace pocas semanas fue visto en reunión con varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los testigos del encuentro sostuvo que el directivo por su experiencia es ahora ficha clave del gobierno para tratar asuntos de la elección de fiscal.
Consultado sobre este hecho, Ovidio Claros desmintió esa versión y precisó a esta Agencia el directivo: "Me vi con algunos magistrados en el Club de Ejecutivos a instancias de las mesas de trabajo de cara a la reforma a la justicia. Fue un acto público y solo saludos. Nunca se dio, ni se ha dado reuniones para temas diferentes, menos el referido".
La vicefiscal Mancera
En este contexto, la expectativa es quién asumirá como reemplazo de Francisco Barbosa quien termina su periodo el próximo 13 de febrero e iniciará su campaña presidencial con la ilusión de que varios empresarios le financien su correría por todo el país, como lo detalló a esta Agencia un conocedor del tema.
Varios fiscales expresaron su inconformidad en razón a que por estos días han dejado de lado sus labores fundamentales en la entidad porque: "Estamos haciendo todo tipo de informes de gestión que pidió el fiscal a través de sus directivos delegados para mostrar como estaban las cosas hace cuatro años y como están ahora", reportes que se presentarán en los últimos días de gestión de Barbosa.
En la entidad hay insatisfacción con la labor del fiscal general por sus frecuentes pronunciamientos que dicen fiscales son más políticos que jurídicos y por los nombramientos y decisiones de su equipo directivo.
Entonces, en la Sala Plena de este jueves 25 de enero, ¿Se definirá en la primera votación quien será la vicefiscal?, todos los caminos conducen a que Martha Mancera estará por largo tiempo encargada de la Fiscalía.
Al interior de la Corte Suprema han recibido como presiones algunas marchas, el lobby de personas que aseguran que son cercanas a los magistrados y algunas publicaciones periodísticas que dan cuenta de supuestas actuaciones y vínculos de Mancera en la Fiscalía. En concreto, las denuncias del periodista y columnista Daniel Coronell y del columnista Yohir Akerman.
El primero el pasado 26 de noviembre en la columna: "Todo en Familia" en donde denunció diversas irregularidades por parte de Mancera y el segundo el pasado 17 de diciembre en la columna: "Los narcofiscales, la vicefiscal y la fiscal antimafia", denuncias que la vicefiscal Mancera desestimó.
A esto se suma que el pasado 14 de diciembre un grupo de indígenas se tomó las instalaciones de la Contraloría para exigir, entre otras, el nombramiento de fiscal general, a pesar que ellos tienen su propia jurisdicción indígena.
También que el 11 de enero hubo una manifestación con el mismo propósito, y para este jueves 25 está programada una concentración para pedir celeridad en el proceso de elección de la fiscal.
Adicionalmente, la semana pasada el Consejo de Estado, admitió una tutela interpuesta por el ciudadano Germán Espinosa a fin de que la Corte Suprema elija fiscal antes del vencimiento del periodo de Francisco Barbosa, el 13 de febrero.
Otro recurso de amparo que se había interpuesto con el propósito de incluir un hombre en la terna, fue negado en segunda instancia por el máximo tribunal contencioso, cerrando así ese capítulo del que se asegura estaba siendo impulsado por el exvicefiscal Jorge Perdomo.
El argumento central de la confirmación en ese sentido por parte del Consejo de Estado es que la ley establece que dicha terna debe incluir por lo menos el nombre de una mujer, en consecuencia, no pone un número limitado. Además, se conoce que históricamente este género había estado en situación de desventaja frente a los hombres, en todos los ámbitos.
Lo cierto es que Martha Mancera no gusta en el gobierno Petro porque la consideran ´arquitecta´ del proceso que se adelanta contra Nicolás Petro el primogénito del mandatario, detalló un funcionario a esta Agencia.
Fuentes al interior de la Corte Suprema de Justicia señalaron que: “Nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para elegir la nueva fiscal general, sabemos de la responsabilidad que implica la elección, así que es un tema al que se le debe dedicar el tiempo y el análisis suficiente. Esta no es una corte de izquierda es más bien liberal y no hay que olvidar que varios magistrados han sido victimas del conflicto”.
Cinco magistrados que se van
Al complejo panorama en la elección se suma que cinco de los magistrados que actualmente integran esa corporación de justicia terminan su periodo en los próximos meses y serían quienes están interesados en ponerle acelerador el asunto.
Son ellos: Fernando Castillo Cadena y Luis Antonio Hernández de la Sala Penal, Gerardo Botero Zuluaga de la Sala Laboral, quien perdió la batalla por cambiar la terna de mujeres mediante una tutela. A ellos se suman Aroldo Quiroz y Luis Alonso Rico de la Sala Civil.
Un asunto que complica más la elección de fiscal pues algunos de los magistrados salientes aspiran a hacer valer su voto y por ello buscan gestionar agilidad en el proceso de elección.
De hecho, para lograr llegar a la Fiscalía se necesitan 16 de los 23 votos. Al respecto, al interior de la Corte señalaron que existe jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia que señala que no es necesario que este completa la Sala Plena para decidir la elección de fiscal.
Las votaciones las estaría liderando Ángela María Buitrago con siete votos, Luz Adriana Camargo con cinco y Amelia Pérez con cuatro. Consultados varios miembros de la dignidad judicial sobre este resultado preliminar en las votaciones señalaron: "Lo máximo que tendría una de ellas es tres votos. Entre los magistrados hay uno que otro que tiene su favorita, pero la mayoría aún no tiene su voto definido".
Una tercería
No obstante, ante el panorama y la controversia que genera la elección y el encargo como fiscal general de Martha Mancera, ha surgido en los últimos días la posibilidad de que pueda ser nombrado como fiscal encargado un funcionario que, aunque genera polémica, esta siendo considerado como plan alternativo.
Un directivo de la Fiscalía relató a esta Agencia que recientemente hubo una reunión secreta entre personas cercanas al gobierno, miembros del uribismo y funcionarios de la Fiscalía con el propósito de llegar a un acuerdo. El nombre que se puso a consideración fue el Gabriel Jaimes Durán. El fiscal coordinador delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de un funcionario que fue clave en su momento para el entonces procurador Alejandro Ordóñez, pero que meses después relevó del cargo intempestivamente, y quien abruptamente revivió en la administración de Francisco Barbosa convirtiéndose en uno de sus hombres de confianza. Al punto que manejó el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.
Adicionalmente asumió y archivó el proceso contra el exsenador Armando Benedetti por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Este hecho derivó en una solicitud de investigación a Jaimes que hizo la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en junio del año pasado.
Por estas razones, el nombre del fiscal Jaimes esta siendo considerado y pese a aliados y detractores, resulta una jugada a tres bandas. Dejaría mayor tiempo y espacio de deliberación a la Corte Suprema, el uribismo y el saliente fiscal Barbosa tendrían a un cercano y el gobierno sacaría del camino a Martha Mancera de quien se sugiere podría volver a su cargo de fiscal delegada ante tribunal, una solución que califican como salomónica.
Es el ajedrez que se juega en la Corte Suprema de Justicia, en la elección más turbulenta desde que se creó la Fiscalía producto de la Constitución de 1991 y que comenzó a operar el primero de julio de 1992.
Con un mensaje final, pese a que afuera se siente gran tensión por la elección de fiscal, en los pasillos y oficinas de la Corte Suprema, el país pasa a otro ritmo, y hay tranquilidad y mesura para la toma de la trascendental decisión.
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