La semana pasada, el presidente Iván Duque envió a los presidentes de Senado, Cámara y a la Comisión Séptima, un mensaje de urgencia para que se discuta y apruebe el proyecto de ley 010 de 2020 que pretende reglamentar la Ley Estatutaria de Salud. El argumento principal del mandatario fue, “las circunstancias y apremios que ha impuesto la pandemia de Covid-19”.
No obstante, mientras Duque solicitó al Congreso ponerle el acelerador a la iniciativa, agremiaciones de médicos, trabajadores de la salud y comunidad científica pidieron que se archive. El argumento central es que es repetitivo, no soluciona los grandes problemas del sistema que se profundizaron durante la pandemia sino que los agudiza y aseguran que las mayores beneficiarias son las EPS, en detrimento de los usuarios.
Y es que desde el pasado 6 de marzo, cuando se detectó en Colombia el primer caso de coronavirus, 10.154 trabajadores de la salud se han contagiado y 68 han muerto. En estos casi seis meses de lucha contra el Covid-19, se radicalizaron los problemas estructurales del sistema de salud.
En concreto, médicos, enfermeras y personal administrativo denunciaron las falencias. Desde falta de suministro de elementos de bioseguridad para enfrentar el virus, vinculación por contratos de prestación de servicio y no de trabajo, sueldos atrasados y hasta amenazas de despidos por informar estos hechos.
Deficiencias que se acrecentaron por la imposición de barreras para la toma de pruebas diagnósticas de Covid-19 y la entrega de resultados. De hecho, muchos de los cuales llegaron luego que la persona había fallecido.
Lo cierto, es que aquellos que han estado en la primera línea de batalla en la lucha contra el virus, hoy tienen una preocupación adicional al coronavirus y es justamente el proyecto de ley que el gobierno nacional aspira a tramitar en el menor tiempo posible.
Advierten que la iniciativa legislativa es caótica, pues continúa la precarización laboral de los trabajadores de la salud con contratos de prestación de servicio y no de trabajo, la red de hospitales públicos continuará el modelo de privatización y hasta se castiga a los usuarios a través de la cuota moderadora si no hay autocuidado.
“Esta es otra de esas ‘reformas’ que pretende cambiar todo para que todo quede igual o peor, dejando a la sociedad aún más vulnerable frente a una nueva emergencia sanitaria o la persistencia de esta”, señaló, Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá. El directivo destaca que el proyecto perpetúa la intermediación financiera de las EPS y genera un oligopolio.
En contraste, el presidente Iván Duque, en la comunicación enviada el miércoles pasado al Congreso, argumentó que es urgente tramitar el proyecto ante los efectos causados en el sector por la pandemia y porque además subsisten varios problemas en el sistema que hacen necesario revisar su funcionamiento, articular sus necesidades para subsanar las barreras de acceso y mantener el acceso universal con la debida protección financiera del sector.
“Es importante armonizar, unificar y brindar coherencia a distintos elementos del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante ley, pues se han expedido normas sectoriales que requieren ser articuladas”, destacó el primer mandatario.
Frente a la solicitud de archivo del proyecto efectuada por las agremiaciones médicas conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, hace referencia a que este no trata las denominadas zonas dispersas que habitan cerca de 22 millones de personas y en donde el modelo de salud ha fracasado.
Así mismo, manifiestan que justamente en estas zonas más apartadas y con mayores problemas de infraestructura, dotación y acceso se busca que la red de atención se mantenga por venta de servicios.
En el capítulo de generalidades que abarca desde el artículo primero al sexto, tiene varios reproches. Uno de estos es que el Sistema General de Seguridad Social no ha garantizado el derecho fundamental a la salud.
Exige demostrar capacidad de pago, clasifica a los ciudadanos entre pobres y no, y “genera barreras de acceso por el predominio de la rentabilidad de los intermediarios y reproduce la matriz de inequidad en salud”, afirma la solicitud de archivo.
Igualmente, los trabajadores de la salud, aseguran que el artículo tercero que habla de “protección del riesgo” confunde el riesgo en salud con el riesgo financiero.
En otro capitulo determinante, los facultativos evidencian que se mantiene un esquema perverso. A través de la ley 438 de 2011, el Modelo Integral de Atención en Salud-MIAS- y el Modelo de Acción Integral Territorial-Maite- se separa la denominada salud pública colectiva de la salud pública individual.
De esta forma, deja la primera a cargo de los entes territoriales y la segunda en función del aseguramiento. Con ello, el riesgo financiero implica la gestión del riesgo en salud individual, pero denuncian que esto solo ocurre parcialmente en los casos de algunas enfermedades crónicas. Un modelo que disminuye el gasto y se aumenta la ganancia del modelo asegurador o EPS.
Otros de los considerados `micos´ recae en el artículo noveno que hace referencia al Plan Básico de Promoción y Prevención y Gestión de Riesgos Colectivos. En este punto, las agremiaciones denuncian que profundiza la separación de responsabilidades del Estado frente a las EPS, las cuales han mostrado limitantes en la pandemia.
De igual modo, indican que queda en evidencia que las EPS se centran en la idea de “siniestro” con lo cual continuará el interés de estas empresas del perfil epidemiológico según la, “desviación del costo”.
La solicitud de archivo de la iniciativa advierte que en el artículo décimo se termina por responsabilizar a los entes territoriales de caracterizar los riesgos epidemiológicos pero los recursos se les entrega a las EPS.
Así mismo, reitera que durante la pandemia quedó en evidencia que las EPS no coordinan con los entes territoriales, es decir, departamentos y municipios, escasamente responden ante el ministerio de Salud y la Superintendencia del ramo.
“El proyecto de ley 010 que cursa en el Senado no plantea los cambios que evidenció la pandemia y debería surtir el sistema de salud en Colombia. No reglamenta la ley estatutaria que establece el derecho fundamental a la salud, por el contrario, es un refrito de un conjunto de normas expedidas previamente por el Ejecutivo sin consultar su constitucionalidad y que han sido fallidas. Se ocupa de tratar de regular el negocio de la salud instaurado en Colombia, las relaciones comerciales existentes en el mismo y mantiene la intermediación financiera de las EPS, cambiando el nombre por aseguradoras”, conceptuó Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.
Una radiografía al artículo 11 del proyecto, refleja que se incentiva el castigo a los usuarios del sistema de salud por no cumplir con deberes de autocuidado, esto se reflejará en las cuotas moderadoras. En consideración de los facultativos implica una restricción al acceso oportuno al servicio de salud requerido, constituyendo una carga adicional en el afiliado.
Otro de los problemas de la iniciativa legislativa es que se impone un sistema de información y monitoreo del riesgo de los usuarios. Sin embargo, aunque la ley estatutaria establece que debe estar a cargo del ministerio, el proyecto pretende que la función sea asumida por las EPS.
Un artículo adicional establece el Agrupador Único Nacional y se integra procedimientos a partir de diagnósticos. Al respecto, los médicos aseguran que esto va en contra del principio de la autonomía profesional establecido en la ley estatutaria. “(...) supedita el acto médico a que exista una unívoca correspondencia entre un solo diagnóstico y tratamiento, cuando el ejercicio médico no opera así y es más diverso y complejo”.
También preocupa en las agremiaciones que la ley propone un sistema de incentivos o castigos a EPS e IPS. Una práctica que se traduce en que la salud estará sometida a un cálculo que permita generar más utilidades. Advierten que con este artículo se aumentará la fragmentación y la negación de servicios de salud.
Los cuestionamientos además recaen en lo que se contempla frente a la Unidad de Pago por Capitación, UPC. Los facultativos agremiados aseguran que el ajuste por alto costo y enfermedades huérfanas, cómo está en el articulado en la ley genera que se proteja a las EPS, pues les disminuye el riesgo financiero y lo carga especialmente a los recursos públicos.
Simultáneamente, la ley contempla un aporte adicional. Los médicos aseguran que este es el principio de solidaridad estipulado en la ley 100 pero al revés. Es decir, que quienes tengan menos ingresos harán una contribución solidaria para financiar el sistema. Se disminuye el aporte de empleadores y se protege a las EPS. “Esto es absolutamente regresivo e inaceptable”, se advierte en la solicitud de archivo.
En cuanto a la denominada territorialización del aseguramiento y el tamaño mínimo de operacion, se denuncia que con esto se conformará un oligopolio en el que quedarán únicamente diez aseguradoras como grandes emporios económicos integrados con IPS.
El proyecto establece un modelo de atención en el cual cada persona estará adscrita a un prestador primario y a un médico con enfoque de familia. Se advierte que realmente esta figura es para disminuir costos, es similar al modelo Káiser en Estados Unidos, en el cual el doctor resulta siendo “un portero” de la EPS que no permite pasar a la atención a pacientes crónicos, aseguran los especialistas.
También se reprocha que el proyecto de ley agudiza los problemas de integración vertical entre EPS e IPS, una práctica frecuente en el sector. Con esto se transfiere el valor de la UPC a los propios negocios de prestación; “(...) Terminan demandando más y más UPC. Este es un modelo tácito de reembolso, que ha demostrado ser de los más costosos e ineficientes en los sistemas de salud en el mundo”, advierte la solicitud
Así mismo, la extensa petición de archivo del proyecto advierte que la lógica del asegurador es hacer todo lo posible por no gastar recursos de la UPC, a partir de allí se organiza una red bajo el criterio de costo-utilidad y no de costo eficacia que se refleje en la salud de los colombianos.
Otro punto polémico es el del artículo 26 del proyecto de ley que trata del aseguramiento y prestación del servicio en zonas alejadas. Los médicos reiteran que con esto se intenta generalizar el modelo piloto fracasado del departamento de Guainía.
Esto es generar una concesión de tipo monopolica con el fin de entregar mayor gobernabilidad a la EPS y disminuir la del departamento o municipio. Sin embargo, apenas se agota la UPC reforzada, la entidad territorial termina cubriendo los gastos.
Incluso califican como eufemismo el capítulo de hospitales públicos del proyecto, pues se trata de las mismas Empresas Sociales del Estado, que dicen deben sobrevivir a través de la venta de servicios y tener viabilidad financiera, pese a que es frecuente que las EPS no les pagan oportunamente por los servicios prestados a los usuarios.
En este sentido, los galenos hacen un llamado de atención pues aseguran que en el artículo 35 del proyecto de ley con mensaje de urgencia presidencial y que precisamente hace referencia a los hospitales públicos, denuncian que con esto lo que se hace es legalizar el propósito del ministerio de Hacienda de liquidar hospitales bajo la excusa de que no son sostenibles financieramente pero deja por fuera las deudas de las EPS.
Los reparos también se centran en la política de alianza público privado en salud, APP. En la comunicación se advierte que existen abundantes estudios que demuestran que un hospital construido con este esquema termina costando tres veces más que si el Estado lo construye solo. “Estas propuestas terminan siendo elefantes blancos”.
Una crítica adicional va dirigida al capítulo de talento humano en salud. En este se hace referencia a establecer un sistema de información de disponibilidad del personal de salud. Así mismo, cuestiona los cupos de residencias médicas, ingreso a especialidades clínicas, quirúrgicas y diagnósticas, denominación de especialidades médicas y hasta establece un currículo único de medicina familiar.
En este capítulo hay una avalancha de reproches. Desde la inocua intención de proponer la realización de un registro que ya existe pero no funciona. Adicionalmente se cuestiona que el proyecto de ley afecta la autonomía universitaria, pues se establece como incentivo no presentar el examen único para aquellos que se formen en medicina familiar, afectando la vocación.
Aunque el proyecto de ley establece la prohibición de tercerizacion laboral en el campo de la salud, médicos advierten que esta es un saludo a la bandera pues existe múltiple legislación al respecto sin que se cumpla. También contempla un plan de estabilización y fortalecimiento del aseguramiento, es decir la llamada ley de punto final.
Sin embargo, en la solicitud de archivo del proyecto se indica que el Estado en los últimos años ha trasladado recursos a las EPS incluyendo los de la pandemia. Esto a pesar de lo que denominan, “la apropiación histórica de la UPC, fusionando las cuentas”.
También advierten que el programa de saneamiento financiero lo que generará es que se continúe pagando con recursos públicos las deudas de las EPS, sin que esto se refleje en las finanzas de los hospitales públicos, la remuneración al personal de la salud y al acceso al servicio.
Con estos argumentos, las agremiaciones médicas, científicas, académicas y de trabajadores de salud que han luchado contra una pandemia que cambió al mundo y que aún no tiene vacuna, hacen un llamado de atención al Congreso.
Afirman que no se puede caer en los errores del pasado y continuar con un modelo de salud que dice ser de aseguramiento pero realmente no lo es. “Se pasan los recursos de la UPC a los prestadores integrados de las EPS. Esto demuestra que el modelo no es de “aseguramiento”, sino de entrega en administración de recursos públicos por un asegurador público, administrado por una entidad pública, a unos intermediarios que extraen renta de esas actividades”. Y ponen como ejemplo modelos de salud de Costa Rica y Canadá.
Pese al mensaje de urgencia del presidente Iván Duque, el trámite del proyecto no será fácil, no solo por lo evidenciado por las agremiaciones médicas, también en Cámara y Senado se discuten otros 14 proyectos de ley que implican reformas al sector de la salud que sigue en estado crítico.
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