El pasado 3 de noviembre, en medio de una fuerte polémica, la Alcaldía de Bogotá, adjudicó las licitaciones para la adquisición y operación de 1.383 nuevos buses de Transmilenio. Tres semanas después, dos acciones ante la justicia vuelven a poner en el ojo del huracán la adjudicación. Una acción popular que se tramita ante el juzgado 28 administrativo de Bogotá y una tutela interpuesta por un oferente, se constituyen en las nuevas herramientas que pueden afectar la millonaria negociación.
Una discusión, económica, técnica y jurídica que en medio de fuertes cuestionamientos sobre los efectos ambientales que puede tener la entrada en funcionamiento a partir del próximo año de los articulados, se derivó en acciones ante la justicia para impedir el otorgamiento de la licitación que ganaron el Consorcio Estructura Plural conformado por las empresas MC Masivo S.A.S, Milenio Holding S.A.S, Global Missandel S.L.U y Arias Reyes Unidos S.A.S.; las compañías Estructura Plural Móvil Provisión Operación y Sistema Integrado de Provisión de Flota S.I 2018 S.A.S.
En cuanto al primero de los dos mecanismos jurídicos, una acción popular interpuesta el 18 de junio de 2018, buscaba la protección al derecho a un ambiente sano y su relación con los derechos fundamentales a la vida y a la salud, al considerar que la emisión de partículas de carbono por parte de los buses de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, han venido deteriorando la calidad del aire en la capital de la República y su aparente mal estado mecánico ha generado múltiples accidentes.
En concreto, señala el accionante que solo en 2016 se registraron 4.602 accidentes en los que tuvo alguna participación el sistema de transporte público, con un saldo de 29 muertos y 1603 heridos. Una cifra que se actualizó a febrero de 2018 con un indicador que señala que para esa fecha se registraron 12.690 accidentes de tránsito en donde estuvieron inmersos vehículos del SITP.
Con respecto al tema ambiental, la acción popular destaca que la tendencia de la contratación era adquirir vehículos con combustible Diesel, sin tomar en consideración que ante los niveles de contaminación, debía contemplarse la adquisición únicamente de buses eléctricos para evitar las emisiones contaminantes. En esencia, ddetalla que los buses que hoy circulan en Bogotá emiten anualmente 17.2 toneladas de material particulado y con la nueva adquisición se busca reducir a solo 8 toneladas, cuando según los accionantes debería ser cero. Una apreciación que se desprende de que se pasa de una tecnología del año 1996 a una de 2006, denominada Diesel Euro V, que según estudios aportados tiene un atraso de 12 años.
En este contexto, la acción popular determina que al amparo del interés colectivo se ordenara la revisión técnico mecánica de toda la flota de buses de Transmilenio y el SITP con el propósito de establecer cuál es su estado actual y si cumplen con la normatividad vigente. En este sentido, se solicitó que se ordene para la renovación de la flota los articulados eléctricos y se incentive la implementación de tecnologías limpias.
En consecuencia, la acción popular busca ordenar al alcalde Enrique Peñalosa, impedir que los buses de Transmilenio que hoy superan el número de kilómetros de vida útil sigan prestando el servicio y que hasta que no se ajusten las normas para garantizar el uso de energías limpias se suspendiera la licitación.
Ante este escenario, que derivó en la decisión del juez 28, Diego Alejandro Baracaldo Amaya, de no conceder las medidas cautelares solicitadas y posponer una decisión de fondo frente a la licitación ya adjudicada, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó al detalle el proceso, en donde se encuentran varias particularidades.
La acción popular fue admitida el 29 de junio de 2018 y casi de inmediato empezaron los problemas. Tres semanas después de avocada, el juez del caso se declaró impedido. Registros revisados frente a este juez dan cuenta que en el año 2015, en su condición de representante legal de la firma Baracaldo & Asociados Asesores Jurídicos S.A.S suscribió un contrato con la secretaria de Hacienda de Bogotá por 56 millones de pesos.
Con el impedimento, el caso pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que tras analizar el conflicto planteado por el juez, tomó la decisión de no aceptar el impedimento y ordenó continuar con la actuación. De esta manera, mientras los términos de la licitación avanzaban, en el juzgado el caso no se movía mucho. Según, la ley que reglamenta las acciones populares, el término para resolverla es de 30 días, después de la contestación de la demanda.
Según uno de los accionantes de la acción popular, el abogado Augusto Ocampo, resulta inusual dentro del proceso que el juzgado le hubiera solicitado a los denunciantes aportar las pruebas detalladas sobre la contaminación de los buses en cambio de solicitarlas de oficio a las entidades correspondientes. “Que el juez nos hubiera invertido la carga de la prueba a los accionantes, a sabiendas que esta es una acción pública, resulta inexplicable”. Ocampo también señala que no se puede exigir a los demandantes que aporten las pruebas del daño ambiental causado, “Es descabellado pretender que los accionantes, como simple ciudadanos, tengamos que probarle al juez en cada caso particular los daños causados a la salud, en razón a la contaminación”.
A este factor, revisado el expediente, se encontró que tratándose de un asunto de trascendental importancia para ocho millones de bogotanos, se requirió el concepto de los ministerios de Ambiente, Minas y Transporte, que guardaron silencio frente al tema. No obstante, sin estos argumentos técnicos el juez tomó la decisión.
En contraste, la Secretaría Jurídica Distrital en representación de las secretarías de Movilidad y de Ambiente, se opuso a la solicitud de medida cautelar. La entidad señaló que durante el año fueron interpuestas dos tutelas en el mismo sentido de la acción popular, por el congresista Alirio Uribe Muñoz y el concejal Marco Fidel Ramírez, que fueron negadas. Explicó que en la licitación se dio un puntaje equivalente a la mitad para propuestas de tecnologías Euro VI o superior consideradas como tecnologías limpias de acuerdo a la normatividad vigente. También explicó la dependencia distrital, que en septiembre de 2019 vence la vida útil de los buses y que con los contratos nuevos debe garantizarse su reemplazo oportuno.
Lo cierto es que los buses adquiridos por la administración son al menos en un 50% más baratos frente a los buses eléctricos. Pero este es el eje de la discusión como quiera que si bien en el corto plazo representan un ahorro, según algunos expertos consultados, en el largo plazo bajo la teoría de que lo barato sale caro, se compraron buses que pueden generar mayor contaminación versus otros que si bien son más caros en el largo plazo representan mejoramiento de las condiciones ambientales, un entorno más saludable y es operativamente más económico.
Según datos del Distrito, la actual flota es de 6.335 buses de los cuales el 58.4% es nueva con edad promedio menor de 5 años y estándares de emisión Euro IV o superior. Destaca que la flota usada entre 6 y 14 años está en proceso de chatarrización o renovación. Por ello concluye, que todos los buses que pertenecen a Transmilenio aportan una contaminación total del 1.8% de lo que se genera en la capital de la República.
A su vez, la respuesta de la empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A – Transmilenio S.A, delegada por María Consuelo Araujo, señaló que la vida útil de los vehículos es de 20 años tiempo en el cual saldrán de circulación. De igual manera, que existe el compromiso del concesionario de sacar los buses de circulación una vez terminado el contrato, sea cual fuere el kilometraje de la flota. Según los registros de la empresa, los contratos terminan entre junio y septiembre del próximo año, por lo cual se debe hacer una renovación de los buses.
En lo que tiene que ver con la parte mecánica indica Transmilenio que los buses presentan altos estándares de funcionalidad, que la revisión técnico mecánica se encuentra al día producto de auditorías mensuales que se realizan. En cuanto al tema ambiental comparte las apreciaciones de la secretaría Jurídica.
Frente a la licitación, indica el concepto que se pretende contratar dos tipos de agentes uno que provea la flota y otra que la opere, señalando que el proceso se hizo público desde el 6 de marzo con el acompañamiento de la Procuraduría.
Otro punto esencial es la adquisición de buses eléctricos. Al respecto señala Transmilenio que debe tomarse en consideración la infraestructura del sistema pues en el caso particular de los buses troncales se requieren para plataforma alta y no operan con los motores eléctricos y en una baja proporción a gas. Indica que se hizo un sondeo para determinar la tecnología disponible en plataforma alta en las firmas Mercedes Benz, Scania y Volvo, señalando, “Cuenta con tecnología diésel y gas natural vehicular (GNB) de los buses articulados, particularmente Mercedes Benz también ofrece articulados de cuatro ejes y respecto a los bioarticulados en diésel, los ofrecen las marcas Scania y Volvo y tecnología gas natural vehicular únicamente Scania.
Con respecto al híbrido diésel-eléctrico, la administración Distrital destaca que aún está en pruebas esta tecnología denominada Higer Siemens que no ha sido facturada ni probada. “ En cuanto a los buses eléctricos, son ofrecidos por Byd Yutong, en bus articulado pero se destaca que duran más de dos horas de abastecimiento y que Transmilenio ha encontrado algunas fallas en elementos que requieren ser probados”. Destaca la administración distrital que los fabricantes le han manifestado que solo han podido traer a Bogotá estándares Euro V y solo un fabricante informa que puede traer buses propulsados a gas o con estándares Euro VI. Sin embargo advierten, que el sondeo de mercado que se hizo fue un elemento de la licitación que permitió llegar a la conclusión de generar un mayor puntaje a quienes puedan proveer Euro VI o superior.
Dentro del proceso también actuó la Procuraduría. Dice el Ministerio Público, a través de su delegado para asuntos ambientales que participó en varias reuniones con las partes y planteó la pertinencia de manejar estándares ambientales en el proceso.
Con los argumentos de las partes y un día antes que se adjudicara la licitación el juez Baracaldo, se pronunció frente a la acción popular. En esencia, señaló que no obraba en el expediente ningún informe de las autoridades ambientales como la Secretaría de Ambiente o el ministerio de Ambiente que comprobara que los buses incumplían con la normatividad ambiental. Avaló la respuesta de Transmilenio, que según el juez “describió la rigurosidad de los protocolos de inspección de los vehículos de cada uno de los concesionarios que actualmente operan el sistema”.
De igual forma, argumentó el funcionario judicial que la contaminación en Bogotá no solo corresponde a los buses si no que otras fuentes como el transporte de carga generan gran contaminación, por eso en 2018 se declaró la alerta amarilla. En concreto, el juez Baracaldo consideró sólidos los planteamientos de la administración Distrital.
Frente a la medida de suspender las licitaciones para que se de prioridad a la contratación de tecnologías limpias con cero emisiones por la compra de buses eléctricos, tomó como referencia también la respuesta emitida por Transmilenio : “A la fecha no existe un proveedor de todos los buses en la tecnología demandada por los accionantes”. De manera complementaria destaca que ni la Alcaldía Mayor ni Transmilenio han obrado solos en la licitación porque los documentos se encuentran en el Secop II y se ha tenido el acompañamiento de la Procuraduría.
“Si bien la máxima aspiración es conseguir buses con cero emisiones considera el despacho, que a la fecha no se encuentra demostrado que la licitación como se encuentra planteada y que es de público conocimiento no se ajusta a la normatividad invocada en la demanda”. Dice también, que debe tenerse en cuenta que en materia ambiental la legislación colombiana ha venido en aumento incorporando normas internacionales y exigiendo condiciones que se equiparen a los estándares foráneos.
El juez Baracaldo, dice además que la ciudadanía tuvo de participar en la licitación y hacer las observaciones pertinentes dentro de los términos de referencia y señaló que “sí se le da preponderancia en los términos legales a la mejor tecnología en materia de combustible”. Por esta razón negó las medidas cautelares y se espera una decisión de fondo, que después de cinco meses aun no se da.
Paradójicamente, un reciente informe de la Deutsche Welle, DW, el principal medio de comunicación público de Alemania, destaca que las ciudades de Bonn y Colonia se adhirieron a las ciudades que prohíben la circulación de vehículos con diésel. Se trata de un fallo en respuesta a una organización ambiental alemana contra 29 ciudades en donde se destacan los efectos al medio ambiente debido a las emisiones extremas oxido de nitrógeno, altamente contaminantes del aire. Al respecto de este informe, las autoridades distritales reiteraron que con la nueva tecnología y los buses se puede reducir en un 87% las emisiones nocivas. Otras ciudades como Atenas, Paris, Madrid y México también optaron por prohibir los vehículos diésel.
Pero no solo esta licitación adjudicada quedó en entredicho. El próximo viernes, a mas tardar, el magistrado José María Armenta Fuentes deberá resolver una tutela mediante la cual la sociedad Green Colombia SAS, busca que se le permita participar en el remanente de la licitación de Transmilenio que busca adquirir los últimos 255 buses para el patio de Las Américas, conocido como lote 6.
Como se conoce la entidad distrital tomó la decisión de dividir la ciudad en seis lotes. De estos el que corresponde a Las Américas fue declarado desierto, los otros ya fueron adjudicados. Ante los hechos, señalan los representantes de Green Colombia SAS, que presentaron garantías de dos reconocidos bancos internacionales por 20 millones de dólares pero no fueron aceptadas y al considerar que se trata de una nueva garantía no prevista en el proceso, negaron el recurso de reposición interpuesto por la firma y no hicieron la notificación.
Otro hecho también causó sorpresa entre los proponentes. Luego de que se declarara desierta la licitación para el patio de Las Américas, la firma Green Colombia SAS observó que fueron cambiadas las condiciones al desconocer un factor determinante en el anterior proceso, evitar la concentración empresarial. En otras palabras, antes se limitaba la participación de oferentes y ahora se amplió. De esta manera, podrán participar firmas que ya ganaron parte de las cinco zonas y en concepto del empresario descartan de una vez por todas los buses eléctricos en Bogotá.
Por esta razón acudieron a la acción de tutela y solicitaron medida cautelar, al considerar que se violó el derecho fundamental al debido proceso en las licitaciones públicas para la prestación del servicio público de transporte masivo para la ciudad de Bogotá, mediante la provisión y operación del sistema Transmilenio.
Según el abogado Juan Pablo Nova, quien presentó la acción de tutela, “existe el precedente de que el señor alcalde de Bogotá quien a su vez se desempeña como presidente de la junta directiva de Transmilenio S.A, ha hecho contundentes manifestaciones ante los medios de comunicación rechazando el bus eléctrico y desprestigiando directamente al fabricante BYD evidenciándose a la par que la gerente general de Transmilenio y su equipo de asesores ha hecho todo lo posible, aun a costa de violar la Constitución Política y la ley para evitar que mis representados sean los adjudicatarios del lote Américas al punto de preferir declararlo desierto”.
En contraste a este señalamiento el alcalde Enrique Peñalosa señaló a través de la red social twitter, “haber exigido exclusivamente buses eléctricos habría sido entregar a dedo a una empresa contratos por $6.3 billones, de lo más grande en la historia de Colombia”. Según el mandatario, el 41% de los buses adjudicados son a gas, tecnología Euro VI, que reducen casi a cero las emisiones. En concepto del mandatario, los otros buses adjudicados son diésel Euro V con filtro, que implican una enorme mejora con relación a hoy, al punto que entre ambas se reduce en 84% las emisiones. En cuanto a capacidad destacó que se amplía en un 40% aumentando la comodidad y ampliando el espacio en el corredor en un 15% por la instalación de las sillas laterales que no reducen el total de sillas de los articulados.
El recorrido jurídico de la licitación de los buses de Transmilenio aún no finaliza. De un juez de la República y de un magistrado depende que se ratifique o no el destino del negocio más importante del Distrito de los últimos tiempos. Entre tanto, los millones de usuarios del servicio siguen clamando para que los desplazamientos diarios sean más dignos.
