A mediados de esta semana, el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez, expresó su preocupación, por la reciente desaparición de tres jóvenes en la capital antioqueña. Entre tanto, coincidencialmente, en Bogotá sigue siendo un misterio el paradero de tres jóvenes que hace cerca de dos años desaparecieron en la capital de la República.
En el caso de Medellín, los jóvenes que no aparecen son Andrés Felipe Vélez Correa de 18 años, Santiago Urrego Pérez de 21 años y Andrés Manco Gallego de 23 años de edad. Su ausencia fue reportada por sus familiares, amigos y vecinos de la comuna 13 de Medellín, el pasado 22 de septiembre. Según las versiones de los lideres del sector los tres jovenes estaban reunidos en el barrio Belencito Corazón departiendo tranquilamente cuando fueron obligados por varios hombres armados a desplazarse al sector de el Morro, parte alta del sector, de donde no se volvió a saber de ellos.
En Bogotá, los jóvenes desaparecidos son Brayan Andrés Montaña de 17 años, Mauricio Castillo de 16 años y Juan Esteban Moreno de 14 años. Su ausencia fue reportada el 22 de febrero de 2017. La última vez que se vio a los entonces adolescentes, fue en el sector de San Cristobal Norte, mientras trabajaban haciendo acarreos para ganarse unos pesos y ayudar al sostenimiento de sus familias.
La historia de los muchachos paisas apenas comienza. Durante los primeros días, las autoridades, como Fiscalía, Policía, Personería, Ejército y la Alcaldía trabajaron en dos sentidos. Efectuaron diversos operativos en las comunas, hospitales, centros sociales y hasta en Medicina Legal de Medellín. La búsqueda no tuvo éxito y en octubre se suspendieron las actividades en la materia.
Entonces, con el conocimiento de los familiares de los tres desaparecidos, se empezó a pensar en un plan diferente con el propósito de obtener nueva información, se solicitó por parte de los líderes del sector, a la administración local la elaboración de un plan de recompensa que aún no se ha formalizado.
El caso ha causado gran conmoción en algunos sectores de Medellín, al punto que la propia Organización de Naciones Unidas, ONU, se interesó en el caso y varios de sus delegados están en permanente apoyo y contacto con las familias de los tres jóvenes.
La administración local, se pronunció al respecto el pasado 25 de octubre. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó en redes sociales su preocupación por el tema: “Continuamos sin descanso en la búsqueda de tres jóvenes desaparecidos en el sector de San Javier, hace 5 semanas. Nuestro deseo es que Andrés Felipe, Santiago y Jaime Andrés sean encontrados y retomen a sus hogares. Seguimos en comunicación con sus familias. El caso apenas comienza.
En cuanto a Bogotá, la situación es bien compleja. Pese a que la Fiscalía y otras autoridades han efectuado numerosas acciones, el resultado sigue siendo el mismo. Se van a completar dos años de la desaparición de Brayan, Mauricio y Juan Esteban. Paradójicamente, los dos primeros ya cumplieron su mayoría de edad en un destino, que hasta hoy es desconocido o fatal.
Desde el mismo momento en que los jóvenes, que vivían y trabajaban en un sector de la localidad de Usaquén, ubicado al norte de la capital de la República, desaparecieron, se generó un gran sentimiento de solidaridad y a los pocos días, el 19 de marzo del año pasado, la comunidad, los padres de los menores y sus familias efectuaron una marcha para protestar y pedir mayor acción a las autoridades. Ese día, igual a lo solicitado en Medellín, conminaron a la Policía para que ofreciera una recompensa a quienes suministraran información sobre el caso.
Un mes después, sin resultados sobre el paradero de los jóvenes la policía ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quienes aportaran nuevos datos que permitieran encontrarlos. Para ese momento, Carolina Pachón madre de Juan Esteban, el menor de los tres desaparecidos señaló en la marcha pública que el caso ya estaba en la Fiscalía, que efectivamente se estaba pagando una recompensa y por supuesto expresó su dolor al no saber el paradero de su hijo.
Con un drama mayor. El desaparecido es el único hombre de los cuatro hijos de la familia. Su padre, Máximo Moreno tiene serios problemas de salud. La pobreza los rodea, viven en el barrio Soratama reportado de estrato uno, de calles empinadas y sin pavimentar a la altura de la calle 165 con carrera séptima en dirección a los cerros orientales.
Por esta razón, Juan Esteban, empezó a trabajar con otro de los muchachos desaparecidos, Mauricio Castillo, quien, según testigos, manejaba una camioneta, una labor en la que juntos hacían acarreos a los barrios del sector, desde las horas de la mañana hasta bien entrada la noche. Llevaban paquetes y mercados en los sectores del barrio Barrancas y de San Cristobal.
Mauricio Castillo, según lo han relatado sus padres, integra una familia de nueve hijos. Su padre, del mismo nombre, y quizás su preferido, así como su esposa María Alejandra Soche, eran conscientes de la lucha de su hijo. Sabían que se pagaba sus estudios y que estaba adportas de ingresar a noveno grado en horario nocturno.
El punto de encuentro de los muchachos era el supermercado del barrio. Allí además de buscar cómo ganarse un dinero cargando mercados o transportando gente, también conocieron a Brayan Andrés el tercer joven desaparecido. De hecho, cuenta su padre que el día que pidió permiso para ir a trabajar con Mauricio Castillo, no volvió a casa.
Según las cámaras de seguridad cercanas al supermercado, a las 6:47 p.m del 22 de febrero de 2017, se observó la camioneta que regresaba de entregar unos pedidos. Los registros fílmicos revisados por la Fiscalía y la Policía dan cuenta que en el vehículo estaban Mauricio y Brayan, y Juan Sebastián cuando los vio se subió al estribo y las imágenes muestran que salió de escena la camioneta. Este fue el momento clave del caso porque ese fue el último momento en que se tiene registro de su permanencia en la zona.
Empezaron entonces, a pasar las angustiantes horas para sus familiares. Los archivos oficiales conocidos por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, evidencian que la denuncia del caso fue oficializada el sábado 25 de febrero, es decir, tres días después de la desaparición de los menores.
Por esos días, empezó la búsqueda que aún no concluye. Una semana después encontraron la camioneta. Las pesquisas de los investigadores precisan que el vehículo fue encontrado el 3 de marzo desmantelado, con placas cambiadas en el barrio Santa Isabel, al sur de la capital de la República, en concreto, en la calle 8 sur con carrera 29.
Nuevamente, las cámaras de seguridad se convirtieron en otro elemento para precisar lo qué pasó. Las imágenes muestran que la camioneta ingresó al sector, atrás venía otro vehículo. De allí se bajó un hombre y ayudó a empujarla, hasta dejarla abandonada.
Y siguió la búsqueda desesperada en clínicas, municipios anexos a la capital, barrios especialmente en el norte de Bogotá y en Medicina Legal. Para ese momento la alcaldesa de Usaquén, Magda Velásquez, lideró el caso, se reunió con los familiares y contribuyó con información a las pesquisas que se adelantaban.Tanto en el caso de Bogotá como en el de Medellín, se adelanta la investigación sobre la hipótesis que redes del microtráfico siguen reclutando jóvenes para el negocio y quienes no cumplen simplemente son desaparecidos como ajuste de cuentas, señaló a API, uno de los investigadores del proceso.
En septiembre de 2017 y ante la falta de resultados se ordenó por parte de la Fiscalía darle un mayor impulso procesal al caso. Para ese momento, la angustia aumentaba en las familias y el clamor se hacía público y general, al punto que se convirtió en un caso de solución prioritaria para la comunidad de ese sector del norte de Bogotá.
Se libraron entonces nuevas órdenes de policía judicial, el Gaula siguió su labor al tiempo que se empezó a contemplar la viabilidad de conformar un equipo integrado de investigación. Pocos días después aparecieron los primeros indicios. La clave fue el análisis de comunicaciones interceptadas de iun testigo al que se identificó como Germán R4, quien de manera voluntaria presentó entrevistas. El declarante dio algunas pistas, pero también en la indagación se acudió a efectuar el análisis de las comunicaciones del jóven Brayan Andrés Montaña.
El rastreo evidenció 1.421 mensajes de whatsapp y un dato en particular. La radicación de un proceso que se adelanta en una Fiscalía en Bogotá contra Jessica Katherine Castillo, hermana de Mauricio Castillo, quien desapareció junto con Brayan. El radicado da cuenta que tiene un proceso por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego de las Fuerzas Armadas. Esta información se amplió y apareció José Adolfo Ochoa Cómbita, alias ‘El Príncipe’ o ‘Chulo’, recluido en la cárcel de Zipaquirá. En ambos casos, los datos que aportaron no resultaron concluyentes para el esclarecimiento de la desaparición de los tres jóvenes.
Con el sinsabor que dejaba el caso, se ampliaron las labores de verificación y se obtuvieron nuevos testimonios. Una fuente guió a los investigadores a un área boscosa del sector Cerro Norte. Allí investigadores, instructores y caninos, miembros del grupo de inteligencia y tropa del batallón de Policía Militar número 15 inspeccionaron la zona sin resultados. El pasado 23 de febrero hicieron nuevas labores de verificación en el sector de Santa Cecilia Alta, en esta zona, cerca de donde fueron vistos por última vez y por información de testigos llegaron a un inmueble, al parecer, identificado como un expendio de drogas, pero no encontraron nada.
La búsqueda continuó. Esta vez llegaron a otro sector conocido como la Piedra del Chulo. Las pistas fueron mínimas. Apareció después otro interno en la cárcel La Picota con información y un nuevo allanamiento. Luego de estas diligencias se planteó la posibilidad de emitir una orden de captura contra una persona supuestamente vinculada al caso pero se desistió porque esta vinculado en otras indagaciones.
Entre el 7 y el 29 de mayo, declaró otro testigo. Aportó nueva información pero advirtió que su vida corría peligro. Es por ello que dos funcionarios de la Dirección Nacional de Protección elaboraron un plan de seguridad para el testigo, pero este también se esfumó en momento en que se empezaba a pensar en judicializar a las personas que este había señalado. Sin embargo, a mediados de junio se solicitó el cotejo de huellas de quienes ya se perfilaban por la justicia como los presuntos responsable.
A finales de julio, de nuevo se ordenaron nuevas interceptaciones telefónicas a los sospechosos de ser autores de este caso. Ante la falta de resultados se hizo necesario la intervención del director nacional del CTI, el general (r) de la policía, Luis Alberto Pérez Alvarán, para articular mecanismos de búsqueda de menores desaparecidos y nuevas interceptaciones de abonados telefónicos.
Dos acciones posteriores marcan la búsqueda. Se recibió una denuncia por desplazamiento forzado de una persona que supuestamente hacía parte de una organización criminal dedicada al microtráfico en el sector donde desaparecieron los tres jóvenes. Se dedujo que tenía relación con los hechos investigados y por eso se contactó a la secretaría de seguridad de Bogotá. También se iniciaron acercamientos con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para crear un plan conjunto de investigación y la creación de un grupo especial para seguir investigando el caso al tiempo que, el proceso cambió de fiscal porque fue nombrado en otro cargo.
Con todos los elementos de prueba, fiscales del caso acudieron ante un juez de control de garantías con el propósito de que este autorizara la expedición de ordenes de captura. Sin embargo, el funcionario judicial no autorizó el procedimiento al considerar que el acervo probatorio presentado por los investigadores era insuficiente.
En Medellín, el caso de los tres jovenes desaparecidos apenas comienza y sigue siendo un misterio. En Bogotá, cuando ya casi se completan dos años de la desaparición de los tres jóvenes continúa la incertidumbre. Las familias sufren la ausencia de los seis muchachos y siguen clamando justicia.
