Durante tres décadas los habitantes de 17 municipios del área de influencia de la vía alterna al Llano y del Valle de Tenza, soportaron la desidia del Estado. Eran 137 kilómetros de pavimento destruido, con el recaudo de un peaje sin retribución a la vía y el tráfico de camiones de carga cada vez que la vía principal a Villavicencio era cerrada como consecuencia de deslizamientos.
Por eso, en el año 2014 el entonces presidente, Juan Manuel Santos, anunció en una visita a Guateque, Boyacá, que esta vía sería 4G. De paso, garantizó que la obra permitiría el desarrollo de la zona e impulsaría la economía de una región que parece congelada en el tiempo.
Han pasado seis años desde entonces. La vía no ha sido entregada. Tampoco pasó la prueba durante el tiempo que estuvo cerrada la vía principal al Llano, no es una carretera 4G, pero ya los representantes de la Concesión, conformada por empresas con vínculos con Odebrecht y otros líos, hicieron un anuncio a la comunidad conformada en su mayoría campesinos, adultos mayores y propietarios de pequeñas parcelas.
A comienzos del año, la concesión anunció a los alcaldes de la zona que el valor del peaje de Machetá, Cundinamarca, el mismo que se cobró durante más de 25 años sin que se hubiera reflejado en el mantenimiento de la obra, se incrementaría en un 48%. Pasa entonces, de $8.800 a $13.000, una vía cuya velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora y un aumento que lo convierte en el sexto peaje más alto del país.
De inmediato, algunos diputados de Boyacá y Cundinamarca, alcaldes de la región, varios concejales y habitantes de la zona anunciaron protestas y bloqueos en la vía. De hecho, el fin de semana, esta prevista una nueva manifestación. El diputado Fabian Rojas, lidera las reclamaciones al considerar injustificado el aumento en el peaje, que la vía se redujo por cada carril y que no tiene las característiscas de una autopista 4G.
Por su parte, los 17 alcaldes de la zona hicieron un pronunciamiento colectivo. “Damos nuestra voz de protesta por el incremento desmedido del peaje que queda sobre la Transversal del Sisga, en estos días estaremos haciendo nuestra protesta de manera escrita y se anexaran otros documentos a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI".
En contraste, Carlos García, vicepresidente de la ANI, expresó a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que la obra contempla la instalación de un nuevo peaje en el sector de San Luis de Gaceno y el incremento de la tarifa del peaje existente en Machetá.
El funcionario precisó que las tarifas fueron acordadas en la estructuración del proyecto con aportes en un 70% de la Nación y el restante 30% con el recaudo de los peajes. “El gobierno nacional ha estado trabajando con las comunidades con el fin de minimizar los impactos de los incrementos del peaje a través de tarifas diferenciales”, indicó García y explicó que para ello se están haciendo mesas de trabajo con la participación de organismos de control y veedurías ciudadanas.
Pero más allá de las posturas de unos y otros, la obra tiene antecedentes hasta ahora desconocidos. Dos días antes de finalizar el año 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, publicó el aviso de convocatoria con el que iniciaba el proceso de licitación de la Transversal del Sisga, la ruta que comunica a Bogotá, a través de la Autopista Norte, con el departamento del Casanare, en los puntos Sisga-Machetá-Guateque-San Luis de Gaceno y Aguaclara.
El propósito era la adjudicación de un contrato de concesión bajo el esquema de una Asociación Pública Privada, APP, para la rehabilitación, reconstrucción de pavimento y atención de puntos críticos para la consolidación de una vía existente, durante 25 años por un valor de $966.849 millones.
Con el sector del Sisga como punto de inicio hacia el sur oriente, por el Valle de Tenza, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, finalizando en Casanare en el municipio de Aguaclara en el cruce hacia Barranca de Upía-Monterrey del corredor vial de Villavicencio-Yopal.
Dentro de la descripción del proyecto se estableció que se trataba de una vía birideccional de dos carriles de 3.5 metros sin bermas, pavimentada pero en un estado alto de deterioro y con fisuras de alta severidad.
Entre Chocontá en el sector de Brisas hasta Guateque, Boyacá, pasando por los municipios de Machetá, Tibirita y Manta en Cundinamarca en los 38.9 km, además de un alto deterioro, se presentaban problemas de estabilidad de taludes, deslizamientos y pérdidas de banca. Idéntica situación con los 92.1 km restantes entre Guateque, Boyacá y Aguaclara, Casanare pasando por Garagoa, Macanal, Santa María, San Luis de Gaceno-Aguaclara, en Casanare con caída de bloques en el último tramo.
La concesión además contempla de la rehabilitación, repavimentación, iluminación, construcción de dos estaciones de pesaje, una oficina de administración, seis servicios sanitarios, zona de parqueo de vehículos de carga, básculas fijas, una zona de revisión, un centro de control de operación, andabas, bahías, ampliación de curvas, mantenimiento y reforzamiento de seis estructuras y la demolición y reemplazo de dos más entre Manta y Guateque, además de 16 pasos peatonales. Así mismo, la construcción y reubicación del peaje de Machetá y la instalación del peaje en San Luis de Gaceno.
Finalmente, el 25 de mayo de 2015, la ANI le adjudicó la vía a Estructura Plural Conexión Centro Oriente SPV, (Concesión del Sisga SAS) representada por Menzel Amín Avendaño, conformada por las empresas KMA Construcciones S.A, Ortiz Construcciones y Proyectos S.A y Obresca S.A. Las dos primeras con un porcentaje de participación del 40% y la última con el 20%. A juicio de la ANI, presentó la mejor oferta económica, $412.901 millones, frente a la entregada por Promesa de Sociedad Futura Transversal del Sisga que fue de $471.630 millones.
A fin de cerrar el negocio, el 8 de julio de 2015, el presidente Juan Manuel Santos regresó a Guateque para firmar el contrato con la concesión. Así lo anunció el entonces vicepresidente, Germán Vargas Lleras, en su cuenta de Twitter, “ya estamos en Guateque, Boyacá con Pte Santos, en la firma del contrato que deja en marcha la construcción de la Autopista #4G Sisga-El Secreto”.
Tres meses después se firmó el acta de inicio. Desde el 16 de febrero de 2016 al 24 de enero de 2019 se pactaron siete otrosí. El número tres, por ejemplo, determinó, entre otros aspectos, bermas, cunetas y ancho de calzadas. Justamente, allí se redujo el ancho de la vía, una de las quejas de la comunidad.
En cuanto a aspectos económicos se determinó, que si al vencimiento del año número ocho del contrato, desde la fecha de inicio de la obra, si el valor del recaudo por concepto de peajes es inferior al proyectado, la ANI compensará la diferencia de recaudo. En otras palabras, que si el negocio arroja saldos negativos, el gobierno compensará el desfase. Por ello, los habitantes de la región intuyen que con el incremento de los peajes que salen de sus bolsillos, se subsana la situación.
Entre los vericuetos jurídicos y la construcción de la obra sucedió otro hecho relevante. El 19 de diciembre de 2017, la concesión del Sisga SAS informó a la ANI que las empresas que la confirmaban KMA Construcciones SAS y Ortiz Construcciones y Proyectos S.A adquirieron las acciones de Obresca SAS quien tenía el 20% de participación
Con un detalle adicional, el representante de Obresca SAS quien además era el suplente del gerente general de la Concesión del Sisga SAS, el ciudadano colombiano, Julio Hernán Espinel Martinez había sido condenado en Bolivia.
Fue sentenciado a seis años de prisión como uno de los seis representantes del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni. Espinel y los otros cinco representantes fueron condenados en ausencia por qué crearon un consorcio ficticio para que les fuera adjudicada la construcción de una represa, como la solución que esperaban los bolivianos para surtir la falta de agua en la regional de Cochabamba.
Dicho consorcio fue conformado por las empresas CCI de Bolivia, Grandi Lavori de Italia, que fuera socio de los primos Nule en Colombia, y Obresca de Venezuela. El contrato se firmó inicialmente por US$78 millones pero luego ascendió a US$90 millones. Meses después autoridades bolivianas finalizaron el convenio por incumplimiento. De hecho, la falta de liquidez de la concesión aumentó la sospecha de que se trataba de una asociación, ficticia que según la justicia, generó un daño al país de US$24 millones.
Jorge Alvarado, presidente de Misicuni, advirtió en ese momento que agotaría todos los recursos para que se hiciera justicia en este caso y los responsables prófugos, entre estos los colombianos Julio Hérnan Espinel y Eduardo Gómez Vásquez, fueran capturados y su condena fuera confirmada por el Tribunal Departamental en Bolivia.
Pero el caso genera aún más inquietud. Obresca fue constituida el 28 de abril de 2014 con un capital de un millón de pesos, es decir, ocho meses antes de abrirse la convocatoria para la construcción de la Transversal del Sisga. Su fundador es el venezolano Marco Giampaoli Scatolini, uno de los salpicados en el caso de corrupción de Odebrecht, pues fue junto con Menzel Amín socio de la firma panameña Oil & Gas Logistics, fue una de las empresas que usó la multinacional brasileña para entregar los sobornos al exviceministro García Morales.
En detalle, el 15 de octubre de 2015, Obresca suscribió el acta de la asamblea general de accionistas para aprobar la capitalización, “manifiesta el presidente de la asamblea la necesidad de mejorar la situación financiera como requisito para continuar con las operaciones de la sociedad, teniendo en cuenta las exigencias de contratos venideros”.
Sin embargo, ese no es el único sector gris de la concesión ganadora. Las empresas KMA Construcciones SAS y Ortiz Construcciones y Proyectos SAS que integran la Concesión del Sisga, también tienen cuestionamientos.
Ortiz Construcciones y Proyectos SAS, según escritura del 23 de abril de 2010, abrió sucursal en Colombia. Con un patrimonio de $50 millones y representada legalmente por Alfonso Herrera Limón, en nombre del ciudadano español Juan Antonio Carpintero López, quien funge como consejero delegado de dicha sociedad extranjera y es considerado uno de los hombres más ricos de España. Este último también tiene líos. En agosto de 2018, José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, le imputó junto a dos ejecutivos más del Grupo Ortiz los delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo.
El cuestionamiento en España se derivó en que la firma Grupo Ortiz y Ortiz Construcciones se presentaron en una unión temporal para la licitación del colegio público Sabadell en Barcelona, aunque partió del puesto 25 logró la primera posición, aumentando en 10 puntos la valoración técnica. A criterio del Juez Mata esto se realizó con el objetivo de lograr indebidamente la adjudicación. Adicionalmente, esta licitación nace parte de lo que se conoce en España como el caso 3%. Se trata de un escándalo de corrupción política por el presunto cobro de coimas del presupuesto de obras públicas.
En el caso colombiano, la Cámara de Comercio de Bogotá registraron como actividades económicas además de la construcción de obra pública y privada y actividades inmobiliarias, las de limpieza, higienización, desinfección y restauración de obras de arte.
En cuanto a la firma KMA Construcciones, fue creada en noviembre de 2001 por Menzel Rafael Amín Bajaire, Menzel Rafael Amín Avendaño y Karina Eugenia Amín Avendaño con un capital de $50 millones. Luego ingresaron como socios César Augusto Amín Avendaño, María del Rosario Amín Avendaño y Aníbal Ojeda Carriazo.
Así mismo, el 28 de marzo de 2014 en el acta de la asamblea general de accionistas se nombró como parte de su junta directiva al abogado penalista Juan David Riveros Barragán y Hernán Alonso Rojas Méndez como miembros principales. De igual forma a Gustavo Humberto Riveros y Juan Manuel Marino como suplentes.
Pero sobrevendría otro hecho. Tres años después, en marzo de 2017 se conoció la conexión entre dos accionistas de la Concesión Sisga S.A. con el escándalo de corrupción más grande de la última década, Odebrecht. En concreto, se señala a Menzel Amín y el venezolano Marco Giampaoli Scatolini, en la denominada conexión caribe del caso. Se cuestiona el vínculo de una empresa en Panamá mediante la cual se habrían gestionado sobornos para la adjudicación de la Ruta del Sol II.
Los líos de Scatolini son diversos. Tampoco se salvó de una mención en los conocidos Panama Papers, una investigación que evidenció la constitución de cientos de empresas en paraísos fiscales con fines poco claros. En este caso se mencionó su relación con la firma Chicanan Minería Bolivariana S.A y el Grupo Minero Chicanan S.A.
Adicionalmente, Scatollini y Amín tuvieron negocios con los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays condenados por prestar sus empresas para lavar U$$6.5 millones para sobornos de Odebrecht en Colombia.
En este contexto, se conoció otro hecho trascendental. A finales de ese año. la concesión original del proyecto le solicitó a la ANI autorización para ceder este contrato a la Concesión Transversal del Sisga SAS que tiene a Anibal Enrique Ojeda Carrizo como representante legal y quien además es accionista minoritario de la firma KMA.
El abogado Fabio Humar conceptuó que la sentencia condenatoria en contra del representante legal de Obresca en Bolivia, Julio Hernan Espinel Martinez, no derivaba en ningún vició jurídico que afectara a la concesión. El nuevo cesionario es confirmado por las empresas KMA Construcciones SAS y Ortiz Construcciones. Sin embargo, el tema Odebrecht apenas empieza en Colombia y aún es incierta la suerte de Menzel Amín.
La indignación entre cerca de un millón de habitantes que se ven afectados por las modificaciones en la Concesión Transversal del Sisga y el aumento de peajes crece. Estaba previsto que se construyeran 16 puentes peatonales pero en el último tiempo la ANI determinó que no se harán.
Carlos García, vicepresidente de la entidad informó que ello obedece a un estudio que consideró que no eran necesarios. A cambió indicó que se harán pasos peatonales y los 23.000 millones que costaban serán invertidos en obras sociales concertadas con la comunidad.
