Un movimiento alrededor de la protección del páramo de Santurbán se sigue consolidando en el país. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, acaba de expedir un auto mediante el cual reconoció a 277 personas como terceros intervenientes o interesados, dentro del trámite administrativo de evaluación de la licencia ambiental solicitada por la Sociedad Minera de Santander SAS, Minesa.
Es un proceso que busca la ejecución del proyecto minero Soto Norte, ubicado en los municipios de California y Suratá en Santander, con el propósito de producir 410.000 gramos de oro al año. Un equivalente a nueve toneladas y media de oro, durante los 21 años de explotación que está solicitando la compañía. Así las cosas, con el nuevo grupo, ya son 9.426 personas naturales y jurídicas reconocidas como terceros en la defensa del que es considerado como uno de los pulmones del país.
Aunque en el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, presentando por la multinacional Minesa, insiste en las supuestas bondades del proyecto y lo autocalifica como, “la construcción de una de las minas más modernas y eficientes del mundo dentro de un concepto de gestión hídrica integral, con profundo respeto por el medio ambiente y las comunidades locales”.
Una socialización del proyecto que no solo no convenció a los pobladores de la zona, si no también a ambientalistas, académicos y recientemente a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, que en un informe de 24 páginas determinó que el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía va en detrimento del ecosistema.
Minesa, en la documentación qué radicó ante la Autoridad de Licencias Ambientales, Anla, revisada por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, afirmó que en los dos últimos años se dedicó a ajustar el diseño atendiendo los resultados de la evaluación ambiental.
Asegura la empresa, que se redujeron las áreas de intervención en ecosistemas de alta montaña, como la quebrada Aserradero en el municipio de California, se incrementó la distancia de los ecosistemas más sensibles y según ellos, también se mejoró el manejo de aguas eliminando residuos de almacenamiento, con el consecuente efecto de la disminución de la huella final del proyecto.
El proyecto de explotación subterránea de minerales auríferos Soto Norte, está ubicado a cinco kilómetros de la cabecera municipal de California, en el noroeste del país, a 470 km de Bogotá y a 62 km de Bucaramanga.
Para su ejecución deben intervenir 161.97 hectáreas en la construcción de vías de acceso, portales de la mina, túneles, campamentos, plantas de beneficios, depósitos de almacenamiento de sobrantes y otras infraestructuras de apoyo que derivan en profundas afectaciones al ecosistema.
En su defensa, Minesa advierte que es el área mínima posible de intervención, que el municipio de California tiene tradición minera y que la infraestructura de beneficio, apoyo, el depósito de relaves secos y material estéril serán ubicados en la zona rural de Suratá, reduciendo los impactos ambientales y sociales.
Para la construcción y operación de la mina subterránea, se plantea la necesidad de excavar 68 metros de roca, de los cuales el 79% es mineral útil y el 21% material estéril sobrante. Para estabilizar el terreno, la multinacional establece que el relleno de la mina será con pasta de cemento y materiales sobrantes de la operación.
Así mismo, la propuesta plantea la construcción de dos túneles gemelos de 5.6 km de longitud para el transporte de materiales, redes de suministro y drenaje entre la mina y la planta.
En cuanto a la planta de beneficio, con una capacidad para procesar 7.000 toneladas de roca diarias, se construiría en 7.2 hectáreas en zona rural del municipio de Suratá. En esta se producirían concentrados de sulfuro de cobre y de pirita. Según Minesa en estos procesos no usará mercurio ni cianuro y el 90% del agua sería reutilizada.
El depósito de relaves secos, es decir, el conjunto de desechos del proceso minero, que generalmente se compone de roca molida, agua y minerales también está contemplado construirse en Suratá. Una obra con una extensión de 59.9 hectáreas, que ocupa el 38% de la subcuenca de la quebrada Caneyes con extensión de 156.1 hectáreas.
Dicho proyecto requiere de 27.5 litros de agua por segundo los cuales se tiene previsto tomarlos del río Suratá. El líquido se usará en la construcción de la mina en los primeros cuatro años y en uso doméstico. Para la operación y la planta beneficio está misma cantidad de agua se utilizará pero subterránea.
Precisamente del río Suratá que tiene un área aferente de 689.2 km 2, nace en el páramo de Monsalve. Es uno de los ríos que abastece la planta de Bosconia para el acueducto del Área Metropolitana de Bucaramanga, por esta razón es una de las entidades que se hizo parte como tercero dentro del proceso de licencia ambiental solicitado por Minesa.
Una obra que está contemplada en cuatro fases. La primera de preparación que duraría tres años; la construcción, en dos años, la operación se extendería a 21 años y finalmente el cierre y abandono demoraría 12 años.
La oposición de este proyecto va en aumento. Además de ver con preocupación una eventual afectación al ecosistema de la región y al páramo de Santurbán se suma la afectación a los recursos hídricos de la región que abastecen del líquido vital a más de dos millones de habitantes. En contraste, uno de los argumentos centrales de Minesa es que la obra está apartada del área de influencia del páramo.
Y es que además, el proyecto está localizado dentro del sistema hídrico de la subcuenca del río Suratá y las micro cuencas de los ríos Veta y Suratá Alto. Según el Ideam, esto implica el entorno de las áreas hidrográficas del Magdalena-Cauca, Medio Magdalena, el río Lebrija y otros directos al Magdalena.
La ubicación geográfica indica que la quebrada La Baja es la principal afluente del río Vetas y cinco cuerpos de agua determinantes para el Río Suratá. Entre ellos, las quebrada Caneyes, Bochalema y San Francisco.
Ingenieros y ambientalistas expertos indican que la explotación en ese ecosistema no solo pone en riesgo el sistema hidrológico de la región, si no también el ambiente. Se estima que por cada gramo de oro atrapado en las entrañas de la region hay 40 gramos de arsénico y 39 de uranio.
Un referente de lo que sucedió a nivel internacional complica la adjudicación de la licencia. Los residuos de la operación minera almacenados en el área rural de Suratá, a pesar de las bondades y la tecnología que argumenta la multinacional árabe que aplicará en el proyecto, evocan un reciente episodio ambiental
Especialistas recuerdan el desastre ocurrido a comienzos de este año en Brasil, cuando a la poderosa minera Valo do Rio Doce, se le rompió dicho depósito de residuos minerales y arrasó con el ecosistema a su paso por más de 800 km en Brumadinho, localidad del estado de Minas Gerais, al suroeste de ese país.
Más de 20.000 derechos de petición han recibido tanto la autoridad ambiental como los organismos de control solicitando información sobre este megaproyecto de extracción de oro cerca a uno de los ecosistemas más sensibles del país y se han realizado múltiples marchas rechazando la posibilidad de la obra.
A finales de abril, el periódico Vanguardia Liberal, divulgó unos videos en los que se evidenciaba una polémica estrategia por parte de los directivos de la multinacional árabe Minesa para lograr el otorgamiento de la licencia ambiental.
“Si yo tengo el mundo incendiado, pero en Bogotá sienten que estamos bien, estamos bien. Si los tomadores de decisión se sienten tranquilos, a pesar de que yo allá tenga una marcha diaria (...), nos funciona” aseguró Santiago Urdinola, presidente de Minesa en una reunión privada que fue grabada y se conoció públicamente.
Hace dos semanas, el gobierno expidió un decreto en donde designa al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla como ministro ad - hoc para decidir el otorgamiento de la licencia ambiental a la obra. Una decisión salpicada por las críticas y que generó suspicacias ante el impedimento que expresó Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, quien evidenció un interés anterior en el asunto.
Por ahora, crece el movimiento, que con 9.426 personas naturales y jurídicas luchan por preservar el entorno ambiental de un páramo vital para la supervivencia de al menos dos millones de personas.
