Este jueves, a instancias de diferentes organizaciones políticas y sociales, el gobierno del presidente Iván Duque deberá afrontar un nuevo paro nacional. Luego de ocho meses de mandato, es el cuarto cese de actividades desde que se posesionó. Primero fueron los estudiantes, después los maestros y recientemente los indígenas. Sin embargo, este nuevo movimiento tiene expectantes tanto a sus promotores como a las autoridades quienes desde hace varias semanas vienen elaborando un plan de contingencia, al detectar que sectores ajenos a la protesta buscan mimetizarse para generar mayor impacto en la movilización y así desestabilizar las marchas.
Frente a esta situación, miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, con el apoyo de las divisiones de inteligencia, han recopilado información y con sigilo tienen pistas de cómo terceros, en su gran mayoría, diferentes a los sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles, así como sectores de la justicia, la salud, los docentes y los indígenas, tienen lista su estrategia.
La expectativa radica, en que en varios de los comités que se han efectuado para contrarrestar acciones más allá de la movilización y la protesta, es que agentes de inteligencia han obtenido información en el sentido de que en algunas capitales del país, como Bogotá, hay una organización que tiene como propósito bloquear varias de las principales vías de acceso, en donde, entre otros usos, se transportan alimentos y son el eje de la salida hacia el sur del país, caracterizados porque allí se concentra un amplio número de habitantes.
En este mismo sentido, las reuniones estratégicas dan cuenta que se tiene previsto volver a bloquear la vía Panamericana. De alguna forma, movimientos alternos a la protesta indígena tienen previsto esta acción como quiera que en el paro que duró más de un mes, la población aborigen no quedó satisfecha con las propuestas del gobierno y por lo tanto, se buscaría a través de este nuevo paro nacional, ratificarle al Ejecutivo que persiste la inconformidad por acuerdos no cumplidos desde la administración del expresidente Juan Manuel Santos.
Un reporte denominado Monitoreo de Entorno de Ecopetrol, dependencia de la entidad que revisa a diario la situación de seguridad, las comunidades y los riesgos para la empresa en los territorios de operación advierte que los días previos y posteriores al paro es complicado. De hecho, ha identificado tres paros entre el 24 y 27 de abril. En concreto el primero de ellos denominado Gran Movilización por el Agro convocado por Dignidad Agropecuario y que tiene una participación de más de 550.000 familias.
El otro evento es el del 25 denominado Gran Movilización Nacional y un paro camionero programado para el próximo 27 de abril. Esta división de Ecopetrol viene detallando como posibles actividades adicionales, marchas de los Uwa en Arauca, mesa de coordinación interinstitucional para el sur de Córdoba, paro indefinido de cocaleros en el Caquetá, así como paro de transportadores en ese mismo departamento y en Risaralda en respaldo a los indígenas del Cauca, estos dos últimos para el 25 de abril.
Al día siguiente, afirman los funcionarios del Proceso de Monitoreo de Entorno, según documento conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que se generaría un paro indefinido convocado por el comité interdepartamental por la no inclusión del mejoramiento de la vía entre Putumayo y Nariño. El reporte detalla además movilizaciones en zonas arroceras y cafeteras, identificando los principales lugares de concentración a nivel nacional.
El contexto previo a la movilización es difícil. Hace pocas horas centrales obreras como la CUT, CGT, CTC y Fecode ratificaron su apoyo y asistencia al paro nacional. En esencia, los trabajadores argumentan que no están de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas del presidente Iván Duque.
A su vez, María Victoria Angulo, ministra de Educación, y una de las voceras del gobierno, ha señalado que desde que comenzó el mandato se han efectuado más de 40 reuniones con Fecode, lo que demuestra que a los profesores se les ha cumplido en peticiones tan esenciales como la reforma al Sistema General de Participación, los avances en preescolar y la búsqueda del mejoramiento de los servicios de salud.
No obstante, a la convocatoria, también se han unido otras organizaciones a nivel nacional, por ejemplo, los trabajadores del sector financiero agremiados en la Uneb, así mismo, asociaciones del sector de la salud como Asmetrosalud de Medellín y Asmedas, en los departamentos de Antioquia y Valle, así como en Bogotá.
Justamente, la expedición y actual discusión en el Congreso del Plan de Desarrollo es uno de los ejes de la manifestación. Según los organizadores, la agenda económica que el gobierno plantea, “afecta el sistema de salud, la educación, fomenta la precarización laboral y vulnera los derechos básicos de los colombianos. Argumentan además, que el referido plan desmonta subsidios de servicios públicos para el estrato 3, aumenta la base de cotización de los independientes, afecta el sistema pensional y la contratación por horas aumenta los índices de trabajo informal.
En contraste, el gobierno, a través del ministerio de Trabajo, ha asegurado frente a la polémica por los artículos que modifican el sistema pensional, que por ejemplo, se ha rechazado uno de ellos que permitiría que se realicen traslados extraordinarios en el régimen pensional de los fondos privados a Colpensiones. Con respecto, al tema de los subsidios, la postura del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla es que se busca centrar estas ayudas para que se entreguen a los más vulnerables.
La marcha también es apoyada, por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CCajar, que desde el pasado 13 de febrero, ha expedido siete boletines informativos con recomendaciones diversas. En concreto, el más reciente señala acciones en comunicaciones, concretar los sitios de concentración, establecer los puntos de contacto, convocar las reuniones de coordinación, mantener comunicación permanente, dar refugio a los líderes luego del paro y entre el 28 de abril al 2 de mayo, de tal manera que se fortalezca otra manifestación prevista por el Día del Trabajo, el próximo primero de mayo.
De igual forma, los congresistas de las Farc, también están respaldando el paro nacional. Al respecto, la senadora Sandra Ramírez, quien fuera esposa de Manuel Marulanda, señaló: “Este jueves 25 de abril nos unimos al gran paro nacional. Nos movilizamos por la vida y la dignidad del pueblo colombiano. Contra la política del gobierno de Duque que solo incita a la desigualdad y a la guerra”. Según la colectividad, apoyan la protesta por la vida de los líderes sociales, la implementación del acuerdo de paz y porque el Plan de Desarrollo es excluyente.
Al respecto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha señalado públicamente que por el contrario el Plan Nacional de Desarrollo, destina $10 billones para las comunidades indígenas. Ha destacado además, que el gobierno adelanta un plan para proteger líderes sociales.
Frente al tema del acuerdo de paz, el Alto Comisionado, Miguel Ceballos, ha convocado al Senado a debatir en profundidad las objeciones al proyecto de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, Jep, presentadas por el presidente Iván Duque, al Congreso.
Con posturas de parte y parte, hay incertidumbre sobre el desarrollo que pueda tener el paro nacional en momentos de posturas encontradas. Sus promotores ya están organizados, incluso tienen prevista la instalación de carpas en la Plaza de Bolívar de Bogotá, conocida como “refugio humanitario por la vida de los líderes y lideresas sociales”, se estima, que cerca de 3.000 personas acamparán en el emblemático lugar.
Además, otro coordinador del paro ha señalado que, “sugerimos que el 25 de abril como fecha de inicio del paro nacional promovamos en horas de la mañana en cada sitio de trabajo, barrio o espacio público definido, acciones de masas, actividades culturales y expresiones de resistencia e indignación para proyectar en horas de la tarde en las plazas públicas de cada ciudad”.
Así las cosas, las instrucciones que han recibido miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, es desplegar un operativo a nivel nacional enfocado en la preservación de la vida y el libre derecho a la manifestación, pero a su vez, impidiendo la alteración del orden público para evitar que se utilicen las vías de hecho como mecanismo irregular de expresión ciudadana, advirtió uno de los encargados por el gobierno de garantizar la seguridad de los manifestantes.
Desde la perspectiva de defensa, las Fuerzas Militares informaron extraoficialmente que a nivel nacional están dispuestos cerca de 26.000 efectivos para vigilar los principales corredores viales del país. Los uniformados priorizarán la vigilancia en 12 de los 32 departamentos, entre ellos, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Meta y Caquetá. Un despliegue que incluye 15 grupos antidisturbios y 10 grupos Meteoro, encargados de la seguridad en las carreteras.
Para el caso de Bogotá, se definió que la Policía Nacional destine un poco más de 5.000 hombres y mujeres cuya función será vigilar las principales vías de la ciudad e impedir desmanes y bloqueos que en consideración de la institución perjudiquen a los ciudadanos que no hacen parte de las protestas.
Todo está preparado por las partes en el paro nacional. Incluso, hasta en las redes sociales. Al respecto, el gobierno utilizará la etiqueta #ColombiaNoPara en donde cada ministerio mostrará avances en sus áreas. Por su parte, las organizaciones sociales y sindicales, se harán visibles con los hashtag #VamosAlParoNacional y #ParoNacional.
