En mayo de 2017, casi cinco décadas después del hallazgo de los campos de gas de Chuchupa y Ballena en La Guajira, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, reveló lo que sería el mayor descubrimiento de gas natural de la historia. Tres pozos en aguas profundas del mar Caribe colombiano. Con esta noticia, el gobierno aseguró que habría reservas para el país estimadas en 500 millones de barriles. No obstante el trascendental anuncio, poco se volvió a hablar del tema. Paradójicamente, hace cerca de un mes la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ratificó la construcción de una regasificadora en Buenaventura para importar gas.
Con el anuncio de Santos quedó claro que el país garantizaba y ampliaba sus reservas, que a hoy son de 11,7 años. Un hecho al que le antecedió la inauguración de la planta regasificadora de Cartagena. Una obra que al finalizar su primer año de operación en 2017 permitió la importación de más de 200.000 metros cúbicos de gas natural licuado, usados para la generación de energía. Por eso empezaron las dudas y los cuestionamientos en el sector y entre los expertos, ya que no se tiene clara la aparición de una nueva megaobra como la regasificadora en Buenaventura, por lo que se debate su conveniencia.
El primero en cuestionar la utilidad y costos de la obra fue Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. “No vemos la necesidad de construir la planta de regasificación del Pacífico. Consideramos que no es necesaria debido a que también hay la discusión de cómo se va a pagar esa planta o cómo se va a remunerar la inversión”, señaló Bayón a finales de octubre del año pasado.
A este pronunciamiento se sumó Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgás, gremio que agrupa a las empresas del sector, quien evidenció la inconveniencia de la obra al señalar que antes que importar gas, el nuevo gobierno debe estimular la exploración y producción del hidrocarburo. Según cifras del gremio, se tiene previsto que con la terminación de un gasoducto desde Córdoba hasta Cartagena se van a extraer de los campos del sur del Caribe colombiano cerca de 220 millones de pies cúbicos, lo que incrementa en un 20 % la producción nacional.
Pero quizás otro asunto que ha llamado la atención frente a la construcción de la megaobra en Buenaventura es la oposición que las comunidades indígenas tienen al respecto. Por ello, ya cursan dos acciones populares contra el Ministerio de Minas, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ya que en consideración de los aborígenes, se estaría violando el derecho colectivo a la libre competencia, por la reglamentación y ejecución del proyecto.
Facsimil del auto que admite la acción popular contra las normas que fundamentan la construcción de la Regasificadora del Pacífico
En concreto, señalan las acciones populares que la reglamentación y ejecución de la planta abusa de los derechos de los usuarios, en razón a que se considera que en últimas serán estos los que a través de sus recibos y de acuerdo con el régimen tarifario tendrían que financiar una parte significativa de la obra, con lo cual solicitan se ordene a las entidades accionadas suspender la ejecución del proyecto. Un asunto que está en manos del Tribunal y cuya determinación se conocerá en las próximas semanas.
A los pronunciamientos de Ecopetrol, Naturgás y los indígenas también se suma la acción de nulidad ante el Consejo de Estado que presentó en agosto el abogado Juan Carlos Salazar. Según el accionante, “la reglamentación del proyecto es ilegal porque desobedece una norma superior que dispone que antes de ejecutar este tipo de infraestructuras hay que verificar que haya alguien dispuesto a financiar el proyecto”. Según el abogado, no hay nadie que esté dispuesto a pagar el proyecto, como está la reglamentación se trata de un bien privado y no será propiedad de la nación, sino del inversionista que lo ejecute.
Salazar dice que lo más preocupante del proyecto es que el gobierno Santos dispuso que todos los usuarios del servicio de gas lo van a financiar mediante la imposición de cargos en las facturas del servicio público, que el proyecto fue reglamentado para que un transportador de gas sea el seleccionado para su ejecución y, lo que en su concepto es más grave, desincentiva la exploración de gas natural y promueve la importación. Y como si esto fuera poco, las tarifas del servicio podrían aumentar hasta en 67%.
Al debate por la obra también se sumó la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), que a través de su presidente, Francisco Lloreda, le indicó al entonces ministro de Minas, Germán Arce, las deficiencias del proyecto. En otra comunicación, dirigida a Germán Castro Ferreira, director de la CREG, la vicepresidenta del gremio, Alexandra Saravia, le evidenció la falta de pluralidad de participantes y lo requirió para “conocer cuáles son las razones legales y de mercado para no permitir la participación de los productores-comercializadores en este proceso, convirtiéndolo en el único participante en la cadena del gas natural con esta restricción”.
En contraste al polémico proyecto de la regasificadora, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) viene adelantando la ronda Sinú-San Jacinto, que busca la adjudicación de 16 bloques de hidrocarburos, principalmente gas, en 49 municipios de la región Caribe. Asimismo, recientemente, la entidad lanzó la ronda de adjudicación permanente, cuyo propósito es la asignación de al menos 20 bloques. Para este negocio se ha conocido que ya recibieron 90 postulaciones de 11 empresas. Dos iniciativas que, según la Agencia, permitirán incrementar las reservas de gas de manera significativa en el país.
La idea de la planta regasificadora surgió en 2015, cuando se expidió el Plan Nacional de Desarrollo. Allí se expusieron las bases en materia de infraestructura para garantizar la seguridad energética del país. De esta forma se comenzó a hablar de la regasificación de la Costa Pacífica y de la necesidad de una planta para transformar el gas natural licuado o líquido, importado vía marítima, en hidrocarburo gaseoso. De allí en adelante se expidió normatividad a través del Ministerio, la CREG y la UPME, que en esencia le dio viabilidad al proceso.
Y fue justamente la UPME la entidad de mayores desarrollos en el caso. A comienzos de septiembre insistió en la construcción de la planta en Buenaventura y realizó cambios al proceso. Justifica esa Unidad la megaobra al considerar que para febrero de 2021 habría un déficit de gas. También sugirió la puesta en marcha de la obra dos años después de lo previsto, es decir, se inauguraría en septiembre de 2023. Asimismo, ad portas de expedirse los pliegos de la licitación, propuso que esta se adjudique hacia finales de 2019. No obstante, la misma entidad es consciente de que podrían tardarse al menos cinco años la licencia ambiental, la consulta previa y la construcción de la obra.
Este quizás sea uno de los mayores obstáculos para su realización, ya que además de la denuncia de que los usuarios vía tarifa tendrían que pagar la obra, las comunidades indígenas y las negritudes, población significativa en el Pacífico colombiano, ya empiezan a expresar su inconformidad ante la construcción de la regasificadora. Según registros de la Acnur, en esta zona del país se encuentran asentadas las comunidades awá, coconuco, cuna, embera-dobidá, embera-katío, eperara-siapidara, guambiana, íngá, kamentsá, kichwa, kofán, páez-nasa, totoró, wounaan y yanacona, que representan una población cercana a los 350.000 indígenas.
En cuanto a los afrocolombianos, según registros del DANE, la cifra asciende a 4,3 millones, que representa el 10,62 % de la población total del país. De esta cantidad, corresponden al Pacífico el 90 %. Otro estudio, del Ministerio de Cultura, señala que en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, regiones que se ven afectadas por la construcción de la regasificadora, la población afro asciende a dos millones de habitantes.
La Agencia de Periodismo Investigativo (API) estableció que los interesados en que la megaobra salga adelante son varios. En primer lugar está la Transportadora de Gas Internacional (TGI), una compañía perteneciente al Grupo Energía de Bogotá, que entre otros negocios, se dedica a la operación, mantenimiento y construcción de infraestructura de hidrocarburos. “Estamos preparando una oferta y esperamos los pliegos de licitación. Esta planta no da espera, ya que permitirá fortalecer el suministro de gas en el país y convertirse en un motor para el desarrollo de la región”, señalo Astrid Álvarez en el foro “Alianza del Pacífico, un desafío empresarial”.
A esta compañía se suma el interés que han mostrado unos empresarios del Valle del Cauca que ven en la regasificadora una oportunidad para ampliar su portafolio de negocios. En cuanto a la empresa líder del mercado de transporte, Promigás, aún no ha expresado oficialmente si tiene interés o no en el proyecto.
Germán Arce, exministro de Minas, quien bajo su administración se planificó su obra, le dijo a API que: “el país tiene 9.2 millones de familias que usan el gas como su principal energético (cocinar) y además de solo tener reservas por 11 años, el gas no está exactamente donde están los usuarios, que necesitan garantía de abastecimiento”. Frente a la posibilidad que los usuarios asuman parte del costo de la obra en el recibo, el ex funcionario señaló que le corresponde a la Creg y a la Upme definirlo.
En esencia, la posición de los productores de gas nacionales se centra en que importar el hidrocarburo no es bueno para el país, porque no se generan regalías, inversión y empleo, se desalienta la autosuficiencia del país, que tiene gran potencial, y su postura es que en vez de construir una nueva terminal de regasificación, el Gobierno debe centrarse en fomentar la exploración y el desarrollo de nuevas reservas de gas para generar inversión, empleos y regalías.
No obstante, la justicia empezó a pronunciarse sobre el tema. La semana pasada el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió una acción popular que entabló una organización indígena, contra el ministerio de Minas, la Creg y la Upme, para determinar si efectivamente se vulneró el derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa frente a la reglamentación para la ejecución del proyecto de la planta regasificadora del Pacífico. En otras palabras, aunque el proceso sigue vigente, el Tribunal podría suspenderlo.
El tema es una papa caliente. Poco trasciende en medios de comunicación. El Gobierno, a través de la UPME, sigue poniéndole el pie en el acelerador al tema. No obstante, ahora se enreda más, porque es incierto el camino que tome el nuevo director de la entidad. De manera adicional, la nueva ministra de Minas, María Fernanda Suárez, tampoco se puede pronunciar oficialmente, porque la rondan varios impedimentos. Entre tanto, se estaría cocinando un negocio en el que los más perjudicados, como siempre, pueden ser los nueve millones de usuarios del servicio de gas.
