Anclada a 40 grados de temperatura en Valledupar, el establecimiento carcelario La Tramacúa, es el infierno en la tierra. A las denuncias de la Organización Mundial contra la Tortura y las sentencias de la Corte Constitucional en las que se evidencia toda clase de aberraciones tras los muros, se suma un nuevo problema.
El Consorcio Carcelario Catalimentos 2019, dejó de suministrar la alimentación a los más de 5.000 internos recluidos en esta y otros penales de la Costa Atlántica, desde este lunes festivo porque se acabó el dinero del contrato suscrito con la Unidad del Sistema Penitenciario y Carcelario, Uspec, y la entidad les adeuda alrededor de $5.000 millones.
Y en menos de 48 horas, y tras declarar una urgencia manifiesta, la Uspec, la sustituyó por Alimentar Capital SAS. Esta compañía tiene el 50% de participación en la Unión Temporal Alimentar Cesar, a la que le fue adjudicado un millonario contrato para el Plan de Alimentación Escolar, PAE, en la zona sur de ese departamento.
Así las cosas, Alimentar Cesar, posee como socios a la Fundación Colombia Una Nación Cívica con el 10%; Marisol Gómez Vela con un 25% y la compañía Le & Ve Alimentos Macsol. Esta última empresa es aliada estratégica y según reportes fiscales ha sido objeto de cuestionamientos por el suministro de alimentación.
Precisamente fue señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio como uno de las 27 empresarios que saquearon las arcas de Bogotá transando licitaciones por $1.5 billones en los refrigerios escolares.
Este fin de semana, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, conoció que en momentos en que el Consorcio Carcelario Catalimentos 2019 manifestó su intención de no continuar con el suministro de alimentos a los internos, de inmediato se comunicaron con un funcionario de la empresa Le & Ve Alimentos Macsol con el propósito de buscar apoyo para recibir el nuevo contrato de alimentación.
Un funcionario de la cárcel La Tramacúa señaló que desde este lunes festivo se encuentra un delegado de la empresa Le & Ve Macsol implementando el nuevo contrato de alimentación para la empresa Alimentar Capital SAS.
Pero mientras ello sucede, los internos de cárceles como La Tramacúa agravan su situación. Pese a que cometieron graves delitos, la ley señala que el establecimiento debe suministrarles condiciones dignas. Entre otros, allí se encuentran peligrosos delincuentes como Luis Alfredo Garavito, Rafael Uribe Noguera, David Murcia Guzmán y también han sido confinados Jhon Jairo Velasquez alias 'Popeye', Nayibe Rojas Valderrama alias 'Sonia' de las Farc, Lady Tabares, actriz de La Vendedora de Rosas, entre otras personas privadas de la libertad principalmente por tener largas condenas.
Ser trasladado a la Tramacúa, equivale a una cadena perpetua para cualquier recluso del país. Entre los años 2010 y 2014 fueron valorados por Medicina Legal, 2.425 internos y la Fiscalía abrió 750 procesos en contra de integrantes del Inpec, de las cuales 226 fueron por lesiones personales.
De estas cifras, reveladas por el Congreso de la República, un grupo significativo corresponde a este penal denominado por los reclusos como el “Guantánamo” colombiano.
Inaugurada en el año 2000 por el entonces presidente Andrés Pastrana, esta mole de concreto anclada en 15 hectáreas a tres kilómetros del casco urbano de Valledupar, capital del departamento del Cesar, en la vía que conduce al Batallón de Artillería número 2, ‘La Popa’, fue la primera asesorada en su diseño por el Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos, BOP, en virtud del acuerdo “Programa de Mejoramiento del Sistema Carcelario colombiano”
De hecho, uno de los constructores del penal, le reconoció a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que diseñó y edificó ese penal, “con el propósito de que fuera un recinto invivible para cualquier persona, porque así me lo solicitaron en privado las autoridades en Colombia y otras del exterior”.
Con su inauguración, vinieron las quejas y las denuncias de parte de los reclusos, familiares, ong. También se presentaron avalanchas de tutelas y acciones populares. El penal, conformado por nueve torres de cinco pisos, quedó con fallas en la construcción y derivó que los internos solo tuvieran acceso al agua potable entre 10 y 15 minutos al día con el suministro del líquido únicamente a los primeros pisos de las nueve torres.
Sin agua y con problemas de alcantarillado, llegaron los olores nauseabundos y las heces esparcidas en paredes y techos. Con riesgo constante de enfermedades contagiosas. De hecho, abogados denunciaron que la arquitectura del penal fue concebida para el aislamiento absoluto, con insuficientes áreas de grabación, educación y recreación y con un reglamento interno extremo, pues hasta las movilizaciones internas se realizan con esposas.
En uno de los informes de la Relatoría de Prisiones de la Universidad de Los Andes se manifestó que, “no existen condiciones para que los internos sean alimentados en condiciones higiénicas, el entorno es fétido, los internos tienen que arrojar sus excrementos en bolsas y en las rejillas de las celdas, el sistema de ventilación es pésimo, y las visitas son asignadas como si fueran un régimen de castigo”.
Los reportes de la Defensoría del Pueblo, también se documentaron cientos de denuncias por gases lacrimógenos, golpizas, corte del suministro de agua y energía para los internos que protestan, reclusos a los que la guardia hace desnudar y acostar sobre el piso hirviendo.
Estos hechos que ni la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, a pesar de las 690 denuncias han logrado detener, generaron que la Organización Mundial contra la Tortura le pidiera al entonces presidente Juan Manuel Santos el cierre definitivo del penal.
Al respecto, en el año 2014 la Corte Constitucional emitió un fallo dándole un plazo al gobierno para que solucionara de fondo los problemas de suministro de agua, alcantarillado, salud y de tratos crueles, inhumanos y degradantes que convirtieron al penal en una cárcel de castigo más allá de la pena e incluso de una solicitud de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
“Para la Sala es inadmisible que en un Estado Social de Derecho como en Colombia, exista un lugar en el que las personas no sean tratadas como tales, y nadie al interior de este y tampoco alguno de los entes de control competentes se preocupe por esa situación” indicó la Corte Constitucional.
Este fin de semana se conoció un nuevo problema, la alimentación. El pasado 11 de octubre de 2019, la empresa que ganó la licitación para suministrar las raciones a este establecimiento carcelario con capacidad para 1.600 internos y que además atiende a la Cárcel Judicial de Valledupar, las estaciones de policía de esa ciudad, la carcel de Riohacha, el penal de El Banco, Magdalena, entre otras le envió una comunicación a la Uspec indicándole que ante el agotamiento de los recursos el suministro se realizaría hasta el 14 de octubre.
“No es del interés del consorcio adicionar el contrato existente en razón a las reiteradas problemáticas que en la ejecución se han presentado, a la fecha la entidad adeuda parte del suministro del mes de junio, el mes de julio completo, el mes de agosto completo, el mes de septiembre completo y lo que ha corrido de octubre, lo que se traduce en alrededor de $5.000 millones” indicó Diana Lucero Gualteros, representante legal del consorcio con copia dirigida al ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría entre otros.
Aunque la misiva advierte la falta de pago de la Uspec y las condiciones en la operación del suministro, no se pronunció respecto a las quejas de los internos respecto a la deficiencia en la cantidad y calidad en los alimentos que le suministran a los internos.
La entidad bajo la figura de urgencia manifiesta sustituyó al consorcio por Alimentar Capital SAS, cuyo socio Macsol es una empresa polémica señalada por el entonces Superintendente Pablo Felipe Robledo de presuntas prácticas restrictivas de la competencia para lograr la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos.
Incluso, en la resolución 46587 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual ordenó la apertura de investigación y formuló pliego de cargos en contra de varias empresas y sus representantes legales por lo ocurrido con los alimentos de la niñez en Bogotá.
En concreto, la entidad advirtió, “este último “acuerdo privado” evidenciaría un claro intento del Consorcio Catalimentos (que incluye a Catalinsa) y de la Unión Temporal Macsol para falsear la competencia y repartirse los beneficios económicos de una zona en la que ambas estructuras plurales concurrieron en el marco de un proceso para proveer la alimentación, por el sistema de ración, para atender a los internos que se encuentran a cargo del Inpec” este proceso de selección, es conveniente aclararlo funciona de una manera similar a los procesos por zonas del Preb”, se indicó en la resolución.
Al respecto, voceros de la compañía Macsol han señalado a los organismos de control que todas sus actuaciones están dentro del marco de la legalidad y en cumplimiento de los procesos de contratación. De hecho, han asegurado que tienen el negocio de suministro de alimentación en varios penales del país.
Es un millonario negocio. Se estima que el suministro de alimentos solo para los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira representa ingresos al contratista cercanos a los $1.000 millones mensuales. Mientras los internos padecen como pena adicional el suministro de la alimentos deficiente, un contratista cuestionado se privilegia económicamente con una polémica medida de urgencia manifiesta.
