El 4 de marzo de 2016, fue asesinado en Cali el agricultor Fernando Arango González. El hombre de 65 años, fue ultimado por sicarios que le propinaron varios disparos. Tras el crimen se manejó la hipótesis de líos por un negocio en donde surgió el nombre del narcotraficante Carlos Alberto ‘Beto’ Rentería y su hija Beatriz, como posibles determinadores del homicidio. Hoy, dos años y medio después de los hechos, otro familiar de Arango González teme por su vida, recibe amenazas y seguimientos de personas, que aseguran están relacionadas con el excapo del cartel del Norte del Valle.
Además de Rentería y su hija, aparecen como indiciados de los hechos Luis Mauricio Gómez Hoyos, Julio Mauricio Rivera Andrade y Pedro Pablo Hernández, quienes, según reposa en documentos judiciales, son señalados de despojar una hacienda, desarrollar operativos, hacer supuestos seguimientos y amenazas de muerte a Juan Carlos Posada Escobar, representante legal de la sociedad Hacienda Santa Ana SAS y yerno del asesinado agricultor Fernando Arango González.
Los hechos que desencadenaron la primera víctima fatal y tienen en la mira a una segunda, se originaron por el control de la Hacienda Santa Ana, un predio de 3.200 hectáreas, ubicado en el municipio de Cimitarra, (Santander), en pleno corazón del Magdalena Medio. Se trata de Juan Carlos Posada, accionista y propietario de la mayor parte de la hacienda, la cual manejó durante varios años, hasta que, según está documentado, apareció Beatriz Eugenia Rentería Caicedo, en compañía de varios hombres armados pertenecientes a un grupo de autodefensas, solicitándole una supuesta devolución del predio mediante la firma de escrituras.
Para tal fin, se afirma que Beatriz Rentería llegó a la hacienda en compañía de Jhon Alexander Triana Mahecha, alias ‘Diomedes’, quien aparece como hermano de Arnubio Triana, alias ‘Botalón’, otrora jefe de las autodefensas del Magdalena Medio y un tercer hombre quien se identificó como miembro de la Oficina de Envigado. Según el relato, que es objeto de investigación, se señala a Beatriz Rentería de coaccionar a Posada con el propósito de firmar el traspaso de la participación accionaria en la sociedad Hacienda Santa Ana, al argumentar que la finca en realidad pertenecía a Carlos Alberto Rentería, alias ‘Beto’, extraditado desde Venezuela a Estados Unidos y quien regresó al país en febrero de este año y fue capturado y enviado a la cárcel La Picota de Bogotá, para responder por el delito de lavado de activos.
Según se ha conocido dentro del caso, Posada se negó a firmar el traspaso y fue retenido durante 32 días para que transfiriera el bien. Semanas después, no tuvo más remedio que suscribir el documento
Según se ha conocido dentro del caso, Posada se negó a firmar el traspaso y fue retenido durante 32 días para que transfiriera el bien. Semanas después, no tuvo más remedio que suscribir el documento. Para tal fin, se trasladó a Bogotá y denunció que el abogado Julio Mauricio Rivera Andrade, proveniente de Cali, fue quien le dio las instrucciones en representación de Rentería para ceder parte de sus derechos accionarios así como los de su esposa.
La movida inmobiliaria implicó además que un paquete de acciones que fueran endosadas por parte de Ricardo Felipe Arango quien actuó en representación de su padre Fernando Arango González, asesinado por sicarios en la ciudad de Cali. De igual manera otros miembros de su familia tuvieron que hacer el mismo proceso y transfirieron, según las víctimas, todo lo que tenían en la hacienda.
El pasado 23 de febrero, el caso fue asignado a una fiscalía de la seccional del Magdalena Medio. La hacienda está ubicada en un punto estratégico de la región y es apetecida por la cría de ganado y la posibilidad de aprovechar varios cultivos. Con el agua al cuello e intimidado por el asesinato de su suegro, Posada puso el caso en conocimiento de la Fiscalía.
De hecho, allí, se creó un programa metodológico para establecer responsabilidades en cuanto al asesinato y a las amenazas y seguimientos. Lo primero que se ordenó fue la entrevista a todo el círculo familiar de Posada para precisar y ampliar los hechos. En cuanto a los indiciados, Beatriz Eugenia Rentería Caicedo, Luis Mauricio Gómez Hoyos, Luis Alfonso Castaño Rodríguez, Alejandro Gómez Gálvez y Julio Cesar Rivera Andrade, se le solicitó, antecedentes, reconocimientos geográficos, registro de bienes e información bancaria.
También se ofició a la empresa petrolera Parex Resources Colombia Ltda para que certificara los diferentes valores cancelados a Alejandro Gómez Gálvez, por concepto de servidumbre y exploración en la hacienda Los Zamanes del municipio de Cimitarra, en donde se exploró petróleo. De allí que las investigaciones también buscan identificar si en la Hacienda Santa Ana, además de las actividades agrícolas y ganaderas puede existir un gran yacimiento de petróleo.
En la investigación, que apenas comienza, para determinar los móviles del crimen y el presunto desplazamiento del ganadero Posada y su familia, se ha determinado mediante ordenes de policía judicial para que se trabaje con celeridad en la investigación y de manera adicional se solicite a la oficina de protección del ente acusador para que se vinculen al programa a Juan Carlos Posada Escobar, quien no quiere que él y su familia corran la misma suerte de su suegro, al afirmar que es vulnerable por amenazas de muerte que le han hecho al parecer los indiciados.
El caso tiene varios ingredientes que parecía ser prioritario para la Fiscalía. Un asesinato, denuncias de desplazamiento, un negocio atractivo de ganado y cultivos, posibilidades de extraer petróleo, la supuesta relación del denominado último capo del cartel del Norte del Valle, su hija y un círculo de abogados así como un ejército privado , pero pasó algo que se considera insólito
El caso tiene varios ingredientes que parecía ser prioritario para la Fiscalía. Un asesinato, denuncias de desplazamiento, un negocio atractivo de ganado y cultivos, posibilidades de extraer petróleo, la supuesta relación del denominado último capo del cartel del Norte del Valle, su hija y un círculo de abogados así como un ejército privado, pero pasó algo que se considera insólito. La denuncia privada de uno de los investigadores del caso en el ente acusador quien manifestó su pesar por la investigación. al señalar que esta no tenía futuro porque no contaba con los recursos para desplazarse y hacer su trabajo de campo y muy difícil además porque no contaba con el apoyo de sus superiores.
En el entretanto, se conoció que la finca quedó a nombre de Alejandro Gómez Gálvez, un joven de 19 años y Luis Alfonso Rodríguez, un ingeniero agrónomo de quien, Posada afirma que es un político militante del Centro Democrático del departamento de Risaralda, como quedó evidenciado en las páginas de eldiario.com.co. Un asunto que está en indagación por parte de las autoridades, de paso señala que en el negocio de la hacienda le vendieron los derechos de exploración sísmica a una multinacional petrolera por cerca de 1.000 millones de pesos.
El pasado 5 de julio, Posada informó de los hechos al delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González En la respuesta a la comunicación conocida por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, el funcionario manifestó que su delegada trasladó por competencia el conocimiento del caso a la Dirección Seccional del Magdalena Medio, para que de manera inmediata se convoque a un comité técnico, jurídico de revisión para analizar el proceso y seguir investigando. En la misiva señaló González León que también puso informó a la Dirección de Protección de la Fiscalía y “este despacho exhortó a la Dirección Seccional del Magdalena Medio a otorgar respuesta”.
En los últimos meses, el caso no ha avanzado. Incluso, en algún momento el expediente estuvo refundido. Al continuar con su denuncia, Posada ha sido objeto de seguimientos y amenazas
En los últimos meses, el caso no ha avanzado. Incluso, en algún momento el expediente estuvo refundido. Al continuar con su denuncia, Posada ha sido objeto de seguimientos y amenazas. Mientras no fluyen los recursos para continuar con la investigación, pese al aporte de documentos y a las sesiones de reconocimiento fotográfico de la Fiscalía y ampliación de la denuncia. Recientemente, personas extrañas fueron a buscarlo a su apartamento, a su esposa también la han seguido y hasta los han buscado en sus lugares de trabajo. El asunto también es de conocimiento de un agente de la DEA que le ha informado a Posada que lo están siguiendo.
Por ahora, el caso no avanza. Los Rentería, sus abogados y demás círculo niegan cualquier relación indebida en el negocio de la Hacienda Santa Ana. De igual manera, han dicho a las autoridades que nada tienen que ver en el asesinato de Fernando Arango González y mucho menos en las amenazas y seguimientos. En contraparte, Juan Carlos Posada argumenta que el otrora capo del cartel del Norte del Valle, ¨Beto¨ Rentería, regresó a Colombia, que desde la cárcel La Picota está manejando varios asuntos y que él es una de sus víctimas. Una historia en donde parece, aun queda mucha tela por cortar.
