A comienzos de septiembre del año pasado, la Fiscalía anunció la decisión de tomarse uno de los departamentos más alejados y pobres del país, Vichada. La iniciativa surgió por denuncias manejos indebidos en Plan de Alimentación Escolar, PAE, en el alcantarillado de Puerto Carreño y el plan de tecnología de la región conocido como Ciner, con una inversión de $44.000 millones de pesos. Pocas semanas después fueron enviados varios fiscales y para sorpresa de todos, lo que encontraron fue a un fiscal de la región que estaba cobrando comisiones para manipular las investigaciones que allí cursaban contra políticos.
Todo se inició por rumores que empezaron a surgir entre pobladores de la capital Puerto Carreño. Era vox populi que un funcionario estaba ofreciendo servicios nonc santos. Una especie de portafolio con varios productos. Dar información de procesos reservados, beneficios procesales a políticos cuestionados, traslado de funcionarios, y contactos con diversos servidores de la justicia. Todo a cambio de millonarias cifras. Un entorno en donde el señalado era Luis Orlando Sáenz Ojeda, un fiscal local del municipio de Santa Rosalía en el departamento del Vichada. Pero como dice el refrán popular en pueblo chiquito, infierno grande, por eso se pensaba que el caso era más mito que realidad.
El asunto empezó a desatarse el 7 de mayo pasado. La punta de lanza fue el testimonio de dos funcionarios de la dirección seccional Vichada de la Fiscalía. Ese día Jorge Cuenca y Heidi Ricardo, declararon bajo juramento que fueron abordados por el fiscal Sánchez Ojeda quien les dijo que si colaboraban con una información que tenía enredado al exgobernador del Vichada, Andrés Espinoza y al exalcalde de Santa Rosalía, Hecson Benito, podía conseguir que los trasladara de ese departamento y por consiguiente tuvieran mejores condiciones laborales.
Fueron abordados por el fiscal Sánchez Ojeda quien les dijo que si colaboraban con una información que tenía enredado al exgobernador del Vichada, Andrés Espinosa y al exalcalde de Santa Rosalía, Hecson Benito, podía conseguir que los trasladara de ese departamento y por consiguiente tuvieran mejores condiciones laborales.
Ante la gravedad de la situación empezó un trabajo de inteligencia. Fueron nombrados en el caso agentes encubiertos y durante seis meses fue interceptado el teléfono celular del fiscal Luis Orlando Sáenz. De esta manera comenzó un trabajo que evidenciaría que efectivamente estaba haciendo vueltas.
El tema es que para ese momento, había una particular coyuntura electoral. El exgobernador Espinosa quería saber qué pasaba con un proceso en su contra. También, Hecson Alexis Benito, aspiraba a la gobernación del Vichada y quería ubicar las investigaciones en su contra. En esencia se planteaba por parte del fiscal involucrar a un investigador de confianza del coordinador de la Unidad Seccional para manipular las investigaciones y lograr su archivo. A cambio, se ofrecía además del traslado, ascenso al coordinador y una oportunidad de recibir dinero.
En junio los agentes encubiertos y el fiscal Ojeda se reunieron. Allí en el establecimiento ‘Donde Dory’, el fiscal Ojeda planteó que se le debía cobrar al candidato Hecson Benito $50 millones por ‘arreglarle’ los procesos. Las reuniones continuaron con rebaja de precios. Se acordó un pago de $40 millones a dos cuotas. En una cita posterior en la casa del fiscal Sáenz Ojeda, se reunió con el candidato Benito y los agentes encubiertos. Allí consolidaron fechas de pago y entrega de los informes.
Las reuniones continuaron con rebaja de precios. Se acordó un pago de $40 millones a dos cuotas. En una cita posterior en la casa del fiscal Sáenz Ojeda, se reunió con el candidato Benito y los agentes encubiertos. Allí consolidaron fechas de pago y entrega de los informes
El 9 de julio en la misma casa se reunió el grupo. Según el expediente conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, apareció el dinero. El fiscal Sáenz sacó varios fajos de dinero y les entregó $15 millones de pesos a los agentes encubiertos. De otro fajo, sacó $500.000 pesos y se los entregó a los investigadores no sin antes advertirles que estaba reponiendo estos porque se los había gastado.
Convencido de que los investigadores habían cedido a un soborno concluyó la reunión. Lo que desconocía es que las dos personas eran agentes encubiertos que consignaron este dinero a una cuenta de depósitos judiciales de la Fiscalía, en el Banco Agrario, que se convertiría en una de las pruebas en su contra.
Adicionalmente y como parte de la estrategia, el fiscal Sáenz les indicó a quienes deberían entrevistar con el propósito de demostrar, contrario a la realidad, que la contratación de un puente y de un parqueadero local se había realizado dentro de los tiempos legales. Testimonios que favorecerían los intereses del aspirante a la gobernación del Vichada y del alcalde de Santa Rosalía, Vichada.
Días después el fiscal Sáenz les recriminó a los agentes encubiertos porqué estaban transgrediendo el pacto que tenían ya que andaban indagando por otros contratos que afectaban al candidato a la gobernación, Hecson Alexis Benito. Todo tipo de escenarios servían para reunirse. Por ejemplo, el pasado 8 de agosto, en una cancha de tejo, en donde tal vez presentía que las cosas no andaban bien, el fiscal, les advirtió a los agentes encubiertos que, “si la contra nos coge el día de mañana, no debemos decir absolutamente nada, pues nos hacen echar al agua a todos”.
Casi dos meses después vino una nueva instrucción. Sáenz les solicitó acelerar los informes de los procesos del alcalde y el gobernador porque lo iban a trasladar al municipio de Cumaribo. Así mismo, ordenó contactar al excomandante de policía del municipio de Rosalía porque este iba a rendir testimonio a favor del aspirante a la gobernación, Hecson Benito.
Sin saberlo, en este punto, el fiscal Sáenz, ya tenía el agua al cuello. Cientos de grabaciones, informes, testimonios, dinero en efectivo y detalles de sus actividades aceleraron su captura el pasado 22 de octubre. Un juez de la República le otorgó el beneficio de detención domiciliaria y hace tres semanas fue acusado por los presuntos delitos de cohecho propio y tráfico de influencias, agravado, por tratarse de un servidor público, más aun cuando en su cargo de fiscal delegado ante los jueces penales y promiscuos de la dirección seccional del Vichada, su deber consistía en recopilar pruebas que permitieran la judicialización de quienes habían infringido la ley penal y no en su aliado.
Pese a la gravedad de los hechos, el fiscal no aceptó los cargos y ahora deberá enfrentar un juicio. Igual suerte corrió el aspirante a la gobernación del Vichada, Hecson Alexis Benito Castro, quien también fue capturado. En cuanto, a las investigaciones por supuesta contratación indebida de las obras en el departamento poco se volvió a saber. Entre tanto, la región sigue sumida en la pobreza y con poca atención de sus necesidades por parte del gobierno central.
