Mientras la atención del país se ha centrado en el paro nacional, la elección de fiscal general y el pupitrazo que por estos días se vive en el Congreso para la aprobación de leyes determinantes, una batalla política, técnica y legal se libra en cabildos municipales, empresas contratadas y aspirantes dentro del proceso que busca la elección de personeros a nivel nacional. La razón: los concursos de méritos para la designación son objeto de múltiples cuestionamientos en un entorno difuso.
La situación derivó en las primeras decisiones de la justicia. De hecho, en al menos 11 municipios del país, los procesos de selección de personeros han sido frenados por jueces de la República ante la avalancha de demandas presentada en los estrados judiciales.
Hasta el momento, por orden judicial se han suspendido la selección de personeros en Medellín, Sogamoso, Valledupar, Cúcuta, El Banco, Salamina, San José de Pare, Barranquilla, Bucaramanga, Astrea y Samaná.
La ley 1551 de 2012 estableció que la elección de los personeros municipales debe realizarse a través de concurso público de méritos a cargo de los concejos municipales y distritales.
Es decir, tanto los términos como los términos de la selección están reglados en la norma. Un proceso que se inicia con la convocatoria la cual debe ser suscrita por la mesa directiva del concejo, previa autorización de la plenaria.
Así las cosas, la convocatoria es la columna vertebral del proceso porque esta regula el concurso y obliga a la administración, las entidades contratadas para su realización y a los participantes a seguirla como carta de navegación para la elección.
A esta le sigue la etapa de reclutamiento, las pruebas de conocimiento, de competencias laborales, de valoración de los estudios, entrevista y por último, la publicación de la lista de elegibles.
En este contexto, concejos municipales y distritales suscribieron convenios con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para la realización del concurso de elección de personeros. Otros cabildos tomaron la determinación de contratar empresas cuestionadas o incluso personas naturales. Desde allí empezaron los reparos.
El caso es que comenzaron las denuncias y se ampliaron tanto en ciudades capitales como en municipios de menor población. Muchas con fundamento y otras propias de la disputa política que genera una elección trascendental y más cuando nuevos alcaldes asumen el próximo primero de enero.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó y verificó múltiples casos al respecto. Se trata de un número significativo de acciones de tutela, acciones de nulidad e incluso existe un documento de la Procuraduría General de la Nación, denominado Análisis de Irregularidades en Procesos de Selección de Personeros, emitido el pasado 4 de diciembre, en el que se advierten los principales señalamientos y ratifican el lado oscuro de las elecciones que se adelantan actualmente.
Se evidenció que concejos municipales han suscrito contratos para realizar dicho proceso con personas naturales, a pesar de que la norma establece que estos solo se pueden realizar con universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas especializadas en selección de personal.
En este mismo sentido se han detectado millonarios contratos firmados por concejos municipales o distritales con entidades no calificadas. Para citar dos casos, desde papelerías hasta empresas de fumigación, están llevando a cabo el proceso.
También se han cuestionado convocatorias suscritas sin autorización de la plenaria de la corporación. Es decir, sin que sea firmada por la mesa directiva del concejo municipal y con autorización de la plenaria.
Otra de las anomalías que investigan los entes de control recae en contratos o convenios que no se publicaron en el sistema público de contratación denominado Secop, o realizadas en un término inferior a los diez calendario como señala la norma.
De igual forma se detectaron casos de cobro irregular de dineros por parte de concejales para beneficiar a algunos aspirantes. Este tema ya está en la mira de la Fiscalía.
Además, se detectaron aspirantes a personero sin el cumplimiento de requisitos legales y hasta el manejo y elaboración indebida de la prueba escrita para beneficio de un particular.
Dentro de los casos que llegaron a estudio de los despachos judiciales está la acción de nulidad interpuesta por Fabián Angarita en contra del municipio de Floridablanca, Santander y el concejo municipal.
Allí, Maud Amparo Ruiz Rojas, juez primero administrativo oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, decretó la medida cautelar y suspendió el proceso de elección de personero. El argumento es que el cabildo omitió la norma que establece que el término para las inscripciones no podía ser inferior a cinco días, pues los cabildantes en la resolución 108 de 2019 otorgaron solo los días 3 y 4 de diciembre.
En el mismo sentido se pronunció, Edna Patricia Duque Isaza, juez primero civil del circuito de La Dorada, Caldas. Una acción de tutela formulada por Leidy Johanna Velásquez en contra del concejo municipal de Samaná, Caldas, ordenó la suspensión del proceso.
El despacho estableció que el concejo de ese municipio desconoció la norma que rige el concurso para elección de personeros. En concreto, el Decreto 1083 de 2015, en el sentido que no respetó los términos establecidos para la convocatoria, la realización del examen y la elección.
“La resolución 018 en la cual se estableció que el término de la divulgación de la convocatoria e inscripción correría durante los días 11/11/2019-20/11/2019 e inscripción del 21/11/2019- al 22/11/2019 (...) el mismo no garantizó los diez días” advirtió el fallo de tutela.
Otro caso de suspensión por orden judicial del proceso de elección de personero es el registrado en el municipio de Astrea, departamento del Cesar. En este caso el mismo personero, Benjamín Aarón Digilippo encontró falencias en el proceso que busca elegir a su sucesor. Con una acción de tutela demandó a Luis Guillermo Rivera presidente del concejo y la empresa de Consultoría y Asesoría Ecat Ltda.
En cuanto a Zapatoca, Santander, también se decretó una medida provisional de suspensión del proceso por parte del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Bucaramanga.
Con respecto a Angelópolis, Antioquia, la Fiscalía indaga denuncias de presuntas dádivas y tráfico de influencias en el proceso de elección de personero. Otros procesos interrumpidos por presuntas faltas y por orden judicial son Toribío, Cauca, según determinación del Juez Tercero de Familia del Circuito de Popayán.
Los líos aumentan, aunque no es la primera vez que este proceso se ve empañado. En el año 2015, la hoy alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, afirmó que, “la politiquería de la U y otros partidos (q tienen como cuota política ESAP) está burlando concurso de méritos de la elección de personeros!”.
Aunque el Procurador Fernando Carrillo se pronunció advirtiendo que causaba indignación la manera como se estaba desarrollando el proceso de elección de personeros, ni siquiera esa entidad se salva de los cuestionamientos.
Un veedor del proceso de elección de personeros indicó a esta Agencia que “cartel no es solo de personeros sino de Procuraduría, en Soacha es la misma procuradora regional quien tiene incidencia directa en el concejo y , se presentó para el concurso de personeros. Tiene el puntaje más alto, no es de normas, es de ética, probablemente puede salir electa”.
Los personeros municipales son servidores públicos que hacen parte del Ministerio Público y quienes tienen el deber de velar por los derechos humanos, la protección del interés público. Sin embargo, a pocos días de finalizar el año, el proceso de selección está empañado y ante la avalancha de denuncias apenas se empieza a decantar.
