Mediante una solicitud de medidas cautelares la Corporación Mil Víctimas, una organización acreditada ante la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, dentro del caso 001 conocido como “retenciones ilegales de personas por parte de las Farc-EP”, solicitó formalmente a ese tribunal embargar los salarios de los congresistas de las Farc.
El requerimiento cobija a los senadores de ese partido, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada, Sandra Ramírez, así como a los representantes a la Cámara, Guillermo Torres, Julián Conrado, Jairo Quintero, Marco Calarcá, Olmedo Ruiz y demás funcionarios públicos que fueron excombatientes en la entonces organización guerrillera.
La petición se fundamenta mediante un memorial radicado por Joan Sebastian Moreno, apoderado judicial de la organización de víctimas debidamente acreditadas dentro del proceso judicial.
Los hechos en los que el jurista fundamenta las medidas son diversos. Afirma que de los 722 bienes que las Farc anunciaron entregarían, sólo se han recuperado ocho y de ellos, siete fueron catalogados como baldíos, es decir, la Nación es la propietaria y no la exagrupación subversiva convertida en movimiento político por el acuerdo de paz.
Así mismo, asegura que Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, responsable de la implementación del acuerdo de paz con las Farc, afirmó que los voceros de esa organización advirtieron que 136 inmuebles no serán entregados y que al 14 de mayo pasado, “sólo han facilitado un punto coordenado que corresponde a 196 del total de propiedades”.
En otro de los puntos dice que, aunque el gobierno nacional reconoció que dicha agrupación entregó US$450.000 los cuales fueron monetizados a pesos colombianos en una cifra que ascendió a los $1.442 millones, “el gobierno advierte que la ex guerrilla pasó US$1.500”.
Los reparos en las medidas cautelares no solo se fundamentan en los inmuebles y dinero, también en las joyas y los gramos oro. “Reportaron 25.000 gramos en joyas y 440.020 gramos oro, de los cuales se han recibido 2.540 gramos de las joyas y 242.500 gramos de oro, entre lingotes y oro granulado”, advierte el demandante.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el valor recibido corresponde a $3.694 millones, derivados de los semovientes, dinero y divisas, esto resulta insuficiente para la reparación de las victimas.
“Hasta el momento, al suscrito, ni se le han notificado medidas de reparación alguna propuestas por los miembros de las Farc-EP que comparecen dentro del caso 001”, asegura el apoderado judicial.
En el escrito de doce páginas el abogado le advierte a la JEP que el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, impone a quien comparece, en este caso las Farc, el
compromiso de contribuir a la materialización de los derechos de las victimas con la verdad, la no repetición, pero también la reparación.
Incluso sustenta su argumento, en varios autos emitidos por este tribunal de paz. En estos la JEP ha establecido y recordado que quien aspire acceder a la JEP, debe presentar un programa aceptable de participación en la justicia transicional, que ha de contener una mínima relación de las condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales hará las contribuciones materiales efectivas.
El demandante advierte en la solicitud de medidas cautelares de embargos de salarios que, “hasta el momento, ni aportes significativos de verdad, ni adecuados programas de reparación han sido hechos por los miembros de la extinta guerrilla”.
Así las cosas, solicitó se decrete el embargo y retención de salarios hasta en un 50% de: Jorge Torres, Victoria (Pablo Catatumbo), Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), Victoria Sandino Simanca (Victoria Sandino), Griselda Lobo Silva (Sandra Ramírez), Luis Alberto Albán Urbano ( Marcos Calarcá), Jairo Reinaldo Cala (Jairo Quintero o Jairo Mechas) y (Omar de Jesús Restrepo (Omeldo Ruiz).
El tribunal deberá decidir en los próximos días, si decreta o no dicha solicitud de medida cautelar contra los parlamentarios.
