Una semana antes de la captura en Venezuela, de la exsenadora Aída Merlano Rebolledo, quien permanecía prófuga desde el pasado mes de octubre, el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández Barbosa, respondió un derecho de petición mediante el oficio 1499. En la comunicación, un testigo le informó al togado que estaba dispuesto a contar todo lo que sabe sobre el sistema de compra de votos en la Costa Atlántica, a cambio de un principio de oportunidad.
Se trata de Rafael Antonio Rocha Salcedo, un trabajador de la sede de campaña denominada “Casa Blanca” quien advierte conocer de fondo el sistema que montaron en dicho lugar para la compra de votos y que involucraría al próximo presidente del Senado, el congresista Arturo Char. Una delación que incluye además, al congresista Laureano Acuña Díaz y a los concejales Adalberto Llinas, Juan Carlos Zamora, Aissar Castro, Jorge Rangel y Vicente Támara.
Pero el ventilador de Rocha no solo incluye a funcionarios de elección popular. También está dispuesto a entregar información precisa del empresario Julio Gerlein y los particulares José Manzaneda, Yahaira Calle, Adriana Blanco, Carlos Rojano Llinás, Ana Niebles y Evelin Carolina Díaz.
Entre las solicitudes que realizó el testigo Rocha dentro del derecho de petición radicado seis días antes de iniciarse la vacancia judicial, está el de “expedir certificación donde conste mi colaboración efectiva con la justicia, se sirva oficiar a quien corresponda, para que expida la solicitud para que me sea otorgado el principio de oportunidad con base en el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal”.
La otra petición elevada por el testigo es que una vez expedida la certificación donde se evidencia su colaboración con la justicia, esta sea tenida en cuenta para demostrar la configuración de la causal de aplicación del principio de oportunidad.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el alto tribunal conoce de Rafael Antonio Rocha. Precisamente, en la sentencia en la que la Sala de Juzgamiento condenó a 15 años de prisión a Aída Merlano Rebolledo, por los delitos de porte ilegal de armas, concierto para delinquir y corrupción al sufragante, se mencionó a Rocha.
Para la Corte quedó plenamente demostrado que la excongresista Merlano coordinaba, dirigía, organizaba y encabezaba una empresa criminal para comprar sufragios. En otras palabras, que lejos de ser una líder política que buscaba un voto programático, estructuró un sistema para escalar a diputada a la Asamblea de Atlántico, Representante a la Cámara y Senadora, todo en menos de una década.
Sin embargo, para la justicia, ella no actuó sola, si no que se valió de una veintena de personas, entre políticos, líderes, concejales, diputados y hasta empresarios para sumar votos a cambio de dinero.
Se estableció que a cada votante se le pagaba el sufragio en $50.000. De estos, $15.000 antes y $35.000 después de que verificaban que efectivamente habían votado por Merlano. A los líderes se les pagaba $10.000 por cada voto que ayudaran a conseguir.
En este fallo se mencionó un testimonio de Rocha Salcedo, en el que aseguró que días antes de los comicios electorales, Aída Merlano se reunió en la sede de campaña, “Casa Blanca” con Julio Gerlein Echavarría, Edwin Martínez Salas y Adriana Blanco. Según el testigo, Merlano estaba enfurecida porque Julio Gerlein solo le iba a dar $600 millones de los $2.000 millones que le había prometido.
La declaración de este testigo fue relevante para la Corte y le dio toda la credibilidad porque coincide con lo señalado en unos videos aportados al proceso, en el que se ve a Merlano Rebolledo renegando con palabras soeces en contra de quienes le prometieron un monto de dinero pero al final, lo disminuyeron.
En estos documentos audiovisuales, la excongresista vocifera que ella debe pagar a los líderes, que debería pagar los votos y las “casas de apoyo”.
Rocha declaró que ante el afán por la disminución de los recursos económicos para finalizar la campaña, los coordinadores le mostraron su compromiso a la candidata y le anunciaron que ellos pagarían el voto de sus familiares, amigos y allegados.
Gracias a esta declaración y la de otros trabajadores de la campaña política, la Corte le compulsó copias para que se abriera investigación penal en contra de 17 personas.
Es por esto, que Rocha hoy busca un principio de oportunidad que le permita evadir la cárcel a cambio de entregar nombres, detalles y pruebas en contra de senadores, diputados y concejales de la Costa Atlántica. La decisión está en manos de la Fiscalía General.
Un tema que se deberá resolver en medio de la polémica jurídica y diplomática que ha surgido en las últimas horas, luego de que Manuel Domínguez, director de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela, FAES, anunció el lunes, a través de su cuenta de la red social, Instagram, la captura de Aída Merlano Rebolledo y su acompañante Yeico Manuel Vargas.
Así mismo, el pasado martes 28 de enero, el fiscal 35 como delegado del Ministerio Público de Venezuela, le imputó a Merlano Rebolledo ante el juzgado 13 de control los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir. Igualmente, se conoció que estarían analizando imputarle un nuevo delito por intentar sobornar con más de US$450.000 a los funcionarios del FAES que la capturaron.
Por su parte, a su acompañante Yeico Manuel Vargas, de quien se señala que la excongresista conoció como conductor, luego lo ascendió a escolta y más tarde se convirtió en su compañero sentimental, el Ministerio Público de Venezuela le imputó los delitos de encubrimiento y asociación para delinquir, de paso, las autoridades anunciaron su reclusión en establecimientos carcelarios.
Precisamente, en las últimas horas se conoció que estarían recluidos en un sótano, ubicado en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en Plaza Venezuela, Caracas.
La edificación cuenta con siete celdas y es conocida coloquialmente como ‘La Tumba’. Habitáculos de dos por tres metros, sin ventanas ni baño. Provisionados de aire acondicionado, para mantener a los reclusos con temperaturas bajo cero. Estudiantes y presos políticos han denunciado durante años que este es el sitio que la policía utiliza para torturar a los opositores al régimen de Nicolás Maduro.
En varias oportunidades, Támara Sujú, abogada e integrante de la ONG Foro Penal Venezolano, describió el lugar para el semanario La Razón, “no hay sonido, no hay ventanas, no hay luz natural ni ventilación. Solo se escucha el paso del Metro. Las siete celdas de dos por tres metros están alineadas de forma continua, una detrás de la otra, por lo que los detenidos no pueden verse”.
La defensora de derechos humanos agregó que, “los detenidos pasan las 24 horas del día encerrados vigilados por cámaras y micrófonos. Solo estiran las piernas cuando tocan un timbre interno para ir al baño, y a veces no los sacan por lo que tienen un bote previsto para esa emergencia (...) no hay sonido, solo sus voces, no hay sol, ni luna, ni tiempo porque no tienen reloj, por lo que no tienen noción de la hora y ni saben si es realmente de día o es de noche”
En el entretanto, el gobierno nacional, a través de la ministra de Justicia Margarita Cabello y la canciller, Claudia Blum anunciaron que la extradición de Merlano la solicitarían a Juan Guaidó. Un hecho que ha generado la crítica de diversos sectores, pues el autoproclamado presidente y reconocido como tal por varios países incluyendo Estados Unidos y Canadá, no ostenta el poder administrativo y militar en Venezuela.
Con la aparición del testigo Rafael Rocha y sus nuevas revelaciones, si accede a un principio de oportunidad, seguramente entregará más información sobre el entramado electoral que se montó alrededor de la capturada Aída Merlano y otros pesos pesados de la política de la Costa Atlántica.
