Mientras los habitantes de Santa Marta se quejan por la falta de agua en más de la mitad de los barrios, dos mandatarios parecen enfrentarse en una guerra fría. Allegados al alcalde saliente Rafael Martínez aseguran que el alcalde encargado Andrés Rugeles, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, propició un allanamiento del despacho sin orden judicial, el pasado 6 de abril. En respuesta, el burgomaestre designado, hizo un requerimiento formal al contralor general, Felipe Córdoba para que intervenga en las vigencias futuras que dejó comprometidas su antecesor, Martínez, hasta el año 2046, para obras de acueducto y alcantarillado. A su vez, inició cambio de gabinete.
Por estos días, Santa Marta, unos de los principales sitios turísticos del país, parece afrontar dos graves problemas. De agua y de gobernabilidad. A mediados del mes de marzo, el mandatario, Rafael Martínez, fue capturado e imputado por el delito de celebración de contratos sin requisitos legales. El gobierno nacional, nombró entonces a Andrés Rugeles, secretario de Transparencia, como alcalde encargado.
Pocos días después, se conoció un video en el que unas personas, al parecer de la Dirección Nacional de Inteligencia, allanaron el despacho de la alcaldía, cubrieron las cámaras de seguridad y presuntamente sustrajeron discos duros e información, sin orden judicial. Así lo denunciaron funcionarios de la alcaldía nombrados por Martínez.
Una lluvia de críticas y cuestionamientos cayó sobre el alcalde encargado a quien señalaron de ser el responsable de la inspección. Al respecto, el mandatario Rugeles señaló que no se trató de un allanamiento sino de una medida de seguridad rutinaria, “personas no autorizadas estaban recibiendo esas imágenes, personas que incluso están privadas de la libertad”, indicó, al justificar el porque se cubrieron las cámaras en el momento de la inspección.
Otro hecho agitó el ambiente político. El alcalde Rugeles, solicitó al contralor general, Felipe Córdoba realizar control excepcional al acuerdo firmado en los últimos días de 2018 para comprometer vigencias futuras hasta el año 2049 por más de $1.6 billones.
En concreto se trata del acuerdo 029, expedido el pasado 28 de diciembre, mediante el cual, el concejo de Santa Marta, otorgó facultades al entonces alcalde, Rafael Martínez, para comprometer vigencias futuras excepcionales a fin de financiar proyectos de inversión en acueducto y alcantarillado que a largo plazo equivalen a $1.6 billones. Este hecho, que para muchos podría ser el primer paso para solucionar un problema que por estos días aqueja a la ciudad y es la falta de agua potable en uno de los principales sitios turísticos del país, tiene al equipo del mandatario encargado con las alarmas encendidas.
Pero la crisis por la sequía que afecta a la ciudad, no es nueva. Hace un año por esta misma época, el primer mandatario de la ciudad, Rafael Martínez, anunció la finalización del contrato con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, Metroagua y anunció la llegada de la firma Veolia. Sin embargo, en verano, la ciudad se queda sin agua, sin importar el nombre de la empresa que contrate la alcaldía para garantizar el suministro. Pues los ríos Piedra y Manzanares se secan y es imposible surtir el sistema de acueducto y alcantarillado. Lo que ha generado en varias oportunidades, disturbios en las comunidades quienes en los últimos años afirman no aguantar más la falta del preciado liquido.
Este episodio que golpeó a la ciudad en el 2018, vuelve a repetirse. En los últimos días se ha denunciado que en más de 200 barrios de Santa Marta se ha interrumpido el servicio. Un hecho que ha generado protestas entre los habitantes que han expresado su inconformidad por la falta del líquido en el último mes y pese a que la factura llega puntualmente a los hogares. Es tan apremiante la situación, que Cotelco, el gremio que reúne a los hoteles, anunció que el racionamiento también ha afectado al sector turístico y en esta Semana Santa con una ocupación cercana al 90% se está ejecutando un plan de contingencia para no afectar a los viajeros.
En medio de la sequia, la pugna política parece ahondarse con antecedentes de pasadas administraciones. Todo comenzó en 2004, con la elección de Carlos Caicedo como alcalde de Santa Marta. Su llegada al poder, rompió la hegemonía que durante años ejercieron políticos tradicionales de la región como los Vives, Trino Luna, los Dávila, Cotes o los Zuñiga, entre otros. Caicedo, como candidato del movimiento Fuerza Ciudadana, llegó al poder en representación de la izquierda, como quiera que hizo parte del movimiento ¡A Luchar!, Unión Patriótica y de la Corriente de Renovación Socialista, reforzado por su gestión como rector de la Universidad del Magdalena.
Sin embargo, el pasado 3 de abril, de nuevo por el tema del agua, Caicedo fue inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos. Según el Ministerio Público, el exmandatario incurrió en falta gravísima al celebrar dos contratos con la empresa Ingeniería del Caribe para la construcción de cuatro pozos en el año 2014, desconociendo los principios de contratación. A ello se sumó, que el contratista seleccionado incumplió con la ejecución de las obras.
A Caicedo, lo sucedió en el cargo Rafael Martínez, quien en representación del mismo movimiento, apoyado por la Alianza Verde, ganó las elecciones 2016-2019 con el 51% de la votación, es decir, 91.294 votos. Martínez, fue la mano derecha de Caicedo como quiera que se desempeñó como director de la Unidad de Tránsito y fue su secretario de Gobierno, adicionalmente, también fue directivo en la Universidad del Magdalena.
Martínez es considerado como un espejo de Caicedo. Sus primeros tres años de gobierno, tuvieron altas y bajas y como sucedió en la pasada administración su talón de aquiles fue el tema de la falta de agua en la ciudad y algunos cuestionamientos en contratación administrativa. Esta situación, derivó en que un juez profiriera el pasado 15 de marzo medida de aseguramiento porque supuestamente celebró contratación de obras por más de $12.000 millones para construir puestos de salud. En esencia, retrasos en la entrega por parte de la empresa Mediredes, que se transformó en la Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta 2016.
El debate político y jurídico que han generado estas decisiones se ha expresado en cuestionamientos por parte de la defensa del exalcalde Martínez. Su abogado, Iván Cancino, ha expresado públicamente que no entiende como a su cliente se le dictó medida de aseguramiento 16 meses después de que la Fiscalía la solicitara y adportas de terminar su mandato.
Diversos sectores encuentran una explicación de lo que viene sucediendo con los dos mandatarios de los últimos siete años, Caicedo y Martínez, no en lo administrativo, ni en lo jurídico si no en lo político. El senador Antonio Sanguino del Partido Alianza Verde le manifestó a la Agencia de Periodismo Investigativo, API que, “lo que se ha registrado es un acoso judicial contra las dos últimas administraciones que han dado continuidad a una gestión de gobierno. Es extraño que en el caso de Martínez, se le hubiera dictado medida de aseguramiento preventiva, en un año electoral cuando él tiene unas facultades y unos recursos aprobados por el concejo para rematar su periodo de gobierno con una serie de contrataciones, entre otras, la de fortalecer la capacidad del acueducto que fue asumido por el Distrito, pues la operación estaba en manos de unas concesiones privadas que ellos habían heredado”.
Adicionalmente surgió un nuevo cuestionamiento que complica el debate en lo político y en lo jurídico. Resulta que días antes de que se profiriera una medida de aseguramiento en contra de Rafael Martínez, el mandatario había designado como alcalde encargado a un funcionario de su administración. Sin embargo, la presidencia expidió otro acto administrativo nombrando como alcalde encargado al secretario de Transparencia, Andrés Rugeles.
En este entorno, su colectividad envió una terna al gobierno nacional para su reemplazo como lo establece la ley. Es por esto que el senador Sanguino considera ilegal la designación de Andrés Rugeles como alcalde encargado. Por ello, esta semana demandó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, el nombramiento de Rugeles. “Lo que procede es que el presidente de la República designe un alcalde encargado de la terna presentada por Fuerza Ciudadana en el menor tiempo posible para que no se altere la gobernabilidad de la ciudad y para que no se burle la voluntad popular expresada en las urnas”.
Por su parte, el exmandatario Carlos Caicedo también salió en defensa de su sucesor Martínez y señaló que, “en Santa Marta lo que ha ocurrido en los últimos siete años ha sido una marea democrática a favor del cambio que iniciamos y que Rafael Martínez continuó con extraordinarios resultados”.
En cuanto al tema del agua y la aprobación de vigencias futuras hasta el año 2046 existen dos posiciones. La primera, de la administración Martínez, que considera prioritario y urgente entregar una solución definitiva a la problemática del agua. Es así como se planteó la necesidad de traer el líquido desde el río Magdalena para garantizar el suministro constante. Esta acción se inició con el gobierno Santos y tendría un costo de 1.6 billones de pesos. De ahí la necesidad de comprometer vigencias futuras tal y como ocurrió con la aprobación del concejo de Santa Marta.
De otro lado, está la postura de los técnicos en presupuesto quienes expresan que no es frecuente ni normal este tipo de compromisos, entre otras razones, porque además de que el presupuesto público está dado en anualidades, hay que surtir varios trámites presupuestales, legales y técnicos que incluyen procedimientos y aprobación de vigencias futuras a través del Conpes y el Confis.
A su vez, como lo están planteando varios sectores políticos que la solicitud para que se inicie control excepcional a los recursos de obras de infraestructura, alcantarillado y saneamiento básico, por parte del alcalde encargado Andrés Rugeles, busca la intervención de la Contraloría General de la República, como un mecanismo para finalizar su mandato sin que se designe una terna enviada por el movimiento Fuerza Ciudadana. Al igual, que ha sucedido en Cartagena, en donde el alcalde Pedrito Pereira, tiene una supervisión constante de la vicepresidencia de la República.
