En una caja de sorpresas se convirtió el escrito de acusación que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, profirió en contra de José Leonidas Bustos Martínez, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en el periodo 2008-2016, quien además, fuera presidente del alto tribunal. Una determinación que generó una fuerte reacción del exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, a quienes se ordenó compulsa de copias para que sean investigados. Los exfuncionarios respondieron al hecho como una retaliación del expresidente y senador Álvaro Uribe, anunciaron denuncias contra el exmandatario y el congresista investigador Edward Rodríguez.
Desde que esta corporación dio apertura de la investigación el 25 de octubre de 2017 y se incorporaron 38 pruebas testimoniales, 51 documentales y 17 informes de policía judicial, finalmente, determinó que existían pruebas suficientes para acusar al exmagistrado Bustos Martínez, como el cerebro de uno de los casos de corrupción judicial que más indignación ha causado en el país, el denominado ‘Cartel de la Toga’. El exmagistrado, quien actualmente pasa la mayor parte de su tiempo en Canadá, fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias. Un caso, que además, hoy tiene encartados judicialmente a un exgobernador, tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, tres senadores y en la mira a un exfiscal general y vicefiscal; así como varios congresistas y exfuncionarios públicos.
Y es que los alegatos de la defensa del exmagistrado José Leonidas Bustos, resultaron insuficientes para demostrar la inocencia o la conexidad entre el togado y el ‘Cartel de la Toga’. No valió sustentar la defensa en el ataque. Los señalamientos que realizó en contra de los medios de comunicación, a quienes acusó de distorsionar el caso de corrupción judicial, de responder a intereses de grupos económicos y de gobiernos, incluso citando casos que en su consideración sí eran emblemáticos, “(...) para tal fin, trae a colación artículos que sustentan dichos, haciendo énfasis en la distorsión que los medios de comunicación realizan de la información, con el fin de favorecer a los intereses de grupos económicos o a los gobiernos de turno y en últimas, con el fin de desviar la atención de problemas trascendentales para el país, para lo cual el investigado trae ejemplos, tales como, caso Reficar, Odebrecht, caso Isagen, caso Ecopetrol, entre otros”
La reforma a la justicia, también tuvo su aparte especial en los alegatos de la defensa de Bustos, “cuando de lo que se trata es de propiciar una reforma, como se ha querido siempre, a la administración de justicia para cooptarla y ponerla al servicio de los intereses económicos y políticos de las clases oligarquías que desde pretéritas épocas administrativas el país”.
Finalmente, entre otros, advirtió que los audios recolectados en el proceso federal 17-20516 en los Estados Unidos en contra de Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla son ilegales e ineficaces.
En concreto, la acusación establece que se encuentra probado a través de indicios, testimonios y documentos, la responsabilidad de Bustos Martínez. Aunque en el escrito se advierte, que no existe evidencia que el exmagistrado recibió dinero directamente de los funcionarios que en su calidad de aforados eran objeto de procesos penales por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. “(...) Pero si hay medios de prueba que permiten afirmar, por vía indiciados, que en efecto existía una organización criminal muy bien estructurada, por medio de la cual se hacían las exigencias dinerarias (...), a cambio de beneficios procesales a los que no tenían derecho. Grupo organizado del que hacía parte activa el Dr. José Leonidas Bustos”.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encontró probado que el exmagistrado Bustos Martínez, se concertó con funcionarios y particulares, con el propósito de identificar y abordar funcionarios con fuero que tuvieran procesos de única instancia en el alto tribunal, para, según el escrito de acusación, conseguir decisiones contrarias a derecho, a cambio de coimas y dádivas. Asimismo, se estableció que los encargados de los acercamientos y de representar judicialmente a los aforados en dichos procesos, teniendo en cuenta su condición de abogados eran Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla Gómez. “(...) es decir, la empresa criminal tenía claramente definidas las tareas por medio de las cuales cada uno de sus miembros aportaba significativamente al objetivo común”.
En el caso de Álvaro Ashton, se determinó que luego de que el entonces senador acordara con el exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez, los compromisos que adquiría el ‘cartel de la toga’ y cuánto debía pagar por este tema, Luis Gustavo Moreno abordó a Ashton y cerraron el trato con un anticipo de $600 millones, correspondientes al 50% del monto pactado. De esta suma, según declaró Moreno Rivera, le entregó $200 millones personalmente al exmagistrado Bustos. Los pagó en un apartamento ubicado en Ciudad Salitre, al occidente de Bogotá, $200 millones en efectivo, “producto del dinero dado por el senador Ashton como anticipo de la negociación por él adelantada”. Entrega, que según Moreno Rivera, la hizo en altas horas de la noche, luego que el esquema de seguridad del exmagistrado Bustos ya se había retirado del servicio. Dicho evento fue confirmado, según la acusación, por el testigo Vadith Orlando Gómez.
Los investigadores señalaron que aunque el exmagistrado Bustos no tenía a cargo los procesos en contra de los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton, pues el titular era el magistrado Gustavo Malo Fernandez, existe suficiente evidencia que probaría la participación de Bustos en la manipulación del caso de los parlamentarios.
Además de la declaración de Gustavo Moreno, testimonio que fue tachado de falso por la defensa de Bustos Martínez, la justicia corroboró las afirmaciones de Moreno con la que entregó otro testigos. Se trata del mismo Vadith Orlando Gómez, quien ratificó las visitas que hizo Luis Gustavo Moreno a Bustos Martínez, a altas horas de la noche y cuando el esquema de seguridad del entonces magistrado ya se había retirado del lugar.
Frente al caso del excongresista Musa Besaile entregó una declaración que confirmó el testimonio de Moreno y que para los investigadores fue contundente. Según el exsenador, Moreno fue preciso en su solicitud. “Senador le voy a hablar claro, o me da $6.000 millones en efectivo, aquí en la ciudad de Bogotá, no los voy a ir a buscar a ninguna parte del país, me los pone aquí en la ciudad de Bogotá, me los da a través de su abogado, Luis Ignacio Lyons, no me meta más personas en esto, en efectivo, antes de Semana Santa, yo le dije seis mil millones de pesos, usted sabe lo que es esa cantidad de dinero, yo no tengo esa cantidad de dinero. Me dijo no vaya a pensar que ese dinero es para mi solo. Ese dinero no es para mi solo Senador, ese dinero es para mi, para mi papá, yo le pregunto: ¿Quien es su papá? (...) me lo escribe en un papel y me dice Leonidas Bustos el actual presidente de la Corte Suprema, yo lo mire, el rompió el papel y yo me quede súper tensionado y nervioso” afirmó Besaile en su declaración ante la Comisión de Acusaciones.
Pero el testimonio de uno de los otrora hombres poderosos en la política del país como Musa Besaile, no paró ahí. Afirmó que en el diálogo que sostuvo con Luis Gustavo Moreno, le advirtió que él no tenía esa plata, que además le daban muy poco tiempo para conseguirla y que le dijo a Moreno, “proceda con la orden de captura que usted dice que está en contra mía, porque yo no tengo 6,000 millones de pesos para dárselos, me dice, deje de estar llorando como una niña, (...) voy a hacer una cosa especial con usted, se lo dejo en $4.000 millones” afirmó el excongresista en su declaración. Así mismo, manifestó que le había dicho a Moreno que tampoco tenía $4.000 millones, y que al final, Moreno le rebajó el tema a $2.000 millones.
En el proceso, también fueron fundamentales las declaraciones del abogado de Musa Besaile, Luis Ignacio Lyons, ante la Corte Suprema de Justicia, quien corroboró lo dicho por Besaile. Igualmente, el testimonio que rindió ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala de José Reyes Rodríguez, magistrado auxiliar del exmagistrado Gustavo Malo Fernández. Un testimonio que fue determinante porque él fue quien, luego de analizar el expediente de Musa Besaile, encontró mérito suficiente para librar orden de captura en contra del senador.
Sin embargo, todo cambio cuando le comunicó este hecho al magistrado Gustavo Malo Fernandez. Al preguntarle porque había sentido que se había convertido en la piedra en el zapato en ese caso, respondió , “ yo sentí que me sacó para que no debatiera investigación contra Musa porque era inminente, ya lo íbamos a hacer, (...), yo les dije esto está para abrir investigación, tanto al Dr Malo, como a ese muchacho Javier, esto está para abrir investigación, esto está para prescribir, y no se hizo (...) y si después completamos que llega el mismo Oswaldo en la charla que yo le grabé y me habla y me sugiere qué hay que hacerle pasito a este otro señor Manzur porque supuestamente se han hecho cosas malas en la Corte y donde no se le haga pasito y se tome una decisión en contra, entonces se va a armar el gran escándalo y el primer afectado voy a hacer yo porque soy el magistrado auxiliar (...) esa unión de circunstancias me hace pensar a mi con toda seguridad, yo en ese momento no pensé, pero si ahora dicen que pagaron $2.000 millones, ah no, 2.000 millones son mi cabeza, quiten a ese tipo de ahí. Que es que ese tipo es muy fuerte, y es verdad yo soy muy fuerte”
Adicionalmente, cuando le preguntaron al magistrado auxiliar Reyes si esa relación que él había encontrado entre los magistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, en el caso de Álvaro Ashton, también la había percibido en otras investigaciones que él había tenido a su cargo, respondió; “por lo que me dijo Oswaldo, la de Musa. Oswaldo cuando me dijo del nombramiento de este señor Bula en Fonade, eso cuadraba con la amistad del Dr. Malo con el papá Bula, y con este otro señor Francisco Ricaurte, pero la segunda charla, la que le grabé, ahí también aparece el nombre (...) en que son como grupo, son ellos, Bustos, Malo y Francisco Ricaurte. Y además, por lo qué me decía el día a día este muchacho, yo sabía que Francisco Ricaurte era muy del corazón del Gustavo Malo (...) compartían fiestas en Cartagena, hacían unos grandes fiestones y este muchacho venía y me contaba”
Ahora bien, pero la Comisión no solo encontró probado los casos de Mussa y Ashton. También lograron corroborar gracias a los testimonios del abogado Gerardo Torres Roldán y de Angela Benedetti quien tenía la calidad de embajadora en Panama, de una reunión que sostuvieron el exmagistrado Bustos y Luis Gustavo Moreno en dicho país. También de la cena de navidad que se realizó el 24 de diciembre de 2014, en el hotel Marriot de Miami.
Los familiares del exmagistrado Bustos que residen en dicha ciudad en sus declaraciones ratificaron que la reunión sí se había efectuado. En esta participaron la cuñada del exmagistrado Bustos, una prima de su esposa junto con su cónyuge, y a la cual se le unieron “casualmente” Luis Gustavo Moreno, su esposa Carolina Rico y su hija. Frente a este punto, Bustos en su indagatoria indicó que, “ le había dado pena no invitar al Dr Moreno y su familia a departir con ellos, por lo que le había solicitado al personal del hotel, adecuar lo necesario para los nuevos comensales”.
Otro testimonio que resultó valioso por qué el testigo es ajeno al mundo de la justicia y la política del país fue el entregado por Yeison Ricardo Pèrez, empleado de la joyería Cartier del Centro Comercial Andino. El vendedor, identificó a José Leonidas Bustos como la persona que acompañó a Luis Gustavo Moreno a ese local, en la compra de un reloj cartier “ballen Bleu” en oro rojo y pulsera de cuero, con factura de venta CT-8091 a nombre de Ricardo Beltrán Rivera. Una joya que tuvo un costo de $42’969.977.
Sobre este punto, la Comisión de Acusaciónes encontró que los beneficios de la denominada empresa criminal no solo fueron en dinero y suntuosos bienes y que, “el dr José Leonidas Bustos si hacía parte de ese conglomerado, a pesar que sus integrantes intentaban ocultar estas transacciones, dando nombres para las facturas de compra de familiares o cédulas falsas, como lo confesó el propio Moreno Rivera y cómo se constata en la factura aportada por la joyería”.
Pero en el escrito de 74 páginas, no solo es abundante en pruebas, testimonios, audios e informes de policía judicial detallados que conllevaron a acusar formalmente al exmagistrado José Leonidas Bustos. Pues permitió para que la Comisión de Acusaciones adoptara otras determinaciones como la de compulsar copias en contra de Luis Eduardo Montealegre otrora fiscal general de la Nación. De igual forma contra su vicefiscal Jorge Perdomo y el magistrado Eyder Patiño. Este último, por estos días, presente en la agenda mediática porque supuestamente el gobierno de los Estados Unidos, le había revocado su visa, según trascendió, porque no había dado concepto favorable de la extradición de un indígena por narcotrafico.
En cuanto al exfiscal Montealegre, la Comisión se basó en la declaración de Luis Gustavo Moreno en la que afirmó que José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, adelantaron gestiones para que el entonces fiscal Montealegre contratara a Luis Gustavo Moreno como asesor del despacho del fiscal general. Según el escrito, con el pago de ese contrato iban a sufragar los gastos de funcionamiento de la oficina que tenía el ‘cartel de la toga’.
Se trata de un contrato que se hizo efectivo. Y es que Moreno, afirmó que estaba en un desayuno en el hotel Marriot de Bogotá, cuando al encontrarse con el fiscal Montealegre este se le acercó y lo saludó, “ le dio las gracias por el espacio dado en la Fiscalía, a lo que el dr Montealegre le dijo que no había problema, que este tema ya lo había hablado con “Pacho”.
Con respecto al entonces vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, la Comisión decidió solicitar se abriera investigación en su contra también en virtud de declaraciones entregadas por Luis Gustavo Moreno a la justicia. Indicó que Perdomo estaba ayudando al senador Alvaro Ashton en el proceso que se adelantaba en la Corte Suprema de Justicia, “ ahí es cuando me cuenta que el dr Perdomo lo está ayudando ( a Ashton), el anterior vicefiscal, Dr Jorge Perdomo, lo que está ayudando Eyder Patiño y que Jorge le había dicho que iban a sacar el archivo pero que Malo se había atravesado. Yo le dije mire, yo no creo pero déjeme y le pregunto al Dr Francisco”, indicó Moreno en su declaración.
En otra declaración, Luis Gustavo Moreno al ser indagado sobre el excongresista Nilton Córdoba Manyoma afirmó que “ se reunió con Jorge Perdomo, quien al parecer iba a tomar poder en ese caso, “pero en la sombra” iba a ayudar con el proceso hablando con el magistrado Eyder Patiño.
En estas mismas declaraciones se estableció, según la Comisión, que existía una cercanía entre Francisco Ricaurte y Jorge Perdomo. También afirmó que el exmagistrado Ricaurte le había advertido que algunos procesos pasarían a la oficina de Perdomo Torres.
En el caso del actual magistrado de la Sala de Casación Penal, Eyder Patiño, se originó en una grabación que remitió el gobierno de Estados Unidos. Se trata de una conversación entre del abogado Leonardo Pinilla y el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, “ en el caso de Luis Alfredo, tú sabes que la Corte mandó a un man a Panamá a ver qué era lo que estábamos haciendo allá. Y le abrieron un disciplinario que no se ha cerrado (…), la ponencia que tenia Eyder venía negativa y la cambio a positiva”
Sin embargo, apenas se conoció de la compulsa de copias. Los exfuncionarios Eduardo Montelagre y Jorge Fernando Perdomo, emitieron un comunicado en el que reprocharon la solicitud de apertura de investigación en su contra, realizando sendos señalamientos en contra del expresidente y hoy Senador Álvaro Uribe, a quien acusaron de tener responsabilidad en crímenes de guerra y las masacres del Aro y La Granja. Señalaron que en pocas semanas iba entregar un estudio al respecto. También anunciaron que denunciarían al representante investigador e integrante de la comisión de acusaciones, Edward Rodríguez, por prevaricato.
Una historia que apenas comienza, con un nuevo resultado, el exmagistrado Gustavo Malo Fernández fue enviado a prisión por la misma Corte Suprema de Justicia. Ahora la expectativa se centra en que la plenaria inicie el juicio contra Leonidas Bustos, el togado que hace poco era considerado como el más poderoso de la justicia en Colombia.
