En medio de las pesquisas que continúan con el propósito de determinar de donde le aparecieron millonarios recursos y valiosas propiedades a Musa Besaile, quien fuera uno de los congresistas de mayor caudal electoral en las últimas dos elecciones, la justicia empieza a concluir varios señalamientos frente al exparlamentario.
Su fortuna está asociada a prebendas otorgadas por el gobierno de Juan Manuel Santos a través de cupos indicativos. También, se argumenta que de ese patrimonio se giró un soborno por $2.000 millones girados a funcionarios y exfuncionarios de la justicia para evitar una orden de captura por la Corte Suprema. Entre tanto, su defensa argumenta que Besaile antes de ingresar a la política tenía un capital significativo.
Igualmente, va quedando claro para la justicia que fue beneficiario de comisiones pagadas por la multinacional brasilera Odebrecht para gestionar e influir ante servidores públicos, junto con otros parlamentarios, en la adjudicación de la Ruta de Sol II, tramo Ocaña- Gamarra.
Así se desprende, de la revisión de los procesos por parte de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que se tramitan ante la justicia y nuevas evidencias encontradas. Hechos que se evidenciaron con la captura de Musa Besaile en septiembre de 2017, el proceso de extinción de dominio de sus bienes y la solicitud que hizo la semana pasada el Consejo de Estado a la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP) de negar su ingreso al considerar que no existe relación alguna con el conflicto y por el contrario su caso se encuentra asociado a hechos de corrupción.
Uno de los documentos oficiales del proceso señala que “en este sentido Musa Abraham Besaile Fayad es un personaje con especial influencia en Córdoba y Colombia, en razón a su poder local creció después de haber sido uno de los congresistas más beneficiados por los llamados “cupos indicativos” o ‘mermelada’ (asignaciones de la nación que las alcaldías y gobernaciones por indicación de los legisladores) en el primer gobierno de Juan Manuel Santos 2010-2014. A partir de ahí se convirtió en determinador de buena parte de la inversión en el departamento de Córdoba”.
De esta forma, por primera vez, oficialmente, la Fiscalía asocia el éxito electoral del congresista y el saqueo a un departamento a la 'mermelada' o cupos indicativos que entregó el gobierno de Juan Manuel Santos.
Musa Besaile es un ingeniero civil que incursionó en la política como representante a la Cámara por el Partido Liberal, curul que obtuvo con el apoyo de Juan Manuel López Cabrales, vinculado al denominado proceso de la parapolítica.
Por ello, en el año 2010 cambió de toldas y aterrizó en el Partido de La U, gracias a una no despreciable votación de 62.059 votos. Pero fue en el año 2014, cuando se constituyó como un barón electoral, al duplicar la votación con 156.288 sufragios, consolidándose como la segunda más alta en el Senado.
De su perfil político y electoral se desprenden los hechos que califican de oscuros y de los cuales es acusado el exsenador Besaile Fayad. En otras palabras, es señalado como uno de los responsables del saqueo y el detrimento patrimonial del departamento de Córdoba en la época en la que Alejandro Lyons se desempeñó como gobernador y cuyas acciones derivaron en una condena de prisión por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Según las investigaciones, del presupuesto de regalías para inversión en ciencia y tecnología y de los recursos para la salud para el tratamiento de la hemofilia, entre otros, se convirtieron en la fuente de saqueo del departamento a la que estaría asociado Besaile Fayad y su hermano el destituido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, una situación derivada de la administración local y con el guiño del gobierno nacional.
Para la Fiscalía, el exsenador, investigado por la Corte Suprema de Justicia desde el año 2010 por presuntos vínculos con la parapolitica y por irregularidades en el manejo de recursos de la salud, entre otros hechos de corrupción, “fue adquiriendo bienes de procedencia ilegítima por la ejecución de actividades ilícitas”, es decir, para el ente acusador, los bienes adquiridos producto de los delitos por los que es señalado el excongresista, peculado por apropiación agravada, cohecho por dar y ofrecer y concierto para delinquir agravado, se constituye en la fuente para activar el poder extintivo del Estado.
Pero no solamente el saqueo al departamento de Córdoba es motivo de reproche por el fiscal de extinción de Dominio, Santiago Vásquez Betancur, también dos hechos de corrupción que estarían probados con la pérdida de investidura de Musa Besaile, como Senador.
Se trata del pago de un soborno para detener una inminente orden de captura en su contra proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por $2.000 millones al exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, en el marco del escándalo judicial más grande del país, el cartel de la toga y que tiene contra las cuerdas a varios exmagistrados del alto tribunal, entre esos Leonidas Bustos, Gustavo Malo, Francisco Ricaurte, al exfiscal Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo, así como varios excongresistas y funcionarios públicos.
Aunque el exsenador intentó probar con una declaración extrajuicio ante el notario Séptimo de Medellín, efectuada por José Miguel Ramirez Gómez, quien aseguró haberle prestado $2.000 millones a Besaile en febrero de 2015, esta versión no ha tenido credibilidad ante la justicia y ahora Ramírez Gómez también está siendo investigado.
Entre otras declaraciones, por una en especial del exgobernador Alejandro Lyons Muskus quien contó que en el mes de diciembre de 2013 se reunió con Jesús Henao, representante de las empresas con las cuales la gobernación de Córdoba contrataría con el dinero de las regalías, para acordar la comisión que debía entregarle al gobernador Lyons, “(..) para que yo pudiera repartirla con mi socio Musa Besaile con quien tenía un acuerdo para repartir por mitad las comisiones que se cobrarán” señaló Lyons.
Para la justicia es claro que Musa no quería afectar sus finanzas personal con la solicitud económica de Luis Gustavo Moreno para frenar la supuesta orden de captura y para ello acudió a la alianza que tenía con el gobernador Lyons de repartir las coimas de los contratos.
El otro caso que se considera probado en contra de Besaile Fayad es Odebrecht. Allí es acusado de haber recibido dinero a cambio de influir ante servidores públicos para que adicionaran la construcción de una carretera en el tramo Ocaña y Gamarra al contrato de concesión de la Ruta del Sol II, una propuesta de la constructora Odebrecht por la ejecución de un tramo en el que se pagaron $84.000 mil en coimas entre los años 2010 y 2015.
En este proceso la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara a los supuestos beneficiarios de los pagos, los exparlamentarios Bernardo Miguel Elías, Plinio Olano, Antonio Guerra de la Espriella y Musa Besaile.
Es evidente que el lío mayor de este último es el origen de su fortuna. De hecho, tiene once bienes avalados en $8.915 millones que fueron objeto de extinción de dominio. La defensa del excongresista controvierte las determinaciones de la justicia argumentando que el exparlamentario antes de ser congresista ya tenía cuantiosos bienes. Por ello, contrató a unos peritos expertos con el propósito de demostrar técnicamente el valor real de los mismos, su incremento en los últimos años y que no se trata de bienes adquiridos ilegalmente.
En contraste, para la justicia hay claridad que los bienes y el dinero de Musa Besaile son tambien producto, en gran parte del saqueo al departamento de Córdoba. Especialmente entre los años 2012 y 2015 cuando Alejandro Lyons Muskus ocupaba el cargo de gobernador.
La primera fuente de dinero para pago de coimas fue el manejo de las regalías. Es así como Lyons expidió el Decreto 870 del 3 de agosto de 2012, mediante el cual modificó la planta de personal de la gobernación y creó un cargo. Se trata de la Dirección Departamental de Regalías, en la que Lyons nombró a Jairo Alberto Zapa Pérez, recomendado por Mara Graciela Bechara, directiva de la Universidad del Sinú. Zapa había sido docente de dicha institución educativa y gozaba de toda la confianza y los afectos de Bechara.
El mismo día de la firma del decreto Zapa se posesionó con la instrucción del mandatario departamental de agotar los procesos de contratación de los proyectos que se financiarían con los recursos del Fondo de Regalías. Con una directriz adicional, los beneficiarios de los contratos de dichos proyectos deberían pagar el 30% de comisión la cual se repartiría entre el gobernador Lyons, el senador Musa Besaile y el director de regalías Jairo Zapa.
Este asunto coincide con la compra de tres inmuebles en Caimito, departamento de Sucre y uno más en Bogotá, por parte del excongresista. De hecho, en el año 2012, Musa Besaile, adquirió 33 hectáreas, en zona rural que en documentos aparecen registrados por $21 millones pero que en el comercio realmente están avaluadas en $235 millones.
También adquirió la finca Cinta Roja de 152 hectáreas que vale $58 millones pero que tiene un precio real en el mercado de $615 millones; así como un predio de 500 hectáreas que también figura con un valor por debajo del comercial, $223 millones cuando en realidad se estima que cuesta $3.374 millones.
Curiosamente, ese mismo año, Musa Besaile, también decidió invertir en Bogotá. Adquirió un apartamento de 135.77 metros cuadrados, ubicado en la carrera 9 con calle 97, al igual que un depósito y dos parqueaderos. Con una particularidad, el inmueble fue comprado a Rene Torrado Hernandez, de quien la justicia ha detectado que es familiar de los hermanos Efrain Torrado y Edgar Torrado, exconcejal de Bogotá y exsenador, respectivamente.
Una revisión a las hojas de vida, da cuenta que son investigados por presuntamente apropiarse del 30% de los contratos entre los años 2008 y 2009 de la Secretaria Distrital de Integración Social y están mencionados en el carrusel de la contratación de Samuel Moreno Rojas en Bogotá, indagaciones que aún continúan vigentes en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
Un hecho adicional enreda el manejo de las regalías. Por gestión de Jairo Zapa, asesinado en marzo de 2014 y cuya muerte aún no ha sido aclarada; Jesús Eugenio Henao encargado de conseguir las fundaciones que recibirían los contratos y Maximiliano García, contratista de la gobernación, quien ajustó los proyectos para que estos fueran aprobados por Colciencias, entidad que terminó avalando diez y que también tuvieron la venia del Organo Consultivo de Administración y Decisión, Ocad, se hicieron varios negocios que habrían beneficiado al exparlamentario, por eso se fundamenta que a través del organismo científico se manejó la denominada mermelada en la administración Santos.
La revisión a la contratación, muestra que de seis contratos firmados en 2013, Zapa le entregó alrededor de $8.950 millones al gobernador Lyons como pago de las comisiones por la adjudicación de dichos contratos. Una cifra similar habría recibido Musa Besaile, según se desprende de la investigación que adelanta la Corte Suprema.
Un hecho que no genera duda y para la justicia está más que probado es que el gobernador de Córdoba Alejandro Lyons y Musa Besaile tenían un acuerdo para repartir por mitad las comisiones que se cobraban. Así lo señalaron los excontratistas Maximiliano García y Jesús Henao e incluso el mismo Lyons, al advertir que desde el momento en que tomó posesión en el cargo de gobernador de Córdoba en enero de 2012 hasta el mes de diciembre de 2015, diseñó un plan criminal para que a su patrimonio ingresaran miles de millones de pesos destinados al desarrollo científico y tecnológico del departamento los cuales se subsidiaron con los recursos de las regalías.
Y es que en el año 2013, Musa Besaile adquirió otras propiedades, esta vez, en su natal Sahagún. En concreto, un predio de 33 hectáreas, registradas por un valor de $109 millones pero que realmente en el comercio supera los $247 millones. También, un lote en zona rural de 464 hectáreas, parcelizadas en cuatro lotes que suman $633 millones.
Pero la plata de las regalías y del cartel de la hemofilia, no solo se gastó en bienes en Sahagún, Caimito y Bogotá, entre otras, o en el pago al ‘cartel de la toga’. Según ha documentado la justicia, también para financiar la campaña de su hermano Edwin Besaile a la gobernación de Córdoba, para la cual se destinaron $1.500 millones.
De hecho, entre los años 2013 y 2015 Alejandro Lyons recibió $4.000 millones, los cuales según versiones entregadas a la justicia y otras pruebas documentales y financieras compartió con Musa Besaile. De esos recursos se le entregaron $600 millones en el año 2015 y $2.100 para la campaña de su hermano Edwin.
“Es más, se debe hacer un juicio enérgico de reproche que con dineros públicos que fueron apropiados por este Grupo Delictivo Organizado en cabeza de Musa Besaile Fayad, se regentó la campaña política y aspiración a la Gobernación de Córdoba, convirtiéndose en un notorio su victoria en las contiendas electorales del hoy destituido senador por la Procuraduría” advierte uno de los documentos de la justicia, en poder de esta Agencia.
Efectivamente, entre el año 2014 y 2016, Besaile adquirió otras dos propiedades también en Sahagún. Un predio denominado El Guarumo de 37 hectáreas y cuyo valor es de $2.600 millones y un lote de 51 hectáreas ubicado en la vereda La Muerte de Sahagún, el cual figura en escritura pública por $170 millones pero cuyo valor real estimado es de $386 millones.
A pesar de que en varias declaraciones el exsenador Musa Besaile ha intentado hacerle el quite a estos señalamientos, el cerco judicial parece cerrarse cada día más, a tal punto que para la Fiscalía los derechos patrimoniales del excongresista son considerados de presunción de ilícitud, pues a su juicio, confirmó un grupo delictivo organizado dedicado a la corrupción administrativa del departamento de Córdoba.
Además la justicia hace un reproche adicional, “auxilió un grupo armado organizado como son las autodefensas del departamento de Córdoba y que desde su curul en el Congreso fue un claro bastión político de representación nata de la parapolitica en Colombia, estructuras crimínales ambas que le daban a Besaile Fayad una gran capacidad de maniobra para extraer los dineros del erario y pasarlos a su patrimonio o al de terceros” advierte el fiscal 42 Santiago Vásquez Betancourt.
Y es que precisamente en el proceso 27700 que cursa en la Corte Suprema de Justicia en contra de Musa Besaile por parapolitica, en una resolución del 23 de mayo de 2018 se advierte que el excongresista es procesado por concierto para delinquir agravado por promover de manera efectiva la ilícita asociación.
El documento señala que “constituyendo una pieza en el proyecto político y social del escrutado aparato delincuencial encabezado por Mancuso Gómez, desde que en el año 1998 integró, en el segundo renglón, la lista a la Camara de Representantes por el Partido Liberal de Miguel Alfonso de la Espriella, condenado por conectarse con Mancuso, Santander Lozada o Triple Cero”.. Un hecho que confirmo en una declaración Mancuso Gómez el 15 de mayo de 2007 cuando señaló a Musa Besaile como uno de sus aliados en Congreso, así como en las elecciones de 2003 cuando formaron una alianza denominada sindicato contra Juancho López.
En dicha declaración Mancuso señaló, “(...) nosotros les pedimos a ustedes que nos cedan a nosotros dos secretarias que históricamente son las que presentan mayores índices de corrupción en el departamento de Córdoba (...) ellos dijeron que bueno, que no había ningún inconveniente te, pero no entregaban Educación y Salud, sino Hacienda y Salud, se comprometían a eso con nosotros”.
Las diferencias entre la justicia y el exsenador son diversas y evidentes, pero la pelea mayor está por el valor de los bienes. Mientras que la primera argumenta que valen cerca de $12.000 millones, el exparlamentario indica que cuestan $4.800. Entre tanto, el excongresista sigue insistiendo en ser aceptado en la JEP, al tiempo que sus procesos por el cartel de la toga y Odebrecht avanzan. Esta vez con una nueva y directa sindicación, recursos obtenidos de cupos indicativos durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Por ahora, Musa Besaile hace alianzas para las elecciones de octubre y de esta manera buscar seguir manejando su poder con muchos aliados que aún tiene en los departamentos de Sucre y Córdoba.
En este último, luego de varios intentos sin éxito a fin de postular un candidato, se conoció que Milena Flórez Sierra, su esposa y quien fue reina del departamento en 1999, se anunciaría como la nueva aspirante a la gobernación.
