En las postrimerías del gobierno de Juan Manuel Santos, la justicia tomó una determinación esperada por algunos y difícil para otros. Se ordenó la captura y envío a prisión de Roberto Prieto, uno de los mejores amigos del expresidente Santos. La razón, recibir una comisión por gestionar un contrato para la Ruta del Sol III. Esta semana, casi ocho meses después de su aprehensión, su proceso puede terminar, si el jueves, un juez de la República aprueba el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía, en donde aceptó unos cargos, pagará una pena en prisión y devolverá un dinero.
Recluido, en la cárcel Modelo de Bogotá, desde el pasado 29 de mayo, inicialmente Roberto Prieto negó cualquier responsabilidad en los presuntos delitos que le imputó el ente acusador. Sin embargo, su precaria condición, inicialmente en el patio de primarias de la cárcel, su traslado al patio tercero con algunas mejoras en su reclusorio, la insistencia de algunos de sus familiares y el análisis conjunto de la situación con su defensa, obligaron al exgerente de la campaña presidencial de Santos en 2014 a cambiar su firme determinación de negar cualquier delito e ir a juicio, luego de permanecer dos meses y quince días en el penal.
Fue el 29 de agosto, cuando Roberto Prieto entregó al Juzgado Sexto penal de conocimiento, un escrito de preacuerdo, en donde reconoció parte de su responsabilidad en los hechos que derivaron en su captura, imputación y acusación por parte de la Fiscalía. En concreto, un fiscal lo señaló de cometer los delitos de falso testimonio, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de particulares e interés indebida en celebración de contratos.
Según la investigación de la justicia, solicitaba a empresas y personas naturales, dinero para supuestamente cubrir el déficit que había dejado la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, pero parte de esos recursos habrían terminado en los bolsillos de Prieto.
La tesis de la fiscal 80 anticorrupción que llevó el caso es que en el año 2015, Prieto argumentando saldo en rojo de la campaña, buscó a los empresarios italianos de la compañía Impregilo que hace parte de la Ruta del Sol III, integrada en el Consorcio Yuma, y les ofreció sus contactos e influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para que obtuvieran el negocio, en condiciones favorables.
Argumenta el ente acusador que la obra clave dentro de la Ruta del Sol III era la contratación y diseños del puente entre los municipios de Plato y Zambrano en el departamento de Magdalena. Se esperaba que para la construcción se convocaron una licitación pública, pero no fue así y la ANI por el contrario firmó un otrosí con el consorcio Yuma.
No obstante, sobrevendrían dos hechos que pusieron en evidencia a Roberto Prieto, el hecho de que por el caso hubiese sido condenado el empresario Gilberto Saldarriaga Giraldo , quien a través de una supuesta triangulación empresarial, prestó la empresa Megaland S.A.S para facilitar un supuesto pago de 650 millones de pesos a Prieto, según la justicia como compensación o coima por sus gestiones en la adición del contrato del puente. En el caso se encontró que se expidió una factura para justificar la salida de los recursos pero no tenía sustento cierto y solo se buscaba un soporte para girar el dinero.
“La entrega de la plata al doctor Roberto Prieto se hizo en un periodo de tres meses. Yo venía a Bogotá y se lo daba en efectivo fueron diferentes sumas en varios momentos. (…). Fueron varios viajes, creo que una vez vine por tierra. También le di dinero en su apartamento. Yo iba al banco, retiraba el dinero e iba a su apartamento. Siempre le di el dinero en efectivo y a la mano”, una declaración que se conoció en la audiencia de imputación de cargos por interceptaciones telefónicas legales que hizo la Fiscalía.
“La entrega de la plata al doctor Roberto Prieto se hizo en un periodo de tres meses. Yo venía a Bogotá y se lo daba en efectivo fueron diferentes sumas en varios momentos. (…). fueron varios viajes, creo que una vez vine por tierra. También le di dinero en su apartamento. Yo iba al banco, retiraba el dinero e iba a su apartamento. Siempre le di el dinero en efectivo y a la mano”, una declaración que se conoció en la audiencia de imputación de cargos por interceptaciones telefónicas legales que hizo la Fiscalía.
El otro asunto que enredó a Prieto fue los testimonios de contratistas y amigos. Es el caso del empresario Eduardo Zambrano quien se convirtió en testigo clave de la justicia, al igual que Andrés Cardona, primo de Gilberto Saldarriaga, quienes palabras más palabras menos echaron al agua al otrora jefe de la campaña Santos Presidente. A ello se suma, la delación que efectuó el exsenador Otto Bula, quien también salpicó a Prieto.
Con el agua al cuello, Roberto Prieto no tuvo más remedio que negociar con la Fiscalía. De los seis delitos que se le imputaron aceptó tres, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado. Según apartes del preacuerdo conocidos por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, el empresario pagaría cinco años de prisión y devolvería al Estado $330 millones de pesos.
El preacuerdo se produce, luego que el empresario tuviera en su contra dos procesos que fueron acumulados en un solo caso. Una negociación a la que no le ha puesto ninguna objeción la Procuraduría General de la Nación y en donde se espera un pronunciamiento de la Contraloría General de la República que fue citada a la audiencia en condición de víctima.
Sin embargo, esta Agencia conoció que aunque el procesado y su defensa están satisfechos con el preacuerdo no hay buen ambiente en la justicia para aprobarlo en consideración a que se argumenta la condición del procesado, la baja pena que cumpliría de cerca de cinco años, de los cuáles por buen comportamiento y trabajo en prisión se podrían reducir a la mitad, cuando Prieto podría pedir la libertad condicional. A ello se cuestiona que la suma a devolver de 330 millones resulta baja, si se tiene en cuenta la gravedad de los hechos y el modus operandi de pago de coimas.
Sin embargo, esta Agencia conoció que aunque el procesado y su defensa están satisfechos con el preacuerdo no hay buen ambiente en la justicia para aprobarlo en consideración a que se argumenta la condición del procesado, la baja pena que cumpliría de cerca de cinco años, de los cuáles por buen comportamiento y trabajo en prisión se podrían reducir a la mitad, cuando Prieto podría pedir la libertad condicional. A ello se cuestiona que la suma a devolver de $330 millones resulta baja, si se tiene en cuenta la gravedad de los hechos y el modus operandi de pago de coimas.
Una fuente del proceso explicó que si no es aprobado el preacuerdo se tiene la opción de apelar, retirarlo y volverlo a presentar o en un tercer escenario retirarlo definitivamente y acudir a un juicio. De la misma manera, destacó que el preacuerdo no implica que Prieto sea testigo en otros procesos porque en ese caso el asunto sería propio de un principio de oportunidad y en esta situación no corresponde.
Prieto tiene la esperanza que el juez le apruebe el preacuerdo. Un economista y especialista en investigación de mercados e hijo del fallecido dirigente cafetero Luis Prieto Ocampo, quien no es la primera vez que está en el ojo del huracán. Desde 1990, cuando constituyó en la notaría 44 de Bogotá la empresa Radiodifusores Unidos S.A, sus relaciones con el mundo de la política se iniciaron mediante el ofrecimiento de campañas publicitarias y servicios de radiodifusión a las campañas. Así accedió a Cesar Gaviria, Rodrigo Lloreda, Andrés Pastrana, entre otros políticos y congresistas que contactó.
También de la mano de Fernando Botero llegó a la campaña Samper Presidente, en donde su empresa, Radiodifusores Unidos se vio inmiscuida en polémica por los dineros que entraron allí denunciados por el tesorero Santiago Medina y el periodista Alberto Giraldo, fallecidos, en un caso que fue investigado y que dio por satisfactorias las explicaciones que en su momento dio Roberto Prieto a la justicia.
Vino entonces, su encuentro con Juan Manuel Santos. Era 1997 y le ofreció la gerencia administrativa de su campaña preelectoral a la presidencia por el Partido Liberal. El asunto no salió bien y Santos lo designó en la dirección de la Fundación Buen Gobierno. Por esos años, en 2002 constituyó la firma Marketmedios Comunicaciones S.A junto con sus hermanos, de la que siempre dijo ser un empleado ocasional, una compañía que posteriormente recibiría millonarios contratos oficiales, especialmente en la administración Santos
Roberto Prieto siguió avanzando. De nuevo, de la mano de Santos asumió como director administrativo del Partido de la U, para ese momento una nueva colectividad que aspiraba a liderar la política en las elecciones del congreso de 2006. También apoyó desde ese partido la reelección del presidente Álvaro Uribe, en donde, Santos fue designado ministro de Defensa.
Roberto Prieto siguió avanzando. De nuevo, de la mano de Santos asumió como director administrativo del Partido de la U, para ese momento una nueva colectividad que aspiraba a liderar la política en las elecciones del congreso de 2006. También apoyó desde ese partido la reelección del presidente Álvaro Uribe, en donde, Santos fue designado ministro de Defensa.
Ya en 2010, Prieto era el amo y señor de las finanzas en la campaña política que llevó a Juan Manuel Santos a la primera magistratura en 2010. Meses después hubo el escándalo de una supuesta injerencia de dineros del narcotráfico con una presunta donación de US$2 millones de dólares supuestamente entregados al publicista venezolano JJ Rendón para mediar en un posible sometimiento a la justicia de un grupo de narcotraficantes, pero todo quedó en el archivo, como lo determinó finalmente el entonces vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, en mayo de 2015.
Pero en medio del debate, Roberto Prieto asumió como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en Washington, Estados Unidos, de donde regresó para asumir la gerencia de la campaña de reelección de Santos. Como se sabe una campaña que recibió recursos de la multinacional Odebrecht a través de una firma en Panamá. Un caso que archivó el pasado 28 de agosto el Consejo Nacional Electoral al declarar la caducidad para investigar la campaña de Juan Manuel Santos en 2014.
Faltando tres meses para acabar el gobierno Santos, Prieto fue detenido y hoy está en prisión. La historia de un hombre poderoso que espera en la cárcel una corta pena y hacer la devolución de 330 millones de pesos para saldar todas las cuentas pendientes que tiene con la justicia.
