El municipio de Uribia está enclavado en el norte del departamento de La Guajira, tiene 186.523 habitantes, el 98% de ellos son indígenas de la etnia wayú. Su nombre en wayunaiki, su lengua, es ichitki. A pesar de ser mayoría, sólo hasta los pasados comicios un joven líder de esta comunidad logró ser elegido alcalde a sus 33 años de edad. Se trata de Bonifacio Henríquez, pertenece a la casta Epiayu, goza de gran popularidad y cariño entre los suyos; pero las castas políticas tradicionales lo tienen arrinconado judicialmente.
En la región de los polémicos exmandatarios Juan Francisco ´Kiko´ Gómez y Oneida Pinto, tiene también amplia tradición Cielo Redondo. Primero como alcaldesa de Uribia en dos oportunidades y luego con su hijo Enrique Solano. Pero en octubre del año pasado, se les atravesó el indígena Hernández quien les ganó las elecciones rompiendo más de una década del antiguo poder municipal. Asumió la alcaldía en un entorno que dejó secuelas por la muerte de niños por desnutrición, la irrupción de bandas criminales, la rápiña por las regalias mineras, la disputa de varios caciques políticos de La Guajira y el abandono del gobierno central.
Desde enero comenzó la batalla. Dos ejes de la estrategia, acciones judiciales y reiteradas denuncias de veedurías para, según aseguran varios ciudadanos en el pueblo, asfixiar su gestión. El centro del debate, la salud de los indigenas, con su más preciado tesoro el hospital local. Una institución que los wayú defienden hace marras. Incluso en 2016 hasta se encadenaron a la entrada para advertir hechos de corrupción.
Y con un poco más de 10 meses en el cargo, ni siquiera ha podido designar gerente del hospital, pues la justicia a través de una tutela le impuso otro. Apenas se posesionó como el primer mandatario de Uribia, el alcalde Hernández designó a los funcionarios de confianza que lo acompañarían en su cuatrienio de gobierno. Sin embargo, y cuando aún no se designaba gerente del Hospital, Melba Luz Cortés Bolaños, quien viene ocupando ese cargo desde hace casi una década, interpuso una acción de tutela que tramitó el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia Municipal de Maicao.
Según narró la funcionaria, el alcalde vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, la seguridad social, igualdad, debido proceso y hasta los derechos de los niños. La funcionaria detalló al juez que ella ingresó a la institución de salud el primero de enero de 1994 como enfermera jefe y que se inscribió en la carrera administrativa.
También dijo que dieciocho años después de entrar a laborar ocupó el primer puesto en un concurso de méritos y que gracias a ello fue nombrada como gerente para el periodo 2012-2016 y que posteriormente fue reelegida. Finalmente agregó que está próxima a cumplir 57 años de edad que tiene más de 1.300 semanas cotizadas a la estatal Colpensiones pero que también es madre de un menor de edad.
Para la época de la acción de tutela, los despachos judiciales estaban en vacancia laboral y por lo tanto le correspondió a Vladimir Ernesto Daza Hernandez, el juez segundo de Maicao conocer del recurso de amparo, el cual concedió en favor de Cortés Bolaños.
“En consecuencia de lo anterior, ordenar al alcalde de Uribia, La Guajira, abstenerse de ejercer la facultad a él conferida en el artículo 20 de la ley 1797 del 13 de julio de 2016, y por lo tanto no proceder a desvincular del cargo de gerente”, advirtió en su providencia.
Una sentencia que abogados administrativistas han calificado de sorprendente, pues la acción de tutela se interpuso y se falló dos meses antes de que el alcalde designara y posesionara un nuevo gerente.
Efectivamente, cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud, OMS declarara el virus Sars-Cov-2 que genera el Covid-19 como pandemia, el alcalde de Uribia designó al médico Alexander Xavier Quintana Ospino como gerente de la institución de salud para que afrontara lo que le esperaba al mundo, al país y a Uribia con un virus desconocido sin cura ni vacuna.
Aunque en el escrito de tutela la gerente le aseguró al juez que el 7 de junio de este año cumplía 57 años, y por lo tanto gozaría de su pensión de vejez, el pasado 21 de octubre interpuso un incidente de desacato en contra del alcalde Bonifacio Henríquez. Es decir, el argumento con el que interpuso la tutela de estabilidad laboral reforzada en ocasión a estar próxima a pensionarse ya no estaba vigente.
Pero el tema se enredó aún más pues el mandatario de Uribia resultó contagiado de Covid-19, estuvo al borde de la muerte y fue necesario que se nombrara un alcalde encargado. De esta manera, Alberto Henrique Orozco en su calidad de encargado respondió el incidente de descato. En esta oportunidad, la alcaldía advirtió que la notificación fue enviada por parte del juzgado por fuera del horario laboral.
Este no fue el único reparo que hizo la alcaldía al funcionario judicial. En la misma contestación lo recusó y le recordó que la administración municipal lo denunció penalmente por el procedimiento que había surtido en ese fallo de tutela. Y es que apenas la alcaldía se enteró del extraño fallo de tutela proferido por el juez, lo denunció ante la Fiscalía porque a juicio de la administración, el empleado no siguió el reparto de la acción, hubo una indebida notificación que impidió que la alcaldía contestara la tutela, se vinculó de manera equivocada al Ministerio Público, no valoro en debida forma las pruebas y tampoco siguió la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El pasado 27 de octubre, el juez Daza Hernández declaró el desacato en contra del alcalde del municipio de Uribia, lo sancionó con cinco días de arresto y con multa de cinco salarios mínimos y le compulsó copia a la Fiscalía para que investigue al mandatario por no haber acatado la acción de tutela.
Desesperado el alcalde hizo un llamado a todos los organismos de control, “para que pongan la lupa en la Rama Judicial del departamento”. Afirma que esta tutela lo obliga a incurrir en el delito de prevaricato, al ordenarle que la actual gerente a pesar de que según ella se pensionaba el pasado 7 de junio continúe indefinidamente en el cargo.
Pero el mandatario fue más allá en sus señalamientos. Advirtió que a través de fallos judiciales que resultan improcedentes, “la misma clase dirigente de años siga a la cabeza de las entidades del Estado, específicamente de esta institución de salud”.
Uno de los problemas de este embrollo es que la cuenta bancaria del hospital aún sigue siendo manejada por Melba Cortés Bolaños. Esto, según el mandatario, pone en peligro la atención de los indígenas wayú y los pagos al personal médico y administrativo.
Con un lío adicional y es que a juicio de la administración municipal, el juez dejó abierta la posibilidad de que la funcionaria continuara en el cargo hasta la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos, esto es los 70 años.
El cuestionamiento clave es que el hospital en antaño fue considerado un fortín electoral y burocrático de los políticos de la región. Maneja un presupuesto anual de $14.000 millones, y atiende principalmente a 200.000 personas del régimen subsidiado, gran parte población indígena.
Pero en La Guajira y en Uribia señalan con nombre propia a la exalcaldesa Cielo Redondo, quien casi en el anonimato, enfrenta un proceso penal por asuntos derivados de su gestión como mandataria local y de quien se asegura es la principal opositora. Entre tanto, el alcalde Bonifacio Henríquez suplica a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría y la Rama Judicial que le pongan la lupa a lo que sucedió en Uribia en los últimos veinte años.
¨Las falsas denuncias y los fallos controversiales, han hecho que la administración en medio de la pandemia no logre ser tan efectiva como quisieramos. Quiero aclarar que no perjudican al actual alcalde, sino en general al pueblo uribiero que necesita progresar. A mi me ronda mi comunidad, cada elector, cada ciudadano, cada indígena wayú y solo quiero el cambio y el progreso de Uribia¨, puntualizó el alcalde Bonifacio Henríquez.
