"Los nadies", los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida"; aquel poema de Eduardo Galeano, que fue insistentemente usado por la vicepresidenta Francia Márquez en medio de la efervescente campaña presidencial para referirse a los más vulnerables, a los oprimidos, a aquellas víctimas silenciosas de la histórica corrupción y omisión estatal, y que se convirtió en la bandera de campaña presidencial, terminaron siendo las víctimas de un entramado de corrupción de Nicolás Petro.
El hijo del presidente Petro y una fundación sin ánimo de lucro que opera en Barranquilla y que ha logrado 11 contratos en los últimos años por más de $6.542 millones, dinero de los convenios para atender a niños con discapacidades visuales, auditivas, a jóvenes con emprendimientos y a personas de la tercera edad, terminaron en bolsillos de terceros, uno de estos, el hijo del primer mandatario.
En la audiencia de medida de aseguramiento que se llevó a cabo ante el Juez 74 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, este jueves 3 de agosto, el fiscal Mario Burgos sorprendió con la narración de hechos de corrupción desplegados por la pareja de esposos Nicolás Petro Burgos y Daysuris del Carmen Vásquez, ambos imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el caso de él, y lavado de activos y violación de datos personales por parte de ella.
Las maniobras delictivas de los esposos fueron más allá de la recepción de dineros para el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro, padre y suegro de Nicolás y Daysuris, respectivamente, por parte del pospenado por narcotráfico, Samuel Santander Lopesierra alias 'el hombre Marlboro', Alfonso el 'Turco' Hilsaca, un propietario de una EPS, así como megacontratistas de Cúcuta, Meta y Cundinamarca, entre otros.
Los aliados
Perder es ganar un poco, la frase de Francisco Maturana parece haberla extrapolado Nicolás Petro del fútbol a la política. Su derrota en octubre de 2019, cuando aspiró a la Gobernación del Atlántico por la coalición Colombia Humana y en el que obtuvo 192.972 votos, según el acta de escrutinio del Consejo Nacional Electoral, CNE, le aseguró una curul en la Asamblea Departamental del Atlántico.
Esto por el Estatuto de la Oposición Política o Ley 1909 del 2018, que estipuló que los candidatos que siguieran en votación a los elegidos tendrían el derecho personal en ocupar una curul en los organismos que realizan control político, es decir, en Senado en el caso de elecciones presidenciales y concejos y asambleas respecto a gobernadores y alcaldes.
Gracias a esta norma, Nicolás Petro Burgos se posesionó el primero de enero de 2020 en la Asamblea Departamental del Atlántico para hacerle control político a la gobernadora electa, Elsa Margarita Noriega de la Espriella, quien lo había derrotado con 693.723 votos.
A partir de allí, la salud financiera del joven delfín político empezó a mejorar. Con la colaboración de su esposa Daysuris Vásquez y de otras dos personas, Pedro Name y Gabriel de la Ossa. Los cuatro diseñaron un entramado de corrupción para lograr contratos con la Gobernación a la que debía hacerle control político, así como ubicar nombramientos y contratistas de sus aliados políticos.
Esta alianza permitió asegurarle a la Fundación Conciencia Social contratos multimillonarios para prestar servicios gaseosos y en los que se ejecutaba con solo el 35% del valor de cada contrato, los dineros restantes se repartieron entre los involucrados.
Lluvia de contratos
La Agencia de Periodismo Investigativo identificó 11 contratos suscritos con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla por $6.542.279.823 por esta Fundación.
El primer contrato que suscribió esta supuesta organización sin ánimo de lucro fue el 16 de febrero de 2017 con la Alcaldía de Barranquilla por un término de nueve meses y un valor de $379.3 millones. El objeto fue aunar esfuerzos y recursos en el mejoramiento, fortalecimiento e inclusión en los servicios del sistema educativo de las poblaciones con necesidades educativas especiales en el distrito de Barranquilla.
El contrato fue suscrito por Ana María Aljure Reales en su calidad de secretaria general de la Alcaldía de Barranquilla y uno de los nombres que más se mencionó en la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Petro Burgos y Vásquez Castro, Gustavo Adolfo de La Ossa Vélez, en calidad de representante legal de la Fundación.
En el documento se estipuló que el proyecto presentado por la ONG ascendía a $417,1 millones, de los cuales la Alcaldía aportaría $417.1 millones, mientras que la Fundación $37.7 millones.
El propósito del mismo era la realización de actividades encaminadas a permitir accesibilidad en el sistema de educación oficial a la población de sordos o limitados auditivos que vivieran en la ciudad, pero ante todo facilitar en cada fase o nivel educativo la comprensión, el desarrollo y la integración de esta población. Supuestamente, estos dineros debían invertirse en la contratación de 14 intérpretes de lenguas de señas, cuatro modelos lingüísticos y un psicólogo.
Como forma de pago, se estipuló un primer pago de $75.8 millones y nueve pagos mensuales por $33.7 millones. Así despuntaría la supuesta organización sin ánimo de lucro en el Atlántico.
El 26 de mayo de ese mismo año, la Fundación Conciencia Social resultó favorecida con un segundo contrato con la misma entidad, esta vez por $150 millones por un término de cuatro meses, y su objeto fue nuevamente aunar esfuerzos y recursos, pero esta vez para el desarrollo de la propuesta "jóvenes barranquilleros exitosos", reza el eslogan.
Firmado por las mismas personas, surgió el convenio 023017001697, en esta ocasión el proyecto era por $166 millones, por lo cual la Alcaldía entregaba $150 millones y la ONG $16 millones. La forma de pago acordada fue de $50 millones en un primer desembolso, dos más por $40 millones por cada uno y uno final por $20 millones.
El propósito del mismo fue de difícil medición, "motivar a los jóvenes de secundaria de las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla a identificar y desarrollar sus recursos y capacidades individuales y sociales a fin de definir su proyecto de vida de manera acertada".
Millonarios dineros de la salud
Ese mismo año, el 8 de junio la ONG recibió un jugoso contrato, esta vez con la Gobernación del Atlántico por $1.300 millones por un término de seis meses. El objeto de dicho contrato requería de una rigurosa capacidad, ejecución y responsabilidad, pues era la atención prehospitalaria de los casos de muerte súbita a través de la implementación de zonas cardioprotegidas en las instalaciones públicas y privadas donde exista alta afluencia de personas, según lo establecido en ordenanza 000323 de 2016.
La propuesta que presentó la Fundación es del 17 de mayo de 2017 y fue remitida a Armando de La Hoz, Secretario de Salud Departamental de la época. En esta, luego de presentar su misión, visión y demás, advirtieron que en Colombia cada hora mueren siete personas y anualmente 57.000 por no recibir atención oportuna en emergencias por paro cardiaco.
Por ello, presentó como objetivo específico definir los sitios de alta afluencia pública para establecer la ubicación y señalización de 24 unidades con desfibriladores, elaborar el montaje y adecuaciones, elaborar cronograma de comunicación para la promoción y difusión de la información del proyecto y capacitar a 59 personas y a 150.000 ciudadanos.
Para esto solicitó un anticipo del 30%, un pago del 35% en julio de 2017 y el restante 35% en diciembre de ese año. La propuesta fue suscrita por Gustavo de La Ossa Vélez. Así las cosas, se firmó el contrato 0155 de 2017 y en este se estipuló que la Fundación aportaría $300 millones y $1.300 millones la entidad.
Servicios a menores ciegos y sordos
En el año siguiente, la Fundación firmó otros dos contratos, uno el 31 de enero con la Alcaldía del Atlántico por $622.5 millones por un término de diez meses con la Alcaldía de Barranquilla y otro también en enero pero 31 con la misma entidad por $160 millones por cuatro meses.
El primero fue el 012918099886, nuevamente suscrito por la secretaria general Ana María Aljure Reales y en esa oportunidad no fueron desfibriladores ni jóvenes emprendedores, sino menores con discapacidades auditivas, visuales y con sordoceguera.
Se pactó entonces un primer pago del 20% con la entrega del acta de inicio, plan de trabajo incluyendo las instituciones a atender así como horarios y personal involucrado. Además verificación del sistema integrado de matrículas; con ello se obtuvo un desembolso de $120 millones; el resto se pagó en nueve mensualidades.
El segundo fue el 012018000905 por $160 millones se firmó con la Alcaldía de Barranquilla, para la prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría de Educación. El objeto, acompañamiento a los estudiantes de las instituciones educativas para la orientación vocacional. Al año siguiente se suscribió otro con esa misma entidad por $619 millones por nueve meses y $619 millones.
Nicolás Petro y más contratos
Con la posesión de Nicolás Petro Burgos como diputado de la Asamblea del Atlántico, se suscribieron tres contratos entre la Fundación y la Gobernación del Atlántico. El primero fue el 25 de agosto de 2021 por $400 millones y un periodo de ejecución de cuatro meses. También para aunar esfuerzos en la implementación de la modalidad de centros de vida móviles para la atención a las personas mayores mediante acciones de orientación psicosocial en busca de mitigar el efecto de síndromes geriátricos.
Para ese contrato, la Fundación presentó las últimas declaración de renta de los años 2018, 2019 y 2020 en las cuales se indicó un patrimonio líquido de $224 millones e ingresos brutos por $884 millones en 2017. Ingresos brutos de $668 millones y patrimonio líquido de $143 millones en 2018. El año siguiente ingresos brutos por $658 millones y patrimonio líquido también significativo.
Entonces apareció la esposa de Nicolás Petro. Para la ejecución de ese contrato Daysuris Vásques estuvo en permanente contacto con de la Ossa, el representante legal acordaron la remuneración de los profesionales a ejecutarlo.
En uno de los apartes éste le informa que, Lizeth Vásquez, la madre de Day ingresaría a devengar $2 millones pero que luego estos honorarios pasarían a ser $6 millones, también, según los chats y grabaciones reveladas hablan de la repartición de la plata.
Evidenciaron que la asignación para la ejecución del presupuesto era apenas del 35% y que de allí deberían quedar $120 millones para Daysuris y Nicolás; $40 millones para Pedro Name y $40 millones para Gustavo de La Ossa el director de la Fundación y exconcejal de Barranquilla.
También se mencionó insistentemente las gestiones que la esposa de Petro Burgos haría con un funcionario Raul para evitar que quedara muy auditado el contrato, para agilizar pagos, entre otros.
Contacto clave en la gobernación
Pues el funcionario en mención es Raul José Lacouture Daza el secretario general de la Gobernación del Atlántico y quien justamente suscribió en representación de la entidad el convenio de asociación 202103386. La elaboración del contrato estuvo a cargo de un abogado de la Secretaría General Elba Bolívar y lo reviso Fernando Bohorquez y Ricardo Luna.
En cuanto a los pagos, se pasó una factura el 11 de noviembre de 2021 por $200 millones. Cada vez que se efectuaba un pago, Daysuris le notificaba a Nicolás de que habían cancelado y éste le daba instrucciones en que se debía destinar los recursos. Paradójicamente, Incluso en el informe final se incluyó una foto de la gobernadora Noguera en una presentación del taller de manualidades.
El siguiente contrato fue proyectado por Daysuris Vásquez y Gustavo de La Ossa. Así quedó evidenciado en un audio de finales de 2021 donde ella le notifica a Nicolás que va a iniciar con el proyecto del siguiente año.
Y así ocurrió. A comienzos de 2022 se suscribió entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación el convenio de asociación 202202395 por $572 millones con el propósito de aunar esfuerzos en la implementación de la modalidad de centros para la atención a los adultos mayores mediante acciones de orientación psicosocial.
En el papel quedó establecido que el aporte del departamento sería de $400 millones y la Fundación aportaría $172 millones, un hecho que jamás sucedió. El anticipo que se acordó fue del 40%, es decir $260 millones y un primer desembolso del 50%. Una vez más firmaron Raul Lacouture y Gustavo de la Ossa.
La Fundación Conciencia Social fue creada en 1996, está ubicada en Barranquilla, su objeto social es promover el desarrollo social e integral de la población en general y propender por una mejor calidad de vida de los ciudadanos a través de su acción directa o de la gestión ante entidades estatales.
Sin embargo, en las últimas horas con audios y chats quedó en entre dicho que no es una organización sin ánimo de lucro, si no todo lo contrario, el propósito es aprovechar los vericuetos contractuales entre entidades públicas y fundaciones para suscribir convenios, ejecutarlos con el mínimo presupuesto y desviar a otros bolsillos, en este caso Nicolás Petro, Day Vásquez, Gustavo de la Ossa y Pedro Name, los recursos estatales.
Chats y audios
En uno de los chats revelados por la Fiscalía, el 5 de agosto, Daysuris Vásquez remitió una hoja de vida de la psicóloga Andrea Fernanda Enríquez Villalba, para que la incluyera en el contrato y así iniciar el desembolso de los recursos. Vásquez en el fondo era quien hacia y deshacía en la Fundación.
De hecho, un audio con su voz lo prueba: "Hola Gustavo, ¿Cómo te ha ido? Pedro me dijo que ya había quedado todo organizado. Raúl me dijo que enviará a revisar todo mañana, pero que regresará el domingo o, si no, el lunes, él lo firma. Te envío la hoja de vida de ella para que la llames y eso".
El 6 de agosto de 2021, Daysuris Vásquez dice que le indiquen las correcciones del contrato, pero que le preocupa porque se está aumentando la auditoría del contrato. "Gustavo, ¿Cómo estás? Pedro me dice que mandaron a corregir otra cosa, para que yo se lo diga directamente a Raúl (Lacouture). Ellos se apresuraron porque eso se iba a revisar el lunes", comenta el interlocutor. Este le dice que eso es un arma de doble filo porque son más herramientas de control, y si se explican, hay más mecanismos de control.
"Hay que hablar con Raúl personalmente y decirle qué es lo que se quiere. Si establecemos más mecanismos de control, no se podrá realizar lo que queremos", responde Pedro. Frente a esto, Daysuris Vásquez le dijo que no había problema porque se iba a reunir con el funcionario de la Gobernación, Raúl, para arreglar ese tema de la interventoría.
Para el 9 de agosto de 2021, Daysuris Vásquez envió un pantallazo de una conversación con Raúl Lacouture. Ese mismo día, enviaron los documentos de la propuesta de la Fundación Conciencia Social.
Dos días después según otra grabación, Daysuris Vásquez le manifiesta a Gustavo de la Ossa que ya se ha publicado en el Secop, y la mujer empieza a enviar la hoja de vida de Quesey Samyr Cuesta Rocha, diciendo que es su primo.
El 28 de agosto, Pedro Name le solicitó a Daysuris Vásquez que necesita un médico, un abogado, un psicólogo y la progenitora de Vásquez. Ella pregunta por el sueldo de estas dos últimas personas, el médico y el abogado. Name respondió que el médico ganaría $2 millones por dos semanas, de lunes a jueves por la mañana, pero que debía facturar $5 millones. Así mismo le dijeron a Daysuris que estaban buscando un espacio para contratar a su progenitora, la cual se ganaría mínimo $6 millones. En el caso del abogado, se ganaría $1.5 millones mensuales.
“Pero entonces, el médico solo va a trabajar 8 días, ¿no va a trabajar con nosotros los 4 meses, verdad?”, le pregunta Daysuris a Pedro Name, y este a su vez le responde el porqué de esos tiempos y esos honorarios.
La repartición
El 31 de agosto de 2021, Daysuris Vásquez habla de la división de dineros, que a ella le correspondían $120 millones y a Pedro Name $35 millones, pero este dice que los valores no cuadran.
Gustavo de la Ossa indicó: "Estuve hablando con Pedro y a mí me preocupa, estamos trabajando con el 35% del presupuesto y esas cifras no cuadran. Yo mostré todo, ahí estaba Gabriel. Los $40 millones para nosotros y $120 para ti, eso no da. Yo tengo el cronograma desde el inicio al final, pero lo que dices no da", señaló Ossa.
Para el 12 de septiembre de 2021, le advirtieron que los anticipos de la Gobernación del Atlántico estaban demorados y ella respondió que llamaría a la entidad para que agilizaran eso. Doce días después, Gustavo de la Ossa le remitió un documento de la planta de personal. Lizeth Castro, la madre de Daysuris, efectivamente ganaría $6 millones y Queseb Samyr, el primo, también apareció en la relación.
Los hilos de Day seguían funcionando. El 13 de octubre de 2021, envió el documento de pago del convenio 3386 de la Gobernación del Atlántico por $160 millones. Gustavo de la Ossa confirmó el pago y dijo que en la tarde cuadran los dineros; ella le responde que eso lo debe arreglar con Pedro Name.
Para el 24 de noviembre de 2021, le confirman otro pago y le pregunta si otra vez se pondrá de acuerdo con Pedro Name. Daysuris Vásquez dice que por esos días se va a encontrar con Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, para organizar el proyecto del año 2022.
Y asi fue. El 27 de diciembre en pdf, Gustavo de la Ossa le remitió un documento a Daysuris Vásquez con la descripción del proyecto para el siguiente año, por una vigencia de 8 meses y $800 millones.
El negocio resultó efectivo. Semanas después, le remitieron el radicado 22000 del 8 de marzo de 2022, mediante el cual giraron un anticipo del 40%. Luego le certificaron a Day Vásquez el pago de $160 millones remitido por Gustavo de la Ossa.
El 25 de mayo de 2022, inicia el proceso de remitirle a Daysuris Vásquez las órdenes de pago emitidas por la Gobernación del Atlántico. Las cuentas de lo percibido se entregaban con eficiencia y documentaban con solidez.
Muestra de ello es que el 5 de julio de 2022, enviaron el pago final correspondiente al 50% del convenio. El 15 de julio de 2022, Gustavo de la Ossa remitió un audio a Day Vásquez diciendo que Pedro Name estaba inconforme con los valores del contrato de 2021 que fueron por $36 millones, $36 millones y $39 millones, respectivamente. Y le dice que no fueron $111 millones, sino $105 millones.
“Yo soy muy respetuoso de lo que hemos acordado, pero me interesa aclarar las cifras del año pasado. Me gusta que no haya la menor duda posible, hemos trabajado bien, y esto es importante para que todo siga fluyendo", indicó de la Ossa a Daysuris Vásquez.
Conflictos
Pero se empezaron a avisorar los conflictos entre la pareja sobre el manejo de los dineros recibidos, por que para la fecha empezaban a escasear los donantes a las campañas y porque había diferencias con los dineros recaudados por los contratos con la Fundación.
Prueba de ello es que el 29 de julio del año 2021, Nicolás Petro se muestra preocupado por Gustavo Bolívar: "Amor, el man de los cines se bajó de la vaca", Day Vásquez dice que la culpa es de Bolívar porque nada tenía que hacer llevándole eso a la Primera Línea, se reveló en una grabación. Petro Burgos le dijo que si se desplomaban, esa gente no iba a aportar.
Tras la escasez, el 4 de agosto de 2021, Day Vásquez dice que espera contar con $50 millones, Nicolás Petro dice que lo que den, debe quedar para la casa. Se refería a la mansión que estaban comprando por $1.600 millones. En un chat, con Day, el hijo del presidente lo ratifica con un sí.
Adicionalmente, la mujer dice que no sabe si va a haber plata, pero hay que guardar lo del arriendo y le dice que el jueves tiene ya lo de la matrícula de su universidad. Incluso le dice a Nicolás Petro que necesita un abogado para el contrato, éste le pregunta qué tipo de abogado. "Él se va a encargar de casos de familia, que se sepa las leyes, que no haya estudiado por estudiar", le dice ella. Petro respondió que se refería a si tenía que ir a terreno o no, se refería a uno para el negocio de la Fundación.
Al final con cheques girados al portador, parte de los dineros fueron cobrados y terminaron en los bolsillos de Nicolás Petro y Day Vásquez, ellos junto a Gustavo de la Ossa director de la Fundación y Pedro Name, aún no responden por el ingreso, manejo y apropiación de millonarios recursos que iban para jóvenes sordos, ciegos, adultos, otros discapacitados y otros enfermos. "Los nadies" que no entienden y no saben que sus dineros se los llevaron otros a través de la Fundación Conciencia Social.
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