Juan Carlos Cáceres Bayona está arrepentido. Es el principal accionista de Centros Poblados y quien manejó el dinero. Tras diferencias económicas, se anticipó a su socio Emilio Tapia. Ahora es testigo clave de la Fiscalía en el proceso por la firma espuria de un contrato por más de un billón de pesos para suministrar Internet a escuelas rurales.
Tan compungido y asustado se muestra por su proceder, que hace unos días reconoció que transfirió medio millón de dólares en dos giros a un pareja de pastores cristianos en dificultades económicas de una iglesia en Florida, Estados Unidos.
Cáceres se dice predicador. Lo hace en una iglesia en Barranquilla y en otra en Miami. Funge cumplidor de sus deberes cristianos y es frecuente que priorice sus compromisos contractuales por la prédica de la biblia.
Una de las personas más cercanas al proceso que enfrenta ante la justicia señaló a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que es usual que interrumpa reuniones de trabajo para ir a predicar la palabra de Dios, “es creyente, cristiano y en muchas ocasiones ha suspendido reuniones para enseñarles a sus hermanos la palabra sagrada, incluso en sus conversaciones personales evoca mensajes bíblicos”, aseguró la fuente quien pidió reserva de su identidad.
En el interrogatorio a la Fiscalía de hace dos semanas, entre otros asuntos, explicó al detalle cuál fue el uso que dio al anticipo. Para un apartamento 1.3 millones de dólares. Otros 75.000 dólares para gastos personales; además para la compra de un carro de alta gama de un amigo que no tenía, pero en el caso de los religiosos fue muy discreto.
“Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal”, expresó Cáceres en el interrogatorio ante la fiscal anticorrupción que maneja el proceso, divulgado por Semana.
Cáceres está a la espera de que la Fiscalía le otorgue un principio de oportunidad y asegura en privado que su colaboración con la justicia impedirá que vaya a prisión. Junto con Jorge Molina, quien fue contactado por Juan José Laverde y enviado a prisión el fin de semana con Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, para que gestionara la garantía del contrato que finalmente resultó falsa.
No obstante, abogados penalistas consultados por esta Agencia indican que recibir un principio de oportunidad implica aceptar responsabilidad y declarar en contra de los demás implicados, asunto en el que Cáceres ya avanzó, pero será un juez quien avale el preacuerdo que está en proceso de firma para presentación.
Pero no la tiene fácil Cáceres, en razón a que de sus cuentas y por sus instrucciones fue quien decidió los montos de dinero del anticipo que fueron a parar al sistema financiero de Estados Unidos. De allí que el FBI esté participando de la investigación, por petición especial del fiscal general, quien viajó a ese país la semana antepasada especialmente para solicitar la ayuda del organismo y avanzar en las pesquisas.
Y es que quienes lo conocen desde hace varios años, aseguran que en el entorno de los negocios y más, los salpicados por corrupción, es poco usual que hombres como Cáceres invoquen la palabra de Dios en sus actividades.
Sin embargo, argumentan que este factor y sus contactos con las administraciones locales y algún sector de los políticos, los que permitieron que fuera adjudicatario de millonarios negocios y un bajo perfil, a través de su Fundación Empresarial de las Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, Funtics que transformó a Novotics, tras múltiples investigaciones en los organismos de control.
Con discreto perfil técnico, sus contactos y su verbo de predicador, en solo una década Cáceres se ha convertido en el zar de la contratación regional.
Vivió en Bucaramanga su niñez y juventud. De familia de clase media, en 2011 se graduó como tecnólogo en sistemas, pronto migró a Barranquilla y se empezó a desempeñar como auxiliar en asuntos de telecomunicaciones.
Y fue en la capital del Atlántico donde conoció el bajo mundo de la contratación, por eso aconsejado por amigos de la región creó la fundación Funtics, ideal para contratar sin licitación y hacer todo tipo de acuerdos.
Se estima que en tan solo una década, Cáceres y sus diferentes empresas han celebrado contratos con el Estado por 1.5 billones de pesos, incluyendo el reciente de Casos Poblados en MinTIC.
Millonarios negocios oficiales en Barranquilla, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander o Tolima con polémicos contactos.
Por su agenda han pasado nombres como el sacerdote Bernardo Hoyos, la entonces gobernadora de La Guajira Oneida Pinto o José María Ballesteros, además de William Villamizar, quien fuera primer mandatario de Norte de Santander o el senador Edgar Díaz, entre otros.
Con otra particularidad, como lo documentó La Silla Vacia, Cáceres cuenta con el apoyo de varios miembros de su familia en el manejo y composición accionaria de sus iniciativas empresariales con mínimos capitales para prestar servicios de telecomunicaciones y de construcción. Shirley Castellar su esposa, o su hermano Ronald Cáceres, son sus aliados, para citar unos casos.
Algunos informes de la Contraloria han advertido que en algunos casos el contratista ha ganado múltiples procesos y la ejecución no es la mejor. En concreto, ha ofrecido unas megas de velocidad a colegios públicos, pero al verificar lo entregado es inferior, como sucedió en el departamento del Magdalena. O con intermediaciones en el servicio de telecomunicaciones que incrementaron el valor de los servicios hasta en un 360%. Un asunto que quedó en la impunidad.
Lo evidente es que ahora al predicador Cáceres afronta más líos en Estados Unidos. Además del giro del anticipo, firmó cerca de una decena de contratos con empresas privadas de ese país para compra de los equipos de telecomunicaciones para ejecutar el fallido contrato de MinTIC, pero no responderá.
Una fuente señaló a esta Agencia que Cáceres firmó contratos por cerca de $140.000 millones en Estados Unidos, hizo un giro inicial pero ahora no tiene cómo responder y será demandado por incumplimientos.
Las autoridades están tras la pista de los dineros que Cáceres entregó a los dos miembros de la iglesia cristiana, cuyos nombres se mantienen en el anonimato, no se pierde la fe que en los próximos días puedan devolver los recursos oficiales que buscaban acceso a Internet de millones de niños en Colombia, pero que se convirtió en un nuevo lastre de la administración pública.
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