Una vez más, la Misión de la ONU en Colombia, organismo encargado de auditar el Acuerdo de Paz, que hace cuatro años firmó el presidente Juan Manuel Santos con las Farc, dejó en entredicho la labor del gobierno de Iván Duque para implementarlo. Ratificó mediante un informe lo que es una realidad en los territorios; violencia contra los desmovilizados, asesinatos, masacres e incumplimiento de varios puntos acordados para culminar el conflicto.
El organismo internacional evidenció retraso en la aplicación de la política adjudicación de tierras los excombatientes y las víctimas del conflicto. Ratifica que no hay garantías de seguridad para los excombatientes de las FARC y menos para los líderes sociales en las regiones. Igualmente, no ve con buenos ojos, la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. Pero quizás, el mayor reparo está en las dificultades que tiene la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP y la apatía de funcionarios para implementar el Acuerdo de Paz.
Estas, algunas de las principales conclusiones del informe trimestral que presentará este jueves en las horas de la tarde, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia y representante especial del secretario general en Colombia. Una entidad que viene insistiendo en la prioritaria necesidad de implementar puntos no logrados tras cuatro años de la firma del Acuerdo.
En lo que tiene que ver con las tierras la Misión de la ONU, alertó que si bien los excombatientes y el gobierno continúan trabajando para lograr un proceso de reincorporación efectivo aún no se han logrado acuerdos en la compra de terrenos para vivienda y proyectos productivos. En este sentido, la expectativa que surge para el año que comienza es que se adquieran terrenos para miembros de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR a fin de desarrollar proyectos productivos. Así las cosas, insta al gobierno y desmovilizados a avanzar en la búsqueda de soluciones mediante mesas de trabajo.
Pero, el punto en el que más hace énfasis la Misión de verificación es la seguridad y protección de los excombatientes afectados por el conflicto, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Destaca que desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, ha verificado 248 asesinatos de excombatientes, incluidas seis mujeres y especialmente en el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 28 de diciembre de 2020, fueron ultimados 21 de ellos, al tiempo que el año pasado fueron 73 los asesinados.
Detalla la Misión que a finales de octubre e inicios de noviembre pasado luego de, “la peregrinación por la vida y La Paz los excombatientes de las FARC se reunieron en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque y llegaron acuerdos en materia de garantías de seguridad y reincorporación, aún no materializados.
La mayor preocupación para el organismo está frente a los excombatientes de la zona fronteriza entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. Allí, los grupos disidentes de las FARC están aprovechando la reducida presencia del Estado para ampliarse. Incluso en los últimos cuatro meses no sólo amenazaron y atacacaron a los excombatientes sino que se apropiaron de sus proyectos económicos y sabotearon sus iniciativas políticas y sociales.
Evidencia también en esta materia que luego de una audiencia convocada por la Jurisdicción para La Paz, JEP, en noviembre, con el propósito de revisar avances en las medidas cautelares para reforzar la protección, el gobierno asignó cerca de $13.500 millones a la Unidad Nacional de Protección, UNP, pero al final del año no contrató a ningún escolta y a cambio 27 analistas.
Un panorama que muestra además que desde la firma del Acuerdo, 25 excombatientes han sido asesinados mientras esperaban respuesta a solicitudes de protección. Enfatiza que adicionalmente aún hay más de mil solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación. Y en cuanto a las mujeres destaca la Misión de la ONU que es fundamental asegurar que las excombatientes tengan igual acceso a los esquemas de protección.
Según la Misión, los excombatientes que viven fuera de los antiguos ETCR sufren mayores niveles de violencia y evidencia que el 35% de los asesinatos de excombatientes en 2020 se produjeron en nuevas áreas de reincorporación o en sus inmediaciones.
La Fiscalía, no sale mal librada por parte de la Misión. La organización afirma que la labor de la Unidad Especial de Investigaciones UIE, del ente de acusador, ha sido crucial para combatir la impunidad y llevar ante la justicia a personas responsables de ataques contra excombatientes y líderes sociales, incluidos los autores intelectuales. Por ello, reitera la necesidad de brindar seguridad en las nuevas áreas de reincorporación y de fortalecer el apoyo a la UEI por parte de la Fuerza Pública. Esto con el propósito de ayudarle a ejecutar órdenes de captura y brindar acceso oportuno a las escenas del crimen e información relevante.
Los hechos de violencia posacuerdo de paz, según la Oficina de la Alta Conisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, da cuenta que recibió información sobre 42 homicidos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Además de trece masacres, con diez en proceso de verificación. Es por ello, que el organismo instó a todos los actores a responder de manera oportuna y efectiva a los riesgos identificados en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
“El secretario general según el Acuerdo de Paz de finalizar una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones crimínales y sus redes de apoyo que son los principales responsables de esta violencia”, destaca el informe.
Con otra prioridad y es que conmina a implementar acciones para asegurar la sostenibilidad del procesos de reincorporación. Según la ONU, cuatro años después de la dejación de armas más de 13.000 excombatientes de las FARC, de las cuales el 23% son mujeres, siguen comprometidos con el proceso de reincorporación, por ello reitera la importancia de avanzar en la búsqueda de soluciones.
La difícil situación de los excombatientes en materia de salud también hace parte de las advertencias de la ONU. Si bien destaca que el 80% de los beneficiarios han sido de comunidades locales y el 64% del total han sido mujeres, la mesa de salud detectó que 154 excombatientes, de ellos 55 mujeres, han dado positivo para Covid-19 y de esta población tres hombres han muerto. Por esta razón insiste la Misión en continuar con la prestación constante de servicios de salud.
El secretario general Masseiu recalca que la presencia integral del Estado es la condición fundamental para una paz duradera y la pone como una de las prioridades para 2021. Con un acápite, y es que se siguen presentando eventos de inseguridad y violencia de las comunidades en territorios de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Un escenario que se da frente al anuncio del gobierno de reactivar la fumigación con glifosato. Asunto en el que la Misión deja entrever que no está de acuerdo y por el contrario ve con preocupación que no se cuente con suficientes alternativas para que los pobladores de esas zonas abandonen las economías ilícitas.
Frente a la implantación del Acuerdo de Paz destaca que si bien la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación al Acuerdo de Paz (CSIVI) instancia articuladora de diálogo, se ha reunido con mayor frecuencia este año, “no se está utilizando en todo su potencial y no todos los altos funcionarios clave del gobierno asisten a las reuniones con regularidad”.
Capítulo aparte merece la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP. El informe evidencia que ha avanzado en sus siete macrocasos, que la comisión de la verdad sigue evolucionando en la recopilación de testimonios; así como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas sigue brindando alivio a las familias al encontrar vivas a varias personas a las que les han ayudado a reunirse con sus familias.
Destaca el informe que a mediados de 2021, la JEP emitirá sus primeras sanciones definiendo responsabilidades de personas por delitos cometidos durante el conflicto dentro de algunos de sus macrocasos, por ello el organismo internacional implícitamente respaldó la gestión de este Tribunal y plantea también como prioridad fortalecer las condiciones para la reconciliación.
Este jueves 21 de enero, cuando Carlos Ruiz Massieu presente en la ONU su informe trimestral frente a Colombia, instará además a los colombianos a considerar la implantación integral del Acuerdo de Paz, como parte de los esfuerzos a que en el contexto de la pandemia de Covid-19, se proporcionen a las comunidades que fueron más afectadas por el conflicto, a proporcionarles mayores oportunidades de desarrollo, seguridad y paz.
“Ahora que el país entra en el quinto año de construcción de la paz en el marco de el Acuerdo Final, felicito a los colombianos y las colombianas por los logros alcanzados en el proceso de paz hasta la fecha y aliento a las partes a perseverar para que el potencial transformador del Acuerdo se materialice plenamente”, concluyó recientemente Carlos Ruiz Massieu, una postura que ahora será ratificada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sus observaciones, denuncias y propuestas quedan en manos del presidente Iván Duque, en un contexto en donde las relaciones internacionales del país atraviesan momentos tensionantes con la misma ONU, Estados Unidos, Rusia y Cuba.
