Por Jenny Manrique
Corresponsal en Estados Unidos
Si alguien le pregunta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su fórmula para acabar con el narcotráfico interno, sea este de opioides, marihuana, drogas sintéticas o metanfetaminas, su respuesta es la misma: un costoso muro de US$70 mil millones a lo largo de 3.000 kilómetros en la frontera con México.
Pero expertos en la guerra contra las drogas, desde analistas de políticas públicas hasta exagentes de la DEA, coinciden en que el muro es ineficiente para atacar el problema del consumo de drogas, que causó la muerte de más de 70.000 ciudadanos estadounidenses en 2017, según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).
“Es claro que los carteles mexicanos contribuyen al mercado de drogas ilegales”, dijo Maritza Pérez, analista sénior de políticas para la Reforma de Justicia Penal del Center for American Progress (CAP), con sede en Washington D.C. “Pero la crisis de opiáceos también puede explicarse por la prescripción excesiva de medicamentos, que llevó a un abuso generalizado de la droga. De 112 millones de recetas en 1992, pasamos a 282 millones en 2012”, señaló a la Agencia de Periodismo Investigativo (API).
Los orígenes de la tragedia opioide se encuentran en las estrategias de algunas compañías farmacéuticas que han sido señaladas porque supuestamente durante un cuarto de siglo han promovido los analgésicos que contienen opioides sintéticos para aliviar el dolor. Cuando los pacientes ya no pueden pagarlos, recurren a la heroína o al fentanilo, un poderoso opioide sintético similar a la morfina pero 100 veces más potente, que según un informe del subcomité de investigación de seguridad nacional del Senado, llega a Estados Unidos desde China a través del Servicio Postal.
“Esta es una industria que permitió que millones y millones de medicamentos ingresaran en farmacias fraudulentas y consultorios médicos deshonestos, que los distribuyeron a personas que no tenían una necesidad legítima de esos medicamentos", reveló Joe Rannazzisi, exdirector de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), que regula la industria farmacéutica, en una explosiva entrevista en octubre del año pasado en el programa de investigación 60 minutes.
Las compañías farmacéuticas aseguraron a médicos e investigadores del Congreso que los analgésicos eran seguros, lo que disparó las prescripciones y la adicción. Hoy es la sustancia más traficada en el país y según la CDC (por sus siglas en inglés de Centers for Disease Control and Prevention), ocupa el primer lugar en causa de muertes, por encima de la heroína, el fentanilo y la cocaína. “Estos no eran niños consumiendo crack en una esquina. Estos eran profesionales que distribuyeron drogas sabiendo que causaban muertes. Eran traficantes de drogas en batas de laboratorio”, agregó Rannazzisi.
La epidemia de sobredosis con opiáceos afecta en gran medida a los blancos de zonas rurales que forman la columna vertebral del electorado de Trump. En octubre del año pasado, el presidente declaró esta crisis como una emergencia nacional de salud pública, pero no ha destinado recursos para atenderla desde el punto de vista médico. En numerosas conferencias de prensa sigue culpando de su tráfico a los carteles mexicanos y hasta a los talibanes en Afganistán. Trump ha dicho también que quiere imponer la pena capital para traficantes de drogas, para emular la campaña de limpieza social del presidente filipino Rodrigo Duterte, a quien felicitó por su “increíble trabajo en el problema de las drogas".
No obstante, la división de la DEA que se ocupa del mercado interno ha identificado otra fuente permanente del tráfico: la llamada “internet oscura”, a través de la cual los usuarios compran drogas no solo desde sus casas, sino recientemente desde las terminales de las bibliotecas públicas.
¿Vuelta a las fumigaciones?
Todos estos factores han hecho que el complejo entramado del narcotráfico no se reduzca a un tema fronterizo ni se encuentre una solución única. Y Colombia es una permanente pieza de este rompecabezas. Sobre todo porque el desmedido apetito por la cocaína no desaparece en Estados Unidos y los más recientes números de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas calcularon que el cultivo de coca colombiano aumentó 11 %, de 188.000 hectáreas en 2016 a 209.000 hectáreas en 2017, mientras que la producción de cocaína lo hizo en un 19 %: de 772 toneladas métricas en 2016 a 921 toneladas métricas en 2017.
“EE.UU. y Trump culpan al gobierno de Santos y al proceso de paz por el crecimiento de la coca”, le dijo a API la analista Gimena Sánchez, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Dada la fuerte alianza que ambos países han tenido desde el año 2000 con una inyección de más de US$10.000 millones en la lucha contra las drogas, la reciente elección del presidente Duque promete volver incluso a políticas represivas como la fumigación aérea con herbicidas para reducir las hectáreas de coca. Trump es muy amigo de esa idea.
Pero, según Gómez, eso tiene dos impedimentos: la decisión de la Corte Constitucional acerca de los riesgos del uso de glifosato para la salud y el apoyo financiero que la comunidad internacional ha vinculado a la implementación de los compromisos de paz. “Seguramente van a retroceder a alguna forma de fumigación y aumentar la erradicación manual que hemos visto ha generado conflictos con campesinos como fue la masacre de Tumaco”, dijo la analista. “Se está implementando el uso de drones. Pero eso es complejo de manejar y hay que recargarlos cada 15 minutos y operarlos desde bastante cerca”.
En repetidas ocasiones el presidente norteamericano ha pedido evaluar el papel del cartel de Sinaloa en Colombia y por ello Gómez cree que el gobierno Duque “aumentará las extradiciones y capturas” como respuesta a esa presión. Pese al enfoque de Trump en combatir el narcotráfico y las redes criminales, el apoyo bipartidista en el Congreso frente al proceso de paz y Colombia como el principal aliado en la región sigue.
En la reunión bilateral del pasado 25 de septiembre entre Trump y Duque en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), el mandatario norteamericano reiteró su respaldo a Colombia: “usted ha librado una lucha muy fuerte contra el narcotráfico y la seguirá librando, ha sido un gran amigo de Estados Unidos y estamos deseosos de seguir trabajando con usted”. Una afirmación a la que Duque respondió: “queremos fortalecer los vínculos entre Colombia y los Estados Unidos, porque compartimos los valores democráticos, al igual que nuestra preocupación de combatir el narcotráfico”.
En la Asamblea, 130 países firmaron una declaración de apoyo a las acciones de interdicción a las drogas y contra los carteles que financian su producción. En este contexto, la visita de Trump a Colombia en diciembre va a ser determinante sobre cuáles serán los siguientes pasos que el gobierno del país latinoamericano tomará en este frente. Mientras tanto, la estrategia de la Casa Blanca a nivel local es seguir penalizando el consumo.
Criminalización vs. legalización
“Estados Unidos ha invertido incontables recursos por seis décadas en criminalizar el consumo, con la idea de que al poner a suficientes personas tras las rejas la epidemia disminuirá”, le señaló a API María McFarland Sánchez-Moreno, directora ejecutiva de Drug Policy Alliance (DPA), organización con sede en Nueva York que lleva más de 20 años promoviendo la legalización de la marihuana en el país.
Un informe elaborado en 2016 por Human Rights Watch, titulado “Cada 25 segundos”, arrojó unas conclusiones dramáticas: más de un millón de personas son arrestadas cada año por poseer droga para uso personal, y la disparidad racial es notoria: los afroamericanos son tres veces más propensos a ir a la cárcel que los blancos, a pesar de que sus tasas de consumo son las mismas.
Según datos del Buró Federal de Prisiones, con cierre al mes de julio había en las prisiones federales casi 80,000 detenidos por delitos relacionados con las drogas, lo que equivale al 46 % de todos los crímenes en el país.
Cifras de la Comisión de Sentencias de EE.UU. muestran que en los 12 meses del año fiscal 2017, casi 20,000 personas fueron sentenciadas por esos crímenes, la mayoría (37 %) por el tráfico de metanfetaminas. La mitad de los delincuentes eran hispanos, seguidos por los afroamericanos en un 24,7 % de los casos. “Es absurdo que más de un millón de personas vayan a la cárcel anualmente por posesión de drogas, cuando lo que necesitan es tratamiento médico. Necesitamos políticas de reducción de daños como las de Europa y Canadá”, agregó McFarland.
Estas políticas promueven sitios de consumo supervisados por expertos médicos, así como el testeo de drogas y píldoras para descubrir si son de baja pureza o están contaminadas con sustancias más tóxicas que ponen en riesgo a los consumidores y hacen que sus efectos sean impredecibles. Estos países tienen menores tasas de sobredosis que Estados Unidos.
La DPA ha estado detrás de las victorias de iniciativas ciudadanas en las urnas que permitieron que en la actualidad nueve estados (Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon, Vermont y Washington) y el Distrito de Columbia hayan legalizado el uso recreativo de la marihuana para adultos. El uso medicinal está disponible en 30 estados de la Unión Americana.
Sin embargo, a nivel federal la marihuana todavía es ilegal. Es por eso que la industria, que se estima generará US$11 mil millones en 2018 y 467.000 empleos de tiempo completo en 2022, según un estudio realizado por Arcview Market Research y BDS Analytics, todavía no se ha podido bancarizar. Esto significa que los dueños de dispensarios siguen manejando grandes cantidades de dinero en efectivo.
En el Congreso norteamericano se tramitan varios proyectos de ley, incluido el Marijuana Justice Act, del senador demócrata Cory Booker, que además de buscar la legalización de la marihuana nacionalmente, incluye adendas para reparar el daño que se ha hecho con la prohibición: permite a los condenados por posesión limpiar sus registros, a las comunidades más perjudicadas acceder al mercado y recibir beneficios de los impuestos en la industria.
“Es difícil que haya un avance de esas iniciativas con la mayoría republicana”, reconoce McFarland de la DPA. Pero la opinión pública podría ser una fuente de presión: según una encuesta del centro de investigación Pew, realizada en octubre de 2017, aproximadamente seis de cada diez estadounidenses (61 %) opinan que el uso de la marihuana debería estar legalizado.
Esto en contravía de la opinión del fiscal general, Jeff Sessions, cabeza del Departamento de Justicia, quien ha dicho que “las buenas personas no fuman marihuana” y que “necesitamos adultos a cargo en Washington que reconozcan que la marihuana es de hecho un peligro muy real”. Tras asumir su cargo, una de sus primeras acciones fue ordenar a los fiscales federales “acusar y perseguir con la ofensa más grave y fácilmente comprobable” a los consumidores de cannabis.
Esto dejó a residentes y compañías de la industria de la marihuana inseguros de si serían procesados bajo la ley federal por algo que es legal en su estado y que en casos como el de Colorado, genera la mayor fuente de impuestos e ingresos.
¿Pandillas importadas?
La plataforma de campaña del actual presidente Trump también incluyó otra asociación explícita: la de los inmigrantes que cruzan la frontera ilegal con el crecimiento de las pandillas en el país y el narcotráfico interno. Y ninguna de las 33.000 pandillas que el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) reconoce que hay en territorio estadounidense ha tenido tanta atención de la Casa Blanca como la Mara Salvatrucha MS-13.
Formada originalmente en la década de 1970 por inmigrantes de El Salvador que huyeron a Los Ángeles escapando de una brutal guerra civil en su país, la MS-13 se estableció en las zonas más deprimidas de la ciudad californiana. Sus integrantes comenzaron fumando marihuana y escuchando música heavy metal hasta convertirse en una pandilla bárbara cuyos crímenes depravados son legendarios.
Hoy cuenta con más de 10.000 miembros en 40 estados del país y sin embargo pese a la atención mediática solo representa una pequeña fracción de los 1,4 millones de pandilleros que según el Centro Nacional de Inteligencia de Pandillas hay en territorio estadounidense. La pandilla de los Latin Kings tiene más de 20.000 miembros, los supremacistas blancos asociados en la Aryan Brotherhood tienen casi 15.000 y los Gangster Disciples son más de 50.000 afroamericanos.
“Esta administración está utilizando la amenaza de loa MS-13 para imponer políticas criminales y de inmigración más severas, a pesar de que es menos probable que los inmigrantes participen en actividades delictivas que los estadounidenses nativos”, dijo Maritza Pérez, del CAP. “MS-13 está poco organizada en los Estados Unidos y América Central. No tiene un líder singular ni juega un papel en el tráfico transnacional de drogas”, agregó.
En eso coincide David Pyrooz, profesor de sociología de la Universidad de Colorado Boulder, quien es coautor del libro Confronting gangs: Crime and community. Según su investigación, no hay suficiente evidencia para explicar cómo es que las pandillas participan en la producción local de drogas. "El 15 % de la población carcelaria es parte de una pandilla, pero la evidencia sugiere que los delitos por los que están presos tienen que ver más con crímenes violentos que con los relacionados con el narcotráfico”, aseguró el experto.
El más reciente informe del FBI del 2015 describe las zonas del país en que las pandillas operan y qué tipo de drogas distribuyen, pero no especifica cantidades o ganancias. La oficina no respondió a pedidos de información más precisa. “No hay un estudio sistemático que diga qué tan envueltos están en el transporte de drogas. Es posible que en el caso de la marihuana la cultiven legalmente y la transportan ilegalmente a otros estados, porque su actividad criminal sigue siendo la calle, pero la legalización ha permitido que las ganancias para estos grupos hayan bajado”, añadió Pyrooz.
Los expertos reconocen que es posible que haya algunos inmigrantes de países centroamericanos que tengan lazos con pandillas o carteles de la droga, pero las cifras indican que la mayoría cruza por razones económicas o escapando de la violencia de sus países y en busca de asilo político. “El pánico moral que generan los inmigrantes hace que sean el chivo expiatorio perfecto –dijo Pyrooz–. Después de todo, fue ese sentimiento antiinmigrante con el que el presidente se hizo elegir”.
Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia parecen seguir la misma línea de lucha antidrogas. Así lo demuestran las acciones del presidente Donald Trump con la represión a los consumidores, la petición de aspersión con glifosato y el posible aumento de penas. Colombia comienza el mismo camino. La norma que ordena el decomiso de la dosis mínima, el uso del glifosato de nuevo y una reforma al Código Penal, son los primeros pasos paralelos para reducir el flagelo de las drogas, que afecta aquí y allá.
