Hace dos meses el país se estremeció. Un suceso causó indignación y burla. La imagen de la exsenadora Aída Merlano, condenada a 15 años de prisión, aferrada a una soga lanzándose desde el tercer piso de un consultorio médico ubicado al norte de Bogotá, luego de un diseño de sonrisa, le dio la vuelta al mundo.
De inmediato se hicieron múltiples anuncios desde el gobierno, la Procuraduría y la Fiscalía sin que nada pasara. Lo cierto es que el paradero de la excongresista es desconocido y su búsqueda pasó a segundo plano por el paro nacional.
Situación diferente se presenta con sus compañeras de prisión. A partir de la evasión del penal de la exparlamentaria, las mayores afectadas con la fuga son las 2.258 internas de la Reclusión de Mujeres, El Buen Pastor de Bogotá, quienes ahora son sometidas a la aplicación del rigor penitenciaria; flexible mientras Merlano estuvo allí.
La indignación por la fuga de Merlano generó acciones para calmar los ánimos y sacar el tema de la agenda mediática. Sus protagonistas han salido airosos y resilientes. El director del Inpec, el mayor general de la Policía, William Ruiz, cuyo despacho fue responsable de la disminución del nivel de seguridad de Merlano, cayó de pie y fue designado para manejar la seguridad y orden público de la jornada del paro nacional en Cali. En otras palabras salió de la entidad penitenciaria pero continuó en la Policía.
La hija de la prófuga y quien lleva su mismo nombre Aída, logró a través de sus abogados demostrar que su captura fue inconstitucional, el operativo desproporcionado y por ello la Fiscalía recibió un bochornoso regaño de la juez 12 de Control de Garantías de Bogotá.
“De verdad cree usted, señor fiscal, que esta jovencita va a interferir el proceso. ¿Va a tener acceso a manipular qué? Y agregó, “ aquí la Fiscalía no actuó con transparencia, con lealtad, usted no informó que esta solicitud de captura fue llevada ante dos jueces”.
Días después, la joven Aída Merlano, pasó de los estrados a los micrófonos y habló de lo divino y lo humano en los medios de comunicación. La popularidad que le generó la fuga de su mamá le alcanzó hasta para posar desnuda en la portada de la revista Soho.
Los demás implicados, o al menos investigados por el delito de fuga de presos, han rendido su versión en la Fiscalía y la Procuraduría. El Odontólogo Javier Guillermo Cely espera la próxima audiencia y el capitán de la guardia del Inpec, adscrito al Buen Pastor, David Alexander Álvarez y quien fungía como comandante de custodia, está detenido en el pabellón de funcionarios públicos de la penitenciaria La Picota, a la espera de la próxima audiencia, con los beneficios que le trae estar custodiado por sus compañeros y subordinados.
Frente al caso, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, anunció cambios estructurales y repudió los privilegios que tenía Aída Merlano Rebolledo en El Buen Pastor, a tal punto que mientras la excongresista se le otorgó sin objeción alguna un permiso para salir del penal a un tratamiento odontológico estético, las demás internas no tienen acceso a ningún beneficio. De hecho, purgan sus penas o enfrentan sus procesos en medio de dolorosas enfermedades. Desde problemas de columna o mentales hasta cáncer.
Nada ha mejorado en la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor. El escándalo tras la fuga solo generó represión y desdén administrativo. La Agencia de Periodismo investigativo, API, contactó a varias internas quienes denunciaron lo que realmente está pasando. “La guardia se está desquitando con nosotras, el maltrato y la desidia han aumentado sin que nadie haga o diga nada”, denunció una de ellas.
Desde que fueron separadas de sus cargos la directora de la cárcel, Diana Muñoz quien firmó la autorización de salida de Merlano acompañada por dos integrantes de la guardia y Katherine Lozano Forero, la subdirectora; ni la ministra Cabello ni el recién nombrado director de Inpec, general Norberto Mujica, han designado director en propiedad de este establecimiento carcelario.
“Los funcionarios en interinidad temen adoptar decisiones que enfrenten las graves problemáticas frente a la alimentación, la batería sanitaria y la asignación de “mejores” tratamientos penitenciarios a las que pueden pagar”, advirtió el abogado Alejandro Carranza.
El penalista se ha dado a la tarea de denunciar ante los organismos de control e internacionales, tratos crueles y degradantes, deficiencias en los servicios de salud, alimentos en descomposición que incluso ha generado intoxicaciones de mujeres, que, como lo afirma el togado, muchas de ellas están detenidas preventivamente mientras enfrentan un juicio.
Acciones administrativas, denuncias y quejas en contra del Inpec, la reclusión de mujeres y el personal de guardia y custodia reposan en diversos despachos del país. Estos evidencian que mientras Aída Merlano disfrutaba de múltiples beneficios y tenía acceso ilimitado a todas las zonas del penal, a remisiones médicas, una celda con hamaca privada y alimentos frescos a cualquier hora del día, el resto de mujeres vivía una doble pena, estar privadas de la libertad y carecer de lo más mínimo para su subsistencia.
Con otro antecedente. El pasado 23 de septiembre, la magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, profirió un auto mediante el cual le remitió al Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec y a la Procuraduría las denuncias y quejas que habían sido radicadas que detallaban las condiciones de detención de las mujeres en dicho centro carcelario.
“La entrega de alimentos se realiza en la mano y en ocasiones en estado de descomposición, no hay servicio óptimo de salud por parte del sistema médico del centro de reclusión. Las mujeres que están afiliadas al sistema contributivo no cuentan con servicio de salud, existe hacinamiento diferencial, en tanto se otorgan privilegios para ciertas mujeres privadas de la libertad, limitando el espacio para las demás”, estableció la Corte Constitucional.
Un pronunciamiento que ratifica lo sucedido en la reclusión de mujeres, mientras Aída Merlano gozaba de todos los beneficios, las internas que estaban afiliadas al Régimen Subsidiado de Salud no recibían atención médica y las del Régimen Contributivo no se les autorizaba el traslado a las citas con los facultativos.
Incluso, la Corte Constitucional, una semana antes de la cinematográfica fuga entregó otros detalles de la vida en El Buen Pastor. Evidenció la carencia de servicios sanitarios y baños suficientes para las mujeres privadas de la libertad, “aquellas mujeres menstruando no pueden acceder ni a intimidad ni a higiene”.
En la misiva remitida a la Procuraduría, advirtió que no existen tratos diferenciales cuando las mujeres sufren síndrome premenstrual, pues muchas a pesar de la sintomatología duermen en el piso frío que incrementa sustancialmente los síntomas y los cólicos.
Incluso, se estableció que el personal de guardia de El Buen Pastor, intimida a las internas para que éstas no denuncien el maltrato y los véjamenes a los que son sometidas.
También hay un capítulo especial para el capitán David Alexander Álvarez Cárdenas, el comandante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, capturado tras la fuga de Aída Merlano, entre otros, porque a pesar de estar en vacaciones, el día de la huida de la excongresista permaneció en el establecimiento de reclusión y estuvo al tanto de la remisión de la senadora, indicó la Fiscalía.
Sobre este capitán llegaron a la Corte Constitucional varias quejas “por abuso de autoridad y acoso sexual”. Denuncias que hoy revisa con lupa el ente acusador y el Ministerio Público por solicitud de la Corte.
Otro de los aspectos denunciados recae en el diseño de las áreas de entrevista para los abogados y sus defendidas. Tanto la guardia penitenciaria como otras internas escuchan la conversación entre defensor y cliente, dificultando la defensa técnica.
Los días de visita para unas, son el tormento para otras. El desayuno de entrega a las 3:00 a.m y el almuerzo a las 4:00 a.m. Sometiéndolas a largas jornadas de ayuno.
Pero quizás uno de los temas críticos al interior de la reclusión es el padecimiento de las mujeres en los servicios de salud. Los organismos de control investigan varios casos de presunta negligencia por parte de directivos del penal.
Karol Dayana Serrano Pabón, está recluida en el patio 9, es paciente psiquiátrica, sus compañeras afirman que constantemente se cose la boca con hilo y que presenta episodios psicóticos pero que ha sido imposible que reciba tratamiento médico, poniendo en riesgo su vida.
Otra interna, identificada como Nidia Andrea Serrano Nuñez, padece su propio calvario. En el mes de julio fue atacada por otra interna quien le propinó varias heridas con arma blanca. Una en el lado izquierdo de su pecho, otra debajo de la axila izquierda, una que le ocasionó fractura en su nariz y además herida en su brazo izquierdo.
Aunque Medicina Legal le certificó 50 días de incapacidad, en la reclusión inexplicablemente la redujeron a ocho días. La interna, según la denuncia, no fue remitida a las citas médicas y sus heridas se infectaron.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, tiene en su poder las denuncias de otras tres internas, las cuales se abstiene a revelar sus nombres por seguridad de las mismas y quienes afirmaron que su vida e integridad personal está en riesgo.
“Están siendo víctimas de amenazas a diario por parte de las demás reclusas y al parecer están afectadas por malos tratos y traslados efectuados por el Capitán David Alexander Álvarez y la dragoneante Lorena Piñeros”, advierte la queja. Precisamente, el capitán Álvarez es uno de los implicados en la fuga de la exparlamentaria.
Al respecto, Esmeralda Fernández, directora de la Fundación Cárceles Al Desnudo, indicó que ese funcionario en el pasado había estado adscrito a este penal y señaló que en el tiempo de permanencia los comités de derechos humanos de las internas e incluso de funcionarias, habrían advertido de su abuso de poder, malos tratos y violación a las normas de respeto por los derechos de las internas.
En ese sentido, Fernández remitió una carta en el mes de abril a la entonces ministra de Justicia, Gloria María Borrero y al otrora director del Inpec, William Ruíz, solicitando se revocara la resolución 1000 del 9 de abril, mediante el cual se trasladaba al capitán Álvarez a dicho establecimiento carcelario, ante las numerales denuncias y quejas en su contra.
“Les mencionamos que queríamos saber qué había sucedido con la denuncia realizada por las internas del Buen Pastor de Bogotá y nos sorprende que 15 días después de esa reunión hay una resolución que lo envía al Buen Pastor obviando que las mujeres privadas de la libertad están amparadas por normas internacionales de reclusión” indicó Fernández, en su momento.
Casos como los de Mónica Willot Benaya quien padece cáncer e Ingrid Barón, afectada por tuberculosis, son dos ejemplos de la difícil situación de atención médica de las internas.
Luego de la fuga de Merlano, el panorama se ensombreció aún más en el penal. No solo no se mejoraron las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad, si no que éstas se agravaron. “Hay remisiones de toda índole represadas” indicó otra fuente penitenciaria a esta Agencia.
En varias oportunidades la alimentación, nuevamente, ha llegado en mal estado. Las condiciones de salubridad son deficientes, el servicio médico y el maltrato continúan siendo las quejas más frecuentes. A las internas las amenazan con cambiarlas de patio, o incluso de establecimiento carcelario. Además han realizado varias jornadas de requisas a sus celdas, en busca de elementos prohibidos, destrozando los objetos personales y hasta los medicamentos.
Ni siquiera en las jornadas del paro nacional, cuando los 120 sindicatos del Inpec anunciaron que se sumarían, estuvieron a salvo. El abogado Andrés Felipe Caballero, asociado al Colegio de Abogados Penalistas, denunció el maltrato por qué las internas se sumaron al cacerolazo.
“El día de ayer el @INPEC_Colombia arremetió contra algunas reclusas del Buen Pastor por ejercer su derecho a la protesta pacífica. El cacerolazo del viernes desembocó en una violación de derechos dentro de la cárcel. Se denunciará lo sucedido”, expresó el penalista a través de la red social twitter.
Desde la fuga de Aída Merlano la situación ha empeorado. De la indiferencia pasamos al desconocimiento absoluto de los derechos, peticiones, asistencia vital y demás requerimientos fundamentales” advirtió María Osorio.
En una carta de tres páginas en poder de esta Agencia, las internas solicitaron a los entes de control, “que se tomen las medidas necesarias y si es el caso intervengan administrativamente el establecimiento de reclusión (...) con la salida del director general del Inpec los procesos administrativos están suspendidos, si bien es cierto que venían altamente retrasados, la situación ahora es de incertidumbre y angustia, haciendo referencia a que no hay quien firme o autorice las solicitudes de las internas”.
Luego de dos meses y tras apagarse la indignación por la fuga de Aída Merlano, sus compañeras de infortunio pero no de privilegios viven la peor parte de la historia.
No solo deben enfrentar sus procesos penales en condiciones invisibles, con una alimentación deficiente, condiciones de insalubridad, malos tratos, represalias si no que ahora ademas, la cárcel está paralizada administrativamente. Las redenciones de pena, las remisiones médicas y la dinámica propia del penal que ya era deficiente está estancada. Allí no hay quien firme, quien dirija ni quien viva, solo hay las penas de 2.258 internas.
