El pasado 7 de septiembre la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en Norte de Santander, mediante acta 025 abrió investigación disciplinaria en contra de Vivian Polanía Franco, la juez primero municipal con función de control de garantías ambulante de Cúcuta, por considerar que la funcionaría podría haber incumplido las prohibiciones que rigen para los jueces de la Republica.
Ese mismo día, la polémica juez, en su red social hizo algunas evocaciones a la libertad de expresión y al género. Incluso, dos dias después solicitó a los magistrados que la investigan decretar la nulidad del proceso argumentando que los cuestionamientos debían limitarse a su función como juez, sobre la cual afirma ha procedido con rectitud.
Según la funcionaria judicial, jamás ha utilizado la red social Instagram para criticar a otras personas, ni para hacer debates jurídicos. Indica que allí advierte que es juez y practicante del CrossFit, por ello confía en que accedan a su solicitud como una muestra de independencia de la Rama Judicial, la dignidad y libre desarrollo de la personalidad. “Seamos positivos, y que las redes sociales sirvan para aportar y divertirse, más no para dañar o destruir personas”, concluye.
Sin embargo, los cuestionamientos no son por sus 28 tatuajes, su gusto por el crossfit por sus fotos sujestivas, semidesnuda que postea con frecuencia en su red social.
Su cotidianidad que registra en fotos y postea en redes la están convirtiendo en un personaje popular del ciberespacio. Antes de la polémica tenía en Instagram cerca de 50.000 seguidores, una semana después del debate y de las decisiones de la justicia ya llega a los 83.600 seguidores.
Pero así como aumentan sus seguidores en las redes sociales de la juez, también aumentan las quejas y los señalamientos en su contra por parte de abogados litigantes y hasta de procesados.
Apenas tres días después de que la Sala Disciplinaria iniciara investigación disciplinaria de oficio contra la servidora de la justicia, llegó una extensa queja en contra de Polanía Franco.
El abogado Fabio Humar Jaramillo, apoderado del litigante Marlon Díaz, solicitó investigar a la funcionaria. Mediante una queja de 11 páginas en su contra, el penalista detalla los hechos ocurridos en una audiencia efectuada el pasado 31 de agosto.
Ese día, en un caso de prórroga de medida de aseguramiento contra cinco personas por presunto lavado de activos, cuando la juez interrumpió al defensor, argumentó que no le diera clases de derecho procesal. Ademas le advirtió que no molestara más y en la sustentación del recurso de apelación ante la decisión de la funcionaria, esta volvió a interrumpirlo y al final con risa se mofó de los conceptos del abogado Díaz.
A juicio del penalista Humar, la juez incumplió con el deber de respetar la Constitución, las leyes y los reglamentos, desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo y actuar con cortesía y consideración.
(Audio: Juez de segunda instancia revoca el fallo y ordena investigación)
“La funcionaria desconoció el papel de la defensa limitando y saboteando de forma irrespetuosa e injustificada su intervención en una audiencia de suma importancia como es la prórroga de una medida de aseguramiento”, se advierte en la queja conocida por la Agencia de Periodismo Investigativo.
En la comunicación también se evidencia que la funcionaria judicial no permitió que la fiscal del caso expusiera porque era necesario continuar con la medida de aseguramiento en contra de los procesados. Cuando apenas se había referido de uno de ellos, también mandó a callar a la fiscal. “(...) doctora, doctora creo que es suficiente”.
Paradójicamente los abogados Humar y Diaz no son los únicos que consideran que lo sucedido en la audiencia trasgredió el Código Disciplinario, la ética, la cortesía y hasta las funciones judiciales.
El juez quinto penal del circuito de Cúcuta, desconociendo que ya se había radicado una queja en contra de su colega Polanía, no solo revocó la decisión proferida por ella por falta de motivación, si no que además compulsó copias a la Sala Disciplinaria y reprochó su actitud en la audiencia.
Revisada la audiencia que duró cerca de 50 minutos, incluso, en los últimos diez minutos, el juez quinto señaló uno a uno lo que denominó “anécdotas procesales que jamás debieron ocurrir”.
“Se ordena compulsar copias disciplinarias para que investigue quién se rió, la risa burlona es grotesca, inadmisible. (...) se le llama la atención a la señora juez de primera instancia para que morigere su particular forma de direccionar las audiencias”, señaló el togado.
El juez también evidenció y reprochó que el abogado Marlon Diaz apenas llevaba un minuto con trece segundos de su intervención cuando Polanía Franco lo interrumpió para cuestionarlo porque, según ella, llevaba diez minutos hablando, “y no ha dicho nada”.
También advirtió la segunda instancia que Polanía Franco confundió derechos humanos con Derecho Internacional Humanitario. Recriminó además que la juez hubiera reprochado la decisión de un par suyo, en él sentido de otorgarles a los procesados detención domiciliaria y no en centro carcelario.
“Esta bien que no la comparta pero redujo la decisión de un par independiente que sea el circuito, y dijo que esas personas solo necesitaban un computador para seguir delinquiendo”. Sorprendido por lo sucedido, el juez de segunda instancia enfatizó en que, “ no fue adecuado el control y la dirección de la audiencia. Por eso se le hace un llamado con vehemencia a la señora juez de primera instancia, recordándole que la cortesía hace parte de los deberes de los funcionarios judiciales”.
Pero estos no son los únicos reproches en contra de Vivian Polanía Franco quien lleva cerca de cuatro años en su cargo como juez de control de garantías de Cúcuta. En una difícil labor en donde debe decidir la suerte de narcotraficantes, miembros de Grupos Armados Organizados, GAO, guerrilleros, exguerrilleros, disidentes, delincuencia trasnacional y común.
Esta Agencia, conoció el video de otra audiencia en el que la juez Polanía le prohíbe a un abogado defensor enunciar los artículos de una ley como parte de su argumento. Allí, cuando el litigante anuncia que requiere hacer alusión a la ley para su intervención, la juez Polanía dice, “entonces que vamos a hacer”. “Le voy a rogar el favor y le exijo que no lea los artículos. Le exijo doctor, es que yo no le estoy pidiendo un favor, le estoy es exigiendo”, le grita la funcionaria al litigante.
El abogado riposta y manifiesta que así no puede continuar con la intervención. Polanía le indica que es una exigencia del despacho, que tiene quince minutos para sustentar el recurso, que se los empieza a contar de manera inmediata. Finalmente la juez le advierte, “entonces si no va a sustentar el recurso me lo dice para entonces declararlo desierto”.
La situación de la juez ya traspasó el ámbito local. El comportamiento de la togada en las audiencias, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia en el contexto de otro proceso trascendente.
Se trata de un proceso en el que están implicados cuatro miembros de la Policía Nacional y siete particulares. El 21 de agosto del año pasado, la juez Polanía los envió a prisión por el presunto delito de tráfico de migrantes en la frontera con Venezuela.
En una acción de tutela que interpuso el abogado Giovanni Ruiz, defensor de uno de los policías procesados, refiriéndose a la juez Vivián Polanía, el jurista advierte que su defendido no tuvo las mínimas garantías en la audiencia ante la funcionaria.
“Impide con gritos e intimidaciones de varias maneras la intervención de sus defensores. Les apaga el micrófono, les manda a callar, regaña a algunos de los procesados a quienes les advierte que no tolerará sus “payasadas”. Los reprime e intimida, obstaculiza e imposibilita el quehacer de sus defensores, al punto que la diligencia, rompe el principio de igualdad de armas que se lleva casi en solitario entre el fiscal y la “juez de garantías”. Así lo manifiestó ante la Corte el abogado Ruiz.
En este proceso también se reprochó una supuesta cercanía entre la juez Vivian Polanía Franco y el fiscal del caso, quienes aparecen departiendo en un cumpleaños. Al respecto, un penalista expresó, “es frecuente ver que algunos jueces son simples notarios de la Fiscalía. La gravedad actuaciones como la de esta juez, radica que tal y como el nombre del cargo lo índica, su deber es velar por las garantías de los implicados, principalmente de los procesados y su defensa”.
Estos son algunos ejemplos de una juez que en las últimas semanas ha sido cuestionada por abogados, jueces y procesados por la manera en que desarrolla sus audiencias. Sus demás actividades como el CrossFit, el manejo de sus redes sociales y fotografías corresponden a su ámbito privado y no merecen cuestionamiento alguno.
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