El matoneo, la ridiculización y la exigencia de mantenerse en silencio que presuntamente le hicieron los magistrados del Consejo de Estado a su colega, la entonces magistrada Stella Conto, luego de que esta diera una entrevista a un medio de comunicación sobre su posición respecto al impedimento del magistrado Mauricio Fajardo respecto a la demanda de pérdida de investidura en contra de doce congresistas que participaron en la conciliación de la fallida reforma a la justicia del año 2012, le salió muy caro a los colombianos.
Un fallo de un juzgado administrativo de Bogotá acaba de condenar a la Nación por estos hechos y ordenó pagarle a la hoy exmagistrada Stella Conto y sus tres hijos, María Carolina, Juan David y María José, alrededor de $500 millones por el daño causado a la dignidad de la extogada víctima de bullying de sus colegas en el alto tribunal y quienes en un aparente acuerdo de silencio votaron por no grabar la sesión y dilataron el levantamiento del acta en la que se consignó lo sucedido en las sesiones oficiales.
La historia se remonta al 28 de mayo de 2013, en momentos en que la Sala Plena del Consejo de Estado estudiaba una demanda de pérdida de investidura en contra de doce congresistas que conciliaron la fallida reforma a la justicia de 2012 y que por los ´micos´ que le colgaron a última hora, el presidente de la República Juan Manuel Santos tuvo que objetar la ley por inconstitucional e inconveniente.
Un bochornoso acto legislativo que terminó cobrando la cabeza del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, encargado de impulsar la cuestionada ley desde el gobierno. Al tiempo que los senadores y representantes a la Cámara fueron demandados ante el Consejo de Estado y denunciados ante la Corte Suprema de Justicia.
Precisamente, en esa demanda de pérdida de investidura contra los congresistas por legislar en causa propia y tráfico de influencias, se negó el impedimento presentado por el magistrado Mauricio Fajardo Gómez, con el salvamento de voto de tres consejeros, Hugo Bastidas, Jaime Orlando Santofimio y Stella Conto.
Con un desarrollo adicional, el diario El Espectador publicó el salvamento de voto de la magistrada Conto. De esta manera, las posiciones de los demás magistrados que declararon infundado el impedimento de Fajardo quedaron en entredicho y en la mira de la opinión pública.
Al día siguiente, el 12 de junio de 2013, el magistrado Alfonso Vargas Rincón quien fungía como presidente de la corporación, convocó a una sala plena extraordinaria con el supuesto de examinar, “la crisis en la cúpula de la justicia”.
Y así inició su intervención en esa sesión extraordinaria. Aseguró que había un ambiente de crisis en la cúpula de la justicia que incluso tenía una carpeta con todo lo negativo que se estaba publicando en los medios de comunicación.
En seguida, hizo referencia a los cuestionamientos de la prensa por las megapensiones de los magistrados de las altas cortes, de los permisos desmedidos e irracionales de los magistrados y hasta profetizó que llegaría el día en que se cuestionara los altos sueldos.
Luego el magistrado Hernán Andrade pidió en el minuto nueve no grabar la sesión. El presidente Vargas solicitó ponerse de pie a quienes votarán por parar la grabación, solo quedó en su puesto la magistrada Conto quien en el minuto doce les advirtió que cómo no existía una restricción para grabar su propia voz cuando ella interviniera activaría su grabadora, ahí él secretario Bedoya cortó la grabación.
En adelante y durante cuatro horas, según el relato de Conto ante la justicia, los demás consejeros dedicaron la sesión a criticarla por su entrevista en la prensa, la filtración del documento que aún no estaba firmado y hasta la línea editorial del medio. A esto ella lo denominó un juicio simulado.
Conto sintió que la maltrataron verbalmente, la hostigaron, la discriminaron y la ridiculizaron por su posición pública La magistrada en adelante y en cada sesión solicitó el acta de lo sucedido aquel 12 de junio.
Un mes después, uno de los abogados de los congresistas cuestionados hizo público que el Consejo de Estado fallaría en favor de sus clientes, pero dicha revelación, inexplicablemente para Conto, no tuvo ninguna consecuencia.
Con un detalle que enredó aún más lo sucedido; el abogado en mención era Luis Gustavo Moreno, el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, condenado en Estados Unidos y actualmente privado de la libertad por su participación en el denominado Cartel de la Toga, quién conoció la absolución de los congresistas que votaron la reforma a la justicia 18 meses antes.
Dos años después, el 26 de febrero de 2015 cuando la Sala Plena se reunió para debatir la pérdida de investidura de otro congresista, los consejeros, según la versión de la exmagistrada, le volvieron a recordar lo sucedido en el año 2013 y le advirtieron que no podía hablar con los medios de comunicación sobre su voto. Pero esta vez lo dicho en la sesión sí quedó grabado.
En mayo de 2015, la historia se repitió pero con un agravante, algunos consejeros mostraron una conducta misógena, pues dejaron en entredicho la capacidad, que según ellos, tenían las mujeres de conocer, percibir y transmitir la realidad. Esto también quedó grabado.
Conto no se dio por vencida, no lo hizo cuando denunció a su esposo por violencia intrafamiliar y tampoco cuando acudió a una acción de tutela para exigir sus derechos mermados en su proceso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal, no lo haría en ese momento.
En mayo de 2017 la magistrada le recordó a sus colegas, los demás consejeros de Estado, el compromiso que se había hecho en la sesión del 8 de marzo de 2016 a fin de reconstruir la sesión extraordinaria del 12 de junio de 2013, en la que durante cuatro horas fue maltratada y cuestionada.
Advirtió que debió generarse un acto dirigido a la reconstrucción de lo sucedido el 12 de junio de 2013, por lo que era necesario generar un acto administrativo del acta de dicha sesión extraordinaria para hacerla pública y visible; así mismo, solicitó al presidente del Consejo de Estado iniciar una investigación disciplinaria. Sin embargo, esto no sucedió y por el contrario fue archivada el 4 de febrero de 2019.
Dicha decisión, según expuso la magistrada en la demanda, materializó el ocultamiento definitivo de lo sucedido en la sesión extraordinaria en la que la fustigaron, “por haberse pronunciado sobre su voto particular, en un asunto sin reserva y de interés nacional”.
En la contestación de la demanda el exmagistrado Alfonso Vargas Rincón negó cualquier acto de discriminación hacia las mujeres y resaltó que incluso la vicepresidente para ese momento era María Claudia Rojas Lasso, además advirtió que en su despacho 18 de 20 cargos eran ocupados por damas.
También aseguró que a la magistrada Conto no se le efectuó ningún juicio simulado y que hasta el último día en el que él estuvo en el cargo no se realizó el acta porque el secretario titular del Consejo de Estado, “estaba en año sabático”.
Explicó que se trató de una sesión informal para “hablar por hablar” y que el propósito era afinar para que se tuviera cuidado sobre las publicaciones en la prensa.
Por su parte, la otra magistrada implicada, María Claudia Rojas Lasso afirmó que ella solicitó citar a esa reunión porque era la ponente del proceso de pérdida de investidura y apareció una publicación con el salvamento de voto de la togada Conto cuando aún se estaba en el proceso de recolección de firmas del fallo.
Tras analizar horas de grabaciones, actas, testimonios y demás la justicia determinó que quedó probada la discriminación reiterada y el desconocimiento del fuero constitucional que tenía la magistrada Stella Conto, al no atender su solicitud durante cinco años y siete meses de haber reconstruido el acta de la sesión del 12 de junio, “en donde fue humillada y fustigada por haber dado declaraciones sobre su salvamento de voto en un medio masivo de comunicación.
“Olvida el cuerpo colegiado que en las altas cortes, no pueden existir esta clase de reuniones de Sala “informales”, máxime, si se había iniciado la sala como extraordinaria, con la grabación oportuna, para luego decidir de manera arbitraria si se continuaba grabando”. Según el fallo del juez, lo realizado por los consejeros de Estado desconoció la Ley Estatutaria respecto de la publicidad de las salas.
Así mismo, la justicia encontró un agravante adicional y es que a pesar de que existieron dos salvamentos de voto del magistrado Hugo Bastidas y de Stella Conto, solo se cuestionó el de la ex magistrada.
En el acta de la última sesión en la que participó Stella Conto como magistrada quedó en evidencia un hecho que retomó el juez en su providencia y es que el magistrado Fajardo en una de sus intervenciones le aseguró a Conto que ella debería ser menos arrogante y en cambio estar agradecida por su nombramiento como Consejera de Estado. “Algo inaceptable en este tipo de amonestaciones que dejan es tristeza, dolor, desconsuelo, indignidad, humillación”, sentenció el juez.
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