Este lunes 13 de enero la Rama Judicial del país retornará a sus actividades con un saldo en rojo que se ha acrecentado desde 1995. Los litigios aumentan y con ello la demanda de justicia que históricamente ha ido de la mano con la congestión judicial, la lentitud de los procesos en casi todas los juzgados del país y consecuente impunidad.
Ante la sensación de una falla endémica en la justicia colombiana que está en mora de una verdadera reforma, el año inicia con un saldo en rojo y la percepción de administración de justicia en el país decrece entre los ciudadanos.
Con el lastre del escándalo por la venta de fallos conocido coloquialmente como el 'Cartel de La Toga', que involucra a varios exmagistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y al otrora jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno dejó muy golpeada a la justicia.
A esto se suma la eterna disputa en los procesos internos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ha impedido llenar siete vacantes así como elegir Fiscal General. A ello se suma la designación a mediados de año de procurador y defensor del pueblo.
Tampoco las cifras ayudan. Entre 1995 y 2008 los procesos se atomizaron , pasaron de 898.162 a 2’977.941, pero la oferta de jueces solo se incrementó en un 5.6% según cifras del Consejo Superior de La Judicatura.
Reportes del Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial, Sierju reflejan que para el año 2017, la congestión ya era del 45%, el retraso en el índice de evacuación total llegó tan solo al 34% y la productividad, es decir, el egreso efectivo promedio mensual por despacho fue del 33% y la eficacia del 18%.
En cuanto a los egresos de las noticias criminales, es decir, de la finalización de los procesos que se iniciaron en materia penal, se pasó de 21.331 casos que terminaron por archivo en el 2005 a 803.622 en el año 2018, por extinción de la acción penal 83.284 y con sentencia 65.460. El principio de oportunidad aumentó de 297 casos en el año 2005 a 3.169 en el 2018.
Otra de las críticas de litigantes y académicos es el sistema penal acusatorio. Según el Consejo Superior de la Judicatura, entre el año 2007 y 2016 se condenaron 418.998 personas, un promedio de 20 por hora. En cambio de absueltos fue de 45.559 lo que implica que una de cada nueve personas condenada fue absuelta.
De estos los condenados con aceptación de cargos pasó en el año 2007 de 22.200 personas a 13.479 en el 2016. Condenados sin aceptación de cargos de 2.659 a 9.184 y condenados con preacuerdos pasaron de 6.645 en el año 2007 a 21.421 en 2016.
En medio de estas cifras alarmantes a la que se suma la reincidencia carcelaria del 18%, el presupuesto para este año quedó en $3.1 billones, a la luz de los expertos insuficiente ante la demanda exponencial de justicia.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, consultó a 12 reconocidos abogados litigantes sobre cuáles son las deudas pendientes de la justicia para este año que apenas inicia y cuál es la solución a un sistema de administración de justicia en crisis.
Para el abogado Abelardo de La Espriella, la justicia necesita una reforma de fondo que implique acceso real al ciudadano de a pie, obligatoriedad del precedente judicial, fortalecimiento al programa de protección de testigos, unificación de la policía judicial bajo un solo mando y la ampliación de la planta de personal.
Advierte que se debe respetar la reserva del sumario y eliminar las filtraciones a la prensa. “El sistema radial acusatorio, le hace un daño tremendo a la institucionalidad. También se requiere un nuevo sistema de juzgamiento para los aforados constitucionales, la eliminación de las funciones electorales de las altas cortes, tribunales y Consejo Superior”
Incluso el jurista considera que la prohibición para aspirar a posiciones de elección popular luego de ejercer cargos judiciales debe ser de cinco años. “Otro punto clave es atenerle a la letra de la ley (modelo Kelsen) adiós a todo lo que sea extrajurídico (equidad, justicia, etc) y regular la prueba testimonial, demasiados procesos fallados con base en testimonios. Nada más tenebroso” indicó el penalista.
Un sentir que comparte el penalista Iván Cancino. Afirma que los pendientes de la justicia para este nuevo año son bastantes. “El fiscal que respete las garantías, que se realicen menos capturas, menos medidas de aseguramiento, que solo se persiga esa medida cuando realmente se demuestre que la persona no va a comparecer al juicio o que obstruya a la justicia.
En concepto del penalista Cancino, es urgente que se elija Fiscal General, que sea un gerente, que maneje correctamente los recursos, que incorpore mayores medios tecnológicos para acortar los tiempos de la actividad administrativa y puedan tener un mayor tiempo para sus actividades y dotarlos de más investigadores.
Una gran reforma a la justicia que esté relacionada con las bases y para el ciudadano no sólo en lo penal. Además, en otros ámbitos como por ejemplo, que los bancos no tengan tantos privilegios a la hora de cobrar los créditos hipotecarios y los leasing de vivienda. “Que en el derecho laboral no se encuentre una diferencia entre empleadores y empleados, proteger a los propietarios que puedan recuperar sus inmuebles cuando estos fueron arrendados y estos entran en mora pues los arrendatarios a veces se escudan en causas que no son justas”.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, el abogado Francisco Bernate, afirma que los retos de la justicia se concentran en dos puntos: presupuestal y de autonomía. “La justicia demanda mejores instalaciones, más tecnología, conectividad, más investigadores, más jueces y un trato más humano al ciudadano y al abogado”. Así mismo, recordó que los jueces deben seguir en la pelea por una verdadera autonomía y, “hacerle frente a las permanentes intromisiones y cuestionamientos de la Fiscalía”.
Por su parte, el abogado Alejandro Carranza advierte que la justicia clama por una reforma que impida la politización de las altas Cortes y de la Fiscalía. “El país requiere un sistema judicial más eficiente en lo penal, sin audiencias de imputación y acusación. Sencillamente como en Estados Unidos de donde se adoptó el sistema acusatorio, entrar directamente a juicio sin show mediático ni advertencias televisadas. Una Fiscalía permeada por la ineficiencia y la corrupción, exige una reestructuración urgente”.
Advirtió que la justicia pasa el año con lo que a su juicio es la peor en su estructura y hace un llamado para solucionarla. “Es necesario elegir un Fiscal General. Este Fiscal encargado, por ejemplo, envió la policía judicial de vacaciones colectivas y por eso, el CTI dejó de recibir órdenes de trabajo, como si la delincuencia o los delitos salieran a vacaciones también”.
El penalista Santiago Trespalacios afirma que, “la Corte debe elegir rápidamente a los magistrados que completen las distintas salas; la Fiscalía debe frenar el uso desmedido de la medida de aseguramiento (detención preventiva) y los jueces deben continuar construyendo su independencia”.
Para el abogado Jaime Granados, las deudas de la justicia son de tal magnitud que solo una reforma de fondo podría aliviar el problema. “La gran reforma a la justicia que llevamos esperando desde que se inició el milenio; y los necesarios ajustes al Sistema Penal Acusatorio que el 1 de enero cumplió 15 años de empezar su ¡implementación gradual!”.
El jurista Mauricio Pava, advierte que el ejercicio del derecho penal implica una inmensa responsabilidad con el inocente. “Es insostenible que por 100 acusaciones, 44 terminen en absolución. El reto es restaurar la legitimidad, la responsabilidad del fiscal no es acusar si no administrar justicia. Erradicar la “pena del banquillo” debe ser un propósito del nuevo fiscal, de la elección depende la legitimidad de la institución.
En sentir de su homólogo, Francisco Sintura, el principal reto de la justicia será definir los alcances de su autonomía, concretar la designación de un Fiscal General en propiedad que ponga fin a una interinidad que a su juicio lesiona la entidad, “eliminar el Consejo Superior, iniciar el tránsito a la digitalización y eliminar las causas de congestión y atraso judicial. Recuperar la credibilidad del ciudadano en la justicia y el respeto por los jueces y su altísima misión”.
Para el penalista David Espinosa, es urgente la reforma a la justicia que permita solucionar los inconvenientes que padecen los ciudadanos que demandan un acceso efectivo, rápido y eficiente. Afirma que uno de los temas pendientes será la discutible cadena perpetua para aquellos que cometan crímenes sexuales contra menores al ser una reforma constitucional sensible que ya ha superado cuatro debates. “También se debe revisar la aplicación de las últimas normas aprobadas en el legislativo en materia de anticorrupción”.
El abogado Fabio Humar afirma la necesidad de la gran reforma a la justicia. “También queda pendiente el caso de Santiago Uribe Vélez, que la Corte nombre magistrados. Este año prescriben todos los delitos de Interbolsa, así que ahí el Estado deberá pagar. Y lo mismo sucederá con Reficar”.
En concepto del penalista Marlon Díaz además de la elección de Fiscal y magistraturas vacantes en la Corte Suprema, la segunda instancia del caso Colmenares, la resolución de la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe y de su abogado Diego Cadena, son los casos determinantes. Sin embargo, el jurista Díaz asegura que lo más importante es la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria.
Finalmente, el abogado penalista y docente Oscar Sierra Fajardo aseguró que el año 2020 trae consigo grandes retos para el sistema judicial colombiano, decisiones que acarrean cambios estructurales como la elección de Fiscal y magistrados de la Corte. “Otras determinaciones de la justicia darán respuestas al clamor social y el proceso de paz, como las decisiones pendientes de emitirse en la JEP, en especial en lo que tiene que ver con las responsabilidades que se derivan por partes de los magistrados de dicha jurisdicción, en relación con el caso Santrich”.
Por su parte, el gobierno del presidente Iván Duque ha planteado para este año como prioritaria la elección de Fiscal General y el desarrollo de una política de administración de justicia para la lucha contra el crimen organizado y el desarrollo de una política de combate al narcotráfico mediante el programa Ruta Futuro que busca reducir los cultivos ilícitos con sustitución y políticas sociales y ambientales en las regiones afectadas.
Así las cosas, se reinicia la actividad judicial en un entorno de crisis, de credibilidad, de ineficacia y congestión que requiere soluciones urgentes por parte de los actores del sistema, las propuestas de los penalistas vuelven a mostrar el camino.
