Dos días antes de finalizar su cargo como funcionario de la Procuraduría General de la Nación, Jesús Alejandro Garzón Rincón fue suspendido por la veeduría del Ministerio Público por presuntamente haberle pedido $300 millones al senador Richard Aguilar para fallar a su favor en segunda instancia un proceso disciplinario.
Todo comenzó el 17 de diciembre de 2019, cuando el abogado Hector Carvajal llegó a la sede del Ministerio Público como apoderado judicial del senador Aguilar para denunciar que Jesús Alejandro Garzón Rincón estaba exigiendo dinero para, “ayudar al resultado del proceso disciplinario en contra del congresista”.
De inmediato, el funcionario que recibió la denuncia verificó quien era el señalado. Nacido en Bogotá, el 31 de marzo de 1964, a sus 56 años de edad, Garzón llevaba toda una vida laboral en el Ministerio Público. Hace 17 años ingresó a la entidad y estaba adscrito a una Procuraduría Auxiliar.
Se trata de un funcionario que estudió en el Instituto Pedagógico Nacional y en la Universidad Militar Nueva Granada, en donde se graduó como abogado. Según algunos de sus conocidos, era un hombre tranquilo y de buenas relaciones en la Procuraduria con sus compañeros.
Su trayectoria en el Ministerio Público es larga. Casi tres décadas allí. En 2008, poco tiempo después de su nombramiento obtuvo su primer logro. Ganó un concurso de méritos y pasó a asesor 21 del despacho del Procurador General.
Al año siguiente fue designado en comisión en grado 24. Tres años después en la administración de Alejandro Órdoñez, una mezcla de méritos y padrinazgo político le facilitó su nombramiento como procurador regional en Santander. Con una coincidencia, para ese momento, Hugo Aguilar, era gobernador de Santander y es padre de Richard Aguilar, denunciante de Garzón.
Allí duró varios años y en 2016 hizo un alto en el Ministerio Público, para retornar a la capital y asumir como funcionario de la Personería de Bogotá, en donde permaneció durante cerca de dos años.
Sin embargo, su cercanía y amigos en la Procuraduría derivaron en que para 2018 fuera nombrado en plena administración Carrillo en la Procuraduria Auxiliar para Asuntos Disciplinarios y luego en la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá.
Con la denuncia del abogado Carvajal, comenzaron las primeras pesquisas internas. Hoja de vida, contactos personales, bienes, rutina de desplazamiento y lo determinante; interceptaciones al teléfono celular.
De esta forma, al corroborar el número telefónico y la sábana de comunicaciones, donde supuestamente se estaban haciendo las exigencias económicas, según detalles conocidos por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, los investigadores encontraron que era el mismo que estaba registrado en la Procuraduría a nombre de dicho funcionario.
Ante la gravedad de los hechos la Procuraduría contactó a la Dijín. De inmediato, el capitán Jorge Ramírez adscrito al área Anticorrupcion informó a la fiscal 106 anticorrupción Seccional Bogotá quien inició la investigación.
Se desplegaron varias órdenes de policía judicial, entre esas interceptaciones, así como escuchar a la presunta víctima. Luego de varios meses de trabajo se profirió una orden de captura que estaba pendiente por ejecutarse desde el mes de noviembre. Pero sucedería que Garzón se había contagiado de Covid-19. Por ello se prolongó por unos días su captura.
Entre las interceptaciones que hicieron las autoridades se evidenció que el exfuncionario habría hecho gestiones adicionales para ofrecer los servicios de revocatoria de fallos a personas cercanas Aida Merlano y Jesús Santrich, una situación que es objeto de indagación por parte de la fiscal del caso.
Otro detalle causa particular atención dentro del caso de Garzón. La revisión de sus bienes da cuenta que tiene un cómodo apartamento en Bogotá y en el municipio de Barichara en el departamento de Santander, un terreno de valor siginificativo en el mercado. En esa región fue Procurador.
También se analizan sus movimientos financieros, dos cuentas y tarjetas de crédito en razón a que su salario en la Procuraduría cercano a los nueve millones de pesos. Según analistas financieros, no tendría proporcionalidad su ingreso, frente a los bienes detectados, especialmente el terreno en Barichara, una zona exclusiva en el país. La Fiscalía y un juez lo determinarán.
Con un antecedente adicional. Un día antes de finalizar su período de cuatro años como Procurador General, Fernando Carrillo en una entrevista en Caracol Radio, lanzó una bomba que pocos entendieron, “en la Procuraduría hay una red para cambiar fallos”.
En muchos sectores de la justicia y políticos cuestionaron porqué lo manifestó él última dia. Lo evidente es que Carrillo, no podía hacerlo para no afectar la judicializacion del funcionario implicado.
Con el asunto adelantado en la Fiscalía, el 13 de enero, según el mayor Óscar David Bonilla funcionario de la División de Seguridad de la Procuraduría, quien presentó el informe 2021-000210, se inició el proceso de suspensión provisional de Garzón.
“Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna”, destaca el auto expedido por la veeduría de la Procuraduría General de la Nación que lo suspendió de sus labores el miércoles de la semana pasada.
En concreto, en el proceso también se señala a Garzón de “coordinar acercamientos, acuerdos y recibir dineros de los investigados a cambio de entregarles información privilegiada o modificar el sentido de los fallos”, resalta otro documento oficial, en poder de esta Agencia.
Según la decisión, en su condición de asesor grado 21, Garzón Rincón, además del proceso penal que afronta, deberá ser escuchado en versión libre por la Procuraduría. En el mismo caso, se escuchara la versión de Nazly Teresa Hoyos Agamez, jefe inmediata y una de las denunciantes del caso.
Expertos penalistas consultados, aseguraron que por el delito de concusión, un servidor público que solicité, constriñe o induzca a dar o prometer dineros o cualquier utilidad para si mismo o para un tercero tiene una pena de entre 8 a 15 años de prisión.
