Desde el pasado 7 de agosto, en un gabinete caracterizado por la equidad de género, se posesionó la administradora de empresas, María Fernanda Suárez Londoño como ministra de Minas y Energía. Una destacada profesional, quien justamente esta semana, cumplió 21 años de experiencia laboral. Sector financiero, ministerio de Hacienda y Ecopetrol en cargos directivos, fueron su carta de presentación para ser designada en el cargo. Sin embargo, con seis meses al frente del organismo, afronta cuestionamientos por posibles impedimentos que pueden estar afectando decisiones trascendentales del sector de hidrocarburos.
Para salvaguardar al gobierno, sus decisiones y futuras controversias, a través de sus asesores en comunicaciones, la ministra María Fernanda Suárez, expresó a la Agencia de Periodismo Investigativo, API que, “pidió al Consejo de Ministros que estudiara posibles impedimentos frente al grupo empresarial Ecopetrol. Luego de estudiar el caso, y del correspondiente análisis jurídico, el Consejo de Ministros negó posibles impedimentos”.
La controversia en un sector trascendental para la economía del país que maneja energía, minería e hidrocarburos, que generan cerca de un 60% de los ingresos de la Nación el equivalente al 1,2% del PIB de la Nación, no se ha hecho esperar. Todo parte de sus actuaciones como miembro del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH al que pertenece y lo preside.
Justamente, con el cambio de gobierno, y luego de asumir el cargo, la ministra Suárez, en desarrollo de sus funciones, empezó a convocar las sesiones del Consejo. Esta instancia, es la más importante del sector, como quiera que allí se definen los criterios de administración y asignación de las áreas hidrocarburíferas y se establecen los parámetros para el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de promoción de los combustibles en Colombia y en el exterior.
Con otra función trascendental; la fijación de precios del petróleo y gas de concesión destinado a la refinación interna y gas como materia prima de procesos industriales. En otras palabras, en este Consejo se deciden los más importantes negocios del Estado con el sector público y privado.
En otras palabras, en este Consejo se deciden los más importantes negocios del Estado con el sector público y privado.
Así las cosas, a comienzos de octubre del año pasado, la funcionaria convocó el primer Consejo Directivo de la ANH de la administración Duque. Luego vinieron otras sesiones y la más reciente, a comienzos de febrero. En general, en estas sesiones se abordaron diversos temas, entre ellos, los ajustes al Acuerdo 02 de 2007, una especie de carta de navegación del sector. También los contratos TEA, de evaluación técnica, que debían pasar a contratos de Exploración y Producción, denominados E&P. De igual forma, en temas fundamentales para el sector, se definió el nuevo mapa de áreas que señala las zonas donde pueden haber hallazgos de petróleo y gas.
Un Consejo Directivo integrado, además de la ministra de minas, por el director de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, el director del Servicio Geológico Colombiano, el Director del DNP o su delegado, el ministro de Hacienda o su delegado quien generalmente es el viceministro y dos delegados del presidente de la República además del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, se definió otro negoció clave; el lanzamiento del Proceso Permanente de Asignación de Áreas.
Se trata del nuevo esquema para la reactivación de la exploración y producción de hidrocarburos continental y costa afuera, con el que el país aspira a que las reservas de petróleo que hoy están en 5.7 años, se incrementen, en momentos en que, según cifras del ministerio de Minas, la producción de crudo en enero llegó a 899.000 barriles diarios.
En este contexto, es que han empezado los interrogantes sobre las actuaciones de la ministra de Minas. El asunto está relacionado con el antecedente de que María Fernanda Suárez se posesionó en Ecopetrol el 12 de agosto de 2015 como vicepresidente ejecutiva de estrategia y finanzas.
El asunto está relacionado con el antecedente de que María Fernanda Suárez se posesionó en Ecopetrol el 12 de agosto de 2015 como vicepresidente ejecutiva de estrategia y finanzas.
Su designación se produjo por su trayectoria en el Scotiabank Colombia, City Bank Colombia, Banco Santander, Porvenir, entidades del sector financiero. Luego su trabajo fue como asesora y directiva entre 2011 y 2013 en el ministerio de Hacienda. Allí conoció a Juan Carlos Echeverry quien la llevó cuando fue designado ministro de esa cartera y posteriormente, presidente de Ecopetrol.
Ya en su cargo como vicepresidente, María Fernanda Suárez, fue clave como mano derecha de Echeverry y la mayoría de los asuntos de fondo de la petrolera pasaron por sus manos. Desde el ajuste de gastos pasando por controles en la producción, transporte y venta de crudo, hasta manejar políticas derivadas de las oscilaciones del precio del barril de petróleo. Diversos escenarios estratégicos y financieros que incluso le permitieron llegar a la presidencia de la compañía como encargada.
Así las cosas, Ecopetrol representa el 78.9% de la producción total de petróleo del país y la cifra restante obedece al 21% de la administración de la ANH. Esto quiere decir que los bloques petroleros que tiene Ecopetrol producen la mayoría del crudo nacional. Es por esto, que al presidir el Consejo Directivo de la ANH, las cosas se complican para la ministra Suárez, quien viene de ser directiva de Ecopetrol y ahora preside el órgano que define las pautas de la industria en Colombia.
Por ejemplo, en el seno de este organismo, según abogados consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, la ministra al asistir al Consejo puede incurrir en un posible conflicto de interés en el proceso de asignación de áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, como quiera que Ecopetrol participó en el proceso con varias observaciones y tiene negocios directos con la ANH.
Un abogado experto en derecho disciplinario señala que: “el impedimento de la ministra quedó materializado en el mismo momento que asistió a los consejos directivos de la ANH, ello está estipulado en la ley como falta gravísima, pero ya le corresponde a la Procuraduría establecerlo. El punto esencial de la discusión es si el venir de una empresa operadora, la más importante en el país, incluso haber fungido como presidente encargada crea un desequilibrio en la política petrolera del país, frente a las demás que aspiran a invertir en el país”.
El impedimento de la ministra quedó materializado en el mismo momento que asistió a los consejos directivos de la ANH, ello está estipulado en la ley como falta gravísima, pero ya le corresponde a la Procuraduría establecerlo.
Desde otra perspectiva técnica específica, los expertos señalan que la ministra también podría entrar en conflicto de interés porque cuando estaba en Ecopetrol se expidió una resolución mediante la cual se programó el racionamiento de gas licuado y de petróleo, un asunto que afectó a Ecopetrol.
A ello se suma, que al interior de la ANH se adelantan varias investigaciones contra Ecopetrol por presuntas irregularidades en el manejo de contratos. Según información oficial de la entidad, existen varios procesos por incumplimiento derivados de una ronda petrolera que se adjudicó hace unos años. En concreto, ante la ANH hay tres procesos abiertos en la gerencia legal de la entidad, uno para fallo y terminación de contrato, dos en etapa de investigación y cuatro que aún reposan en la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos de la ANH por presuntas omisiones en áreas no exploradas.
En resumen, se trata de bloques que fueron adjudicados y que no se les han efectuado ningún tipo de operación técnica para buscar petróleo. “Son una especie de lotes de “engorde” que se estima han generado perjuicios por 350 millones de dólares al Estado colombiano” señaló uno de los investigadores del tema.
De igual forma, se adelanta una investigación contra la estatal de hidrocarburos por los hechos derivados del derrame de miles de barriles de crudo en el sector de la quebrada La Lizama, Caño Muerto y el río Sogamoso en el departamento de Santander, que en marzo del año pasado, generó una tragedia ambiental. Por estos hechos del pozo Lizama 158 se investigan las actuaciones de Felipe Bayón, presidente de la estatal y antiguo superior de la ministra Suárez.
Un miembro del Consejo Directivo de la ANH, también aseguró que la ministra avaló que se estructure una estrategia de gobierno corporativo y que se conforme un comité temporal para establecer supuestamente a quién se va a nombrar en cargos de vicepresidentes y gerentes de la Agencia. La propuesta, según el directivo, es que ese comité temporal se conforme por dos miembros independientes del Consejo Directivo y un miembro de gobierno. Al respecto, un abogado experto en derecho disciplinario señaló que este tipo de iniciativas desborda las competencias del Consejo y la propia ministra.
Un asunto que coincide, con la repentina salida de María Paula Jaramillo Restrepo, vicepresidente de Contratos de Hidrocarburos de la ANH; Andrea Sánchez Álvarez vicepresidente de Promoción y Asignación de Área de esa entidad y la ciudadana venezolana Mary Elena Lares Colmenares, quien se desempeñaba como gerente asesora legal de la Agencia. Tres directivas que salieron de la ANH, con menos de dos meses de permanencia en sus cargos, de quienes se conoció en privado que fueron relevadas por el presidente de la entidad Luis Miguel Morelli, porque al parecer entregaban información al ministerio de Minas, de manera inconsulta y desconociendo que su jefe inmediato era Morelli.
Tres directivas que salieron de la ANH, con menos de dos meses de permanencia en sus cargos, de quienes se conoció en privado que fueron relevadas por el presidente de la entidad Luis Miguel Morelli, porque al parecer entregaban información al ministerio de Minas, de manera inconsulta y desconociendo que su jefe inmediato era Morelli.
Otro aspecto, que genera debate, es que cuando Suárez se desempeñaba como vicepresidente de Ecopetrol, hubo un conflicto entre esa empresa y la ANH por el desarrollo del contrato de compra y venta de crudo por regalías y participaciones. El cruce de cuentas derivó en diferencias cercanas a los $5.000 millones, y según registros judiciales, el asunto derivó en un proceso en el que Ecopetrol demandó a la ANH.
Un panorama enredado, si se tiene en cuenta que la ministra María Fernanda Suárez, afronta además de posibles impedimentos, embates políticos en dos flancos. El primero de ellos, al interior del propio gobierno, en donde, como ya es de conocimiento público, enfrenta un duelo con el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel Morelli. Un conflicto por el poder en el sector. Mientras que la funcionaria cuenta con el apoyo del presidente Duque y sus compañeros de gabinete, Morelli tiene el respaldo del senador Álvaro Uribe, el expresidente Andrés Pastrana y de los congresistas José Obdulio Gaviria y Paloma Valencia.
Precisamente, el otro frente de batalla lo direcciona hacia el Centro Democrático. Los parlamentarios Gaviria y Valencia, argumentando que la ministra María Fernanda Suárez, viene del gobierno de Juan Manuel Santos y es mano derecha del exministro Juan Carlos Echeverry, no aceptan los manejos y la interferencia que Suárez le quiere dar a la ANH, al punto de calificarla de coadministración. De hecho, se habrían reunido con el alto gobierno para expresar su inconformidad.
El más vehemente con el asunto, es José Obdulio Gaviria quien a través de varios mensajes en la red social Twitter ha hecho públicos sus reparos. También se cuestiona que la funcionaria se hubiese reunido con el exministro de Minas, Tomas González, quien salió del cargo en medio de polémicos contratos de su familia con el Estado.
El más vehemente con el asunto, es José Obdulio Gaviria quien a través de varios mensajes en la red social Twitter ha hecho públicos sus reparos. También se cuestiona que la funcionaria se hubiese reunido con el exministro de Minas, Tomas González, quien salió del cargo en medio de polémicos contratos de su familia con el Estado.
En un punto central en las diferencias de los altos funcionarios, parece estar, el senador del Partido de la U José David Name, quien oficia como presidente de la Comisión Quinta del Senado, encargado de asuntos relacionados con minas y energía. Al respecto, ha señalado: “Desde la Comisión Quinta del Senado respaldaremos este nuevo proceso liderado por la ministra de Minas, María Fernanda Suárez y el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel Morelli, los cuáles en tiempo récord, a menos de que se cumpla el primer año de gobierno del presidente Iván Duque, diseñaron y propusieron una estrategia efectiva para reactivar la industria, elevar el nivel de reservas, mantener la autosuficiencia de hidrocarburos y garantizar la seguridad energética del país”.
En cuanto al sector privado, existen posiciones encontradas frente a la designación y desempeño de la ministra Suárez. Mientras que el gremio representado, en la Asociación Colombiana del Petróleo se ha mostrado conforme con el trabajo de la funcionaria y ha destacado el lanzamiento del Procedimiento Permanente de Asignación de Áreas, en pronunciamiento de su presidente Francisco José Lloreda. En contraste, otros directivos de compañías multinacionales tienen reservas con su labor. Uno de ellos manifestó, “no tiene el liderazgo ni la categoría para ser ministra. Básicamente, no existe en el sector petrolero minero y no tiene liderazgo alguno”.
Lo cierto, es que cada quien defiende sus causas. Tanto la ministra, como el presidente de la ANH, en las dos últimas semanas, han sacado de la manga a sus alfiles políticos quienes buscan los caminos para convencer al presidente Iván Duque, que tome decisiones en un conflicto que se le está saliendo de las manos. Por ejemplo, Suárez, almorzó el jueves con el congresista del Centro Democrático, Edward Rodríguez. En cuanto a Morelli, ha tenido encuentros y comunicaciones con varios parlamentarios de esa colectividad en el transcurso de la semana.
Abogados consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, han señalado que el Consejo de Ministros para este caso y otros similares no es la instancia legal para declarar si procede o no un impedimento. La ministra María Fernanda Suárez reitera que puso en conocimiento la situación y que el Consejo de Ministros negó posibles impedimentos.
