Jhon Roa Peñaranda, funcionario del área de tutelas del Complejo Penitenciario de Cúcuta empezó a mostrar un afán inusitado. Quería, a como diera lugar, ponerle fin a más de veinte años de servicio en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Allí trabajó como dragoneante. Y lo logró, se pensionó a finales de junio. Sin embargo, el jueves de esta semana dos sicarios en motocicleta lo asesinaron.
Era usual que Roa Peñaranda, acudiera al barrio Motiles de Cúcuta pues allí vivía una parte de su familia. Ese jueves se antojó de un cigarrillo. Buscó una tienda donde comprarlos. Se subió a su carro, un Renault Logan color gris. Recorrió unas pocas cuadras. Se estacionó en la esquina de la calle 13 con avenida 3 y prendió el cigarrillo al interior del vehículo.
Pocos minutos después, una motocicleta se acercó al carro. Un hombre descendió de la moto. Se acercó a la ventana del copiloto. Cargó el arma y disparó. Roa Peñaranda intentó huir. Abrió la puerta pero su cuerpo se desgonzó.
Todo quedó registrado en un video de las cámaras de vigilancia del sector. Ahora se intenta armar el rompecabezas del homicidio y las primeras hipótesis del crimen conducen a sus labores carcelarias.
El Establecimiento Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta tiene capacidad para 2.910 internos, pero actualmente hay 3.663 reclusos. Dividida en tres secciones, uno para condenados con un hacinamiento del 56.8%, otra de sindicados con un 29% de sobrepoblación y una más de mujeres con 343, la única que no registra hacinamiento.
Una parte de su infraestructura es considerada de tercera generación, es decir, hace parte de una de las diez prisiones que fueron la respuesta al Estado de Cosa Inconstitucional declarado por la Corte Constiticional en 1998 y que exigieron al Estado trabajar mancomunadamente para solucionar el grave problema de hacinamiento y violacion de derechos fundamentales que afrontaban las prisiones.
Se entregó con problemas de infraestructura, diseño, construcción y agua potable en el año 2012. Desde entonces, es uno de los penales con gran número de quejas por maltrato por parte de la guardia y violacion de derechos humanos, según los expedientes que reposan en la Procuraduría y la Defensoria del Pueblo.
Actualmente, dentro de los internos clasificados como de alto perfil, hay integrantes de Los Rastrojos, Los Pelusos, el Clan del Golfo y el ELN.
En este penal y con ese panorama, laboró Roa Peñaranda en el área administrativa durante varios meses. Pero no siempre su función estuvo en él área jurídica y concretamente en tutelas. En el año 2011, ejercía funciones de custodia y vigilancia cuando fue sancionado con destitución por un periodo de diez años por parte de la Procuraduría General de la Nación en segunda instancia
Con un antecedente; el 10 de noviembre de 2010 ante orden de un fiscal de Justicia y Paz, fue trasladado Carlos Andrés Palencia González, alias ‘Visaje’ de la cárcel de Cúcuta a Montería.
No era un interno más. Se trataba del otrora subcomandante del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Aquel criminal que le confesó a la Fiscalía más de 160 crímenes y fue trasladado por Roa Peñaranda en un taxi desde el aeropuerto de Montería hasta el penal de esa ciudad. Pero en el trayecto, un comando armado lo rescató.
Por estos hechos, Alejandro Ordoñez, para ese momento Procurador General de La Nación, destituyó a Roa Peñaranda. En cuanto al comandante de vigilancia de la época, teniente del Inpec Rafael Montoya, lo suspendió por doce meses.
Luego de la fuga, alias ‘Visage’ llenó de sangre a Cúcuta y varios municipios como El Zulia y Sardinata. A nombre de Los Urabeños libró una macabra disputa territorial en contra de Los Rastrojos, que sacudió a Norte de Santander.
Entretanto, el dragoneante Roa Peñaranda no estuvo de acuerdo con su destitución. Demandó el fallo y logró el reintegro a la entidad penitenciaria.
Y sobrevinieron nuevos hechos. Casi al tiempo que la Organización Mundial de la Salud, OMS declarará el Covid-19 como pandemia, la cárcel de Cúcuta fue sacudida por un operativo de la Sijin.
Allí, seis integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia fueron capturados señalados del delito de tráfico de drogas.
No obstante, este no ha sido el único hecho que ha movido los cimientos penitenciarios de Cúcuta, a quien la envuelve un panorama sombrío.
En el año 2015 fue asesinado un inspector de la guardia y en el año 2018, el distinguido, un grado en el escalafón de la guardia del Inpec, de apellido Melo también fue sicariado.
Maryuri del Pilar Rodríguez quien fungía como directora fue declarada insubsistente. En ese penal también estuvo como director encargado el capitán de la guardia David Alexander Álvarez Cárdenas, sindicado de la fuga de la ex parlamentaria Aida Merlano.
La Fiscalía a través del CTI le sigue la pista a este nuevo crimen, esta vez de un funcionario recién salido del penal. Por ahora, las autoridades revisan una investigación en contexto que permita aclarar lo que ha venido ocurriendo en este penal desde el año 2011.
