Esta semana se cumplieron cinco meses del gobierno del presidente Iván Duque Márquez. En este corto periodo, el primer mandatario ha nombrado la mayor parte de su equipo de trabajo. Uno de los sectores clave es el de las superintendencias. En la mayoría de estos organismos hubo cambios. No obstante, en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se ha mantenido como superintendente a Fernando Martínez Bravo quien asumió en el gobierno Santos. Sin embargo, se vienen registrando hechos que ponen en entredicho, la labor de una entidad determinante, como quiera que es la encargada de controlar los servicios de vigilancia y autorizar el uso de armas, en una labor que supera en hombres y empresas a la Policía Nacional.
Las cifras que maneja la Superintendencia de Vigilancia no son de poca monta. Controla el servicio que prestan alrededor de 300.000 hombres en departamentos y empresas de seguridad. Son estas las encargadas de cuidar al ciudadano en viviendas, edificios, conjuntos residenciales, establecimientos de comercio, bancos, entidades públicas y privadas, entre otros. De hecho, existen en el país cerca de 1000 empresas, que facturan al año cerca de siete billones de pesos y de las cuales alrededor de 289 están autorizadas para usar armas.
En este complejo universo y teniendo en cuenta que la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía a nivel nacional, cualquier licencia, trámite o autorización para prestar este tipo de servicios recae en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Por ejemplo, hace pocos meses una compañía del sector quiso modernizar su servicio mediante la utilización de drones como soporte tecnológico para integrarla a centros de monitoreo y de esta manera detectar situaciones de riesgo. Para prestar esta modalidad de vigilancia debió hacer el trámite y lograr la autorización ante el organismo de control.
Un caso que es referente dentro de los miles de trámites que se adelantan a diario en la entidad y que en los últimos años se ha convertido en un dolor de cabeza tanto para solicitantes como funcionarios, porque en muchos casos desborda la capacidad institucional, o en otros, se acude a vías diferentes a la legalidad.
Precisamente, el 29 de agosto de 2016, ante la Fiscalía 51 adscrita a la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción se empezaron a conocer hechos que obligaron a la intervención del ente acusador. En concreto, se inició una indagación porque se conoció que en la Supervigilancia se estaban solicitando coimas a cambio de la expedición de licencias para empresas blindadoras de vehículos, departamentos de seguridad, transportadoras de valores y armamento.
En concreto, se inició una indagación porque se conoció que en la Supervigilancia se estaba solicitando coimas a cambio de la expedición de licencias para empresas blindadoras de vehículos, departamentos de seguridad, transportadoras de valores y armamento.
Con esta información se ordenó la interceptación de líneas telefónicas, mediante requerimiento solicitado a un juez de control de garantías. De allí, se desprendieron hechos contradictorios. En esencia, se encontró que las personas relacionadas por la misma superintendencia como testigos, efectivamente fueron entrevistadas pero ninguna se quiso ratificar.
También, el 21 de noviembre de ese año, se realizó una inspección judicial a la entidad con el propósito de inspeccionar documentación clave. Al año siguiente se detectó otro hecho significativo. Resulta que se le entregó un permiso de vigilancia a una compañía relacionada con la denominada “Oficina de Envigado”. Esta información empezó a fundamentar la hipótesis de que el organismo además estaría infiltrado por la mafia.
Las investigaciones siguieron avanzando. Se ordenó además una búsqueda selectiva en base de datos con el objeto de obtener información financiera de algunas personas involucradas en la investigación. De nuevo, se determinó una interceptación telefónica a un funcionario de alto rango de la Supervigilancia, quien según la Fiscalía, “estaría involucrado en los actos de corrupción y es de gran importancia para la investigación”, señala un documento, conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
En otras gestiones también se avanzó. Hubo reuniones de un grupo élite de fiscales en la materia. Álvaro Osorio, Luis Gustavo Moreno y Mario Parra. En un comité técnico se libraron nuevas órdenes a policía judicial para realizar tres búsquedas selectivas en bases de datos. Además se sostuvo una reunión con funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, con el propósito de efectuar una alianza que permitiera realizar la búsqueda de transacciones en efectivo e incremento patrimonial de personas supuestamente involucradas.
De igual manera se efectuaron inspecciones en Indumil y continuó el monitoreo de líneas telefónicas, para de esta manera obtener nuevos elementos materiales probatorios que permitieran tomar una decisión de fondo frente a los hechos investigados en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad.
De igual manera, se efectuaron inspecciones en Indumil y continuó el monitoreo de líneas telefónicas, para de esta manera obtener nuevos elementos materiales probatorios que permitieran tomar una decisión de fondo frente a los hechos investigados en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. No obstante, cuando las pesquisas iban por buen camino se armó el escándalo por la captura del entonces director nacional anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, quien dirigía el caso y recientemente fue condenado en Estados Unidos a pagar 48 meses de prisión por recibir un soborno.
Como el asunto generó un verdadero terremoto al interior de la Fiscalía, muchos de los casos que llevaba e exfuncionario fueron reasignados. Otros procesos quedaron paralizados y también perdieron credibilidad porque se empezó a generar un manto de dudas sobre todas las actuaciones de la unidad que dirigía Moreno. En su reemplazo llegó en julio de 2017 el abogado José Alberto Salas Sánchez y desde entonces nada se volvió a saber de un caso que venía avanzando en la Fiscalía pero que se cruzó con el escándalo de Moreno.
No obstante, en otra perspectiva, los líos en la Supervigilancia continuaron. De hecho, en mayo de 2017 hubo cambio de Superintendente y llegó al cargo Fernando Martínez Bravo. Un abogado especializado en derecho societario, administrativo y de contratación con experiencia en las superintendencias de Sociedades, de Transporte y quien ya había sido asesor del despacho de la misma Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En momentos de su posesión, señaló que en su administración la prioridad sería ajustar los términos de respuesta a los trámites de la entidad, así como la realización de una vigilancia integral a los servicios del sector mediante el uso de modernos medios tecnológicos.
Pero pasaron los meses y las promesas planteadas en la posesión parecieron quedar en el aire. En materia de trámites se encontró que por ejemplo para la renovación de licencias la demora frente a los términos que demanda la ley son en promedio de 18 hasta 30 meses. Según un abogado consultado, el Código Contencioso Administrativo establece que estas solicitudes se deben resolver dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud.
Para citar algunos casos esta situación se presentó con los Departamentos de Seguridad Valbuena Rojas e Hijos; Flores de Tenjo Ltda; SIA Distribuidora de Pescados; Ganantioquia; Monitoring Ltda y Rafael González Daza. Al respecto, la Superintendencia argumenta que “las administraciones que han estado al frente de la entidad por el espacio de los años han identificado que la falta de personal aunado al presupuesto con que cuenta la entidad representa una significativa debilidad”. Afirma la Superintendencia que la demora en la respuesta a las solicitudes de renovación de la licencia se debe a un problema estructural de la planta global de la entidad en razón a que la misma con 94 funcionarios, de los cuáles 44 son profesionales y en la delegada para la Operación solo hay 10 profesionales para ejecutar un total de 87 procedimientos, además de otros trámites.
Afirma la Superintendencia que la demora en la respuesta a las solicitudes de renovación de la licencia se debe a un problema estructural de la planta global de la entidad en razón a que la misma con 94 funcionarios, de los cuáles 44 son profesionales y en la delegada para la Operación solo hay 10 profesionales para ejecutar un total de 87 procedimientos, además de otros trámites.
En el tema de empresas de vigilancia que requieren armas los trámites tienen tiempos de respuesta similares. Los casos de la empresa de vigilancia y Seguridad KGB Ltda; Seguridad Marires Ltda; Áreas Libres Ltda; Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Guardia Ltda y la Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en Uso de Buen Retiro, Sovip Ltda han tenido dificultades por la larga espera a la hora de determinar las renovaciones o resolver los recursos de reposición para prestar el servicio armado.
Una auditoría a la entidad da cuenta que a 31 de diciembre de 2017, del total de licencias de funcionamiento de los departamentos de seguridad, el 44.33% estaba en estudio para su renovación por vencimiento. En cuanto a las empresas de vigilancia con armas y sin armas se encontró que estaban en estudio para renovación cerca de la mitad de las solicitudes. En concreto, para esa fecha estaban pendiente de trámite 525 solicitudes de renovación de licencias de funcionamiento correspondientes a departamentos de seguridad y empresas de vigilancia.
En pocas palabras, para un servicio clave como lo es la vigilancia de los entornos cotidianos de la gente, algunas compañías deben esperar hasta tres años poniendo en entredicho la labor y limitando la capacidad de las empresas, los vigilantes y la continuidad del trabajo que realizan.
Esta situación y otras similares en la labor administrativa han tenido un coletazo jurídico en perjuicio de la misma superintendencia. Según registros oficiales, existen 37 procesos activos en contra de la entidad cuyas pretensiones se acercan a los $198 mil millones. Ello ha derivado una provisión contable de 3.9 billones de pesos, para pagar los pleitos.
Lo que resulta de estas aparentes deficiencias administrativas es que se ha vuelto un secreto a voces que para agilizar trámites en la superintendencia de vigilancia se estarían pagando fuertes sumas de dinero.
Lo que resulta de estas aparentes deficiencias administrativas es que se ha vuelto un secreto a voces que para agilizar trámites en la Superintendencia de Vigilancia se estarían pagando fuertes sumas de dinero. En concreto y para citar un caso, la denuncia se manejó en la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República. Como lo documentó el diario El Espectador, en su momento, a varios solicitantes de licencias para carros blindados se las negaban por supuestos errores jurídicos. Posteriormente, algunos peticionarios eran contactados por un abogado que solicitó $200 millones y quien afirmó que ofrecía esos servicios porque tenía contactos con la cúpula de la entidad.
En otro caso, se conoció la declaración de un jefe de seguridad de la multinacional British American Tobacco, quien aseguró que le solicitaron dádivas a cambio de licencias. En concreto, el testigo aseguró que la compañía debía pagar $2 millones por cada vehículo blindado. Con cerca de 400 licencias o renovaciones de vehículos blindados equivalentes a un estimativo de cinco mil al año, las propuestas indecentes abundan, señaló un empresario del sector.
Adicionalmente, un informe de la Contraloría General de la República expedido en noviembre del año pasado da cuenta que en la Superintendencia mientras en el año 2008 se registró un solo hallazgo fiscal; en 2012 se pasó a cinco; en 2016 llegó a quince hallazgos en la materia. El más reciente informe indica que la cifra aumentó a veinte hallazgos.
La situación de la Supervigilancia se complica. Con cuestionamientos por parte de vigilados, empresarios, organismos de control y en un país que requiere cada día más servicios de seguridad, es evidente que el gobierno nacional debe tomar medidas de choque para cortar de raíz con los males que aquejan a una entidad de bajo perfil pero con una función trascendental para la ciudadanía.
