Doce años después de la conformación de una supuesta red que reclutaba cadetes para obtener favores sexuales en la Escuela de Policía General Santander, el caso entra en su recta final. Sin embargo, cuando se creía que el asunto estaba quedando en el olvido, revivió. En las próximas semanas, y luego de una fuerte batalla jurídica, el proceso tomará un nuevo impulso. Ante la justicia deben comparecer nuevos personajes, lo que demuestra la magnitud del problema. Desde una gobernadora y un senador hasta altos oficiales de la institución, dentro de un grupo de 84 testigos.
Un complejo caso que se inició el 26 de abril de 2006, cuando en las horas de la tarde el hoy teniente coronel Wilson Mosquera Díaz dio una particular instrucción. Ordenó a los alféreces, hoy capitanes, Andrés Felipe Cortés Azuero y Jeison Andrés Arboleda Garzón, trasladarse al estadio El Campín para recoger unas boletas que les iba a obsequiar el coronel Jerson Jair Castellanos. Pero en el camino, la instrucción cambió por una llamada que recibieron del entonces mayor Wílmer Torres Orejuela, y se dirigieron a la oficina del jefe de seguridad del Congreso, el coronel Castellanos.
Allí, la propuesta fue directa. Castellanos le preguntó al alférez Cortés sobre la petición de sostener relaciones sexuales con él a cambio de dinero. La respuesta también fue explícita y le indicó que no era homosexual y que esas cosas no le gustaban. Ante la negativa, le preguntó al alférez Arboleda y obtuvo la misma reacción. No obstante, recibieron las boletas, se fueron a cenar a un restaurante en el norte de la ciudad y retornaron a la Escuela hacía las 11:00 p.m.
En la Escuela, el capitán Edwin Alejandro Orjuela Pimienta los reprendió por la hora de llegada y por no diligenciar la boleta de salida. Al día siguiente, en formación, los oficiales mencionaron el asunto y dieron cátedra de moral, principios y ética. Entre avergonzados y molestos, los alféreces Cortés y Arboleda se quejaron ante el comandante de la agrupación, Wilson Mosquera Díaz, quien había autorizado la salida. Este tomó cartas en el asunto y llamó la atención a los capitanes Edwin Orjuela y César Ospina, por cuestionar a los alféreces. El tema pasó a instancias superiores con el reclamo ante el mayor Salvador Gutiérrez Lombana, comandante de la compañía.
Días después, los alféreces contaron su secreto y les manifestaron a sus superiores en la Escuela lo que había sucedido el día de las boletas. Comentaron que el coronel Jerson Jair Castellanos Soto era homosexual y que lo habían conocido en el año 2005 por intermedio del mayor Wílmer Torres Orejuela. Ratificaron lo sucedido en el Congreso de la República e indicaron que desde el 2005 se venía presentando el caso y que había más víctimas de acoso sexual, En concreto, se refirieron a los alféreces Cristian Marín, John Cifuentes y Mauricio Vélez.
Según la investigación, los alféreces recibían propuestas de pago en dinero que oscilaban entre los quinientos mil hasta cuatro millones de pesos y motocicletas por sostener relaciones sexuales. “Por encargo del coronel Castellanos, el mayor Torres fue la persona que dentro de la Escuela de la Policía le presentó al coronel los cinco alféreces que le gustaban, luego los llamó para que compartieran con él y lo acompañaran dentro del alma mater. Además, aprovechando el mando y el poder dentro de la Escuela, ayudó y facilitó a través de mentiras, en algunas ocasiones, las salidas de los alféreces a encontrarse con el coronel en las diferentes invitaciones que les hacía a almorzar, a cenar, a corridas de toros, a entregarles obsequios como tenis, lociones y celulares”.
De acuerdo con los testimonios conocidos por la Agencia de Periodismo Investigativo (API), se señala al mayor Wílmer Torres Orejuela de presionar a uno de los alféreces poniéndole de presente el poder y cargo del coronel Castellanos. Le advertía que no fuera a dañar su carrera, porque además afectaría un negocio que tenía con ese coronel para comprarle un vehículo de marca Peugeot. Pero Torres fue más allá y buscó a los alféreces Arboleda, Cortés, Cifuentes y Vélez con el mismo discurso, a los que además les decía que no fueran bobos.
Sin embargo, a los pocos días los alféreces denunciaron dentro de la Escuela General Santander el acoso al que estaban siendo sometidos. La reacción de Torres fue atemorizante y, según el testimonio aportado a la justicia, los regañó, amenazó y coaccionó para que cambiaran las versiones que habían dado. Por otra parte, del coronel Castellanos se afirma que tenía una estrategia de ser generoso, buena persona y servicial con los estudiantes para ganarse su confianza. Luego, hacía las propuestas sexuales, personalmente, por teléfono o a través de compañeros de los alféreces.
Además, se le señala de asistir frecuentemente a la Escuela de Policía, de utilizar su jerarquía y poder como coronel y jefe de seguridad del Congreso, con el propósito de conseguir los alumnos que le gustaban, presentarlos y facilitar las salidas de la Escuela. De hecho, según registros conocidos por esta agencia, invitó a salir en cerca de ocho ocasiones al alférez Cristian Camilo Marín Guarín. Estuvieron en restaurantes tres veces, en el aeropuerto, cenaron hamburguesas y también aceptó una invitación a la Feria de Manizales.
Los detalles económicos de la relación también están documentados. Después de la segunda salida, el alférez empezó a recibir dinero. Primero fueron cien mil pesos, luego doscientos mil pesos y cuando directamente le hizo la propuesta de sostener relaciones sexuales, le entregó un millón trescientos mil pesos, siempre recordándole que se portara bien y reinaría. Pero el alférez Marín recibió una propuesta adicional del coronel Castellanos: convencer a dos alféreces que tenía en la mira, Cortés y Cifuentes, por quienes llegó a ofrecer tres y cuatro millones de pesos, respectivamente.
Estos ofrecimientos no se quedaron allí y se volvieron casi una costumbre. Por el alférez Arboleda ofreció quinientos mil pesos. Al alférez Cortés, a quien invitó a salir en cinco oportunidades, le asignó una tarifa de tres millones de pesos. Las invitaciones pululaban. A comer pizza al aeropuerto, a la plaza de toros, al centro de la ciudad, a integraciones al municipio de Chía y hasta a las oficinas del Congreso. Quizás el que más acosado se sentía era el alférez John Fredy Cifuentes Lozano, a quien lo llamaba a diario al celular. En diciembre de 2005 almorzaron en un asadero en Chía y la despedida del año fue en el Centro Andino, con el coronel Castellanos y los alféreces Cifuentes y Vélez; allí cenaron y recibieron una loción y unos tenis. En enero de 2006 el encuentro fue en la Feria de Manizales y el oficial se hospedó en la casa del alférez Marín.
“La propuesta de sostener relaciones sexuales se la hizo el coronel Castellanos al alférez Cifuentes a cambio de una moto Biwis. También le ofreció cuatro millones de pesos, inclusive le ofreció dos mil y luego cuatro mil dólares”. Según la investigación, la propuesta sexual se la hizo el coronel Castellanos a través del alférez Marín y para ratificar su compromiso le hizo dos llamadas telefónicas.
Otro alférez que aparece como presunta víctima del coronel Castellanos es Mauricio Vélez Bedoya. Fueron seis las invitaciones que ha documentado API. La primera, en agosto de 2005, a comer a la pesquera Jaramillo. Otras, a un restaurante de Chía. Y de nuevo lo invitó al Centro Andino y a Chía, en donde le dio varios regalos. En la quinta salida vino la propuesta de sostener relaciones sexuales a cambio de un millón de pesos. En la sexta salida viajó a Villavicencio en compañía del coronel Castellanos.
El asunto también pasó por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un dictamen pericial conocido por API da cuenta de que los alféreces Cristian Camilo Marín Guarín, Jeison Andrés Arboleda Garzón y John Freddy Cifuentes Lozano “estuvieron inmersos en una dinámica caracterizada por la ruptura de los límites en una relación asimétrica de poder, caracterizada por el sometimiento, la impostura y finalmente la exposición a propuestas de participar en actividades sexuales a cambio de dinero y otras dádivas, ejercida por parte de un funcionario de la institución de la Policía Nacional de alto rango, estando en posición de superior jerárquico frente a los denunciantes”.
Según la institución forense, esta dinámica resultó ser altamente disruptiva y lesiva para los examinados, determinándose que los tres alféreces sufrieron afectación sicológica y recomendó que recibieran tratamiento sicoterapéutico.
En este contexto, y una década después de los hechos denunciados, fue imputado el coronel Jerson Jair Castellanos como presunto determinador por el delito de constreñimiento a la prostitución de cinco alféreces. En el caso de Wílmer Torres Orejuela, también fue imputado por los mismos delitos, pero en calidad de autor. El caso no fue investigado durante diez años más allá de la misma institución policial. Solo tomó relevancia al hacerse hizo público cuando el programa de televisión Séptimo Día y la periodista Vicky Dávila ahondaron en las investigaciones por la muerte, el 25 de enero de 2006, de la cadete Lina Maritza Zapata, quien denunció una red de prostitución masculina en la Escuela de Cadetes de la Policía Francisco de Paula Santander. Un deceso, que aún no esclarecen las autoridades.
En dos semanas, el caso conocido como la “comunidad del anillo” vuelve a retomarse. El coronel Jerson Jair Castellanos Soto y el mayor Wílmer Torres Orjuela ya no están en la institución, no aceptaron cargos e insisten en su inocencia. Sin embargo, la Fiscalía prepara su artillería jurídica. En audiencia preparatoria ha citado a 84 testigos. Tiene 105 pruebas, entre oficios, hojas de vida, informes de investigadores de campo, actas de inspecciones realizadas a la Dirección de Protección de la Policía Nacional (Dipro), Congreso de la República, Club Militar, Procuraduría General de la Nación, Oficina de Sanidad, Talento Humano y Archivo de la Escuela General Santander, así como visitas a concesionarios y reportes sobre interceptación y monitoreo de comunicaciones telefónicas.
Llama en particular la atención que entre los testigos del proceso están las entrevistas entregadas por la hoy gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el senador conservador, Hernán Andrade, quienes en su momento se desempeñaron como presidentes del Congreso. A ello se suman las inspecciones realizadas en las clínicas siquiátricas La Paz, La Inmaculada en Bogotá y el Instituto Colombiano de Salud Mental de Medellín.
El escándalo por la “comunidad del anillo” se reactiva. Más allá del impacto mediático que generó la historia, ahora viene el escenario natural, los estrados judiciales, en donde las partes deberán sustentar con argumentos y pruebas lo que realmente pasó. Será entonces un juez de la República quien defina si realmente en una escuela dedicada a formar policías también se creó una red de prostitución masculina.
