En el primer Consejo de Disciplina del año de la penitenciaría La Picota de Bogotá, se decidirá el futuro de Juan Guillermo Monsalve, uno de los internos más controvertidos del país quien con su testimonio tiene contra las cuerdas de la justicia al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.
Un operativo realizado, al inicio del primer puente festivo del año, en su sitio de reclusión dejó al descubierto la tenencia de elementos prohibidos en la Código Penitenciario que pueden afectar su permanencia en el mejor sitio de reclusión del país, la casa fiscal de La Picota, un privilegio que según los expertos no tuvo ni alias 'Jesús Santrich', exjefe guerrillero de las Farc hoy en disidencia con paradero desconocido.
El sistema penitenciario colombiano alberga 122.785 internos en 131 establecimientos de reclusión. Los operativos de registro carcelario, en busca de elementos prohibidos son frecuentes, rutinarios y lejos de la agenda mediática.
“En operativos de rutina realizados en La Picota, se incautan en promedio 250 botellas de licor, 300 celulares, un centenar de armas blancas, así como drogas, dinero en efectivo y demás elementos prohibidos” indicó un integrante de la guardia penitenciaria a la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Sin embargo, cuando el país aún estaba inmerso en las festividades decembrinas, un operativo de registro carcelario pasó del escenario penitenciario al político y mediático. Y como pocas veces sucede en Colombia causó más conmoción el nombre del interno a quien le hicieron el operativo que los mismos elementos incautados.
De hecho, el pasado 4 de enero, el Comando de Reacción Inmediata, CRI, un grupo de operaciones especiales que depende del director general o del director operativo del Inpec y cuya función es la de enfrentar motines, huelgas, toma de rehenes y también requisar internos e instalaciones carcelarias, que irrumpe en la madrugada en establecimientos de alta seguridad como Cómbita, Valledupar, Girón, La Dorada, esta vez, desplegó su misión en un lugar que nunca frecuentan por su nivel de seguridad media y el número de internos que lo habitan: únicamente cuatro.
El resultado del operativo fue divulgado por el propio Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Dos botellas de whisky, una botella de vino, nueve cervezas, tres computadores, una tableta, una impresora, cinco celulares, ocho cuchillos y dinero en efectivo fue el balance final.
Los elementos fueron hallados a cuatro internos, José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana condenado por el caso Odebrecht, Leonardo Pinilla alias 'Porcino', uno de los protagonistas del Cartel de la Toga, Jhon Alexander Colmenares, dueño de una IPS condenado por corrupción y Juan Guillermo Monsalve.
Este último es un recluso de 40 años de edad que ha dedicado un cuarto de siglo al mundo de la delincuencia. Aunque sus procesos penales oscilan entre el secuestro, la extorsión y el paramilitarismo, es conocido por ser el hijo de Óscar Antonio Monsalve, el mayordomo de la hacienda Guacharacas, ubicada en San Roque Antioquia, propiedad de los Uribe. Precisamente, sobre Monsalve fue que se centró la polémica del operativo.
El recién designado director de Inpec, el general de la Policía, Norberto Mujica quien reemplazó al también general William Ruiz luego de su dimisión ante la fuga de la exsenadora Aída Merlano, advirtió que había llegado a “reorganizar la casa y ponerla en orden”.
Aunque trascendió que la entidad trasladaría por estos hechos a Monsalve, el oficial aseguró que esta semana que finalizó la vacancia judicial le oficiaria a la Corte Suprema, tribunal que ordenó las medidas de protección a Monsalve para que se pronunciara al respecto.
En este contexto, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, divulgó un comunicado de cinco puntos a través de su cuenta de Twitter en el que le solicitó a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, explicar por qué el operativo de registro en contra de Monsalve se había filtrado a los medios de comunicación de manera selectiva. También pidió garantizar la cadena de custodia de los elementos incautados.
Finalmente solicitó un pronunciamiento oficial, “sobre si el gobierno nacional está interviniendo con la intención de incidir en el curso de la investigación que lleva a cabo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, aseguró el senador quien está reconocido como víctima dentro del proceso que cursa en la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal en el caso de los falsos testigos.
Al respecto, la semana pasada, el abogado de Monsalve, el penalista Carlos Arturo Toro aseguró que a su defendido no se le incautaron tantos elementos como se aseguró a la prensa.
Pero más allá de los señalamientos de lado y lado sobre el registro realizado a la casa fiscal, la situación, también ha dejado un sinsabor en funcionarios y exfuncionarios del Inpec, quienes afirman que hay dos hechos evidentes.
El primero es que el operativo fue excesivo y el segundo es que a su juicio, Juan Guillermo Monsalve no cumple con la clasificación, el perfil ni la calificación de seguridad para permanecer en una casa fiscal custodiada solo por un guardia.
“El CRI generalmente opera en cárceles en donde hay internos alto perfil delincuencial, es decir, perfil uno. No tiene sentido llevar a este grupo donde hay cuatro personas, que se supone están ahí porque están en fase de mediana seguridad. Si se tenía conocimiento que en ese lugar había objetos prohibidos con dos o tres guardianes adscritos a La Picota se hubiera realizado la inspección. La hipótesis es que la dirección general del Inpec no confía en el director de esa cárcel o querían hacer un show mediático”, indicó un exdirector de La Picota.
Lo cierto es que la casa fiscal de La Picota, es una edificación planificada como lugar de residencia, no como sitio de reclusión. Ubicada justo detrás del edificio de habitación de los integrantes de custodia y vigilancia, colinda con Policía Judicial y un colegio que tiene la penitenciaria para niños.
Se trata además de un lugar que fue durante años el sitio donde residía el director y subdirector de La Picota. Cuenta con tres habitaciones, baño, cocina y una habitación adicional que utiliza el único integrante de custodia y vigilancia como comando de guardia.
“En teoría el reglamento es el mismo de los demás privados de la libertad, pero en la práctica es más laxo. Si el guardián no los levanta, pues duermen hasta la hora que quieren. Generalmente, el consorcio de alimentación les entrega los productos crudos para que ellos la preparen. En el caso de Monsalve, su familia le lleva la alimentación porque él dice no confiar en nadie”, indicó un alto funcionario de la institución.
Al estar en un área administrativa y que históricamente sirvió como residencia de los directivos carcelarios, no hace parte de las cinco estructuras del penal conformadas por los pabellones de alta seguridad, delincuencia común, agotados constitucionales, extraditables y funcionarios públicos.
Precisamente, por tratarse de un lugar que brinda mínimas condiciones de seguridad es que muchos de los funcionarios del Inpec entre administrativos y guardianes no se explican porque Monsalve con una condena tan extensa, clasificado como perfil uno por la gravedad de los delitos y en fase de alta seguridad está en una estructura tan frágil.
“Un interno en fase de alta seguridad y nivel uno debería estar en el PAS (Pabellón de Alta Seguridad). Los internos que tienen medidas de protección especiales ordenadas por jueces o fiscales se les asigna como sitio de reclusión una UME, Unidad de Medidas Especiales, en donde existe una serie de protocolos para garantizar la vida e integridad. No es el único interno en riesgo de que atenten contra su vida, pero si es el único que a pesar del riesgo está en un sitio vulnerable en cuanto a seguridad. Las casas fiscales son un beneficio, pues si se trata de garantizar la seguridad son las menos idóneas pues solo custodia un guardia”, aseguró un director de establecimiento carcelario de alta seguridad.
En el pasado, Monsalve hizo parte de ese grupo de internos que enfrentaron sus procesos o condenas recluidos en una Unidad de Medidas Especiales.
Compartió sus días detrás de las rejas, en la UME con el narcotraficante José Byron Piedrahita, Luis Gustavo Moreno el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalia, Rafael Uribe Noguera, el asesino y violador de la niña Yuliana Samboní, o alías 'Don Mario', condenado por narcotráfico y paramilitarismo.
“Monsalve estuvo con perfiles altos que corrían el mismo riesgo que él pero a ellos era impensable pasarlos a una casa fiscal porque este lugar tiene todo el riesgo de fuga o de ser blanco de un atentado en razón a que queda en un área administrativa y al lado de un colegio. Si se trata de seguridad, es el lugar más inseguro para internos en verdadero riesgo” indicó un comandante de guardia que puso como ejemplo que Seuxis Paucias alias 'Jesús Santrich', quien siendo congresista y exnegociador del Acuerdo de Paz no fue recluido en una casa fiscal si no en el Pabellón de Alta seguridad, PAS.
En el caso de Juan Guillermo Monsalve y ante el temor que sentía de ser envenenado se surtía un protocolo con sus alimentos. “El guardián de Policía Judicial, PJ, se desplazaba hasta el rancho y en forma aleatoria se servía la comida de las marmitas, se grababa el transporte y se le entregaban a él los alimentos. Otra forma que se utilizó con el interno Monsalve fue servir 20 o 30 comidas y que él aleatoriamente seleccionara una. Se aplicaron todas las medidas de seguridad y nunca le pasó nada”, explicó otro guardia penitenciario.
Continúe o no en dicha casa fiscal, lo cierto es que Juan Guillermo Monsalve enfrenta un proceso disciplinario, el expediente I-2462020. Una de las primeras actuaciones dentro de esta carpeta está la diligencia de versión libre y espontánea rendida por él.
Al preguntarle el investigador, en el proceso por tenencia de elementos prohibidos en su habitación, si sabía el motivo por el cual rendía dicha declaración, manifestó, “sí señor, el sábado 4 de enero más o menos después de las tres de la tarde, me encontraba en mi habitación y eran los del grupo CRI que me dijeron que iban a realizar una requisa y me llamaron a la media hora y habían encontrado el teléfono, el computador y la impresora. Cuando me requisaron a mi me encontraron ciento cincuenta y dos mil pesos. Me preguntaron si el teléfono, el computador y la impresora eran míos y les dije que si y les firme el documento de radicado”.
La ley 65 de 1993 o Código Penitenciario, en su artículo 116, establece el reglamento disciplinario para internos y el 121 clasifica las faltas entre leves y graves. Precisamente entre las graves está la tenencia de objetos prohibidos, las comunicaciones o correspondencia clandestina o el uso del dinero al interior de un penal.
El hecho de ser tipificadas como faltas graves, el director, según el artículo 134 debe convocar al Consejo de Disciplina para que decida la sanción a aplicar o el archivo. Para este caso, en La Picota está integrado por el director del penal, el cónsul de derechos humanos a cargo de un dragoneante, el director jurídico del penal, el jefe de la unidad de tratamiento, un delegado de los internos y un delegado de la Personería de Bogotá.
Pese a que el Código Penitenciario establece un término de tres días, aún en La Picota no se realiza la primera reunión de este cuerpo colegiado. En el entretanto la Corte, de acuerdo al informe suministrado por el Inpec, definirá si continúa o no con las medidas de protección especial para Monsalve, uno de los testigos de mayor relevancia en los últimos tiempos.
