El pasado 30 de enero, hacia las 9:00 p.m, un hombre de saco y corbata que portaba un maletín de cuero en su mano cruzaba el puente peatonal de la calle 121 con carrera novena, en el barrio Santa Bárbara al norte de Bogotá. Tres hombres lo seguían, al parecer para asaltarlo.
Después de un confuso forcejeo desenfundó su arma y la disparó contra los asaltantes quienes murieron en el lugar. Por la precisión de los disparos, las autoridades que actuaron como primeros respondientes creyeron que la persona que había disparado era algún miembro activo o retirado de las Fuerzas Militares o de Policía.
Sin embargo, al día siguiente se conoció que el hombre que accionó el arma de fuego era un reconocido médico que trabajaba en esa zona de la ciudad y que manifestó en la Fiscalía que se había llenado de valor para accionar su arma cuando los tres sujetos le propinaron un golpe con un arma de fuego y lo amenazaron con cuchillos, mientras lo arrastraban hacia un vehículo.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, conoció la identidad de los tres hombres, que según las versiones de las autoridades de policía y de Hernando Benavides el abogado defensor del médico que es procesado por homicidio, intentaron asaltarlo, al parecer, con fines de secuestro. Se trata de José Arley Murcia Moreno, Oscar Leonel Garavito Monroy y Edison Javier Cruz Torres.
Una revisión a los antecedentes, muestra oficialmente, que al menos dos de ellos, tuvieron en el pasado, varias actuaciones al margen de la ley que se derivaron en determinaciones de las autoridades. Es más, los registros evidencian que de tiempo atrás venían haciendo sus actuaciones delincuenciales conjuntamente.
Por ejemplo, el pasado 14 de diciembre integrantes de Policía Judicial capturaron a Oscar Leonel Garavito Monroy y José Arley Murcia Moreno por el delito de receptación.
En la sala número uno de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Tunjuelito el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías declaró ilegal la captura. El juez expidió la boleta de libertad número 204. Ambos regresaron a la calle en cuestión de horas.
Seis días después el Centro de Servicios de Ciudad Bolívar envió el proceso al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao a la espera de que la Fiscalía continuara con el caso, pero este no se volvió a mover desde entonces.
De igual forma, en agosto de 2012, a José Arley Murcia Moreno, la Fiscalía le inició un proceso por lesiones personales, pero este no tuvo mayores actuaciones. A tal punto que el Juzgado 71 Penal Municipal de Control de Garantías, dejó constancia de la no realización de una audiencia porque el ente investigador retiró la solicitud.
En cuanto a Edison Javier Cruz Torres, las bases de datos consultadas arrojan que sus actuaciones no fueron judicializadas.
De ellos se volvió a tener noticia hasta el pasado 30 de enero cuando las autoridades hicieron el levantamiento de los cuerpos en el puente peatonal. Desde entonces, el país debate si se trató de un caso de legítima defensa, un derecho constitucional innominado, es decir que aunque no está establecido expresamente en la Constitución ha sido reconocido como tal y que ha estado incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano desde el Código Penal de 1837.
Paradójicamente, la revisión de las bases de datos de la Rama Judicial da cuenta que ninguno de los tres asaltantes ultimados presenta condenas por parte de jueces de la República.
Con respecto al conductor de un vehículo blanco, del cual se afirma que estaba esperando a los tres sujetos y al médico para llevárselo, le fue otorgada la detención domiciliaria.
Sin revelar el nombre de su defendido, el abogado Hernando Benavides Morales mediante comunicado entregó nuevos detalles de lo sucedido, “ (...) por médico mi intercedido tiene el compromiso indeclinable de respetar la vida humana y sus derechos. Mi prohijado no promueve el exterminio de nadie ni ha concebido la muerte como solución de los problemas sociales de la seguridad. En fin, no alaba el resultado en que sus agresores perdieron la vida como consecuencia de sus actos injustos”
El abogado que asistió al médico en el interrogatorio que realizó el fiscal del caso, reiteró que su defendido es la víctima de los hechos, pues éste reaccionó disparando su arma luego que los sujetos lo golpearan con la cacha de un revólver, “y el intento violento de arrastrarlo hacia un vehículo, lo que lo llenó de miedo y de valor para enfrente con su arma a los sujetos”.
También indicó que el médico al día siguiente lo buscó para que le brindara asesoría legal y de esta manera se dirigieron a la Unidad de Vida de la Fiscalía donde narró lo sucedido, entregó el arma y el permiso para portarla.
El defensor Benavides Morales manifestó que una de sus aspiraciones es que, “las autoridades comprometidas con la seguridad valoren este caso en dirección a establecer derroteros en cuanto a la prevención de riesgos y el mejoramiento de la calidad del derecho individual y colectivo de las personas, toda vez que se trata de hechos de diaria ocurrencia en los que no siempre la victimaria puede evitar”
Precisamente, ese mismo día, la Fiscalía anunció que un juez había avalado un pre acuerdo y condenó a Juan Camilo Robayo Vanegas y a Estefanía González Echavarría a 12 años de prisión, por el homicidio de un hombre, “ a quien apuñalaron durante un atraco en hechos ocurridos el 21 de octubre de 2018 en el barrio Prado Centro de Medellín”.
En el entretanto, el proceso continúa y solo un juez decidirá si al médico se le concederá el eximente de responsabilidad penal de legítima defensa o deberá responder por homicidio.
