Una juez de Bogotá le ordenó a la Fiscalía General de La Nación ofrecer excusas públicas y pagar una millonaria indemnización a la modelo, actriz y cantante Carolina Sabino y a su núcleo familiar, por el escarnio público a la que fue sometida en el año 2015 cuando el ente acusador que precedía Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo reveló que a la artista le imputarían cargos por haberse practicado un aborto.
La historia se remonta a la campaña presidencial con miras a la segunda vuelta que se disputaba entre Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. El primero llevaba la delantera pues había logrado 3’769.005 votos equivalente al 29.28% frente a 3’310.794 del segundo y que representaba el 24.72%.
Sin embargo, dos días antes de que los colombianos acudieran a las urnas, un episodio judicial le dio un golpe de gracia a la campaña de Zuluaga. El CTI capturó a Andrés Fernando Sepulveda conocido como ‘El Hacker’ por un espionaje al proceso de paz.
El episodio afectó a una familia de artistas. La conformada por Myriam de Lourdes, sus hijas Carolina Sabino y Lina Luna, pues esta última era la pareja sentimental de Sepúlveda.
Precisamente, en una de las interceptaciones de las comunicaciones que el ente acusador realizó a la actriz Luna se enteró por una conversación entre ella y su hermana Carolina Sabino que se había practicado un aborto.
Lo que se desprendió del episodio denominado ‘Hacker’ se convirtió en un infierno para Sabino. A partir de esa interceptación la Fiscalía 234 Local abrió la noticia criminal 2014-00015. Luego se desplazó hasta la Fundación Oriéntame y solicitó copia de la historia clínica de la actriz.
Ese mismo día, según se probó en el proceso que ordena indemnizar a la actriz, la oficina de prensa de la Fiscalía remitió a través del grupo de WhatsApp de los comunicadores que cubren la fuente, la información que a la artista se le imputarían cargos por el presunto delito de aborto.
El efecto fue un búmeran mediático hacia el ente acusador. Sin siquiera establecer si la actriz estaba cobijada por los cuatro casos en que determinó la Corte Constitucional en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, hizo el anuncio.
Una ola de indignación amparó a la artista. Incluso, el entonces procurador Alejandro Ordoñez conocido por sus posiciones ultraconservadoras salió en defensa de la actriz y acusó a la Fiscalía de haber desconocido el debido proceso.
El entonces fiscal Montealegre intentó hacerle el quite a las protestas y señalamientos realizando un pronunciamiento público. Cuatro meses después un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, luego de evaluar las pruebas recogidas en el curso de la indagación e investigación decidió archivar el caso.
“Todos estos elementos permiten concluir que la conducta desplegada por la investigada no encaja dentro del tipo penal de aborto pues no se evidencia los presupuestos elementales del tipo penal de aborto. Sobre todo si se tiene en cuenta que la interrupción del embarazo se debió a que la continuación del mismo constituía un grave peligro para la salud física y mental de Carolina Sabino” indicó la resolución de archivo.
Pero el daño ya estaba hecho y la actriz demandó a la Nación y a la Fiscalía por los daños materiales, morales y lucro cesante.
Paradójicamente la Fiscalía, en la respuesta que le entregó a la juez le atribuyó la responsabilidad de lo sucedido a los medios de comunicación.
“(...) de las pruebas aportadas al proceso, no se encuentra una prueba idónea que acredite que la Fiscalía General de la Nación es la responsable de la divulgación de información personal (...) mucho menos, que uno de los funcionarios haya enviado información a algún periodista sobre la imputación de cargos en contra de la señora” indicó la entidad en el traslado de la demanda.
También indicó el ente acusador que los recortes periodísticos que se aportaron al presente proceso, prueban la divulgación de la noticia en esos medios de comunicación, “más no la veracidad del contenido de ella”.
En cuanto a la indemnización solicitada por la artista, la Fiscalía informó que la declaración de renta presentada por el apoderado judicial de la actriz era de 2013 y no de 2014, es decir, que en su criterio no se probó la afectación económica a la artista ni los proyectos profesionales que se frenaron en virtud de la filtración de la Fiscalía.
La juez no solo le dio la razón a Carolina Sabino. También aseguró que en este caso el Estado era responsable por, “falla del servicio judicial” no por la equivocación en la que pudo incurrir el funcionario si no porque, “el aparato judicial incurre en eventuales conductas abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosamente injuridicas y abiertamente ilegales y generadoras de daños y perjuicios materiales y morales”.
Así las cosas, para la juez administrativa, el abogado de la actriz Gustavo Quintero Navas demostró que la Fiscalía por la violación de la reserva legal que hizo de la indagación en contra de Sabino y cuyas pruebas ni siquiera se habían valorado, menoscabó su buen nombre, la honra y la intimidad y que éstas se acreditaron, entre otras, con las múltiples publicaciones en medios de comunicación.
“(...) al tratarse de una investigación por el delito de aborto, reposaba información sensible perteneciente al núcleo esencial del derecho a la intimidad de la investigada, toda vez que la decisión de una mujer interrumpir voluntariamente su embarazo- en las condiciones de la sentencia C-355 de 2006- pertenece a la esfera íntima o privada”, recalcó la funcionaria judicial.
Luego del reproche realizado por la juez al manejo indebido por parte de la Fiscalía, declaró responsable a la entidad por los perjuicios causados así como por el “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia penal”.
En consecuencia, el ente acusador deberá pagarle a la actriz la suma de $350 millones a título de daño moral a ella, su hijo, su madre y sus hermanos.
También ordenó a la entidad la realización de un acto público de desagravio frente al manejo indebido de la información del proceso penal adelantado en contra de la actriz, “previa convocatoria de los medios de comunicación y de la comunidad general”.
Adicionalmente, le impuso un término de dos meses para que capacite a sus funcionarios frente al respeto de los derechos sexuales y reproductivos en los casos donde se trate sobre la posible comisión del delito de aborto. También deberá retirar de Internet toda información que haga referencia a la historia clínica.
Según registros de la propia Fiscalía, a marzo de este año en su contra se tramitan 13.398 demandas por errores en la administración de justicia con las que se buscan indemnizaciones por $18.2 billones. Una de estas, reivindicó el nombre de la actriz Carolina Sabino.
