Se cumplió un año desde que se suscribió el contrato fallido y polémico entre el Ministerio de las Tecnologías, MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados, integrada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación SAS, ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa SAS y Omega Buildings SAS, manejadas por Juan Carlos Cáceres Bayona y Emilio Tapia, a fin de conectar a internet a colegios y escuelas en catorce departamentos, incluido Bogotá por $1.07 billones.
Un sunami judicial y político sobrevino desde entonces. Una licitación billonaria que se convirtió en la piedra en el zapato más grande del cuaterenio del presidente Iván Duque, al evidenciarse el símbolo del retorno del carrusel de la contratación en Bogotá que desangró a la capital, cuyos involucrados regresaron para apoderarse de nuevos contratos con el Estado.
La ministra Karen Abudinen declaró la caducidad del contrato luego de conocerse que las pólizas de seriedad de la oferta y cumplimiento fueron falsificadas, se realizó debate de moción de censura en contra funcionaria, al tiempo que la Corte Suprema revisa con lupa a varios congresistas que presuntamente intentaron usar su posición para sugerir, recomendar o gestionar la cesión del contrato en favor de HughesNet.
Tres implicados en el escándalo están privados de la libertad, Emilio Tapia el cerebro del carrusel de la contratación en Bogotá que repitió su entramado de corrupción, Luis Fernando Duque el representan legal de la unión temporal y Juan José Laverde, el otrora gerente de Ravel Seguros que ha rendido sendos testimonios y prendido el ventilador en la Fiscalía, mencionando al exviceministro Iván Mantilla cercano al partido Liberal y a Simón Gaviria. Los tres se han señalado e inculpado mutuamente.
Incluso, ya se adjudicó el contrato a los segundos en la licitación. Es decir, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB y Sky quienes ofrecieron 688 puntos de conexión menos que la Unión Temporal Centros Poblados que logró el mayor puntaje gracias a que ofertaron 7.277 puntos.
Pero varios hilos conductores se han ido olvidando o desvaneciendo con el paso del tiempo. No se ha vuelto a mencionar nada sobre dos piezas fundamentales en esta historia, Juan Carlos Cáceres Bayona, el socio en la luz de Emilio Tapia, cuestionado insistentemente en el pasado por sus contratos de inglés en La Guajira y sus convenios con la Gobernación de Santander, a través de Funtics, Novotics y otras empresas.
También se ha ido olvidando el papel que desempeñó Jorge Alfonso Molina García-Mayorga quien se convirtió en testigo estrella de la fiscalía, a pesar de las multiples denuncias radicadas en su contra en el pasado por estafas y falsedad en documento que nunca fueron investigadas.
El otro tema que se ha desvanecido es el anticipo de $70.000 millones que terminó en la compra de inmuebles en Miami, vehículos de alta gama y hasta en una iglesia cristiana.
Contraloría y Fiscalía han asegurado la recuperación de la cifra, pero esto no ha ido más allá de embargos. De hecho, el pasado 17 de diciembre, la entrante ministra de las Tics, Carmen Valderrama ratificó que la Unión Temporal Centros Poblados no ha devuelto dinero alguno a ese ministerio.
De igual forma, la funcionaria aseguró que no reconocerá la compra de equipos o las inversones que aspira el contratista en razón a que el pago fue por la prestación del servicio de internet, tal y como lo planteó desde el comienzo del escándalo, Juan Carlos Cáceres Bayona, considerado como uno de los cerebros de la operación junto a Emilio Tapia.
Como tampoco se ha vuelto a tener noticia de los US$503.000 que salieron de ese anticipo a las cuentas de unos amigos pastores cristianos de Cáceres.
Allegados a Cáceres Bayona, han señalado a la Iglesia Centro Bíblico Internacional como la beneficiaria de ese préstamo celestial.
Los pastores de esta iglesia cristiana Rafael Gómez D’Sola y Adriana Gómez son cercanos a Shirley Carolina Castelar Serrano, quien contrajo matrimonio con Juan Carlos Cáceres Bayona el 4 de febrero de 2004 y quien funge como gerente de la empresa Virtualtics cuyo objeto social es la prestación de servicios de internet.
Esta congregación religiosa recibió su personería jurídica 000729 el 13 de junio de 1982 y está ubicada en la calle 78 con carrera 57 en Barranquilla.
Se presentan como una iglesia con visión misionera nacional e internacional, orientada hacia la promulgación y enseñanza de la palabra de Dios, “para la salvación y la alimentación espiritual del hombre”.
Rafael Gómez D’Sola es el representante legal. La iglesia auto promociona a sus pastores principales Rafael y Adriana Gómez como personas que tienen un corazón para llegar a la ciudad y más allá con el mensaje transformador de vida de Jesús.
“Creen en la próxima generación y valoran la sabiduría y la guía de aquellos que nos han precedido”, indican en su página web.
En octubre de 2019, mediante resolución 1617 del Ministerio del Interior la congregación reformó sus estatutos y a su nombre figuran varias propiedades.
Según registros públicos, aparece un lote de 61 metros cuadrados que colinda con la Avenida las Américas en Bogotá, el cual le compraron a Maria Mera Avellaneda de Fonseca el 18 de diciembre de 2014 que escrituraron por $338 millones.
Figuran además relacionados otros tres bienes a nombre de la iglesia, cuyo origen y movimientos aún no han sido investigados por las autoridades.
Fue el propio Juan Carlos Cáceres quien reconoció ante la Fiscalía, el millonario préstamo a los miembros de la congregación religiosa, asegurando que todo obedeció a una situación personal.
“Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal”, indicó el empresario Cáceres en un interrogatorio ante la fiscal anticorrupción que investiga el caso, efectuado a finales de septiembre de 2021.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, se comunicó con la iglesia y los pastores para conocer su posición al respecto, pero se abstuvieron de responder a los interrogantes planteados.
Por su parte, un allegado a Juan Carlos Cáceres Bayona respondió escuetamente frente al caso, la devolución de los dineros y el giro a los pastores que; “él es único que está respondiendo, se va a dar cuenta”.
Lo evidente es que el caso volverá a reactivarse hasta el 23 de febrero de 2022. Ese día serán imputados los denominados empresarios Ottomar Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres Bayona, asi como Luis Fernando Duque representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Juan José Laverde gerente de la agencia Rave Seguros y el otrora protagonista del denominado ´carrusel de la contratación´, Emilio Tapia Aldana.
La Fiscalía aseguró que deberán responder por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En otras palabras, considera el ente acusador que se habrían apropiado de millonarios recursos del contrato entre MinTic y Centros Poblados.
Al respecto, el fiscal general Francisco Barbosa señaló que con ello se consolida una segunda fase de la investigación y que pronto mediante la firma de preacuerdos con algunos de los procesados se seguirá avanzando en el caso con nuevos resultados.
Lo cierto es que tras un poco más de un año del escándalo de corrupción màs sonado del gobierno del presidente Iván Duque y pese a las evidencias, de los $70.000 que se giraron al cuestionado contratista Centros Poblados no se ha recuperado un solo peso y el caso sigue en veremos.
Nota del editor:
Pastores niegan recepción de dinero alguno
Una vez publicado el reportaje de la referencia los pastores Rafael Eliu Gómez Smit y Adriana Gómez, mediante comunicación enviada este martes 11 de enero, en las horas de la tarde por su apoderada judicial Ester Molinares Delgado, expresaron que no han recibido dinero alguno proveniente del contrato entre Centros Poblados y MinTIC.
“Hoy a través de este medio le manifestamos de manera oficial y categórica que los señores Rafael y Adriana Gómez, no han recibido la suma acusada por usted. No entendemos en qué fuente se apoya para lanzar la acusación en contra de los Pastores Gómez y de paso afectando el buen nombre de la Iglesia Centro Biblico Internacional Barranquilla que tiene más de 44 años de fundada y que ha funcionado a favor de la Fe de la comunidad de Barranquilla”.
Los religiosos en la misiva manifestaron que incluso de ser necesario están dispuestos a atender cualquier llamado de la justicia, si fuésen requeridos.
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