En medio de la reducción de su operación al 3% por cuenta de la pandemia que se propaga por el mundo y que generó la decisión de dejar en tierra 132 aeronaves y de los despidos masivos por parte de la firma SAI SAS de la cual la aerolínea es propietaria en un 88%, argumentando el Covid-19, Avianca, es objeto de un nuevo cuestionamiento. Esta vez se trata de un grupo de extrabajadores de la aerolínea señalados de favorecer a la empresa desde sus cargos en la Aerocivil.
Un documento en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, en el que se le informa y detalla a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Procuraduría y Fiscalía, por parte de la Asociación de Gestores de Seguridad Aérea de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, (UEAC) denuncia lo que a su juicio es una puerta giratoria entre la aerolínea y la Aerocivil. Según la recusación, varios extrabajadores de la aerolínea estarían tomando decisiones favorables para la empresa sin haberse declarado impedidos.
Uno de ellos es Juan Carlos Mejía quien se desempeña como secretario de seguridad ad hoc de la de la Empresa Aerovías del Continente Americano- Avianca y a quien se señala está impedido para ejercer dicho cargo.
En enero de 2018 fue designado por la Aeronáutica Civil para ejercer en dicho cargo. Sin embargo, denuncias señalan que tanto él, como un grupo de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Operacional y de Aviación Civil de la UEAC, quienes participan en la formulación de la normatividad aeronáutica, denominado, Reglamento Aeronáutico Colombiano, RAC, así como todo lo relacionado con seguridad aérea, no podrían cumplir con estas funciones ya que antes de ser funcionarios públicos fueron empleados de Avianca.
Otro de los extrabajadores de la compañía señalados es Luis Alberto Valencia. Un ex funcionario de la aerolínea durante 35 años. Allí se desempeñó como Jefe de Control de Calidad y ahora es Secretario de Seguridad Operacional. Sobre él se señala que “declara inhabilidad, la cual ya caducó sin tomar ejercicio de sus funciones en forma de omisión para presuntamente favorecer y mantener al funcionario Juan Carlos Ramírez”.
En el mismo sentido se cuestiona a Ximena Mendoza Castellanos. Ella, en el grado de capitán, se desempeñó como inspectora principal de operaciones de Avianca hasta el pasado 4 de marzo cuando presentó su renuncia y de inmediato ingresó a ser parte de la Aeronáutica Civil, “y hoy en día sin pudor alguno toma decisiones en favor de su ex empleador” señala la demanda.
En el oficio a los organismos de control como Procuraduría y Fiscalía también se señaló al capitán Juan Manuel Quijano Pinzón quien fue trabajador de la aerolínea, y quien coincidencialmente luego de haberse posesionado como coordinador de grupo de Licencias al Personal Aeronáutico de la Aerocivil, la aerolínea vinculó a su hermano como integrante de la tripulación. A pesar de ello, se denuncia que no ha declarado impedimento alguno.
Con un cuestionamiento adicional. Quijano Pinzón estaría programando sus propias comisiones al exterior para realizar chequeos de vuelo a los pilotos comandantes de Air Bus 320. Con esto estaría incumpliendo la Guía del Inspector de Operaciones Aeronáutica- OACI 8335-9379 que establece que quien realice estos exámenes prácticos debe tener experiencia operacional como comandante de este tipo de aeronave.
Lo anterior, que a juicio de los demandantes constituiría un factor de riesgo de seguridad aeronáutica, ocurrió sin que el secretario de Seguridad Operacional, Luis Alberto Valencia, el director de Estándares de Vuelo, Francisco Ospina de quien se señala es su amigo cercano e inexplicablemente ejerce funciones como inspector principal de operaciones de la empresa Latam. “Funciones que tampoco tiene competencia y son claramente incompatibles con su cargo por ser juez y parte, colocando en riesgo la seguridad operacional”, se establece en los señalamientos.
Otro de los casos considerado como puerta giratoria es el de Carlos Cote. Fue inspector principal de operaciones de Avianca. De ahí pasó a ser parte de la Aeronáutica Civil, se retiró en abril de 2019 y luego en mayo de ese mismo año regresó a la empresa para ser el nexo entre la aerolínea y la Unidad Administrativa Especial, Aerocivil.
Identifica situación sucede con otros tres integrantes del equipo de trabajo de Juan Carlos Ramírez Mejía. Jorge Montalvo, inspector de Seguridad Operacional, quien ejerce la responsabilidad de chequeo de vuelos, desde donde se realiza la asignación de inspectores, estaría presuntamente inhabilitado porque uno de sus hijos es trabajador de la aerolínea.
Lo mismo sucede con Edwin Zornoza quien reemplazó a la capitán Ximena Mendoza y ejerce funciones de vigilancia y control, sin haber declarado que tiene un hijo como miembro de la tripulación de la compañía.
Por estos hechos le dirigieron la respectiva recusación a Juan Carlos Ramírez Mejía quien la omitió. “Resulta aún más reprochable, pues teniendo conocimientos de los claros impedimentos del personal, permite que a diestra y siniestra, regulen y tomen decisiones de alta importancia y adicionalmente, ejerce presión e influencia, a fin de que a la empresa Avianca se le hagan excepciones y se le acepten determinadas situaciones estándares muy por debajo de lo que exige la normatividad nacional e internacional”.
A esto se suma que en marzo de 2019, Santiago Ramírez, hijo de Juan Carlos Ramírez Mejía fue contratado por Avianca Cargo (Tampa), perteneciente a Avianca Holding como primer oficial de vuelo. Sin que a la fecha hubiera informado de tal situación a la Aerocivil.
En contraste, al tiempo que la aerolínea no se pronuncia oficialmente sobre el tema, sus directivos en público y en privado han garantizado el cumplimiento de los estándares de seguridad implementados por la Aeronáutica Civil y establecidos en el RAC y la Organización de Aviación Civil Internacional, Oaci.
De igual forma, un directivo de la Aerocivil, quien pidió reserva de su nombre indicó frente a las actuaciones de Juan Carlos Ramírez Mejía que como Secretario Ad Hoc es una persona seria y comprometida con la seguridad y recuerda que fue quien le renunció al exdirector Alfredo Bocanegra a su cargo de Secretario de Seguridad en razón a que en 2017 con la llegada del Papa Francisco a Colombia quería que la autorizara armas en el avión de Avianca que lo trajo al país.
“Los programas de seguridad operacional son muy rigurosos, y el primer llamado responsable a acatarlos es el propio operador; a nadie le cabe que una organización tan prestigiosa no cumpla los estándares de seguridad, que de hecho si no los cumple, las aseguradoras no pagan los siniestros”, aseguró el funcionario.
Resalta además que no suena lógico que un inspector de la Aerocivil le jugara a dejar pasar un procedimiento por simpatía con la empresa o sus jefes. “No hay que olvidar que Avianca está registrada como operadora de aeronaves americanas y la vigilancia de esos aviones lo ejerce la FAA (Federal Aviation Administration), para lo cual certifica y audita con rigor cada una de las operaciones de Avianca”.
Por su parte, Juan Carlos Salazar, por estos días en el ojo del huracán por la falta de controles en los diferentes aeropuertos del país evidenciado por la Contraloría y la Procuraduría no se pronunció al respecto.
