A instancias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, y enfrentando, entre otros, al abogado cubano Pedro Martínez Fraga, un experto en pleitos internacionales al punto que fue asesor del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, Colombia debe enfrentar una millonaria demanda por la intervención y posterior liquidación que hizo del Banco Granahorrar en 1998. Para tal efecto, el organismo adscrito al Banco Mundial, acaba de constituir el tribunal que definirá si a la demandante Astrida Benita Carrizosa, otrora accionista mayoritaria de la entidad financiera, debe recibir al menos US$40 millones de dólares al considerar que la entonces Superintendencia Bancaria intervino de manera irregular el banco, perjudicando los intereses de la familia Carrizosa. A este litigio, se suma otra demanda de la referida familia que busca una indemnización de US$323 millones de dólares, por los mismos hechos.
Para tal efecto, este martes el CIADI designó los árbitros internacionales que definirán en los próximos meses si el Estado colombiano incurrió en prácticas indebidas al intervenir una entidad financiera que venía funcionando desde 1972 y que formaba parte del grupo económico financiero más poderoso en Colombia de la década de los setenta y los ochenta, conocido como el Grupo Grancolombiano. Posteriormente, en octubre de 2005, el Banco Granahorrar fue vendido en cerca de un billón de pesos, US$423 millones de dólares de la época, mediante el procedimiento de subasta a la organización financiera española, Banco Bilbao Viscaya Argentaria, BBVA.
En su momento, el proceso se manejó a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, que presidía, Juan Ricardo Ortega y el ministro de Hacienda era Alberto Carrasquilla, en un negocio que se hizo en el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe. Una vez se cerró la venta del Banco Granahorrar, los dos funcionarios se pronunciaron ante los medios de comunicación. Ortega señaló: “esto demuestra que lo que ha sido el manejo de la crisis financiera del año 1999 es verdaderamente un ejemplo de un buen manejo por parte de todo un Estado y demuestra de lo que somos capaces”. Por su parte Carrasquilla, indicó, “yo no podría estar más contento (…), eso significa que la credibilidad de nuestra economía y de nuestro futuro es muy grande”.
Con el negocio en el que participaron el Grupo Aval, Colpatria y el Grupo Bolívar a través de Davivienda, en ese momento, el BBVA con el negocio de Granahorrar, se convirtió en el primer banco hipotecario del país, el segundo por volumen de cartera y el tercero por nivel de activos, generando más de cinco mil empleos, 388 oficinas y 788 cajeros automáticos.
Con el negocio en el que participaron el Grupo Aval, Colpatria y el Grupo Bolívar a través de Davivienda, en ese momento, el BBVA con el negocio de Granahorrar, se convirtió en el primer banco hipotecario del país, el segundo por volumen de cartera y el tercero por nivel de activos, generando más de 5.000 empleos, 388 oficinas y 788 cajeros automáticos.
Pero, el promocionado negocio tuvo serios reparos por parte de los accionistas quienes desde esa época iniciaron diversas batallas jurídicas ante la justicia civil, contenciosa, constitucional y en los tribunales internacionales. Precisamente, el caso vuelve a retomar su relevancia con la constitución del tribunal y la designación de los árbitros. Son ellos, su presidente, Gabrielle Kaufmann-Kholer de Suiza y Francia, designada por las partes, Diego P. Fernández Arroyo de Argentina y Christer Söderlund.
Gabrielle Kaufmann-Kholer, de 66 años, docente de derecho internacional privado, es desde 1980 una experta en el sector financiero y es considerada en el mundo una autoridad en el arbitraje comercial internacional, deporte y comercio electrónico. Diego P. Fernández Arroyo es el otro arbitro y conciliador argentino del caso quien desde hace más de dos décadas en la academia y el sector privado ha estudiado estos conflictos financieros y comerciales, ha tramitado casos en Venezuela y es referente en arbitraje de la Unión Europea y Mercosur. El tercer árbitro en el conflicto por el Banco Granahorrar entre su accionista mayoritaria y el Estado colombiano es Christer Söderlund, otro abogado de amplia trayectoria, experto en este tipo de casos como quiera que ha manejado litigios contra Bolivia, Argentina, Chile, Venezuela y Egipto.
Al respecto del litigio, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, conoció un reciente documento en donde se establece cuáles son las acciones que el gobierno colombiano ha emprendido con el propósito de impedir que las pretensiones, que según el Estado son de US$40 millones de dólares, en un proceso y US$323 millones de dólares en otro, no salgan del erario y por supuesto no se pierda el millonario litigio, que puede ascender incluso a una cifra mayor.
Un reporte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado frente al reclamo del inversionista Astrid Benita Carrizosa por el Banco Granahorrar indica que el tratado aplicable para este caso es el TLC con Estados Unidos, que el árbitro designado por el inversionista es Diego P. Fernández Arroyo y que el designado por Colombia era Zachary Douglas, un australiano que por lo visto no fue designado.
En cuanto al estado del proceso dice la Agencia Jurídica que, “los reclamantes han infundadamente recusado al árbitro nominado por el Estado, Zachary Douglas, por algunos escritos académicos y que se estaba defendiendo su designación”. Por otro lado, destaca el documento que el pasado 24 de mayo dicha agencia solicitó una determinación conjunta sobre la eventual aplicación de la figura jurídica del Prudental Carve-Out como una defensa válida. Señala que el ministerio de Hacienda envió una postura favorable por escrito a Estados Unidos. No obstante, y como quiera que hasta ahora se instala el tribunal y se designan los árbitros, según la Agencia Jurídica está por definirse el equipo de defensa internacional.
Es la nueva envestida litigiosa de quienes se consideran afectados por la venta del Banco Granahorrar. En 2014, estos accionistas perdieron un litigio que fue llevado a la Corte Constitucional en donde aspiraban que el alto tribunal les compensara con $600.000 millones al considerar que el gobierno nacional los intervino indebidamente en 1999, cuando se registró una de las crisis financieras más profundas del país.
De esta manera, finaliza el año litigioso contra el Estado colombiano en los tribunales internacionales. Quedan por resolverse otras once controversias internacionales que fueron notificadas al país durante el primer semestre de este año. Las pretensiones de los demandantes son de US$21.604 millones de dólares, es decir, el equivalente a decenas de reformas tributarias.
De esta manera, finaliza el año litigioso contra el Estado colombiano en los tribunales internacionales. Quedan por resolverse otras once controversias internacionales que fueron notificadas al país durante el primer semestre de este año. Las pretensiones de los demandantes son de US$21.604 millones de dólares, es decir, el equivalente a decenas de reformas tributarias.
Los casos que merecen mayor atención los encabezan Cosigo Resources y Tobie Mining, compañías que aspiran a la devolución de US$16.500 millones de dólares. También está Gas Natural de España que busca 1.626 millones de dólares. Lo propio sucede con América Móvil de México con US$1.020 millones de dólares.
Otros casos que merecen la alerta por parte del Estado colombiano y sus abogados internacionales son Glencore y Prodeco de Suiza que piden una indemnización de US$767 millones de dólares. Eco Oro Minerals, cuestionado en el país por manejos ambientales, busca con sus abogados en un tribunal 764 millones de dólares de la Nación. Una misma situación que se presenta con Grand Colombia Gold Corp, firma canadiense que aspira a indemnización de US$250 millones de dólares.
La lista de litigios internacionales la complementan Red Eagle Exploration Limited que pide US$118 millones de dólares y Galway Gold Inc que aspira a US$196 millones de dólares, a través de tribunales extranjeros.
La designación esta semana de los nuevos árbitros por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, prende de nuevo las alarmas sobre los US$363 millones de dólares que están en juego por la intervención y posterior venta del Banco Granahorrar. Sin embargo, también pone en la mira los otros grandes litigios en el extranjero que enredan a Colombia, mientras la defensa de los intereses del país parece centrada, en este momento, en el Galeón San José y el litigio con Nicaragua, ponen a prueba la gestión que debe desarrollar en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el recién nombrado, el excomisionado Camilo Gómez Alzate.
